Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno.
“La seguridad social, esa especie de red protectora en el circo de la vida a la que la indiferencia y la ignorancia han abierto enormes boquetes, está a punto de ser soltada por el Estado aduciendo su incosteabilidad; pero dicha tesis economicista es del todo falsa. Es deber de los académicos el impedirlo, pues se trata de un derecho humano inalienable e irrenunciable.”
Transcurrido el primer lustro del siglo XXI, hablar sobre el futuro de temas tales como el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no es nada divertido; por el contrario, se trata de asuntos que ocupan y preocupan a los juslaboralistas y segurólogos sociales Iberoamericanos, y en los que convergen una serie de mitos y realidades que es necesario comenzar a desentrañar.
La ausencia de información veraz, confiable y actualizada sobre temas fundamentales como las crisis del trabajo formal o regulado —al cual la OIT prefiere llamar “trabajo decente”, de lo cual se colige que hay también, querámoslo o no reconocer los juslaboralistas y segurólogos sociales en Iberoamérica, “trabajo indecente”—, se ha convertido en un verdadero problema en la toma oportuna de decisiones sobre cómo afrontar las reformas estructurales que se requiere instrumentar para sobrevivir a la crisis existencial que pone en duda la viabilidad futura del Derecho Social en general.
Porque siendo sinceros, en eventos académicos similares a éste, ¿cuántas veces hemos escuchado los mismos discursos académicos acerca de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, o que es mentira que exista el llamado “esclavismo moderno”, o que es imposible que los Seguros Sociales “quiebren” debido a que no son empresas privadas? ¿Cuántas veces, compañeros Académicos, hemos oído decir que el Derecho del Trabajo tiende a desaparecer y que por lo tanto, más que seguir hablando de Derecho del Trabajo debiéramos hablar acerca del derecho al trabajo? Otras preguntas fundamentales cuanto inquietantes son: ¿De verdad sigue siendo tuitivo y protector de la clase trabajadora el Derecho del Trabajo en Latinoamérica, aunque los hechos demuestren lo contrario? ¿El sindicalismo avanza o retrocede, se vigoriza o se atomiza? ¿Los esquemas de protección de los operarios subordinados son todavía financieramente viables a mediano y largo plazo, o se hallan en franco proceso de extinción las pensiones?
Compañeros Congresistas: las interrogantes son muchas y las respuestas de plano no existen. Y si no encontramos las respuestas se debe a que no hemos hecho un diagnóstico real, objetivo e imparcial de la problemática que subyace detrás de cada asunto; o bien, que teniendo claro qué es lo que pasa en la vida real, los actores naturales en estos temas (esto es: Estado, empleadores, operarios, y en especial los académicos como observadores permanentes de estos tópicos), sencillamente opten por desatenderse del asunto para no pagar el alto costo político que conllevaría realizar cualquier reforma estructural —ya sea fiscal, laboral o de seguridad social.
Vamos, es tan complicado el entorno que ni siquiera al seno de las Universidades públicas o privadas de América Latina se llegan a captar, oportuna y confiablemente, las cuestiones trascendentes de esos Derechos humanos y sociales que suponíamos son —al menos en teoría— inalienables e irrenunciables, pero con los cuales en este mundo globalizado se comercia o se escamotean impunemente ya en la realidad cotidiana. Sí, hablamos aquí de educación, o mejor dicho, de una notoria ausencia de educación sobre temas sociales que a todos nos atañen y que a todos importan, pero que paradójicamente ha sido abandonada a su suerte por nuestra actual generación, harta de todo y cansada de falsas promesas y expectativas de bienestar que nunca terminan por llegar. El desánimo cunde y faltan auténticos líderes sociales que acaudillen una toma de conciencia generalizada sobre el tema.
Profundicemos un poco acerca de nuestras responsabilidades naturales en dicha problemática social, las que a menudo desdeñamos.
Como docentes e investigadores sociales, en un mea culpa obligado por las circunstancias, con asombro constatamos que en la gran mayoría de nuestras Casas de Estudio Latinoamericanas —antaño concebidas como los “templos del saber” por excelencia—, si bien el Derecho del Trabajo permanece como una materia obligatoria en los planes de estudios en las carreras de Abogado o Licenciado en Derecho, hoy en día se estudian más bien temas como el outsourcing, la terciarización laboral, y otros esquemas perniciosos de índole privado que, antes nuestra pasmosa pasividad como juslaboralistas, poco a poco han ido socavando de raíz nuestro ya mítico Derecho Laboral del que antaño no sentíamos tan orgullosos y, con soberbia inaudita, considerábamos ya una “conquista irrenunciable” —por cierto lograda a sangre y fuego en la gran mayoría de nuestras respectivas patrias.
Lo que importa al educando hoy en día es cómo escapar de los rígidos controles del Derecho del Trabajo, buscando una flexibilización peligrosa y una nueva “cultura laboral” que nada bueno nos augura como sociedad organizada.
