La Mujer Latinoamericana a inicios del Siglo XXI: Los retos laborales y de Seguridad Social

IV CONGRESO IBEROAMERICANO DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

DESARROLLO ECONÓMICO CON JUSTICIA SOCIAL

“La Mujer Latinoamericana a inicios del Siglo XXI: Los retos laborales y de Seguridad Social”

BERENICE P. RAMÍREZ LÓPEZ
Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
19 a 21 de octubre de 2005.
Caracas, Venezuela.
Resumen: Las características de inserción laboral de las mujeres en América Latina, así como la precariedad y desarticulación que muestra el mercado de trabajo está determinando mayores riesgos de inseguridad social para la población femenina. Dicha situación tenderá a agravarse con la instrumentación de las reformas en pensiones que se están poniendo en marcha, el énfasis en la cuenta individual y la administración privada agrava condiciones en las que los niveles salariales, densidades de cotización, dinámica demográficas y cambios epidemiológicos determinan condiciones de desigualdad, de pobreza y de inseguridad.
Esta documento desarrolla de forma general las características de inserción laboral que la mujer presenta, haciendo énfasis en los riesgos y vulnerabilidad que se derivan por su condición de género y actividad productiva remunerada. Se ofrece una caracterización para América Latina, con énfasis en el caso de México.

Introducción:
Una de las consecuencias más evidentes de las reformas estructurales en América Latina, que dieron paso a un patrón de reproducción de capital volcado a las exportaciones mediante la especialización productiva, es la desarticulación y mayor heterogeneidad en el mercado de trabajo el que se caracteriza por un alto desempleo, subempleo, informalidad y precariedad laboral.
Las reformas con consecuencias en la estructura productiva y que han resultado de la puesta en marcha de un conjunto de políticas económicas de corte neoliberal , han privilegiado la participación del mercado en la asignación de los recursos, así como del sector privado principalmente de actores y empresas extranjeras, ocasionando dinámicas de producción apoyadas en la conformación de cadenas productivas que responden a la mundialización y que se expresa en producción de bienes con alto contenido de insumos y procesos importados, lo que determina una supremacía de procesos de ensamble que impactan marginalmente al mercado interno, en cuanto a creación de empleos. Dicha situación profundiza la segmentación del mercado de trabajo, el que en condiciones de falta de crecimiento económico acentúa los niveles de desempleo y subempleo, así como propicia a las actividades informales.
En este escenario laboral se desarrollarán los siguientes apartados: 1) Un diagnóstico general de las condiciones de trabajo de las mujeres latinoamericanas, 2) Las condiciones de protección y de seguridad social que tienen, 3) El envejecimiento demográfico y las mujeres en México, y 4) Tendencias y urgencias que se derivan.

1) Un diagnóstico general de las condiciones de trabajo de las mujeres latinoamericanas,

