De la Europa de los mercaderes a la Europa Social: los aspectos sociales de la Constitución Europea de 2004

Francisco Pérez Amorós• Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (España)

• Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo (IIDD)

I. INTRODUCCIÓN

El 29 de octubre de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea firmaron en Roma el “Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa” (en adelante la Constitución Europea o la CE).

La Constitución Europea de 2004, cuyo estudio constituye el objeto de esta Ponencia representa, es, de momento, el final de un largo y titubeante trayecto, iniciado con ocasión de la firma de los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, que como se sabe dieron lugar a una compleja estructura que integraba a tres organizaciones independientes entre si y dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica. Tales Tratados y consiguientes organizaciones eran las siguientes: La Comunidad Económica del Carbón y del acero (CECA), instaurada por el Tratado de París de 18 de abril de 1951, la Comunidad Económica Europea (CEE), creada por el Tratado de Roma de 15 de marzo de 1957, y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA) que también tuvo su origen en el Trato de Roma de 15 de marzo de 1958. La existencia de tres comunidades, como resulta fácil advertir, generó una complejidad orgánica que representaba una pesada losa que dificultaba el logro de los objetivos comunes perseguidos en orden a una integración política, económica y social de Europa. Con ocasión del Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965 (Tratado de Fusión), se creó un único Consejo y Comisión para las tres organizaciones, iniciándose así tímidamente un proceso de unificación que damos aquí por conocido. Este fue el primer Tratado que modificó el Tratado de Roma y cuyo objetivo principal consistió en simplificar la estructura orgánica de la Comunidades, labor que, en parte fue continuada por otros Tratados adoptados en la década de los sesenta y setenta. La CECA dejó de existir el 23 de julio de 2002 al expirar su Tratado constitutivo.

Por lo que en esta Ponencia interesa, centraremos nuestra atención, de forma especial en el una de las tres organizaciones europeas precitadas, la originariamente denominada Comunicad Económica Europea (CEE), que como su propio nombre indica era antes “económica” que “europea” al estar impregnada por un objetivo básico: la configuración de un mercado único. La originaria CEE de 1958 agrupó a los seis Estados firmantes del referido Tratado de Roma de 1958: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Eran los tiempos de la Europa “de los seis” y cuyos objetivos, como hemos adelantado, eran más económicos que sociales: era una “pequeña” Europa pero era la “Europa de los mercaderes”, dicho sea en expresión gráfica.

Con el paso del tiempo la originaria CEE devino, en la actual Unión Europea (UE), que integra a 25 Estados (Alemania, Austria –incorporada en 1995- Bélgica, Chipre-2003-, Dinamarca-1973-, España –1986-, Eslovaquia, Estonia-2003-, Francia, Grecia-1981-, Hungría-2003-, Irlanda –1973-, Italia, Letonia-2003-, Lituania-2003-, Luxemburgo; Malta-2003-, Países Bajos, Polonia-2003-, Portugal-1986-, Cecha-2003-, Reino Unido-1973, Rumanía, Eslovenia-2003-, Eslovaquia-2003-, y Suecia).

Ni que decir tiene que la progresiva ampliación geográfica de la CEE, tuvo, su explicación, entre otras razones, en la necesidad de dar satisfacciones la nuevas exigencia de una economía cada vez más internacionalizada y globalizada. Proceso de expansión territorial, que se ha estado acompañado por la profundización de otra idea y objetivo: la necesidad de que la Europa económica, resultara también ser una Europa política y una Europa social, pues se ha entendido, con acierto, que ni resultaba posible ni justo que la dimensión económica predominara sobre la vertiente política y social de la Europa que se pretendía y persigue construir (LLUIS Y NAVAS, J., 2005). La Unión Europea será una Europa social, o no será nada. En este contexto socio-económico tiene perfecta cabida la dogmática constitucionalista, pues de todos es conocido el papel que una Constitución juega en punto a la suprema ordenación de los intereses económicos versus los sociales (CRAIG, P., 2002).

De las tres columnas que vertebran el tridimensioalismo de la nueva Europa, la economía, la política, y lo social, en esta Ponencia, como reza su título, dedicaremos nuestra atención al último referente del tridente, es decir a todo aquello que hace referencia a nuestra Europa Social en general, pero centrando nuestros mayores esfuerzos a tratar del contenido social de la Constitución Europea de 2004, Tratado que sin duda alguna resulta ser un hito en la historia de la Europa Social con el que cierra una etapa de la misma; proceso de avance social, que por le demás, deberá continuar. La CE, cierto es, resulta el final de una etapa, pero, más lo es que, la CE no es el final del proceso de avance que los derechos sociales deben seguir en el futuro sino se quiere avocar al fracaso el proyecto de la nueva Europa.

Con la finalidad de exponer después con mayor claridad el contenido social de la Constitución Europea de 2004, y teniendo presente que dicho texto comunitario y el tratamiento que el mismo brinda a la referida materia es resultado de un proceso, bueno será que a continuación, se resuman, muy brevemente, cuales son los antecedentes de la cuestión, y así lo hagamos siguiendo el camino trazado por los principales Tratados que han precedido en el tiempo a la referida CE, “pues el proceso constituyente Europea”, se ha desarrollado teniendo presente “el sustrato constitucional interno” (CARTABIA, M., DE WITTE, B. Y PÉREZ TREMPS, P <Directores>, 2005).

II. DE ROMA A MAASTRICHT: DE LA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A LA UNIÓN EUROPEA PASANDO POR LA COMUNIDAD EUROPEA.

1. El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea

Del Tratado constitutivo De la CEE (Tratado de Roma) de 1957, por ser el más estudiado y consiguientemente el modificado, sólo nos merece una referencia breve. Su versión originaria concedió una clara preeminencia a los aspectos económicos en detrimento de los sociales, a los que dedicó escasos pasajes. Estas insuficiencias se deben a que el Tratado estaba inspirado en unos principios extremadamente liberales, pues parecía confiar más en el simple funcionamiento del mercado que en la intervención de la propia Comunidad para alcanzar los endebles objetivos sociales que se marcó el referido texto. Lo que posteriormente se denominaría el “espacio social” comunitario, tenía escasísima cobertura en la versión originaria de dicho texto constitutivo.

2. El Acta Única.

El Acta Única firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 (ratificada por España, mediante la Ley Orgánica 4/1986, de 26 de noviembre) modificadora de los Tratados Constitutivos y entre tales el de Roma, introdujo ciertas novedades en el área social del Tratado de Roma. Representó principalmente el logro de la unidad económica de Europa, pero a la vez inició tímidamente la profundización de la abandonada dimensión social comunitaria (PARDELL VEÀ, 1992). Ya en su propio Preámbulo se relanzó la idea de una libertad y justicia que diera cabida a la justicia social y a la defensa de los derechos fundamentales, entre otros, a los de condición social preceptuados en la Carta Social Europea aprobada por el Consejo de Europa en 1961. Esta práctica consistente en incorporar a los textos fundamentales comunitarios planteamientos sociales ya realizados en otros fuentes internacionales también ha sido una práctica constante en la UE, cuestión distinta es la intensidad y acierto con que en cada momento se haya conseguido. Es más, como se advertirá, este instrumento denominado “Carta”, y varias de sus manifestaciones concretas, serán uno de los instrumentos utilizados para incorporar los derechos sociales en varios Tratados y en la propia Constitución Europea de 2004.