Para colmo de males, en muchas Escuelas o Facultades de Derecho de Latinoamérica sencillamente se omite estudiar la disciplina del Derecho de la Seguridad Social, dejando así libre el camino para que unos cuantos que se pasan de listos se aprovechen de nuestra indiferencia para con este asunto de innegable raigambre social y poco a poco, sin prisas pero sin pausas, avancen en sus cuestionables pretensiones privatizadoras de dicho servicio público —el cual los Estados contemporáneos, cómo no, están dispuestos a soltar sin pudor ni remordimiento alguno—. Una pasmosa indiferencia que es hora comencemos por reconocer, a fin de poder hacer algo al respecto.
Así pues, si omitimos educar a nuestro futuros profesionales acerca de estos temas fundamentales, resultará prácticamente imposible que la población joven pueda cobrar conciencia del futuro que le espera, o la absoluta necesidad de contar con el manto protector del Estado para regular —como es su ineludible deber, para no dejarla en las peligrosas manos de la economía global con afanes de lucro—, las cuestiones que atañen al trabajo formal y a los esquemas de protección social, los que hoy se ven más como un gasto que como una inversión en lo mejor de una nación, que es su gente.
Cierto es que en nuestra idiosincrasia latinoamericana existe una casi total ausencia de sentido previsor, y que las por ahora irreversibles variables demográficas y epidemiológicas nos indican que para medidos del siglo XXI tendremos un crecimiento exponencial de adultos mayores sin precedente (según datos estadísticos confiables de la O.N.U., cerca de la tercera parte de nuestra población total será mayor a los 60 años de edad). Peor aún, enfermedades crónicas de nuestra época se han convertido ya en verdaderos problemas de salud nacionales, pues padecimientos tales como la diabetes y las cardiopatías —entre muchos otros derivados del stress en que vivimos—, provocarán que un gran porcentaje de ellos, cercano a la mitad del total de ancianos, lleguen enfermos a su etapa improductiva, lo que de suyo constituirá todo un reto y un gasto enorme para el Estado que debe cuidar de ellos.
Añadamos al entorno planteado el infaltable ingrediente económico, pues resulta imposible desligar a la seguridad social de las posibilidades económicas de cada país; sumémosle luego la ausencia de verdaderos y permanentes programas sociales gubernamentales en los países de la región; agreguémosle el asunto de la educación, en esa peculiar “Torre de Babel” que se vive cotidianamente al interior de nuestras Universidades, derivada en mucho por los diversos perfiles e intereses profesionales con el que se visualiza —no pocas veces prejuiciosamente— a las cuestiones laborales y de seguridad social por parte de quienes cotidianamente intervienen es sus distintas facetas (ya sean economistas, actuarios, abogados, contadores públicos, sociólogos, financieros, y otros involucrados cuya injerencia en estas disciplinas, como resultan ser los políticos, legisladores, juzgadores o administradores de los entes públicos encargados de brindar este servicio público de enorme impacto social), y el resultado, obvio, será sencillamente desastroso e inquietante.
Entonces, aunque suene fuerte habrá qué decirlo: si el Derecho del Trabajo y la seguridad social nos abandonan ahora, lo hacen en simple reciprocidad al olvido en que nosotros los juristas tuvimos a tales disciplinas al menos desde hace un par de décadas.
Porque hoy día, para ser claros, no somos más los abogados quienes asumimos el liderazgo ideológico en estas materias, sino lo son los economistas, los matemáticos actuariales, los contables, y otros perfiles profesionales que no entienden —porque no lo estudian— el trato jurídicamente diferenciado, nivelador de desigualdades, a que propende el Derecho Social. ¿Qué dirían de nuestra pasividad manifiesta los grandes maestros juslaboralistas Iberoamericanos, personajes de la talla de los insignes Guillermo Cabanellas, Manuel Alonso Olea, Mario de la Cueva u Osvaldino Rojas Lugo? ¡Seguramente de la simple pena ajena se volverían a morir! Duele decirlo y más tener qué reconocerlo, queridos amigos; pero es la verdad, por más que intentemos negar lo evidente.
Nadie ignora pues que este mundo globalizado, en donde las feroces “leyes del mercado” imponen sus reglas sin rostro humano y en donde importa a toda costa producir más con menos para posicionarse en dicho mercado, el mundo ha debido transformarse sin que nadie sea capaz de poner freno a esa especie de “ley de la selva” a que nos venimos acercando ominosamente en esta nuestra común aldea global.
Las fronteras nacionales se dibujan pálidamente pues se han formado grandes franjas comerciales de potenciales consumidores, aunque millones de éstos apenas sean capaces de sobrevivir con un ingreso que el propio Banco Mundial eufemísticamente ha definido como “por debajo de línea de pobreza extrema”. Así las cosas, aunque suene osado decirlo, los Tratados Comerciales Internacionales pueden más que nuestras Constituciones Políticas Nacionales, y las leyes del mercado importan más que nuestra legislaciones internas.
