Jaime Hernández Ortíz
Introducción:
Desde que se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, los términos “globalización” y “neoliberalismo” han estado presentes no sólo en la agenda de relaciones diplomáticas de casi todos los países del orbe, sino también en la mayoría de los procesos de trabajo mundiales.
Hoy, para la gran mayoría de los ciudadanos, ajenos a las políticas de sus países, esos términos son sinónimos de expoliación, explotación y acrecentamiento de los grandes monopolios capitalistas y el debilitamiento del estado social de bienestar o su adelgazamiento y debilitamiento.
A casi diez años del libre comercio y la apertura de mercados, los países sobre todo subdesarrollados, no han visto mejoría en la calidad de vida de su pueblo, sus trabajadores y campesinos. Por eso se cuestiona el papel de la globalización. Antes bien se cuestiona que las políticas globalizadoras de la OMC y de las grandes potencias mundiales han beneficiado a las grandes corporaciones internacionales y el fortalecimiento de políticas de corte neoliberal.
Por ejemplo en México se ha incrementado la pobreza. Y según el Banco Mundial el 45 % de los mexicanos subsiste con dos dólares al día (40 pesos). En virtud de ello más de la mitad de los mexicanos no accede a las caloras alimenticias que recomienda la Organización Mundial del la Salud de 2340 calorías, lo que propicia que anualmente mueran por desnutrición y hambre mas de 158 mil niños mexicanos.
“Veintitres millones de mexicanos viven en extrema pobreza, 54 millones en niveles de pobreza, 23 millones sin agua potable. La población económicamente activa son 35 millones 200 mil habitantes, de estos 12 millones 200 mil tienen empleo estable, es decir, que más de 20 millones de mexicanos están en la llamada economía informal o están en niveles de desempleo. 8 millones de niños trabajadores, 5 millones 200 mil jubilados pensionados, con un ingreso mensual de 600 pesos al mes; la economía informal a crecido en los últimos 20 años, del 2..2% al 47%; actualmente inscritos en la seguridad social solamente 23 millones 800 mil mexicanos, las mujeres representan el 35% de la población económicamente activa, pero los ingresos comparados a los de los varones es de un 32%. Teóricamente es trabajo igual, salario igual, pero es uno de los muchos discursos oficiales. Niños de la calle 288 mil, y puede haber cifras que refleja el verdadero rostro de este modelo de sociedad que no es nuevo y que atenta al modelo de dignidad de millones de mexicanos. Si viéramos otras cifras que reflejan lo que verdaderamente pasa en nuestro país, el crecimiento bruto de 1940 a 1979 fue de 7.2%, pero de 1980 a 1996 creció solamente 1.3%, el año 2002 bajó a cero, y este año 2003 subimos a 0.5% el índice nacional de precios de 1940 a 1970 creció el 14.3%, pero de 80 a 96 el 59,9%, con todo y que son cifras maquilladas las oficiales ahí se refleja un crecimiento que afecta a los trabajadores. El salario ha tenido una caída bastante fuerte y esto se debe por otras condiciones que es importante reflexionar el modelo sindical actual. que todavía prevalece a pesar de la muerte de Don Fidel Velásquez máximo dirigente de la Confederación de Trabajadores de México por más de 40 años 1
La globalización es un hecho innegable y prácticamente irreversible, cuyo impacto en los próximos años es todavía incierto, generando incertidumbres y una perturbación generalizada:
“La globalización debe ser entendida como el proceso de creciente interconexión, influencia reciproca e interdependencia de las diferentes comunidades humanas que pueblan la tierra, así como de las diferentes regiones y espacios presentes en la tierra… y se ha caracterizado por una aceleración sin precedente perturbando las creencias, ideas, expectativas y costumbres del mundo de instituciones, grupos, comunidades y personas a escala planetaria”. 2
Lo anterior ha traído como consecuencia un cambio de actitudes y un cambio de los procesos de producción internacional, y en consecuencia de las relaciones de trabajo:
“las condiciones logradas por los trabajadores se están viniendo abajo (el parámetro a seguir ya no son las condiciones laborales de un obrero estadounidense o alemán, sino la extrema explotación de un chino) al tiempo que los servicios públicos se deterioran. Es enorme la evidencia, a lo largo y ancho del mundo, de que las prácticas comerciales bajo la OMC están minando los acuerdos multilaterales ambientales, de salud y bienestar humano”.3
En consecuencia los presupuestos y paradigmas sobre la que descansaban las relaciones de trabajo, y particularmente las actividades de tipo liberal como de ciertos profesionistas y procesos productivos se han modificado sustancialmente. En efecto, Sandoval sostiene que:
“Con la globalización se busca eliminar todas las organizaciones intermedias que de alguna manera formaban parte de la antigua estructura social del Estado; es decir, en las organizaciones profesionales, universitarias y sindicales. Este es el discurso universal, no hay nada suelto en la seguridad social, a la globalización está ligado el achicamiento del Estado, es todo un proyecto de ordenamiento social… la tendencia es que el Estado se aparte como sujeto social y de lugar a que los actores (empresas) negocien directamente…esta es la fórmula que se está imponiendo… la formación profesional ahora es una obligación que el trabajador dentro de esta competitividad global está obligado y condicionado a formarse técnicamente y a desempeñarse en el caso que se le indique bajo alternativas de ser rescindido su contrato… no hay muchas referencias, por eso se tienen que encontrar una resolución y un ajuste, un equilibrio que en este momento no existe”. 4
El vertiginoso cambio técnico y la globalización de la economía nos enfrentan a un mundo laboral cada vez más complejo y que por lo tanto debe ser flexible, de carreras múltiples, polivantes, de múltiples empleos productivos para el mismo trabajador, de múltiples opciones vocacionales y múltiples actualizaciones dentro de la misma profesión o actividad.
En este contexto llama también la atención que el llamado Estado benefactor se debilite significativamente abriendo la economía a los dictados del “libre mercado” y modificando las estructura laboral para flexibilizarlas y “modernizarlas”.
En un principio el Estado benefactor se caracterizaba por:
“su intervención creciente en las actividades económicas, sociales, políticas y culturales, para armonizar y coordinar los diversos intereses de una comunidad pluralista; de distribuir bienes y servicios, y para obtener una meta difícil de alcanzar: la justicia social, y por este motivo se le ha calificado de muy diversas maneras como estado benefactor, promotor distribuidor, manager, etc.5
La “nueva cultura laboral” y las reformas a la Ley Federal del Trabajo
Como pocas veces en nuestro país, existe ahora un fuerte consenso entre todos los sectores del país: gobierno, partidos políticos, sindicatos, patrones y sociedad civil, en la necesidad de que se reforme la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Es previsible que el Congreso de la Unión antes de que termine este año 2003 revise la LFT: desde la justicia laboral, las condiciones de trabajo, la parte de la seguridad social, la actuación de los sindicatos, y hasta la posibilidad de reformar el artículo 123 constitucional, “del trabajo”.
Con el impulso del titular en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza debe elaborarse una nueva LFT, acorde con la “nueva cultura laboral” que impulsó cuando fue presidente de la Confederación Patronal Mexicana desde 1996.
Desde luego que la postura de cada sector social y partido político es muy distinta. Pero a estas alturas existe ya toda una serie de propuestas y planteamientos en algunos puntos fundamentales.
Para el sector empresarial resulta incongruente que si se ha “modernizado la economía y la desregulación” – es decir, el proceso por el cual el Estado se desprende de ciertos servicios y los deposita en el libre comercio-, que nos llevan ya a esa modernidad, la legislación sobre el trabajo permanezca todavía quieta e intocable a casi 30 años de su versión actual. Incluso los empresarios ven las reformas a la LFT -y las que de ella se desprenden, como la Ley del IMSS-, una forma de solucionar viejos problemas económicos para impulsar la “productividad” y las “inversiones”.
El ejemplo de esto lo hemos visto con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que pretende resolver el problema del ahorro interno (de las jubilaciones y pensiones) con el del fortalecimiento del sistema bancario; pretensión que, como vemos, está lejos de ser cierta.
También en opinión de algunos empresarios es importante la necesidad de modificar la LFT, ya” que la crisis económica, la supuesta rigidez en las leyes laborales y la conveniencia de trabajadores y patrones, favorecen el aumento de la economía informal y desalienta el trabajo verdaderamente formal.