A la hora de analizar la incorporación de la mujer a la actividad remunerada ha prevalecido el análisis de género en cuanto a los beneficios que para su autodeterminación dicha situación le genera. La visión y análisis que a continuación se desarrolla se desvía de estar perspectiva, ya que nos interesa analizar la participación de la fuerza de trabajo femenina como eso, como fuerza de trabajo que participa en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, cuya participación y sus características específicas, influyen en la tríada mercado, estado y familia.
El empleo en América Latina se ha caracterizado, principalmente en las últimas tres décadas, por el crecimiento de la informalidad y la creciente incorporación de la mujer a la actividad laboral remunerada. De acuerdo a la OIT, la estructura del empleo urbano muestra que la informalidad pasó de representar el 42.8% de la ocupación laboral en 1990 al 46% en 2003 y que pese a que la participación de la mujer en la actividad laboral ha aumentado, el tipo de empleo remunerado que realiza esta identificado de precario e informal, por lo que el desempleo femenino es 1.4 veces más elevado que para los hombres [CEPALa :2005: 1]
En el periodo 1990-2003, la composición por sexo de la población ocupada en empleos no agrícolas manifiesta las siguientes características: en 14 de 26 países de América Latina aumentó la participación de las mujeres en las ocupaciones remuneradas, mostrando el siguiente orden por países de menor a mayor participación; Perú, México (del 32 al 34%) , Guatemala, Venezuela, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Belice, Argentina, Brasil, Uruguay, Antillas Nerlandeses, Colombia y Honduras (51.7%. Mantuvieron el nivel de participación; El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Chile, Cuba, Barbados y Bahamas, y los países que registraron una disminución en la participación de las mujeres en las ocupaciones remuneradas son; Surinam, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, y Jamaica. [CEPAL; 2005: 29], Lo que si es característico es como se concentran en empleos precarios, mal remunerados y de baja productividad.
Una de las hipótesis que debiera formularse en relación a las características y tendencias del mercado de trabajo se refiere a las condiciones de inserción laboral remunerada de las mujeres, ya que si por un lado se observa una cada vez mayor incorporación de la mujer, por otro la falta de crecimiento económico y las características del mercado de trabajo, vulneran más su condición laboral, desplazándola al desempleo, condición que se ha agravado en los últimos años y que conduce a formular si acaso el ciclo expansivo de incorporación de la mujer a las actividades remuneradas se está o ha agotado. Por lo pronto se registra en los últimos años lo siguiente; en aquellos países en los que hubo disminución de la tasa de desempleo total, esta fue mayor en el caso de los hombre en Argentina, Brasil y Venezuela, mientras que en Colombia y Uruguay lo fue en el de las mujeres. Asimismo en Chile, México y Perú donde hubo un aumento en el desempleo total, el aumento de las tasas de desempleo femenino fue mayor que el de la tasa de desempleo masculino. En cambio en Costa Rica y el Salvador disminuyó la tasa de desempleo de los hombres mientras que aumentó la de las mujeres. [OIT;2004:13]
Otra de las características que se atribuyen al trabajo femenino es el de ubicarse en sectores de baja productividad. En promedio para América Latina, el 46% de la población femenina ocupada se encuentra en sectores de baja productividad. En México, el 45 % de la población masculina ocupada se encuentra en sectores de baja productividad, mientras que lo hacen el 51% de las mujeres ocupadas. Como se observa superan el promedio de América Latina.

La brecha de ingresos entre hombres y mujeres insertas al trabajo ha mejorado pero en los registros parra América latina todavía no se observa en ningún país que el ingreso medio del trabajo por hora sea el mismo. “Los ingresos de las mujeres alcanzaron en el 2002 el 69% de los ingresos masculinos, mientras que sus ingresos salariales equivalen al 84% de los de los hombres” [ CEPAL; 2005: 132] La mayor brecha de género se produce entre las mujeres más educadas para quienes en el 2002, el ingreso laboral representa solo el 61.7% del ingreso de los hombres, mientras que en los salarios equivale apenas al 66.2% del de los varones [idem]. En el caso de México el total de los ingresos de las mujeres representan el 78% de los hombres y en las mujeres con mas de 13 años de instrucción los ingresos representan el 70%. Asimismo el ingreso medio de la población femenina está a penas 1.7 múltiplos arriba de la línea de pobreza.

2) Las condiciones de protección y de seguridad social..
La seguridad social se instrumentó en la mayoría de las experiencias internacionales como parte de la protección social que los trabajadores demandaron y el Estado brindó y desde su nacimiento estuvo ligada al trabajo formal, de jornada definida y tiempo determinado y por lo tanto en una relación directa de aportaciones relacionadas con el nivel salarial. En esta perspectiva no se ha considerado para brindar seguridad social, las características específicas del trabajo femenino remunerado, el que muchas de las veces se realiza en jornadas intensivas y parciales, en un proceso de vida laboral discontinuo que conduce a una mayor segmentación de la ocupación laboral y del mercado de trabajo.
O como en el caso de la mayoría del empleo femenino que se realiza en el denominado sector informal. Dicha característica se manifiesta en que de cada 10 ocupaciones que se generan, 6 sean en el sector informal, lo grave es que por esta relación 1 de cada 2 mujeres se desempeñan en la informalidad.
Otra de las manifestaciones de la actividad laboral remunerada de las mujeres corresponde a las características laborales de los tiempos actuales relacionada con la fortaleza que se le imprimió al sector privado y al sector servicios. En el periodo, 1990-2003, se registra que de cada 10 mujeres que trabajan en el sector formal, 9 lo hacen en el sector privado y 9 lo hacen en el sector servicios, lo que da lugar a la expresión de la terciarización del trabajo femenino. Complejizar los resultados de esta terciarización debiera conducir al análisis de las implicaciones que para la reproducción del capital en la región tiene el que más del 85% del empleo femenino se realice en el sector servicios, así como la funcionalidad que resulta para el mercado interno la actividad de este sector.
La informalidad, la precariedad, la flexibilidad laboral así como las reformas laborales han ido debilitando a la Seguridad Social. En la actualidad y como promedio para América Latina, de cada 10 puestos de trabajo formal que se crean sólo 5 tienen cobertura de seguridad social y 2 de 10 en el sector informal.