Las principales aportaciones del Acta Única y consiguientes modificaciones el Tratado de Roma en materia social pueden resumirse así: la sustitución, aunque parcial y ambiguamente formulada, de la regla de la unanimidad por la de mayoría cualificada en la adopción de acuerdos en el seno del Consejo y la intervención en tal proceso de producción normativa del Parlamento y del Comité económico y Social, favoreciendo así la intervención directa de la Comunidad en la ordenación social (art. 18 de dicha Acta); potenció el “diálogo social”, indicando expresamente que el mismo “podrá dar lugar, se estas (las partes) o consideran deseable, al establecimiento de relaciones basadas en un acuerdo entre las partes” (art. 22), indicación que como resulta obvio favorece la intervención de los propios sindicatos y asociaciones empresariales (VOGEL-POLSKY, 1990); y por último cabe recordar que el Acta Única incorporó al Tratado de Roma un nuevo Título rubricado como “Cohesión económica y social” (art. 23). Novedades todas ellas, insuficientes en cantidad y ambiguas en cuanto al contenido de la misma, no obstante, se debe valorar positivamente que la mismas se refieran a cuestiones de interés en materia social, pues favorecen el intervencionismo de la Comunidad a la vez que la actividad normativa de los agentes sociolaborales comunitarios. Como resultado de tal planteamiento la “Comunidad Económica Europea” pasaría a ser y denominarse “Comunidad Europea”; apréciese pues el sentido de la simbología consistente en la supresión del término “Económica”

3. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores

Al margen de los Tratados constitutivos, el Consejo Europeo de Estrasburgo de 9 de diciembre de 1989, aprobó la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de la que ya desde un principio queremos manifestar que, por lo que se advertirá a continuación, bien puede considerarse una buena ocasión perdida en orden al avance de la Europa social (RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1989 [a] y ROJO TORRECILLA, E, 1989). Para alcanzar un acuerdo, hubo que recorrer un largo iter, pues recuérdese ahora que el Proyecto de la Carta Comunitaria fue presentado por la Comisión mucho antes (27 septiembre de 1989).

Por lo que el título de estas páginas nos obliga, de dicho texto comunitario interesa resumir aquí dos tipos de cuestiones: primero, ciertas circunstancias sobre su naturaleza jurídica y otras en orden a su contenido.

El texto aprobado no lo fue con el consenso de todos los Jefes de Estado o Gobierno Estados miembros reunidos en le susodicho Consejo Europeo. De entre los doce Estados que por aquel entonces formaban parte de la Comunidad, Gran Bretaña no aprobó la Carta, es por ello que la aportación de la Carta fue sólo un titubeante inicio de lo que después –con el Tratado de Masstricht de 1994- se convertiría en la denominada “política social de los once”, expresión que por gráfica, entendemos, nos excusa ahora de un largo discurso sobre los que tal circunstancia comportó. Pero es que además se debe recordar que la opinión sindical de la CES y la de la patronal UNICE estaban muy lejos de ser coincidentes con el texto de la Carta, discordia, que por le demás, también mantuvieron, incluso, los diferentes órganos comunitarios.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la Carta digamos que, según su Título II (“aplicación de la Carta”), la misma no es un texto de carácter dispositivo o de aplicación inmediata y directa, sino simplemente una declaración de principios; así pues se requería la posterior aprobación de instrumentos jurídicos comunitarios –que respetando el principio de subsidiaridad- permitieran su aplicación. Esta exigencia es sin duda, un elemento negativo de la Carta, pues la sitúa en un escenario iluminado por la incertidumbre, es decir: entre la aplicabilidad jurídica indirecta y la voluntad, meramente, política (LANDA ZAPIRAIN, JP., 1992). El extremado respeto al principio de subsidiaridad y la no aplicación directa de la Carta, fueron aspectos justamente criticados por quienes desde el propio seno de la Comunidad más pretendían agudizar el orden social de la misma, es por ello que el propio Secretario de la CES, denunció que: “nosotros no queremos regularlo y armonizarlo todo a nivel comunitario, pero opinamos que debe haber un código fundamental que englobe a todos los trabajadores” (RHAT, 1989, 40).

En relación al contenido de dicha Carta –ambiguo, sin duda-, debe ya señalarse que en el propio Preámbulo se excita el celo de la Comunidad y de los propios interlocutores sociales comunitarios con el objetivo de alcanzar una Europa en la cual su vertiente social también sea una identidad de la misma. La Carta contempla una acertada lista de derechos individuales y colectivos a promocionar desde la Comunidad. Entre los primeros cabe citar, entre otros, los siguientes: derecho de elección de profesión (art. 4); remuneración justa (art.4); servicios de colocación públicos y gratuitos (art. 6); y la mejora de las condiciones de trabajo” (arts. 7 a 9) en punto a tiempo de trabajo, modalidades contractuales por su jornada o duración , descanso semanal y vacaciones; derecho de formación, inicial y permanente (art. 15); igualdad de trato entre hombres y mujeres (art. 16); y seguridad e higiene en el trabajo. En punto a los derechos colectivos, la Carta, bajo la genérica expresión Libertad de asociación y negociación colectiva” (arts. 11 a 14), trata de los derechos clásicos de: sindicación, asociación empresarial, negociación colectiva y conflictos laborales, mientras que al tema de la “información, consulta y participación de los trabajadores” le dicha una atención particular (arts. 17 a 18). De entre los derechos colectivos, uno, merece una puntualización propia: trata de cómo el diálogo social europeo entre los interlocutores sociales comunitarios puede materializarse, también, por medio de acuerdos colectivos interprofesionales y sectoriales de aplicación incluso comunitaria (art. 12, segundo párrafo) (PÉREZ AMORÓS, F., 1990). Recuérdese el listado de los derechos laborales contenido en esta Carta a los efectos de, posteriormente, poder establecer las oportunas comparaciones con los referenciados en la Constitución Europea de 2004, y en especial en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que se incluye en misma.

Salvando cualquier mejor opinión, la nuestra es, tal y como hemos sugerido, que la Carta resultó una ocasión perdida para avanzar en la materia social comunitaria. Y así es por las dos siguientes razones: primero, porque el contenido de la Carta Comunitaria de 1989, no conlleva avances significativos en relación a la Carta Social Europea adoptada por el Consejo de Europa de 1961 (completada por su Primer Protocolo Adicional aprobado pro el Comité de Ministros de 26 de noviembre de 1986); y segundo, por cuanto que dicho texto no resulta de aplicación directa. No es pues extraño que cierto sector doctrinal, al cual nos sumamos, haya afirmado que la Carta Comunitaria de 1989 mira al pasado, en vez de al futuro (PETTITI, 1990, 388).

Ciertas y altas autoridades comunitarias, plenamente conscientes de que el resultado obtenido no era ni el deseado ni el más acorde con los tiempos presentes y futuros de la historia de la Comunidad, y muy especialmente concienciados que la falta de vinculabilidad de la Carta le restaba mucho –demasiado, diríamos nosotros- crédito, programaron una serie de planes de acción que permitiera corregir, en la medida de lo posible, la situación generada. Prueba de que la discusión y aprobación de la Carta se realizó en un contexto falto de consenso, es que desde le momento que la Comisión presentó el Proyecto del Carta (27 de septiembre de 1989), y desde que el Consejo Europeo presentó su Informe (9 de diciembre de 1989), la propia Presidencia puso de manifiesto, tras la celebración del Consejo de Trabajo y Asuntos Sociales de 30 de octubre de 1989, la intención de que la misma Comisión elaborase un Programa de Acción para aplicar los derechos definidos el la Carta; “Programa de acción para la aplicación de la Carta Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores” (COM-89-568, final. Bruselas 5 de diciembre de 1989) que la Comisión presentó incluso antes (el precitado 5 de diciembre de 1989) de adoptada la Carta, evento que como hemos señalado se produjo en el Consejo Europeo de Estrasburgo de 9 de diciembre 1989 ((JONCKHEER y POCHET, 1990). A la vista del texto de la Carta y del citado Programa de acción, ya algunos opinaron, que, en la práctica, éste tendría más trascendencia que aquélla, pues la Carta no fue “un proyecto de ruptura sino de conformación” y “no significó cambio alguno en los modelos de relaciones sociolaborales de los países comunitarios” (CHAVES, 1989, )