Por ello es que en todos los países del orbe se han colapsado en mayor o menor medida los esquemas de protección social planeados a mitad del siglo XX; y claro está que nuestra América morena —con ese enorme mosaico de diversidades, culturas milenarias y características regionales que de alguna manera nos son comunes—, no podría ser la excepción.
No obstante, lo más delicado del entorno que observamos como investigadores sociales es que, una vez detectada la problemática, todavía no hemos puesto manos a la obra para intentar al menos paliarla o atemperarla. A nuestro parecer, como académicos, subyace detrás una razón que si bien no justifica, al menos explica lo que sucede: todo lo que atañe al mundo laboral y de la seguridad social se “politiza” cada día más, como si su solución necesitara de banderas, colores e ideologías partidistas para ser resuelto.
En ese orden de ideas sentimos que intentan pasarse de listos algunos de nuestros actuales gobernantes y legisladores, al pretender endosar a los que vienen detrás la inevitable “factura” del costo político y económico que implícitamente traen aparejados los esquemas modernos del trabajo y la seguridad social; pretenden que otros se hagan cargo de la problemática ante el inevitable costo político a pagar por una toma de decisiones responsable y patriótica; para quienes así razonan es demasiado elevado en aras de cuidar su imagen, de cara a una sociedad contestaria que ha entrado en una fase de desesperanza imposible de soslayar más.
Desde luego ninguno de quienes así actúan ignoran que de paso cancelan, por simple conveniencia personal o de grupo, la planeación de una sociedad fuerte, segura, equitativa y productiva, con certidumbre de paz social para las futuras generaciones, entre quienes se hallarán ciertamente los que hoy son estudiantes y los seres más amados y que más nos preocupan: nuestros propios hijos. Y eso, para los estudiosos del Derecho Social, sencillamente nos resulta inaceptable, pues se les olvida a los políticos una lección de simple sentido común: la realidad siempre es más sabia que el Derecho.
Ahora bien, sentado todo lo anterior, afirmamos categóricamente —muy a pesar de lo frágil que puedan estar nuestra economías emergentes en Latinoamérica—, que es del todo falsa la tesis de que nuestras legislaciones laborales impidan la productividad y hasta tengan la culpa del sensible decremento de fuentes de trabajo; como es falso también que la seguridad social contemporánea sea ya infinanciable y el Estado debiera dejar de gastar en ese “barril sin fondo”.
Eso sí, lo que el sentido común aconseja ahora es proponer correctivos inmediatos de los errores estructurales de que adolecen nuestros esquemas nacionales en los rubros del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social; y de resultar necesario, atrevernos como académicos a proponer medidas drásticas e impopulares por más amarga que pueda resultar la medicina para tan grandes males, siempre a condición de que dichas propuestas sean viables y factibles de instaurar e instrumentar. Porque si no somos nosotros los estudiosos de estas disciplinas quienes hagamos tan ingente tarea, nadie lo hará.
En pues nuestro ineludible deber, como juslaboralistas y/o segurólogos sociales que nos preciamos de ser, defender a quienes no tienen voz, ni medios para defenderse, aquellos que el insigne Maestro mexicano Mario de la Cueva sabiamente llamó: “los sin tierra y sin riqueza”, es decir, la gente del pueblo y del campo, porque en ellos radica el verdadero objeto de la existencia de los Derechos Sociales puesto que su gente es la mayor riqueza de un país.
Señoras y Señores Congresistas:
Corresponde a todos nosotros, como Académicos expertos interesados en estas materias, proponer ideas a gobernantes y legisladores que puedan servir de base para elaborar luego proyectos de reformas estructurales en materias laboral y de protección social que sean en realidad sustentables.
Porque el reto que nos presenta el siglo XXI es enorme, éste es un momento histórico y sólo quienes tengan visión de verdaderos estadistas podrán afrontarlo e inscribir en letras de oro su nombre en la historia.
Reiteramos ahora que el futuro de una sociedad Iberoamericana como la nuestra, verdaderamente humana y respetuosa de la dignidad de las personas, se halla en juego; como también está en juego la calidad de vida de las siguientes generaciones —entre las cuales se hallan nuestros propios hijos—, y la verdad sea dicha no es poco lo que está de por medio.
No somos optimistas pero lo último que podemos perder es la fe en nosotros y en nuestros pueblos. Por eso enviamos este mensaje de esperanza fraternal que abarca, sin distingo, a todos y cada uno de los Congresistas que participan activamente en este trascendente evento académico.
¡Enhorabuena al Comité Organizador!, agradeciendo su generosa hospitalidad, con una especial expresión de gratitud a quienes, sin reservas, confiaron en nosotros como Asociación académica y a quienes con su asistencia contribuyeron generosamente al engrandecimiento del Derecho del Trabajo, del Derecho de la Seguridad Social, y de nuestra amada “Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’” (AIJDTSSGC).
Mil gracias a todos. ¡Y que viva Venezuela!
Caracas, Venezuela, a 19 de Octubre de 2005.
DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO
Presidente de la Junta Directiva
Internacional de la AIJDTSSGC.