Características de la Seguridad Social en México:
La Seguridad Social comprende los seguros sociales, las asignaciones familiares, la asistencia social y los programas públicos de cuidado a la salud. Pretende una cobertura universal y se financia principalmente mediante recursos públicos. Las instituciones que brindan seguridad social son: la Secretaría de Salud, los servicios médicos estatales y municipales, y los programas sociales focales como lo fueron Solidaridad, Progresa y ahora Oportunidades. Por su parte, los seguros sociales comprenden a la atención médico-hospitalaria, las pensiones y jubilaciones, las prestaciones monetarias por riesgos ocupacionales, de enfermedad o maternidad, así como prestaciones para vivienda y guarderías. Tienen una cobertura limitada, ya que son sujetos de esta prestación los trabajadores asalariados que en su contrato especifiquen estar cubiertos con esta prestación (36% de la población ocupada). En el caso específico de México, los seguros sociales se financian de forma tripartita (trabajadores del sector privado); el trabajador cotiza una prima determinada sobre su salario base, aportación que realizan también los empleadores y el Estado. Los Institutos de Seguro Social los constituye el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) y los servicios de empresas paraestatales como PEMEX, Luz y Fuerzas del Centro y Comisión Federal de Electricidad.
En la actualidad, el 40% de la población económicamente activa, que significa el 36% de la población ocupada y el 60% de la población total, tiene acceso a los servicios de las Instituciones de Seguro Social. Aproximadamente otro 20% de la población acude a los servicios que brinda la seguridad social de financiamiento público y el 20% restante es el que no tiene acceso a este tipo de servicios, porcentaje al que está dirigidos los programas asistenciales que se han instrumentado en los últimos años .
El modelo de protección social, seguridad social y de bienestar que se instrumentó en México con el patrón de acumulación y reproducción identificado como Sustitución de Importaciones, fue el de uno caracterizado por un universalismo fragmentado que mantuvo la exclusión de una buena parte de la población , ya que respondió a una lógica de legitimación social y de control político en el que el corporativismo condujo al diseño de Instituciones de Seguridad Social para trabajadores formales, políticas de vivienda ligadas al salario, políticas urbanas de alimentación, etc. Lo que dio por resultado una Seguridad Social organizada para los trabajadores formales e identificada en los servicios que otorgan los Seguros Sociales.
La baja cobertura de este Sistema se deriva de las características de su diseño. Además adquirió un sesgo corporativista y de evidente visión masculina por las negociaciones realizadas con actores políticos representantes de espacios de poder y cúpulas sindicales que dieron por resultado una diversidad de regímenes, principalmente de pensiones y prestaciones económicas, con diversos requisitos de tiempo de trabajo, edad, etc., y por lo tanto con beneficios desiguales para el conjunto de los trabajadores formales.