El hecho de que nuestra opinión sobre la repetida Carta Comunitaria de 1989 no sea todo lo positiva que nos gustaría, no es óbice para que la tengamos muy y muy presente, tanto a los efectos de conocer la paulatina –pero innegable- progresión de la dimensión social de nuestra Europa comunitaria. La función principal de la referida Cartay de su consiguientes Planes de Acción fue ofrecer un punto de partida casi común, a la vez que considerarse como un antecedente de parte de la Constitución Europa de 2004. Esta es precisamente la razón por la cual hemos detenido nuestra atención en dicho instrumento a pesar de sus limitaciones. En su momento comprobaremos como la propia CE de 2004 se refiere expresamente a la Carta en cuestión, y como en alguna ocasión se remite a la misma de manera expresa.

4. El Tratado de la Unión y su “ Protocolo sobre Política Social”

Después ímprobos esfuerzos y superados demasiados problemas, los Estados miembros de la Comunidad adoptaron el día de 7 de febrero de 1992 el Tratado de Maastricht, que tomó el significativo nombre de Tratado de la Unión y fue autorizado por España por medio de la Ley Orgánica 19/1992, de 28 de diciembre (PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, 1994).

En materia social sus aportaciones pueden calificarse de escasas. Tal como se comprobará, siguiendo la línea iniciada con ocasión de la oposición de Gran Bretaña a la Carta Comunitaria de 1989, el Tratado de la Unión se vió obligado a materializar la denominada “política social de los once”, que sin duda es una etapa negra de la Europa social. Sus aportaciones más positivas deben situarse en cuestiones de carácter institucional, creando un nuevo marco al respecto, resultado que gráficamente se puede resumir así: la Comunidad Europea pasó a denominarse Unión Europea, cambio de nomenclatura que rezuma un nuevo planteamiento político de la Europa comunitaria. Con acierto se ha dicho que “el Tratado de la Unión , es posiblemente, junto con la Constitución Europea, el intento más serio de modificar en profundidad las estructuras políticas públicas de la Unión” (ÁLVAREZ CONDE, 2005, 14). En conclusión, con ocasión del Tratado de la Unión, ciertas lógicas –compartidas o no, no importa ahora- impusieron un avance político,, mientras que los contenidos sociales quedaron en un segundo plano.

Los desacuerdos en materia de política social, y de forma especial por el persistente desacuerdo británico, obligaron a que los aspectos sociales novedosos no pudieran incluirse en el Capítulo correspondiente del Tratado de la Unión, sino que tuvieran que relegarse en un simple Protocolo anexo al mismo: el Protocolo XIV, sobre “Protocolo sobre Política Social”, en el que se recoge el correspondiente “Acuerdo sobre Política Social” celebrado entre los miembros de la Comunidad Europea con excepción del Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Obvio aquí todo comentario sobre lo que, en todos los sentidos políticos, jurídicos y prácticos, representó tal falta de acuerdo y la consiguiente desubicación de los aspectos sociales más novedosos, pero era, sin duda el precio que se debió satisfacer si se quería que, cuando menos, el Tratado se aprobara: en el texto del Tratado se omiten las novedades sociales, y así Gran Bretaña se aviene a firmarlo, y en un Protocolo Anexo, once de los doce Estados miembros (todos menos, lógicamente Gran Bretaña), formalizan una simple manifestación de voluntad, pues no otra condición se puede atribuir al Protocolo en cuestión.

De todo ello resultó un escenario paradójico: frente a la política social de los “doce” recogida en el propio cuerpo del Tratado de la Unión (vid. sus arts. 117 a 122, ubicados en el Capítulo Primero del Título III bajo la rúbrica “Disposiciones sociales”), existía otra política social comunitaria, la de los “once”, es decir la recogida, no en el Tratado, sino en el referido “Protocolo sobre Política Social”. Ni que decir que, como hemos adelantado, esta situación no puede ni debe calificarse más que como muy negativa. Es por ello que si con ocasión de la aprobación de la Carta Comunitaria, VOGEL-POLSKY (1990), ya se interrogó, con cierta dosis de pesimismo poco oculto, “¿Cuál es el futuro de la Europa Social después de la cumbre de Estrasburgo?, después, con ocasión de la aprobación del Tratado de la Unión en las condiciones descritas, la pregunta tendría renovada actualidad, y la respuesta, quizás hubiera tenido que estar todavía más alejada del optimismo y necesariamente más aferrada a la utopía siempre oportuna y necesaria que a la propia realidad.

A los efectos de claridad en la exposición que seguimos, resulta conveniente anticipar que esta situación anómala provocada por existencia de una doble vía de política social comunitaria sería corregida con ocasión de la firma del Tratado de Ámsterdam (1997) en lo términos que relataremos, y de los que ahora sólo resulta necesario citar el siguiente: El Protocolo de Política Social, como tal fue derogado, e incorporado al texto del nuevo Tratado de Ámsterdam.

La política social comunitaria, hasta la fecha, había recibido dos duros golpes: la falta de unanimidad con ocasión de la adopción de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales y con motivo de la firma del Tratado de la Unión, todo ello en los términos relatados.

Con la finalidad de reflexionar en su momento sobre las aportaciones sociales de la Constitución Europea de 2004, resulta lógico y pausible dedicar ahora unas sucintas líneas a tratar del contenido del susodicho Protocolo de Política Social para destacar del mismo las siguientes cuestiones (vid PÉREZ AMORÓS, F, 1999). Primero, el compromiso de los “once” firmantes en consolidar la Europa Social a partir de los objetivos marcado en la Carta Comunitaria de 1989 Segundo, acentuar la intervención directa comunitaria en la ordenación de la política social dictando “disposiciones mínimas” a la vez que respetando tanto la competencias compartidas entre los Estados y la Comunidad como el principio de subsidiaridad. En tercer lugar, cabe apuntar que el Protocolo de referencia, insistió en la bondad del diálogo social (información, consulta, participación y negociación), dotando por ello de mayores atribuciones a los sindicatos y asociaciones patronales tanto estatales como comunitarias, insistiendo en particular en que el referido diálogo pudiera dar lugar a acuerdos (convenios, diríamos nosotros) de ámbito comunitario, a la vez que reservando a tales agentes sociales un mayor papel institucional comunitario (participación institucional en el organigrama de la Unión Europea). Si nos olvidáramos que nos estamos refiriendo a un simple Protocolo, podríamos apuntar que, tan cierto es que persiste el déficit social comunitario –y no precisamente poco-, como que, aunque despacio, se avanza. Progreso, que pierde parte de su valor, si recordamos lo que antes simulábamos dejar en el olvido: que no estamos ante un Tratado, sino simplemente ante un Protocolo anexo al mismo, y que en consecuencia la vinculabilidad del mismo es prácticamente nula. En todo caso, como apuntábamos al principio de este párrafo, tanto la ocasión perdida que representó el Tratado de Maastricht o de la Unión, como la experiencia de la Carta Comunitaria de 1989, sirvió de antecedente para lo que después sería la Constitución Europea en orden a insistir en la dimensión social de la Europa comunitaria.

