La seguridad social en el Siglo XXI: ¿todavía un Derecho Humano?

Ángel Guillermo Ruiz Moreno1

 

Dedicada a la Memoria del DR. OSVALDINO ROJAS LUGO (Q.E.P.D.), Presidente y Fundador de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’.

 

 

Simón José Bolívar, sin duda el más grande Libertador Americano y quien marcara para siempre el rumbo de Sudamérica, en el Congreso de Angostura del 15 de Febrero de 1819, afirmó: “…El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política…” 2

 

Como todos sabemos, los sublimes sueños del Panamericanismo Bolivariano impulsaron a Bolívar en su lucha por liberarse del yugo español y forjar una América unida; en razón de su naturaleza intrínseca y acaso por su grandeza se convirtieron en utopía. Acaso fue que su colosal envergadura frustró la consumación de sus ideales.

No obstante, ésa fue la primera declaración política que acuñara para siempre el concepto seguridad social en ésta nuestra amada tierra americana, resaltándose así la absoluta necesidad de protección y vida digna a las que tenemos derecho sin excepción todos y cada uno de los seres humanos por el simple hecho de existir.

Si Ortega y Gasset tenía razón cuando afirmaba que todo lo que el hombre es en la vida: “…es pura y radical inseguridad…”3 entonces afirmamos nosotros ahora que esa necesidad inmanente a los seres humanos debiera guardar un orden jerárquico lógico dado que son tres las seguridades que a nuestro parecer requiere toda sociedad para florecer: primero, seguridad nacional; segundo, seguridad pública; y tercero, seguridad social. Sin alguna de ellas, una sociedad no sólo está en peligro, sino que se encuentra impedida para desarrollarse.

El Libertador creyó en esa conjunción y ofrendó su vida en aras de alcanzar el ensueño. Y fue ése uno de los sueños premonitorios de Simón Bolívar, el más acabado y bello intento de describir la verdadera misión de un gobierno libre, justo y democrático, pues adelantado a su tiempo pronosticó con certeza lo que vendría ochenta años después —en 1889—, con el advenimiento del primer Seguro Social del planeta, forjado en la Alemania de finales del siglo XIX por su creador original, el “Canciller de Hierro” Otto Von Bismarck.

Era el Seguro Social el instrumento jurídico creado por el Estado para alcanzar esa aspiración humana, ese concepto filosófico que hoy llamamos familiarmente seguridad social, y resulta tan trascendente en la política social de un Estado que su creador expresó con la absoluta convicción de estadista: “Por caro que parezca el Seguro Social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”. 4

Fue entonces y sólo entonces cuando sobre la faz de la tierra la seguridad social brilló intensamente y cosechó sus mejores lauros. En aras de ser justos, reconozcamos aquí no sólo a Bismarck, sino también a William Beveridge, su perfeccionador y quien la dibujó en la Inglaterra de la posguerra más como una aspiración legítima de cualquier sociedad organizada que se precisase de ser ante todo humana, por sobre un simple esquema de previsión social para los trabajadores subordinados.

Fue tal el éxito alcanzado y la convicción de que el Estado debía ser esa “red protectora” que salva vidas y futuros en el circo de la vida —entendiendo a las personas no como simples individuos sino como parte del tejido social, apreciando así sus diferencias naturales y lo absurdo de la “igualdad de oportunidades” para intentar alcanzar al fin la “igualdad de logros”—, que por aclamación, el 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) la incluyó y conceptualizó en el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, concibiendo a la seguridad social no sólo como un derecho humano y un derecho social irrenunciable, imprescriptible e inalienable del asegurado, sino definiéndola como una obligación natural al cargo de los Estados miembros —y por simple extensión analógica, incluso de aquellos que no lo eran.

Nadie se imaginaba todavía que, tras las épocas de gloria alcanzadas por la seguridad social a mediados del siglo XX e inmersa como estrategia gubernamental para redistribuir el ingreso de la población en aquella política económica intervencionista de los Estados democráticos prohijada por el Estado de Bienestar, menos de un siglo después y al despertar a la cruel y dolorosa realidad, aquél dulce sueño terminaría convirtiéndose en pesadilla.