Si la cobertura de seguridad social es baja, ésta se reduce aún más en el caso de las mujeres. En México sólo el 47.3% de la PEA cuenta con un plan de pensión y de los mayores de 65 años, reciben pensión el 42% de los hombres y el 18% de las mujeres. Situación que contrasta con algunas realidades latinoamericanas. De los países con mayor cobertura para adultos mayores de 65 años y con beneficios de pensión se encuentra. Uruguay (cubierta el 86%) , Brasil (81%). Argentina (67%), y Chile (59%), los de menor cobertura son República Dominicana con el 9%

3) El envejecimiento demográfico, la seguridad social y las mujeres en México,

Los más recientes informes sobre la dinámica de la población mexicana determinan que el país está adentrándose en un proceso de envejecimiento demográfico, identificado con un rápido crecimiento de la población mayor de sesenta años. Se considera que una población ha envejecido cuando la proporción de personas de 60 años o más excede el 10% de la población total [ Engler y Peláez B; 2002:72 ]. En el caso de México, entre 1970 y el año 2000, la proporción del grupo de menores de 15 años se redujo del 47.7% al 33.2%, por el contrario el grupo de entre 15 y 64 años se incrementó de 48.1% a 62.0 %, de igual forma la población mayor de 65 años ha pasado a representar del 4.4%. al 4.8 % relación que se duplicará para el año 2020 cuando los mayores de 65 años representen el 8.8%, su participación alcanzará el 13% en el 2030 y el 28 % en el 2050, porcentaje que representa más de una cuarta parte de la población mexicana. [Ramírez B; 2005]
La población mayor de sesenta años la constituyen 6 millones 948 mil 457 personas, que están representando el 7.36% de la población. Si sólo se considera a la población mayor de sesenta y cinco años, estos representan el 4.8%.
Siguiendo la tendencia internacional y nacional, de mayor esperanza de vida en las mujeres, las mayores de sesenta años, representan el 3.7% de la población nacional, mientras que los hombres de este grupo de edad representan el 3.3%, situación que da como resultado un índice de femineidad de 129 mujeres por cada 100 hombres.
La población económicamente activa la constituyen el 34% de la población total, de esa proporción el 5 % es mayor de 60 años y de acuerdo a cifras oficiales el 17% [3° Informe de gobierno:2003 ]de los mayores de sesenta años cuentan con una pensión. Del total de pensionados, la cantidad de mujeres que perciben una pensión es la mitad del número de hombres mayores de sesenta.

Porcentaje de pensionados de 60 y + años
EDAD HOMBRES MUJERES
60-64 22.4 11.4
65-69 29.6 13.5
70-74 30.6 15.3
75 + 26.6 15.8
Fuente: [Ham R., 2003: 195]

De acuerdo con la información elaborada por R. Ham [2003], se registra que la proporción de hombres que trabajan es mayor que la de los que no trabajan en las edades de los 60 a los 69 años, a partir de los 70 años los que no trabajan empiezan a ser proporcionalmente mayores que los que si lo realizan. Por lo que corresponde a las mujeres supera la proporción de las que no reciben ingresos por dedicarse a labores del hogar.

Distribución de la Población de 60 y +, por condición de trabajo y sexo.
Edad Trabaja No Trabaja Hogar
H M H M H M
60-64 66.1 18.9 32.6 19.6 1.1 61.6
65-69 55.1 14.2 43.6 22.6 1.3 63.2
70-74 45.0 11.3 53.6 25.1 1.4 63.6
75+ 28.7 6.3 69.8 33.3 1.5 60.5
Fuente.[ R.Ham; 2003]


– Los ingresos de tres cuartas partes de la población mayor de sesenta años van de menos de un salario mínimo a 2 salarios mínimos. Entre el 45% y el 70% de los hombres mayores de sesenta años reciben menos de un salario mínimo, un 24% hasta dos salarios mínimos. Más del 80% de las mujeres mayores de sesenta años reciben menos de un salario mínimo.[Ham;2003: 176]

Población de 60 y +, Rango de ingreso mensual y sexo.
Edad < 1 SM 1 a < 2 SM 2 a < 3 SM 3 + SM
H M H M H M H M
60-64 45.3 81.0 24.4 9.3 12.3 3.78 18.0 5.9
65-69 50.9 82.3 24.3 9.4 10.3 3.6 14.6 4.7
70- 74 58.2 83.2 22.3 9.3 8.0 3.2 11.5 4.4
75 + 69.2 85.2 17.5 8.4 5.4 2.7 7.9 3.7
Fuente [Ham R.2003:176]