III. DE MAASTRICHT A NIZA: DELA POLÍTICA SOCIAL DE LOS “ONCE” AL LA POLÍTICA SOCIAL DE LOS “DOCE”.

1. El Tratado de Amsterdam: “Preconstitucioanlización” figurada de los derechos sociales comunitarios.

El Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, que entró en vigor el 14 de mayo de 1999 (ratificado por España por la Ley Orgánica 9/1998, de 2 de octubre de 1997), modificó el Tratado de la Unión y el Tratado de la y el Tratado de la Comunidad Europea (TCE) y representó un relanzamiento de la política social comunitaria. Los cambios más significativos son los dos siguientes: la nueva redacción del articulado (arts. 136 a 145 del texto consolidado) que configura el Capítulo I (“Disposiciones Sociales”) del Título XI (Política social, de educación, de formación profesional y de juventud”), novedad que ha comportado lo que denominaremos la constitucionalización de la política social comunitaria en el sentido de que lo social accedió a una norma con naturaleza de Tratado; y el segundo dato novedoso a tener en cuenta, especialmente para el posterior estudio de la Constitución Europea de 2004, es que el Tratado ahora considerado incluye un nuevo Título dedicado en particular a la política de empleo (arts. 125 a 130) (GALIANA, 1998, y RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO Y FERRER,, 1998). puede observase como las acciones comunitarias en materia de empleo empiezan adquirir cierta personalidad propia, y así quizás, después, se entenderá mejor parte de la Constitución Europea de 2004.

Sin duda alguna una de las principales aportaciones del Tratado de Ámsterdam en materia social fue la referida “(pre)constitucionalización” dicho sea en sentido figurado, es decir por haber incorporado a un a norma comunitaria con naturaleza de Tratado las pautas de política social comunitaria. “(Pre)constitucionalización” que, principalmente, se produjo mediante la siguiente operación: derogando el Protocolo XIV del Tratado de la Unión de 1992, en el que como ya hemos comentado se recogía el “Acuerdo de Política Social”, y haciendo que su contenido se incorpore en el propio texto del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sustituyendo a la vez lo que en el mismo se recogía en materia de política social, surgiendo así en la nueva versión del referido Tratado, un nuevo Capítulo I en el Título XI con el contenido y los términos antedichos. Adviértase una cuestión que, por su interés en punto al objeto de estudio en estas páginas, ya habíamos anunciado: se suprimió la anómala doble vía de posible desarrollo de la política social comunitaria (“política social de los doce” versus “política social de los once”) originada por el Tratado de la Unión de 1992.

La incorporación del referido Protocolo XIV al Tratado de la Comunidad Europea comportó que en el mismo se tratara de, entre otras cuestiones sociales, las siguientes: entre los objetivos de la Comunidad se incluye alcanzar “un alto nivel de empleo y protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer…(art 2 TCE), fines comunitarios que, precisamente, deben alcanzarse, también mediante “el fomento de la coordinación entre las políticas en materia de empleo de los Estados miembros (art. 3.1-i TCE, y por medio de “una política en el ámbito social…” (art. 3.1-j TCE), y para todo ello resulta necesario “El fomento del empleo, la mejora delas condiciones de vida y trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones (art. 136 TCE), el Consejo adopte mediante directivas “las disposiciones mínimas” que habrán de aplicarse progresivamente (art. 137.2 TCE). Así mismo se recogen otras cuestiones novedosas que dan prueba del avance social que comportó el Tratado de Ámsterdam, tales como: garantías contra la discriminación entre hombres y mujeres (arts. 2, 12, 13 y 137.1 TCE), especialmente, en materia de retribuciones, oportunidades y de trato en general (art. 141 TCE); y, la lucha contra la exclusión social (art. 137.2 TCE). Y desde la óptica colectiva, el Tratado de Ámsterdam también obligó a modificar el Tratado de la Comunidad Europea en punto al diálogo social de acuerdo con las previsiones que en su momento estableció el referido Protocolo XIV anejo al Tratado de la Unión, y así queda expresamente recogido que dicho diálogo mantenido entre los interlocutores sociales podrá materializarse, si aso lo convienen los mismos, por medio del “establecimiento de las relaciones convencionales, acuerdos incluidos” (art. 139 TCE). Adviértase pues como el contenido del nuevo Capítulo del Tratado en cuestión esta claramente influenciado por la Carta Social Europea de 1961 y por la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores de 1989, texto este último del cual incluso se toman, literalmente, algunos párrafos.

En punto al nuevo Título VIII sobre “Política de empleo” (arts. 125 a 130) que el Tratado de Ámsterdam incorporó al Tratado de la Comunidad Europea, en principio cabe señalar la siguiente cuestión de orden general: como hemos adelantado el empleo suficiente –“un alto nivel de empleo”, en dicción del Tratado (arts. 2, 125 y 127.2 TCE)- pasa a ser uno más de objetivos de la Comunidad, y las acciones para fomentar el empleo alcanzan la condición de “política” comunitaria; y, quizás por ello, erróneamente en nuestra opinión, la materia de empleo consta en el Tratado de la Comunidad en un Título propio y diferenciado del que, como hemos explicitado, se refiera a la “política social”. Y de forma más particular merecen cita propia las siguientes cuestiones: la estrecha relación entre el empleo y la formación de los trabajadores; la necesidad de una acción y estrategia compartida entre la Comunidad y los Estados” (art. 125 TCE sometida a cierto tipo de control comunitario (art. 128 TCE) en el cual no sólo participarán las mas altas autoridades comunitarias (Consejo y Comisión) sino también el Parlamento, el Comité Económico y Social y el Comité de Empleo; la escasa participación que se reserva a los interlocutores sociales en materia de empleo salvo en punto a su participación institucional al respecto y a tales efectos, como por ejemplo su presencia en el Comité.

Aunque, por razones obvias, haya sido breve el comentario realizado, somos de la opinión que el paso de Maastricht a Ámsterdam significó un avance en la consolidación de la dimensión social de la Europa comunitaria, progreso que de alguna manera también (GÓMEZ MUÑOZ, 1998), facilitó que, su momento se abriera camino la preparación y discusión de lo que posteriormente sería la Constitución Europea. En todo caso, resulta de interés retener el contenido de este Tratado en materia de empleo y de política social, para, después, poder compararlo con el de la Constitución Europea en la mismas materias.

2. El Tratado de Niza y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Las nuevas instituciones políticas comunitarias y la ampliación de la Unión Europea: de la Europa de los 15 a la Europa de los 25.

De acuerdo a lo programado en la Conferencia Intergubernamental de los representantes de los Gobiernos de las Estados miembros convocada en Bruselas el 14 de febrero de 2001, en la cumbre de Niza, y con fecha de 26 de enero de 2001, se aprobó el Tratado de Niza (“Tratado de Niza”.-Versión consolidada- publicado en DO serie C. núm. 325 de 24 de diciembre de 2002; ratificado por España por medio de la Ley Orgánica 3/2001, de 6 de noviembre), que, modificó los Tratados constitutivos de las Comunidades, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003 y que estará vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución Europea con ocasión de que todos los Estados miembros la haya ratificado.

Este Tratado de Niza, continuador de la línea abierta por el de Ámsterdam, persiste en la idea de adecuar el marco institucional de la Unión Europea para atender las nuevas necesidades comunitarias, pero en especial la ampliación de la misma, como así mismo el citado Tratado centró su atención en materia las cooperaciones reforzadas. (ALONSO GARCIA, 2201). Como resulta conocido, el Tratado de Niza más que novedades en materia social -a las que nos referiremos posteriormente-, centró sus esfuerzos en cuestiones político institucionales, y en concreto en ubicar el umbral de la mayoría cualificada necesaria para adoptar acuerdos y en el cálculo de la minoría que los podía bloquear (ponderación de votos por Estados), cuestión que sabemos resultó tremendamente difícil de consensuar por el reparto de cuotas de poder que tal operación comportaba; problemática, que por lo demás, también tenía su proyección directa en la cuantificación de la mayoría cualificada, que en detrimento de la regla de la unanimidad, resultaba necesaria para agilizar la adopción de decisiones en el seno del Consejo (GUTIÉRREZ ESPADA, C.: , 2001).