En efecto, recordemos aquí el texto literal del primigenio artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de la O.N.U., el cual establecía con meridiana claridad lo siguiente:

Artículo 25.-“Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, así mismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad.

El Estado está obligado a satisfacer estos derechos sociales con su mayor esfuerzo, de manera progresiva.

Tanto la madre que va a tener un hijo, como a su hijo, deben recibir cuidado y asistencia. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre.” 5

 

(NOTA: La letra en negritas es nuestra, y se utiliza sólo para los fines de resaltar su texto).

 

Procedamos enseguida a analizar brevemente dicho precepto en cita que, más allá de discusiones bizantinas sobre su real aplicación legal, es evidente que contiene una obligación de índole moral insoslayable para cada uno de los Estados Miembros que suscribieran dicha Declaración.

Para comenzar, es cierto que teóricamente todos tenemos derecho a disfrutar de ese derecho humano y que allí subyace el principio de la universalidad del servicio público de seguridad social al cargo del Estado. Pero en realidad lamentablemente no todos acceden al mismo.

Los Seguro Sociales —entendidos como instrumentos para alcanzar el anhelo humano de la seguridad social—, parecen más bien “clubes exclusivos” a donde sólo ingresan los “socios” que el legislador define, recibiendo la cobertura de contingencias sociales predeterminadas en ley; luego acceden a las prestaciones en dinero y en especie que el legislador previamente ha determinado, cumplidos desde luego todos los requisitos que el autor de la ley-marco de dichos entes exige para cada caso en particular. En síntesis, ocurre que la realidad es más sabia que el derecho, pues el todos de la Declaración en la realidad no somos todos y a pocos pareciera importarles el punto.

Continuando nuestro análisis, hoy en día y a fuerza de ser sinceros, en ninguna parte del planeta —menos aún en los países en vías de desarrollo como los nuestros—, ni el propio Estado ni alguna otra organización pública o privada nos asegura a nosotros —menos todavía a nuestra familia como dependientes económicos—, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Recordemos que en Latinoamérica al menos la mitad de sus habitantes nos hallamos bajo la llamada “línea de pobreza” trazada por el Banco Mundial, y más de cien millones están sumidos en la pobreza extrema al sobrevivir con menos de un dólar al día.

Esa es, sin tapujos ni retórica, la lacerante realidad que afrontan nuestro pueblos Latinoamericanos a inicios del siglo XXI.

Todavía más, prácticamente es inexistente en América Latina y el Caribe —por más que se diga que tenemos derecho a él—, un seguro en caso de desempleo involuntario, indispensable en épocas de recesión económica como la que padecemos ahora. Por su parte, los seguros de enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia, parece ser que debido a los problemas financieros al parecer irresolubles que presentan ante el incesante crecimiento de los pensionados, e influenciados ineluctablemente por las variables demográficas y epidemiológicas que han elevado la esperanza de vida de los ciudadanos que nos conducen con rumbo a ser países de gente vieja —sin la tasa de natalidad necesaria para reponer a la gente en edad o condiciones improductivas—, toda esa serie de circunstancias, en su conjunto, nos auguran un sombrío cuanto ominoso futuro en el rubro pensionario.

Si a ello le añadimos el infaltable ingrediente económico, la inviabilidad financiera en los rubros jubilatorios y pensionarios en general nos presenta un panorama francamente desolador, al grado de afirmar que las pensiones, aquél maravilloso invento del Estado Benefactor o Providencia que creíamos nos iba a durar hasta el fin de nuestra existencia, ha entrado en un proceso involutivo y es ya —querámoslo o no reconocer—, una especie en franca extinción.