Para el año 2000 un salario mínimo equivalía a $1053.00 pesos mensuales y de acuerdo a las definiciones de pobreza y de indigencia establecidas por medio del método del costo
de las necesidades básicas, organismos internacionales como la CEPAL determinan la línea de pobreza y la línea de indigencia en valores mensuales por persona. Considerando que estos están determinados a partir del costo de una canasta básica que cubra necesidades alimenticias nutricionales y necesidades básicas no alimentarias, la línea de pobreza estaba fijada en el año 2000 en $1330.00 y la línea de indigencia correspondiente al costo de la canasta alimentaria en $665.00.[CEPAL; 2000: rec. 1.1]
Mediante el cuadro y la información referida, podemos derivar que por niveles de ingreso monetario, el 80% de la población mayor de sesenta años y con mayor rigor los mayores de setenta se encuentran en situación de pobreza e indigencia.
Esta situación se recrudece aún más en el sector rural, ya que los hombres que reciben menos de un salario mínimo representan del 65.7% en el grupo 60-64 años, proporción que aumenta hasta el 83% en los de 75 años y más. Por su parte, más del 90% de las mujeres mayores de sesenta años en el sector rural perciben menos de un salario mínimo.
Los bajos niveles de ingreso de más del 90% de la población mayor de sesenta años, contrastan cuando analizamos las características de la distribución del ingreso. Llama mucha la atención que el 1.71 % de los hogares que son los que señalan tener como jefe presente a uno mayor de sesenta años, concentran el 6.74% del ingreso nacional, proporción que supera lo que captan del ingreso nacional los primeros cinco deciles o en términos más claros ese 1.71% de los hogares capta más que el 50% de los hogares a escala nacional.
Por otra parte y considerando la situación de los cinco deciles de hogares de menores ingresos, la vulnerabilidad de los grupos en estado de pobreza se mantiene e incluso se incrementa en los grupos que declaran tener como jefe presente a uno mayor de sesenta años, situación que nos llevaría a determinar que la situación de inseguridad que presentan los hogares en situación de pobreza tiende a aumentar cuando los jefes de hogar presente superan los sesenta años, ya que ello se acompaña de la pérdida de ingresos por ocupación y tienen que recurrir a otro mecanismo como son los relacionados con transferencias, rentas de bienes y préstamos.

La Reforma en Pensiones:

En el caso de México, las reformas en pensiones, se inician en 1992, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el que se crea un mecanismo adicional de ahorro previsional obligatorio basada en cuentas de capitalización individual con este se abre un espacio al sector privado para administrar un 2% del salario base. El segundo gran paso fueron las reformas a la Ley del IMSS, aprobada en diciembre de 1995 y puesta en vigor el primero de julio de 1997.

Las razones que se señalaron para introducir estas reformas se argumentaron como los efectos de la crisis del sistema de pensiones, identificada esta como la falta de reservas actuariales para hacer frente al crecimiento de los jubilados y pensionados. Cabe recordar que el objetivo primordial de las pensiones es el de ser parte de un sistema de protección social orientado a proteger el flujo de ingresos presentes y futuros de un trabajador y su familia ante un riesgo y ante la vejez.
En México, tienen derecho a una pensión los trabajadores asalariados que en su contrato estipule esta prestación. Actualmente sólo el 17.7% de la población mayor de sesenta años cuenta con una pensión y tienen derecho a un retiro el 47% de la población económicamente activa, porcentaje que representa alrededor del 36.7% de la población ocupada. Como se observa, la cobertura es limitada.

El financiamiento de las pensiones proviene de las aportaciones de acuerdo al salario base del trabajador, del empleador (cuando labora en la iniciativa privada) y de la participación estatal.
El sistema de retiro que se ha instrumentado y que se asentó en las leyes de seguridad social del año de 1943 para el IMSS y de 1959 para el ISSSTE, se caracteriza por ser de beneficios definidos y carácter solidario, basado en la fórmula de que los trabajadores activos financian a los pasivos. En este sistema conocido como de reparto, el monto de la pensión está en función del promedio del salario obtenido en un determinado número de años y del número de semanas que el trabajador haya contribuido. Se garantiza el pago de la pensión hasta la muerte del trabajador aunque los distintos requisitos de edad, de tiempo de trabajo y algunos beneficios adicionales son los que determinan tantas diferencias en los esquemas de jubilación actuales. En el caso de los trabajadores afiliados en el IMSS, con la reforma que inicia vigencia en 1997, el sistema de pensiones y jubilaciones se modifica por uno de aportes definidos, individualización de cuentas y administración privada. Los beneficios dependerán de los fondos acumulados de manera individual. Al momento del retiro el trabajador recibe el saldo acumulado o si el ahorro es suficiente contrata con una administradora privada una renta vitalicia o un retiro programado. Asume el riesgo de la rentabilidad financiera.