El Tratado de Niza, -aunque pobre en contenido social-, por medio de sus puntos 2.9 a 2.15 modificó los artículos 137, 139.2, 144, 157, 159, 161 y 175 del Tratado de la Unión en los que se trata de cuestiones sociales, estableciendo así, que para alcanzar los objetivos laborales señalados en el pasaje 136 del Tratado de la Unión, “La Comunidad apoyará y complementará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbito…” (sigue lista de unas serie de materias laborales y de protección social) (punto 2.9.1 del Tratado de Niza), profundizando en la preeminencia de la regla de la mayoría cualificada para adoptar acuerdos en tal ámbito, a la vez que estableciendo que “Todo Estado miembro podrá confiar en los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos…la aplicación de (ciertas) directivas…” (art. 2.9.3 ), e incrementado el contenido operativo del diálogo social y la participación institucional comunitaria de dichos agentes sociales. Las acciones de “apoyo” y de “complementación” atribuidas a la Unión con ocasión del Tratado de Niza, como comprobaremos, fueron respetadas por la Constitución Europea, permitiendo así que la Unión tuviera cierto tipo de intervencionismo en la modelación de la política social.

De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia celebrado los días 3 y 4 de junio de 1999 y con el beneplácito del Consejo Europeo de Biarritz desarrollado los días 13 y 14 de octubre de 2000 y el consiguiente acuerdo del Parlamento Europeo de 14 de noviembre de 2000 y de la Comisión el 6 de diciembre de 2000, durante las sesiones de Trabajo del susodicho Consejo de Niza, también se firmó y proclamó con fecha de 7 de diciembre de 2000, una Declaración sobre “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18.12.2000 C 364/1 [2000/C 364/01]). Pero no fue posible, que dicha Carta se incluyera en el Tratado de Niza, por falta del suficiente consenso. Así pues, el texto de la Carta resultó carente de vinculabilidad, y poco aportó a lo ya establecido en varios convenios (v.gr. Convenio Universal de los Derecho Humanos de 1948 y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos), pero tiene el valor de sistematizarlos por primera vez en el ámbito comunitario y concluir así, de momento, un compromiso que de menos a más intensidad habían abrazado los diferentes Tratados comunitarios que desde 1957 se habían venido sucedido en el tiempo. Por todo ello y a pesar de ello, se ha afirmado, con acierto en nuestra opinión, que tal exclusión de la Carta del Tratado “no excluye su importante papel…a los efectos de ser utilizada como esencial <<fuente de inspiración>… (ALONSO GARCÍA, 2001, págs. XIII y XIV). Dicha Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, recoge un texto único, por primera vez en la historia de la Europa comunitaria el conjunto de derechos políticos, económicos, civiles, y sociales de los ciudadanos europeos y de los que viven en tal ámbito territorial. No es lo que gráficamente podríamos decir “nuestra Carta”, pero somos de la opinión que su probación –aunque sin fuerza jurídica vinculante- constituyó un pequeño paso hacia adelante en el camino que conduce a una Europa más social. Como bien dijo Romano Prodi –Presidente de la Comisión- “Para la Comisión, la proclamación maraca el momento en el que las instituciones se comprometen a respetar la Carta en todas las acciones políticas de la Unión…” (Niza, 7 diciembre de 2003) (htp://europarl.eu.int/charter/default_es.htm, 11/10/2005).

No haber podido incluir la referida Carta de los Derechos Fundamentales en el seno del Tratado de Niza, nos recuerda un par de cuestiones: una en clara referencia al pasado, para sacar a colación de nuevo que ni la Carta de los Derechos Sociales Fundamentales pudo incorporarse a Tratado alguno, ni el Tratado de la Unión o de Maastricht pudo integrar los avances sociales que por ello debieron relegarse al comentado Protocolo XIV adjunto al mismo; y otra en orden de futuro para anticipar que la Constitución Europea de 2004, en cambio, si podrá incluir en su propio texto una “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. En estas “pequeñas” diferencias es donde debemos empezar a observar lo que de positivo que pueda tener el `recitado texto constitucional europeo.

Aunque sea de forma muy resumida por razones obvias, queremos de dejar constancia que la Carta de referencia, entre otros derechos fundamentales de diferente naturaleza por su contenido material, también reconoció algunos de condición social, y entre éstos, el derecho al trabajo y los derechos colectivos básicos.

Y por último en relación la Conferencia de Niza, queremos apuntar que en la misma también se aprobaron varios Protocolos o Declaraciones como simples anexos al Tratado D Niza, y como tales carentes de fuerza vinculante alguna; y entre éllas, la número 23 era la “Declaración relativa al futuro de la Unión”, en cuyo punto 4, se preveía que el próximo Consejo Europeo a celebrar en Laëken en diciembre de 2001, se debía progresar en la concreción diversas previsiones adoptadas por medio el Tratado de Niza, y en esta línea se mandataba a dicho Consejo a tratar en particular, entre otras cuestiones: “El Estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (La cursiva, es nuestra por las razones que después se advertirán) (LÓPEZ GARRIDO, L., 2003). Este y los restantes protocolos del Tratado de Niza, dan, indirectamente cuenta a la vez que son prueba, de lo que gráficamente se denominó “el fracaso de Niza”, pues la existencia de tales anexos y el contenido de los mismos, representaron una autoinculpación de las deficiencias del propio Tratado. Así, por ejemplo, como que la Carta no había podido incluirse en el propio Tratado, se concitaba a corregir tal déficit, cuestión que en su momento comentaremos como se resolvió. De lo que hemos anticipado estimamos oportuno enfatizar la significación que tiene el siguiente dato: aprobada que fue la referida Carta en la Conferencia de Niza sin fuerza vinculante, es la propia Conferencia de Niza la que encarga al próximo Consejo Europeo a celebrar –el de Laëken en diciembre de 2001- que trate, del “Estatuto de la Carta…”, queriendo con ello decir –pues en ese sentido entendemos debe interpretarse el término “Estatuto” referido a la Carta en cuestión- que se revise la posibilidad de otorgar a dicho texto fuerza vinculante. El desideratum “de Niza”, fue precisamente que “Laëken”, consiguiera revisar “El Estatuto” de la carta en el sentido de que la Carta resultara vinculante mediante su incorporación a un Tratado.

III. LA CONSTITUCIÓN EUROPA DE 2004.

Partiendo de la voluntad política expresada en la antedicha “Declaración relativa al futuro de la Unión” (Niza, 2001), si inició la elaboración de la Constitución Europea que como hemos anticipado se aprobó en el pasado año 2004, texto que es el resultado de un largo recorrido que pasamos a puntear en las líneas siguientes (vid. PÉREZ BUSTAMANTE, R. y ÁLVAREZ CONDE, E., 2004).