Por su parte los nuevos esquemas pensionarios que acogieran el modelo previsional de capitalización individual, en verdad poco han contribuido a resolver tan sensible problemática social; al grado que existe la opinión generalizada de que vistas las circunstancias no era un simple problema de gestión, sino de estructura, el que los sistemas piramidales e intergeneracionales de los modelos de reparto o fondo común de nuestra seguridad social tradicional se hallasen al borde de la inviabilidad financiera.

Lo cierto es que por una u otra razón resulta innegable que cada día existen más asuntos públicos en manos privadas. Es obvio que empresa privadas —muchas de ellas de capital extranjero— lucran desmedidamente con la administración de las enormes bolsas de dinero que acumulan las reservas técnicas de los esquemas pensionarios de nuestros operarios. Porque las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y/o las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), fueron pensadas para ser parte de la solución; pero a dos décadas de distancia de haber comenzado su operación formal, se han convertido más bien en parte del problema.

Y para finalizar nuestro somero análisis, si bien la madre que va a tener un hijo, como a su hijo, en la mayoría de los casos al menos reciben cuidado y asistencia —pues todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre—, caminamos sin prisas pero sin pausas a un drástico cambio de roles familiares dado que cada vez son más frecuentes los hogares monoparentales en donde la madre ejerce ambos roles y, para colmo, a fin de salir adelante debe por fuerza incorporarse al mercado de trabajo, dejando a sus hijos al cuidado de terceros al no existir una infraestructura de guarderías que alcance a satisfacer las necesidades ingentes en este rubro.

No obstante, ante lo complicado de la situación el Estado se escabulló por la puerta trasera y, para lograrlo, se suprimió parte del texto de dicho artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, precisamente la parte en donde se plasmaba que la obligación en materia de seguridad social era del Estado, quien debía realizar su mayor esfuerzo y de manera progresiva dado que la seguridad social no está hecha sino que se realiza día con día.

Así las cosas, las preguntas son inevitables: ¿Y el Estado? ¿Qué hace el Estado al respecto? ¿Acaso todavía el Estado juega un rol protagónico en la seguridad social, cuando ha sido palpable su desinterés de unos años a la fecha?

Y la respuesta es clara y categórica: El Estado se ha desatendido de su responsabilidad natural, hasta el grado de que ya nada le obliga a involucrase en este asunto.

En una verdad incuestionable que la injerencia de los Estados en todo el planeta es cada día menor en cuestiones de seguridad social, abocándose a atender sólo lo relativo a la seguridad nacional y a la seguridad pública —especialmente en épocas en que el creciente descontento popular ha puesto en las práctica terroristas una forma de desestabilización que pudiera conducirnos más temprano que tarde a conflagraciones bélicas internas e internacionales—. Además, no perdamos de vista que el trabajo ha evolucionado y muy a pesar de la notoria “deslaboralización” que la seguridad social ha sufrido en el mundo entero, aún no hemos terminado de separar el financiamiento de la seguridad social del trabajo formal —o “regulado”, como prefiere llamarlo la Organización Internacional del Trabajo.

Porque un día (¿acaso alguien sabe cuándo fue ése día fatal?), el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” fue reformado, cambiado en su redacción, modificándolo al cercenarle lo relativo a quien es el responsable de asegurar al ciudadano común la materialización de su derecho social en él consagrado. En los albores del siglo XXI el segundo párrafo del aludido artículo 25 y cuyo texto original transcribiésemos en párrafos precedentes, ha desaparecido y lo peor es que nadie nos puso sobre aviso ni se nos informa cómo fue que tan lamentable suceso ocurrió.

Hoy, si bien dicho precepto conserva más a menos similar redacción que la original, sin pudor alguno y con toda intención fue mutilado —suponemos que debido al modelo económico imperante del neoliberalismo brutal que padecemos, en donde el mercado sin rostro humano impone sus reglas feroces—, desapareciendo por completo la responsabilidad del Estado sobre la seguridad social contemporánea, quedando dicho precepto como sigue:

Artículo 25.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos lo niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 6

(El segundo párrafo fue suprimido en su totalidad)

 

Ciertamente que a simple vista el texto parece el mismo, pero es obvio que no lo es.

Así, el Estado ya no es más el garante primario y final de cualquier Sistema de Seguridad Social del planeta; la única responsabilidad del Estado sería no la de responder directamente ante los ciudadanos, sino orientar o acaso reducida su injerencia a financiar tripartitamente los ingentes costes de la seguridad social, una sui géneris “seguridad social privatizada” que es brindada ahora en el siglo XXI, en los rubros de salud, pensiones y hasta de prestaciones sociales —vivienda y servicio de guardería incluidas—, por entidades privadas cuya participación activa conlleva evidentes fines de lucro.

Porque ante la ineficiencia y el palpable desinterés del Estado, la seguridad social se convirtió de pronto en un apetitoso pastel que desean repartirse en grandes rebanadas las AFP (o las AFORE en México), las aseguradoras privadas, las instituciones de seguros especializadas en salud, y otra serie de compañías de naturaleza privada con grandes afanes de lucro pero sin vocación de servicio.

A fin de cuentas nos queda claro el punto, ¿para qué dejar plasmado en el texto del artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” una obligación que el Estado no puede y no quiere asumir? Aunque deba hacerlo en la práctica, puesto que a cada derecho corresponde una obligación, y si como se observa de dicho precepto el derecho allí plasmado es de todos y cada uno de nosotros los gobernados —entendidos aquí como persona humana— entonces sólo el Estado y nadie más que él debiera asumir dicho compromiso.

Porque digámoslo más claro para que no quepa duda alguna al respecto: en materia de pensiones y de la seguridad social en general, si el Estado no puede, entonces nadie puede.

Sirvan pues estas reflexiones para que ahora sí todos nosotros, como juslaboralistas y segurólogos sociales, nos dediquemos a indagar cómo fue que se reformó, suprimió, esfumó y desapareció la responsabilidad Estatal en materia de seguridad social de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. ¿Quién, cuándo y por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón que subyace detrás de la decisión de suprimir dicha responsabilidad que es sin duda inherente al Estado?

Seguramente el o los responsables tienen nombres. Ese apartado del artículo 25 de la policitada “Declaración Universal de los Derechos Humanos” no pudo haber desaparecido como por arte de magia, trastocando las responsabilidades inherentes al Estado. Sencillamente es un crimen de lesa humanidad y eso de plano no se vale ni debe ser permitido por los juristas.

Habrá entonces qué hacerles saber a los responsables nuestra abierta inconformidad y nuestro repudio a esa actitud lesiva asumida para con todos nosotros, ingenuos seres que creíamos definidos y preservados nuestros derechos humanos fundamentales.

¡Queremos saber la verdad, Señores de la O.N.U.! Exigimos que se reinstale a la mayor brevedad posible tal obligación, inherente a todos y cada uno de los Estados Miembros de la O.N.U., en el propio texto del injustamente mutilado artículo 25 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Antes desde luego que se consume la ominosa sentencia dictada por Bismarck y la revolución —o el destino— nos alcance sin remedio.

En ello depositamos íntegramente nuestros esfuerzos y lo que aún resta de la frágil esperanza por lograr un mundo más justo, más humano y apacible.

 

1Presidente de la Filial Occidente de México de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’.

 

2 Bolívar. Colección Grandes Biografías. Primera Edición. Edimat Libros. Madrid, 2002. Pág. 188.

 

3 Citado por Ángel Guillermo Ruiz Moreno en su obra: Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Séptima Edición actualizada. Editorial Porrúa. México, 2003. Pág. 2.

 

4 Otto Von Bismarck, citado por Ángel Guillermo Ruiz Moreno en su libro: Las AFORE, el nuevo sistema de ahorro y pensiones. Cuarta Edición Actualizada. Editorial Porrúa. México, 2002. Pág. 1.

 

5 Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Texto original. Edición Conmemorativa de la O.N.U.

 

6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Edición Comentada. Segunda Edición. Javier Hervada-José M. Zumaquero. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). Pamplona, España, 1992. Pág. 154.

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