Si tomamos en cuenta el número tan reducido de trabajadores que tienen derecho a una pensión, la diversidad de requisitos y de beneficios para obtenerla, la falta de reservas actuariales para sostener estos sistemas, el contexto económico caracterizado principalmente por un periodo largo de falta de crecimiento sostenido, la caída de los ingresos y de los salarios por más de veinte años, el aumento del desempleo y de actividades informales en las que se sitúa a más del 50% de la población ocupada, las transformaciones demográficas efectuadas por el aumento de la esperanza de vida y los cambios epidemiológicos, concluimos que todos estos elementos conducen a señalar que los sistemas de pensiones requieren ser reformados. Sin embargo lo discutible es pensar que la reforma tiene una sola orientación que es la de sustituir los modelos de beneficios definidos y carácter solidario por los de aportaciones definidas y administración privada.
Sustentamos esta afirmación cuando hacemos un rápido análisis de lo acontecido con la reforma del IMSS de 1997. Llama la atención que los aspectos señalados referidos a resolver el financiamiento de la Institución no se han logrado ni tampoco ha incidido en una mayor cobertura. Después de seis años que el IMSS llevó a cabo una reforma, declara que el monto de sus pasivos asciende a 180 mil millones de pesos. Con relación a la cobertura, en 1990 el IMSS otorgaba servicios médicos al 41.2 % de la población total, en 1997 al 39.5% y en el 2003 al 39.2%
Entre 1943 y 2004, la esperanza de vida se ha incrementado 28 años pasando de 48 a 76 años. Indudablemente que estos cambios demográficos afectan a los sistemas de pensiones porque hay que otorgarlas por más tiempos y a partir de las cotizaciones de los trabajadores en activo, pero para el caso de México, si la creación de trabajo asalariado no se hubiera detenido, si el empleo público no se hubiera desplomado y si la caída de los ingresos no hubiera sido de la magnitud que se registra desde hace 20 años, la relación entre trabajadores activos y pensionados no hubiera caído tanto ni las finanzas de los institutos de seguridad social se hubieran colapsando de forma tan radical.

Cabe considerar que si partimos de ingresos disminuidos, aunque se tenga una excelente rentabilidad y administración, las pensiones van a corresponder al nivel de ingresos con el que se cotizó. Con base en la Encuesta Nacional de Empleo, si el conjunto de los ocupados fueran canalizados a un sistema de pensiones de contribuciones definidas, capitalización individual y administración privada, tendríamos que un 25.6% de los ocupados o no cotizarían o su aportación sería tan mínima que no lograrían al final de su vida laboral ahorrar para una pensión, el 47.4% por su nivel de ingreso y porcentaje de cotización serían los candidatos a obtener una pensión mínima garantizada en el largo plazo y sólo el 26.9 % restante serían los que en escenarios más favorables de crecimiento económico, de recuperación del poder adquisitivo de los ingresos y altas tasas de rentabilidad de sus ahorros los que pudieran obtener una pensión, retiro o renta vitalicia si aportan por cuarenta años y si logran disminuir el costo de la administración que equivale en estos momentos a 0.25 ctvs de cada peso ahorrado.

Fuente: Valencia A.(2005)

La pregunta pertinente es ¿para qué se hace una reforma, basada en aportes definidos, capitalización individual y administración privada si la probabilidad de que en el largo plazo se estén otorgando mayoramente pensiones mínimas garantizadas es muy alta, lo que significará mayor carga fiscal y con el peso de los pasivos laborales y el pago de los bonos gubernamentales en los que se ha comprometido gran parte de los ahorros de los trabajadores administrados por las AFORES, la deuda pública tiene y seguirá teniendo un crecimiento muy fuerte.