1. El Consejo Europea de Laëken.

Durante el Consejo Europeo de Laëken, desarrollado los días 14 y 15 de diciembre de 2001,, lo Jefes de Estado O Gobierno de los Estados Miembros de la Unión (15 por entonces), adoptaron una nueva “Declaración sobre el futuro de la Unión” (Laëken, 2001) con la finalidad de modificar y racionalizar los Tratados constitutivos, y para mejor alcanzar los objetivos previstos en la misma decidieron convocar una Convención Europea en la que los principales participantes en el debate sobre el futuro de Europa pudieran preparar y aligerar el trabajo de la próxima Conferencia intergubernamental (CIG). La necesidad de modificar los Tratados constitutivos, respondía, entre a otras necesidades, a la de atender la inminente ampliación de la Unión (el paso previsto de la “Europa de los 15” a la “Europa de los 25”; hecho que se produjo con la firma en Atenas del Tratado de Adhesión <16 de abril de 2003> por parte de: Republica Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia).

2. La Convención Europea y la Conferencia Intergubernamental

La Convención Europea (denominada “Convención para el Futuro de Europa”), convocada por el Consejo Europeo de Laëken en los términos antedichos, reunió, bajo la presidencia de Giscard d’Estaing, a 105 representantes, y sus trabajos –siempre en sesiones públicas- duraron desde el 28 de febrero de 2002 al 18 de julio de 2003 (16 meses, pues), a partir de una propuesta presentada por el Presidente, elaboró y aprobó por consenso, entre otros documentos, el “Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”(MARTÍN, Y PÉREZ DE NANCLARES, J., 2003). Terminado el trabajo de la Convención, el día 18 de julio de 2003 el Presidente de la Comisión hizo entrega al Presidente en ejercicio (presidencia italiana) del Consejo Europeo del dicho Proyecto elaborado durante la Convención con la finalidad de que se negociara en el seno de la Conferencia Intergubernamental correspondiente. La aprobación de dicho Proyecto pudo calificarse de inesperado, por cuanto que la referida Convención, en principio, sólo tenía previsto, resolver un cuestionario con la finalidad de que posteriormente se redactara el referido proyecto. Este proyecto, estuvo precedido por ciertos anteproyectos ( v. gr. proyecto “Spinelli” y el “Proyecto <o Informe>Herman “) que después fueron prácticamente abandonados, antecedentes que si ahora recordamos es simplemente con la intención de demostrar que la Constitución de referencia era un objetivo comunitario que tenía cierta historia en dicha sede; cuestión distinta es que el camino que se ha debido recorrer para llegar a dicha meta haya sido más o menos tortuoso y que el resultado obtenido haya constituido más o menos un éxito o un fracaso (vid. ALBERTÍ ROVIRA, E., 2004)

La Conferencia Intergubernamental(CIG) que siguió al Consejo Europeo de Laëken, compuesta por los Jefes de Gobierno de los Estados miembros actuales y futuros, inició sus trabajos con fecha de 4 de octubre de 2003, y tenía como objetivo principal la redacción y adopción de una versión final de la primera Constitución Europa. Tras arduos esfuerzos –y apremiados por la próxima celebración de la elecciones europeas del próximo junio 2004- la CIG se limitó a tratar de las cuestiones más significativas, evitando una renegociación cuasi-completa del proyecto, operación que había patrocinado alguna delegación. A fuer de ser breves, todos los problemas de mayor entidad que impedían un consenso se podían resumir en uno: la cuantificación del voto por mayoría cualificado en el Consejo (no se olviden los cambios que al respecto se habían introducido en el Tratado de Niza pero que se tendían readecuar en la Convención y Conferencia con ocasión de la reciente ampliación de la Unión con diez nuevos Estados Miembros a partir del Tratado de Adhesión de 2003 que entró en vigor el 1 de mayo de 2004). Como que las posturas resultaban irreconciliables, la Presidencia de la Conferencia advirtió que resultaba imposible elaborar una propuesta y presentó una Declaración en la que se hacía referencia expresa al fracaso y encargaba a la Presidencia irlandesa que prosiguiera el esfuerzo negociador. Con fecha de 12 de octubre del 2004 se aprobaron las Declaraciones Anexas al Acta final de la CIG y el Acta final de la misma (http://europa.eu.int/scadplus/cig2004/index_es.htm).

3. El Consejo Europeo de Bruselas: a vueltas al Capitolio de Roma.

En la Convención Europea, bajo la Presidencia irlandesa y en el marco del Consejo de Bruselas (17 y 18 de julio de 2004) se logró formalizar un consenso que, posteriormente, permitió el acuerdo unánime de los Jefes de Estado y Gobierno de los 25 Estados miembros el día 18 de junio de 2004. Era casi el final de de un largo recorrido en torno a la esperada Constitución Europea que daría paso a una nueva concepción de la ciudadanía europea que afectaría a más de 445 millones de habitantes de 25 Estados muy distintos entre sí.

Y por último el 29 de octubre de 2004, los 25 Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea y los3 de los pases candidatos firmaron en la sala del Capitolio de Roma –donde también se había firmado el Tratado de Roma de 1957- el “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” quedando abierto así el períodos de ratificaciones por parte de los Estados que en principio debía terminar el 1 de noviembre de 2996, resultando así que debidamente cumplimentado tal trámite, la Constitución Europea entraría en vigor y derogaría el Tratado de Niza (Su pág. wepp: http//europa.eu.int/constitución).

Mientras ciertos Estados ya han ratificado la Constitución Europea (entre ellos España), otros no han podido hacerlo por cuanto que los referendums a los que se sometió la cuestión a la ciudadanía dieron un resultado negativo; este es el caso de Francia (29 de mayo de 2005 y Holanda (1 de junio de 205). A la vista de estos resultados, el Consejo Europeo del 16 y 17 de junio de 2005 estimó que la fecha prevista para que entrara en vigor la Constitución Europea (1 de noviembre de 2006, según su art. IV-447) era prematura y nada realista, por lo que se estimó oportuno abrir un tiempo de reflexión, y en este sentido se ha encargado que el Consejo Europeo, a celebrar durante el primer semestre de 2006, bajo la Presidencia austríaca, que trate sobre el estado de la cuestión de los debates y resultados de las ratificaciones. Este período de impasse no significa bajo ningún concepto que se abandone la idea de la Constitución Europea, sino que sólo se trata de establecer un nuevo calendario al respecto. Mientras tanto continúa vigente el Tratado de Niza.

IV EL CONTENIDO SOCIAL DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA DE 2004: LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EUROPA SOCIAL.

El denominado “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, aprobado en la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (Bruselas, 29 de octubre de 2004), representa un paso en el proceso de constitucionalización del derecho europeo, es pues un hito en la historia de la Unión Europea, que representa el final de un largo camino iniciado hace muchos años (vid. ÁLVAREZ CONDE, E. y GARRIDO MAYOLL, V. <directores>, 2004). Si con ocasión del Tratado del Amsterdam, las cuestiones sociales ya quedaron incorporas a dicho texto (proceso que figuradamente hemos denominado “(pre)constitucionalición” ), con la aprobación del Tratado que instituye la Constitución de la Unión Europea, se logra la referida constitucionalización.

Dejando al margen la polémica abierta –y no cerrada- sobre si la naturaleza jurídica es la propia de un Tratado o bien es una auténtica Constitución en el sentido estricto del mismo, resulta pacífico afirmar que es un Tratado internacional que contiene e introduce por primera vez una Constitución para Europa (DÌEZ-PICAZO. LM., 2002), que por lo demás pretende hacer más comprensibles los Tratados constitutivos y en el que se aprovecha la ocasión para recoger las aportaciones de la doctrina jurisprudencial dictada hasta la fecha (ÁLVAREZ CONDE, 2005, 22 y 23). En todo caso, con la CE, se progresa en el sentido de reforzar la primacía del Derecho comunitario frente a los derechos estatales (vid art. I-6 CE); debate este tan antiguo como actual, y que sin duda no podemos dar por cerrado sin más, pero que no obstante no podemos ni debemos tratarlo aquí y ahora so pena de extralimitarnos en la exposición, salvo citar que tal aportación constitucional no hace más que recoger la línea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea (ad exemplum, recordar la “sentencia “Costa Enel”); cuestión esta muy relacionada, por cierto, con otro frente problemático que ha abierto la CE, cual es la necesidad o no de reformar ciertas Constituciones Europeas para dar la cabida y ubicación necesaria la Derecho comunitario entre las fuentes de derecho estatales. En el caso español, el Tribunal Constitucional en su Declaración de1/2004, de 13 diciembre, ha señalado la inexistencia de contradicción entre la Constitución española de 1978 y la Constitución Europea de 2004, señalando así que la ratificación de ésta no obliga la modificación de aquélla (art. I-6 y I-5 CE versus art. 9.1 Constitución española) (PÉREZ TREMPS, P., 2004).

El Texto del Tratado o de la consiguiente Constitución, es sin duda muy complejo estructuralmente y de difícil manejo, pues la ordenación de las sus partes y la forma y manera con que se identifican los artículos de cada una de las mismas resultan susceptibles de facilísima mejora en punto a una mejor sistematización del texto (ALONSO GARCÍA, R. y SARMIENTO, D., 2005).

Antes de la cita de las principales aportaciones de la Constitución en materia laboral, bueno será formular las siguientes consideraciones generales en las que aquellas se enmarcan, todo ello partiendo del conocimiento que dicho texto innova el sistema de actos jurídicos de la Unión (fuentes del derecho comunitario) (arts. I-33 a I-39 CE) y persiste en una nueva configuración institucional de la UE cuyas instituciones decisorias (Consejo de Europa y Consejo) adoptarán los acuerdos por mayoría cualificada y quedando delimitada la minoría de bloqueo (arts. I-19 a I-32 CE, y en especial art. I-25), todo ello tal y como ya se había pergeñado el anterior Tratado de Niza aún vigente (MARTÍN, Y PÉREZ DE NANCLARES, J, 2004). Las aportaciones político-institucionales incorporadas al Tratado de Niza, se han respetado con ocasión de la aprobación dela Constitución Europea de 2004.

Como primera consideración general cabe apuntar que, la Constitución no significa una ruptura con los planteamientos normativos anteriores; el continuismo resulta tan palpable por cuanto que en ocasiones, incluso, algunos de los pasajes de la misma son, literalmente, reproducción de alguno del los Tratados anteriores.

Los objetivos de la Unión Europea, aunque no se han modificado sustancialmente, si se han reformulado con ocasión de la aprobación del texto constitucional. Como novedades al respecto, caben mencionar: el que la nueva Unión adquiera su legitimación en la voluntad de los Estado y de los pueblos; el nuevo papel institucional que se otorga a la Unión en punto a su política exterior; asi mismo, se pretende que “la Unión Europea combatirá la exclusión social y la discriminación…”, que se requiere una “solidaridad entre las generaciones…” y que se potencia “la economía social… aunque sea de “mercado altamente competitiva”; mientras que la llamada a “la cohesión social…la tendencia al pleno empleo y al progreso social…) son objetivos que ya estaban fijados en los anteriores Tratados (arts I-1 a I-3 CE) aunque sea utilizando expresiones que se han venido modificando con el paso el tiempo y la consiguiente aprobación de nuevas normas comunitarias.

En relación a aquellos Estado de estructura política descentralizada o de tendencia federal, resulta interesante desde la óptica laboral y social, el hecho que el texto constitucional, siguiendo una línea de tendencia ya observable en anteriores Tratados, revalorice las competencias de las “regiones” en orden a la aplicación de Derecho Social Comunitario en sus Estado, y así mismo en punto a la participación de tales entidades infraestatales en la adopción de acuerdos en sede comunitaria. Este dato, por ejemplo, puede resultar de sumo interés para España, que como se sabe es un Estado compuesto por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades de la misma condición administrativa. En el mismo sentido resulta de interés social el nuevo papel reservado a las euroregiones, entidades a la vez infre y supra estatales, que pueden convertirse motores de políticas industriales con clara proyección en las políticas sociolaborales comunitarias y estatales, entre la cuales, como es sabido, la Unión Europea exige una determinada coordinación (ESTEBAN, R. y PÉREZ AMORÓS, F. <Directores>, 2005). El Comité de las Regiones, previsto en la Constitución Europea, tiene atribuidas competencias de interés al respecto (art. I-32, y concordantes, CE).

En el contexto general comentado en los párrafos inmediatamente anteriores, y, a su vez, en el nuevo marco de distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, y la consiguiente nueva proyección operativa que han adquirido los principios de atribución, subsidiaridad y proporcionalidad, cambios todos ellos en los que la CE ha seguido insistiendo tomando como referencia lo establecido al respecto en anteriores Tratados, cabe señalar que las aportaciones del nuevo texto constitucional europeo en materia socio laboral pueden resumirse como después lo haremos, pero antes cabe recordar una vez más que la CE todavía no ha entrado en vigor por la razones ya comentadas (Vid el Título III <”De las competencias de la Unión”> de la Parte I, y en concreto arts. I-11 a I-19). En este punto de la exposición, debe hacerse una referencia particulariza exigida por el objeto de este estudio: la política social comunitaria se incluye en el ámbito de las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros (art. I-14.2.b), como así mismo debe ubicarse en este tipo de competencias todas aquellas actuaciones comunitarias desarrolladas en aras a la “cohesión…social…” (art. I-14.2.c). Estrechamente relacionado con la distribución de competencias, debemos tener presente que la Unión “tomará” ( en imperativo) medidas para coordinar las políticas de empleo de los Estados, “definiendo las orientaciones de dichas políticas” (art. I-15.2), mandato constitucional que da cuenta tanto de la importancia que concede la Unión a tal materia como el “intervencionismo” (por “coordinación”) que al respecto se reserva la misma. Al tema del intervencionismo comunitario le volveremos a dedicar nuestra atención en páginas abajo al objeto de precisar la anterior afirmación.

Los contenido sociales de mayor relevancia contemplados en la CE, son los siguientes.

1º) Parece oportuno tener presente que, en el momento que nos hemos referido a los objetivos comunes de la Unión previstos en la CE se ha hecho referencia a los sociolaborales (principalmente, arts..I-2 y I-3), antecitadas que damos aquí por reproducidas. Merece pues nuestra mención positiva que la CE al referirse a los propios objetivos comunes de la UE,- es decir a su principios inspiradores en sentido finalista- incluya entre los mismos los de contenido social. Ya no es pues, como en los primeros Tratados constitutivos en los cuales se confiaba al supuesto buen funcionamiento del propio mercado el logro de objetivos sociales (liberalismo económico de la “Europa delos mercaderes”), sino que, se establece un intervencionismo de la Unión para alcanzar un objetivo con personalidad propia, el propio de la esperada Europa social por la que los anteriores Tratados también rompieron su lanza, unos con mayor y otros con menor empeño.

2º) Merece especial mención el que el Titulo VI de la Primera parte de la CE, que se intitula “De la vida democrática de la Unión”, incluya bajo la proyección del principio de democracia participativa un mandato cuyo tenor literal excusa cualquier explicación: “La Unión reconocerá y promoverá (adviértase el sentido intervensionista de este segundo verbo) el papel de los interlocutores sociales en su ámbito…facilitará el diálogo entre ellos…La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo (adviértase la estrecha interrelación que establece entre: lo económico y social) contribuirá al dialogo social” (art. I-48). Ahora sólo pretendemos valorar positivamente el hecho de que a los interlocutores sociales -y al diálogo social consiguiente- se los califique como sujetos activos para el logro de la vida democrática de la Unión. Posteriormente nos referiremos a los mismos como titulares que los derechos laborales colectivos reconocidos en la propia CE. Si la ubicación y contenido literal del precitado artículo I-48 son datos que muestran la función política de tales actores sociales, más lo demuestra otro hecho: el que en el artículo inmediatamente anterior, la CE se refiera a los partidos políticos; citar, sin solución de continuidad, a los partidos y los sindicatos y asociaciones empresariales, no es más que una escenificación gráfica del planteamiento político- de la CE.

3º) Si la extensión de este ensayo pudiera ser mayor, el tema que trataremos a ahora merecería un apartado propio, pues como bien se ha expresado gráficamente, tratar de tal tema (“La Carta de los Derechos Fundamentales dela Unión Europea”), es emprender “un viaje al centro de la <Constitución> “ (LÓPEZ CASTILLO, A.: 2005, 119).

La CE dedica su Parte Segunda a tratar de “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión” (la Carta, en adelante) [Antes de continuar, recuérdese aquí como, ese instrumento denominado “Carta” -sea cual sea el título concreto que haya venido recibiendo- ha sido el utilizado en el seno de la hoy denominada Unión Europea para introducir aspectos sociales en los textos con ocasión de la aprobación de Tratados que han modificado los constitutivos originarios comunitarios] (vid. MANGAS MARTÍN, . 2005, 165-224)..

Dando por cierto que la ubicación de la Carta en la CE no puede calificarse más que como errónea por “asistemática”, que el tener un Preámbulo propio –suponemos que pretendiendo conferirle cierta personalidad “autónoma”- no se ajusta a la buena técnica legislativa ni a ninguna práctica que nos resulte conocida, y que el contenido de la misma resulta claramente limitado, no obstante todo ello, decimos, debe tenerse muy presente que ahora no sólo es una “Carta”, como había ocurrido en ocasiones precedentes con motivo de la aprobación de algunos de los sucesivos Tratados que han modificado los Tratados constitutivos, sino que en este caso lo es tanto “de los derechos fundamentales” como “de la Unión”. Si antes apuntábamos que la aprobación de la CE comporta la materialización real del ideal constitucionalizador tanto tiempo perseguido por opiniones comunitarias expresadas –pero fracasadas- con ocasión de la aprobación de sucesivos Tratados, ahora podemos decir que, no sólo se ha conseguido tal Constitución, sino además que en la misma se hayan incluido los derechos fundamentales, confiriendo así el debido sustento y fundamento al nuevo concepto ded “ciudadanía europea” en sentido político y social del término. Reiteramos que ensalzar la operación que ha comportado la aprobación de la CE, no quiere expresar que su contenido y estructura sea el que creemos que podría y debería ser; ni siquiera queremos apuntar que se trata de una CE con un contenido social muy novedoso, pues como resulta sabido, que la Carta incluida en la CE tiene su origen en la Carta homónima que se aprobó en la cumbre de Niza en la que se adoptó el Tratado del mismo nombre, y si antes ya decíamos que aquella Carta de Niza tenía, entre otras carencias, la de un contenido que poco más aportaba que lo que ya estaba establecido en otros Tratados internacionales, ahora, por pura coherencia argumental, hemos de reiterar que la Carta de la CE, pocos derechos (políticos, económicos, y sociales) aporta más que los ya previstos en los clásicos y antiguos Tratados que tratan de los derechos humanos, sociales, políticos y económicos, normas internacionales estas, algunas de las cuales han sido motivo de cita en estas páginas (ROLDÁN BARBERO, J.: , 2003).

De entre los “derechos fundamentales” incluidos CE, referenciamos a continuación los de condición social agrupándolos en tres grupos: derechos laborales individuales, derechos laborales colectivos y derechos de protección social. No sin antes advertir, como la mayoría de tales derechos sociales constitucionales europeos se ubican en la Segunda Parte de dicho texto, es decir en la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión”. De ello se deduce que: los derechos sociales comunitarios adquieren un nuevo y alto rango y condición jurídica, pues primero se califican de “derechos fundamentales” y después lo son de condición constitucional. Desde un punto de vista formal, esta es la positiva aportación de la CE en materia de derechos sociales comunitarios; esta es la operación –reiteramos: aunque formal- positiva que leva a buen puerto CE en defensa y favor de la Europa social. Recuérdese aquí lo problemático a la vez que difícil que ha resultado a largo de la historia de la Unión Europea que la dimensión social de la misma, creciera más o menos pareja, a la económica (“Europa de los mercaderes” versus “Europa Social”); pues bien, la CE, ha dado un paso seguro en aras al logro de ese necesario equilibrio incorporando a su texto la Carta de referencia, pero ello no ha sido una operación fácil, y para comprobarlo no es necesario ni siquiera acudir al estudio de la documentación (ingente, por cierto, vid: http//europa.eu.int/constitución) propia de la elaboración de la CE, sino que es suficiente con leer con atención las cautelas y procelosas preocupaciones con que se trata de regular la aplicación de la Carta incluida en la CE ( vid arts. II-111.1 y II-111-2), cuestiones estas de aplicación de los derechos sociales que ya había sido objeto de atención y más de preocupación con ocasión de los textos comunitarios a los que nos hemos referido para otorgarles la condición de antecedentes e la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, incluida en la CE; de la misma manera que la importancia de tal problemática explica que varios conflictos al respecto se hayan tenido que solucionar ante los tribunales competentes. Y por último, debemos citar una nueva y positiva proyección de los derechos sociales contenidos en la Carta dela CE, pues en dicho texto se establece: “(Todos) Los derechos (sociales para nosotros) reconocidos en la presente carta que se mencionan en otras Partes de la Constitución se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites definidos en ella” (art. II-112 CE).

En punto a los derechos individuales la CE incluye los siguientes: el “derecho a trabajar”, como así mismo, el de libre elección de profesión (II-75 CE; el derecho de igualdad y no discriminación (art. II-81 CE), derecho este que se enfatiza y concreta materialmente al tratar también de la igualdad entre mujeres y hombre “en todos los ámbitos“, “incluso” en las siguientes materias, “empleo”,”trabajo” y “retribución” (art. II-83), encadenado de sutiles palabras el que utiliza para configurar el derecho en cuestión , que no se puede más concluir que se trata de una redacción expansiva con vistasa a garantizarlo; el derecho a la integración de las personas discapacitadas (art. II-86 CE ) que abarca la esfera social y “profesional”; el derecho de acceso gratuito a los servicios de colocación (art. II-89 CE); un derecho de formulación ambigua en exceso y de contenido complejo, “el de condiciones de trabajo justas y equitativas”, que no obstante contiene expresamente el respeto de la “salud, seguridad” y de la “dignidad” en el trabajo (art. II-91 CE); la prohibición del trabajo infantil, sin que el el límite se fije por edad, y la protección adecuada de los jóvenes en el trabajo (art. II-92 CE); en el marco de protección a la familia, se trata del derecho de “conciliación de la vida familiar y vida profesional” y de los correspondientes permisos maternales y parentales por maternidad y nacimiento o adopción, siendo el primero retribuido, mientras nada se concreta al respecto en torno al segundo (art. II-93 CE); de la protección ante el despido injustificado en general (art. II-90 CE), y en especial por causa relacionada con la maternidad (art. II.93.2 CE); en el marco del reconocimiento del derecho a la educación, se particulariza el de acceder tanto “a la“formación profesional” como a la “formación continua” (art. II-74 CE). Todos los derechos precitados, y los que se referenciarán después, están formulados con cierta falta de precisión, pero en todo caso n

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