Para otros la economía informal está asociada con la pobreza, el subempleo y la ilegalidad.
Se afirma que el propósito intrínseco de la nueva cultura laboral es atraer inversiones frente a un mercado cautivo, de mano de obra barata, lo que posiblemente estimulará a los inversionistas y elevará la tasa de sus ganancias, pero reducirá aún más el consumo popular y el nivel de vida, no sólo de los salariados, sino también de todos los que dependen de los ingresos de éstos.
Esta nueva cultura laboral, así vista, parece ser una amenaza contra los ingresos, la estabilidad en el empleo público y privado y la salud misma de los trabajadores que serán sometidos a una mayor intensidad del trabajo, dada la competitividad, con salarios cada vez menores, debido a la inflación y los topes salariales que imponen las cúpulas patronales y empresariales.
¿Qué implicaría la nueva cultura laboral en términos de la reforma de la LFT? ¿Por qué aspecto nos inclinaríamos? ¿Por combatir las prácticas ilícitas de supuestos líderes y abogados que se dedican al comercio de los contratos colectivos de protección o mantener el corporativismo? ¿Hacer transparentes los registros de asociaciones y de contratos colectivos para acceder a un derecho elemental a la información o bien mantener este secreto como de Estado y de control social? ¿Respeto irrestricto a las huelgas como instrumento de lucha de los trabajadores, o bien comprender la “difícil situación” por la que atraviesan las empresas que ya no tienen ganancias como antes?
Para que realmente se alcance una nueva cultura laboral a favor de los trabajadores, es necesario que la Ley Federal del Trabajo tenga, en efecto, profundas modificaciones y que responda a las expectativas del mundo actual, entre las que destacarían los avances que en materia tecnológica se han alcanzado y a la reelaboración de los nuevos esquemas de competitividad, así como los nuevos causes democráticos que toma la nación.
Si las autoridades como los empresarios realmente buscan la revisión de la LFT y que se actualice frente a los nuevos sistemas de productividad y competencia, es necesario que, paradójicamente dejen de intervenir en el movimiento obrero, como lo han hecho sobre todo en los últimos de diez años de globalización y neoliberalismo.
En su momento sólo dos partidos políticos, el Partido Acción Nacional (en el poder presidencial con Vicente Fox ) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), elaboraron sus propuestas legislativas. De 1999 hasta agosto de 2003 sus propuestas iniciales se han modificado con diversos matices, pero en esencia han mantenido su propia lógica e ideología política.
Las propuestas del Partido Acción Nacional
Luego de ser el primer partido político en presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión, para este partido resulta ya inaplazable, la reforma a la LFT, en virtud de que “los esquemas corporativos han caducado y los pactos son obsoletos dado que quienes firman carecen de representatividad real de los trabajadores, y signan acuerdos lesivos a ellos e impuestos por la estructura corporativa que favorece el PRI”.6
Para numerosos panistas, vinculados sobre todo al aparato empresarial corporartivo, ya no es posible mantener los liderazgos de las organizaciones en los términos actuales.7
Por ello la propuesta del PAN, en la que participó de forma destacada Nestor de Buen, se puede clasificar en cinco grandes aspectos:
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La necesidad de un registro nacional sindical.
Se argumenta que oficialmente existen 600 mil sindicatos, pero todos sabemos que la inmensa mayoría sirven como contrato de protección, solapador con la estructura gubernamental para callar cualquier costo la disidencia y también para extorsionar a los empleadores. -
El PAN se propone modificar radicalmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Los famosos pactos son decisiones cupulares que han impuesto topes a los salarios y los salarios mínimos están muy lejos de cumplir las expectativas que marca del artículo 123 fracción VI que habla del salario suficiente de los trabajadores por lo que el PAN propone que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se reestructure. -
Se propone una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo.
Consideran en su propuesta del 12 de julio de 1995 modificaciones en 14 fracciones del artículo 123, apartado A; así como a 3 del apartado B. Aquí consideran las siguientes líneas:
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Convenir la distribución de la carga horaria de trabajo.
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Determinación de salarios especiales nocturnos.
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Cinco días de trabajo (40 horas) con pago de 7.
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Reducción de horario en tiempos de parto y crianza.
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Aplicación de disposiciones de un juez de lo social que dependerá del poder judicial local o federal según el caso.
El PAN propone dentro de su propuesta aspectos cuestionables como comités de empresa, paralelos a los sindicatos y la reducción de la Jornada de trabajo.
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Terminar con las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Para el PAN es en las Juntas donde se trafica la justicia al mejor postor. Se sabe que la famosa fórmula tripartita no deja de ser una ilusión por la discrecionalidad del poder de la representación y por quien está detrás. Debe de haber una nueva figura: El juez de lo social dependiente del poder judicial, inmovible de carrera, -
Lograr dignificar a la mujer.
Un nuevo capitulo a la Ley Federal del Trabajo debe sancionar la hostigación sexual contra la mujer, lograr que tenga salario, percepciones similares a la de los varones, que no haya exclusión por embarazo en la mujer, es decir es todo un capitulo que busque dignificar el trabajo de la mujer en México.
Las propuestas del Partido de la Revolución Democrática
A continuación una breve síntesis de las propuestas del PRD:
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Se propone la supresión del Apartado “B” del artículo 123, para reconocer derechos plenos como el derecho de huelga económica. Los servidores públicos pasarían a formar parte de un capítulo especial en la ley, incluido entre los artículos 406 y 458.
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Se reconoce a los empleados de confianza el derecho a ser indemnizados en caso de despido injustificado.
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Se prohibe de forma expresa que los empresarios se inmiscuyan en la vida de los sindicatos y se dice que de hacerlo serán sancionados.
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Incorporar el derecho a vacaciones (quince días mínimo, y en el caso de los trabajadores al servicio del estado, veinte días por lo menos) en un año.
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Se propone aumentar a catorce semanas por lo menos y en conjunto los periodos pre y posnatal, cuya distribución se hará de acuerdo a recomendaciones médicas y a las necesidades de la madre y del hijo
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Se propone la supresión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, misma que será sustituida por la Cámara de Diputados, que actuará a propuesta de un instituto nacional de salarios mínimos, productividad y reparto de utilidades.
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Que en ningún caso el trabajo extraordinario será obligatorio y que no podrán trabajar en jornada extraordinaria los menores de dieciséis años.
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Que el concepto “obrero”, se sustituye por el de “trabajador”.
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Se propone que desaparezcan las Juntas de Conciliación y Arbitraje que sean sustituidas por jueces laborales que formarán parte de los poderes judiciales federales y locales.
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Los trabajadores al servicio del Estado, del gobierno del Distrito Federal y de los Estados y Municipios de la República tendrán derecho a optar por la reinstalación o por la indemnización correspondiente en caso de despido injustificado.
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Se propone otorgar a la mujer una intervención mayor, de manera que participe en las comisiones mixtas “con miras a lograr gradualmente una representación proporcional al número de trabajadoras ocupadas en la empresa”, en las actividades sindicales y en los programas de capacitación y adiestramiento “de manera que contribuyan a corregir en los hechos los factores de discriminación por sexo”.
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Se obliga a los patrones destinar cinco por ciento de las plazas a personas con discapacidad “que puedan realizar las labores propias de las empresas o establecimientos”.
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Se propone la previsión de un periodo de prueba en el contrato individual de trabajo.
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Se incorpore la responsabilidad del patrón sustituido por un término de diez años.
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Se incorporen medidas contra las renuncias obligadas del trabajador.
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Semana de 40 horas; dos días de descanso con pago por semana.
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Traslado de algunos días de descanso para evitar los puentes.
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Aguinaldo de 30 días de salario mínimo general para todos los trabajadores del país.
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Productividad y distribución de sus beneficios a los trabajadores.
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Rechazo a los actos de discriminación y hostigamiento sexual.
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Consideración de los conocimientos y actitud de los trabajadores por encima de la antigüedad en los ascensos.
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Autonomía sindical, con suspensión de la intervención estatal en la materia.
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La posible participación de los trabajadores de confianza en los demás sindicatos.
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La inscripción de los sindicatos sólo para fines de dejar constancia en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos y la adquisición de la personalidad jurídica a partir del depósito de los documentos requeridos.
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Frecuencia de las asambleas y su definitiva participación en las decisiones de rango mayor.
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Representación de los trabajadores en los centros de trabajo a través de delegados sindicales electos cada tres años.
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Mantener el nombre a los contratos colectivos.
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Mantener el concepto de huelga. Que en el procedimiento de huelga se prevea la que puede producirse respecto de servicios esenciales a la comunidad, lo que autoriza, inclusive, la contratación de trabajadores ajenos y se enlistan esos servicios, por ejemplo (telefonía pública y comunicación vía satélite; luz y energía eléctrica en servicios de emergencia; gasolina y gas; y aprovisionamiento y distribución de agua destinada a la población, etc.).
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Considerar como autoridades de trabajo a los poderes Judicial Federal y estatales, a la cámara de Diputados y al Consejo de la Judicatura.
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Que desaparezcan las comisiones tripartitas simultáneamente a las juntas de conciliación y arbitraje tradicionales
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Que se revisen algunas partes de los procedimientos laborales.
De las 31 propuestas anteriores, la mayoría son de fondo, ya que aportan nuevas orientaciones al derecho del trabajo mexicano, son en esencia positivas. Por ejemplo la dependencia al poder Judicial de las Juntas o de los juzgados laborales
Fortalecer la libertad y democracia sindical.
Algunos abogados han definido a la libertad sindical, como el mayor derecho social. 8 Sin embargo este derecho ha sido vulnerado históricamente en nuestro país.
Cabe señalar que los sindicatos corporativos de restado son muy poderosos ya que movilizan gran parte de la conciencia persuasiva del mismo, sin recurrir necesariamente a la fuerza estatal, fuerza que tiende a disminuir gradualmente en la medida que se pierden prestaciones y el Estado deja de ser garante de ellas.
El rechazo a los contratos de protección es hoy una de las consignas principales del movimiento obrero toda vez que esta práctica se opone a la libre sindicalización. Este negocio multimillonario, que consiste en la firma de un contrato entre patrón y sindicato a espaldas de los trabajadores y por el que dejan jugosas ganancias para el patrón-líder, no sólo atenta contra la libertad de asociación sino contra el derecho de huelga y otros derechos más.
La libertad sindical tiene que ver con la cláusula de exclusión que finalmente se pervirtió en su finalidad. Este fenómeno del corporativismo-contrato de protección es un lastre del sistema laboral en México, ya que desde el momento en que los sindicatos se registran a espaldas de los trabajadores, anulan el derecho de huelga y de asociación.
Los contratos de protección son una forma de control sindical que ofrece el gobierno mexicano a la inversión extranjera y que, por lo mismo, ha tomado mayor auge a raíz del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no habrá desarrollo social justo y equilibrado sin la participación libre del trabajadores en todos los ámbitos sociales.
Si se consolida la libertad sindical y se logra la democracia sindical estaremos hablando de la participación activa de los trabajadores en la definición de un nuevo rumbo para el país, en el que los beneficios y el reparto de la riqueza permita generar la mejor riqueza humana: el de la justicia y equidad social.
1 Javier paz Zarza, diputado federal por el PAN. Coordinador del Consejo Técnico del Trabajo del Comité Ejecutivo de este mismo partido. Intervención estenográfica en: Jornada de Mesas Redondas, El derecho Laboral hacia el tercer milenio, Cd. de México, Museo de la ciudad, 24 de abril de 1998.
2 MUTSAKU , Kamilamba Kande. En: Globalización desde la periferia, Ed. Porrúa-Tecnológico de Monterrey, 2002, p 12.
3 Ibidem.
4 DOMINGUEZ Chávez, Guillermo. “Flexibilización Laboral”, En: Revista Laboral No 64, SICCO, México D.F. p. 45. Entrevista a Isaac Sandoval, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo.
5 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Introducción a la justicia Administrativa, en el Ordenamiento Mexicano. El Colegio Nacional, México, 1983, p.18
6 Cfr. URRUTIA, A1onso. “PAN: inaplazable la refroma a la Ley Federal del Trabajo”. La Jornada, 19 de noviembre de 1997, México.
7 Ibidem
8 DÁVALOS, José.” La Concertación social en el derecho del trabajo “. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídica_. UNAM, México, No.6, 1987, p. 649.
Descargue aquí las memorias del VII Congreso de la AIJDTSSGC en formato PDF.