Introduciendo la perspectiva de género encontramos que por las características específicas de la actividad laboral remunerada, en u ejercicio realizado por A. Valencia en el que considero las implicaciones en cuanto a niveles salariales, tiempo de trabajo y niveles de cotización, es decir, la dinámica de una historia laboral, las desventajas de los sistemas de pensiones basados en cuentas individuales, aportaciones definidas y administración privada aumentan.

Fuente: A. Valencia (2005)

Considero que en situaciones de población con deficiente cobertura y tanta heterogeneidad salarial y laboral los modelos de pensiones sólo son actuarialmente sostenibles si se basan en la solidaridad redistribuida, ya que los riesgos son diversos. En esta dirección es necesario impulsar pensiones no contributivas para todos aquellos que no han cotizado, fortalecer el sistema solidario para todos aquellos que perciben menos de cinco salarios mínimos y dejar la administración privada para los de más altos ingresos que busquen voluntariamente aumentar su ahorro para el retiro.

Asimismo, toda propuesta de reforma en pensiones debe considerar incluir a todos aquellos que realizan una actividad productiva, pensar en mecanismos de incorporación del sector informal y homologar los distintos esquemas de pensiones que pudiera conducir a la instrumentación de un sistema nacional de pensiones fondeado, de administración pública que establezca reglas transparentes, con inversiones adecuadas y a favor de impulsar a los sectores productivos nacionales, con bajos costos de operación y libre de las interferencias políticas.

4) Tendencias y urgencias que se derivan

– Si la inserción laboral de las mujeres se caracteriza por su precariedad, informalidad y desigualdad, las demandas de mejoramiento deben partir de un claro análisis de la funcionalidad que este tiene para la dinámica de reproducción capitalista e incorporar su participación en la tríada estado, mercado y familia, en la perspectiva de una reconocimiento integral de su actividad económica y social
– Mayor seguridad laboral para las mujeres dependen de legislaciones que introduzcan las características especificas que se derivan de jornadas parciales e intensivas, vidas laborales, incorporación del valor social del cuidado familiar, así como de la construcción de demandas especificas para los diferentes sectores de trabajadoras.
– Es necesario construir sistemas de seguridad social que tiendan a la universalización y para ello de modificar su relación estricta con el trabajo formal. La simple condición de ciudadano debiera garantizar contar con seguridad social.

– La precariedad del mercado laboral da lugar a menores densidades de cotización, lo que finalmente reduce las posibilidades de acumulación de recursos para el retiro. En esa situación se encuentra el 79% de los trabajadores afiliados al IMSS, que cotizan en el rango de uno a cinco salarios mínimos y cuyo monto de ahorro futuro se ve afectado también por las bajas remuneraciones que perciben.
– Conforme a los resultados obtenidos de los análisis realizados, se prevé un elevado porcentaje de trabajadores con ahorros insuficientes para su retiro. Se trata específicamente del 78% de las mujeres, el 60% de los hombres y del 67% en forma conjunta (que en cifras absolutas son del orden de 5.8 millones de trabajadores).
Las diferencias por sexo, nivel salarial, o densidad de cotización, hacen inviable que los cálculos para un individuo supuestamente promedio puedan ser considerados como representativos de una colectividad.

Bibliografía:

CEPAL (2005) “Autonomía de la Mujeres e igualdad de género en “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y El Caribe” ,Santiago

CEPAL (2005ª) XXXVIII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe” Comunicado de Prensa www.cepal.org

Organización Internacional del Trabajo, (2004) Panorama Laboral; Santiago, OIT

Ramírez Berenice (2005) “Neoliberalismo, derechos sociales y reformas a la seguridad social ". Universidad de Guadalajara. ( en prensa)

Ramírez Berenice (2005) “Envejecimiento demográfico y desarrollo en México”.en Implicaciones Económicas de las Pensiones, COLEF, en prensa.

Valencia Alberto (2005) “Seguridad Social y Envejecimiento de la Población en México
Análisis del sistema de cuentas individuales para pensiones de retiro” Ponencia. Implications of Changing Populations Ages Structures, UN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *