ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DEL TRABAJO
Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL,
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA,
Y UNIVERSIDAD DE SONORA (UNISON)

<<XLV ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL>>
Hermosillo, Sonora, 20 al 23 de marzo del 2005.

Conferencia Magistral:
“Problemática de los sistemas pensionarios de las Universidades Públicas en México”

Los sistemas pensionarios, tanto los jubilatorios laborales como los de seguridad social del planeta, se encuentran en un atolladero debido a una serie de factores que ineluctablemente inciden en su desarrollo, provocando de paso su natural insolvencia e inviabilidad financiera.

México no podría ser la excepción, y algunas cifras oficiales nos serán muy útiles para al menos intentar dimensionar la problemática. A principios del mes de Junio de 2004, la prensa nacional difundió, alarmada, las declaraciones del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alonso García Tamés, en las que desnuda por primera vez el colosal tamaño de problema de las pensiones públicas, observado a largo plazo:

• Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) representan a futuro un pasivo de 281.7 mil millones de dólares norteamericanos;
• Los pensionados del Estado representarán 156.5 mil millones de dólares;
• Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegarán a los 150.5 mil millones de dólares;
• Los empleados jubilados del propio Seguro Social representarán un pasivo contingente de 81.3 mil millones de dólares; y,
• Los empleados de las empresas paraestatales —Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellas—, tendrán un pasivo laboral de 56.3 mil millones de dólares.

En total, hablamos de una deuda interna de 726.3 mil millones de dólares.

Ésa es la cuantía real medida a largo plazo de los colosales compromisos pensionarios que estarán al cargo del sector gubernamental, lo cual de suyo cual supera a toda la economía mexicana en su conjunto, dado que dicha cifra total representa nada menos que el 116% del Producto Interno Bruto nacional, es decir, de todo lo que se logra producir en un año en México. Una deuda que sería entonces varios tantos mayor al rescate bancario del FOBAPROA.

Por su parte, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, al comparecer el 31 de mayo de 2004 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aseguró que: “…es insostenible la presión que ejerce el sistema pensionario a las finanzas públicas, el cual, tan sólo en los primeros 3 años del Gobierno de Vicente Fox creció en 23,000 millones de pesos adicionales…”, añadiendo que vistas las tendencias demográficas seguiría aumentando de manera impresionante en los próximos años, al grado de volverse impagable; en razón de lo cual consideró impostergable efectuar una reforma estructural al sistema pensionario mexicano.

Coinciden en lo sustancial lo declarado durante el propio mes de mayo de 2004, por Guillermo Ortíz, Gobernador del Banco de México; por Santiago Levy Algazi, Director General del IMSS; y por Benjamín González Roaro, Director del ISSSTE.

Hay que decirlo entonces con todas sus letras: dicho problema ha dejado de ser de seguridad social para convertirse en un asunto de franca seguridad nacional, pues cuando no existan reservas financieras para cubrir pensiones, como recién termina de ocurrir en Rusia, la gente ganará la calle y las protestas pondrán a nuestros gobernantes contra la pared.

A tal grado ha llegado el problema que el país económicamente más poderoso del plantea, los Estados Unidos de Norteamérica, al través de su presidente George W. Bush, al fin reconoció públicamente que el problema de la seguridad social es una “prioridad nacional”, e intenta cambiar al modelo de capitalización mediante la apertura de cuentas individuales.

Sin embargo, ésa es solo la perspectiva económico-financiera del asunto, pues como estudiosos del espinoso tema de la seguridad social contemporánea nos percatamos que el mismo tiene múltiples aristas: lo social, lo jurídico, lo institucional administrativo y, obviamente, lo político.

Se trata pues de un tema harto controversial, complejo e ininteligible para las mayorías, que de pronto se ha convertido en una especie de tabú, no sólo para la sociedad en general sino más específicamente para quienes toman decisiones al respecto: gobernantes, legisladores, administradores de justicia, políticos, académicos, profesionales involucrados en el asunto —entre ellos los economistas, actuarios, juristas, sociólogos y contables—, y de suyo todo aquel estudioso de las ciencias y los Derechos Sociales que, paradójicamente, pese a la tarea comprometida que se supone tienen enfrente en razón de su perfil académico, pillados por sorpresa han sido rebasados por el complejo entorno circunstancial.

Algo muy grave ocurre en el trasfondo de este delicado asunto, pues tercamente seguimos viendo al servicio público de la seguridad social más como un gasto que como una inversión en lo mejor de un pueblo que es su gente, siendo del todo falsa la tesis economicista de que la seguridad social sea ya infinanciable. Acaso es que requerimos humanistas al frente de la toma de decisiones y no a simples tecnócratas que, tonta e interesadamente confunden el precio con el valor de las cosas; en esto, como en otras cuestiones trascendentes —tales como la educación—, todo es cuestión de priorizar objetivos.

Ahora bien, tampoco es un secreto que los impresionantes cuanto impensados cambios en las variables demográficas y epidemiológicas de la humanidad, así como las limitaciones propias del modelo de seguridad social utilizado y en muchos de los casos, la ausencia de rigor científico en las proyecciones actuariales sobre las cuales se sustentan tales esquemas, forman parte del elenco de causas que han colocado al borde del precipicio a los sistemas de pensiones, entre los cuales se hallan naturalmente los de las Universidades Públicas.

Pareciera a simple vista entonces que el diagnóstico ya está hecho y que es correcto; pero a nosotros el asunto nos parece que no es tan simple. Detrás del aparador subyace una realidad poco explorada e investigada hasta ahora, y hay muchas opciones de solución que aún no han sido debidamente exploradas.

Efectivamente, cierto es que hay problemas multi-causales, tales como la gran revolución tecnológica en esta era de la cibernética y la informática; o los impresionantes logros científicos que trajeron consigo avances extraordinarios en la medicina y prolongaron la esperanza de vida; o la radical transformación de las fuentes de empleo formal que, al disminuir, afectan el ingreso necesario de aportes para el adecuado financiamiento de los esquemas de seguridad social existentes.

Ésos y otros problemas forman ya parte de la serie de factores socioeconómicos que han convertido a la seguridad social en una especie de “bomba de tiempo” que amenaza con estallar de un momento a otro, poniendo de paso en riesgo la seguridad del planeta entero.

Pero los remedios adoptados hasta ahora intentando atemperar las causas y corregir los errores estructurales en los esquemas utilizados para brindar este servicio público de innegable raigambre social, sencillamente no han dado los resultados apetecidos. Veamos enseguida un ejemplo claro para demostrarlo. Chile lo intentó a inicios de la década de los años ochenta del siglo XX, pero a más de dos décadas de reformas en América Latina, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que aún falta mucho por hacer, pues el llamado “modelo chileno” es notoriamente inseguro e insolidario, y lo peor: no está pagando mejores pensiones a los asegurados.

No debemos perder de vista que con dicho “modelo chileno”, hace ya cinco lustros se rompió con la solidaridad como el eje fundamental en el cual debiera gravitar siempre la seguridad social y, al hacerlo se desmanteló de paso el esquema tradicional que por más de medio siglo alcanzó logros excepcionales en el orbe entero.

Acostumbrados como estamos a adoptar modelos que no empatan con nuestra idiosincrasia, México —otrora país “punta de lanza” en el concierto Latinoamericano en el rubro de los Derechos Sociales, con sus míticos artículos 3º, 27 y 123 de la Constitución federal de 1917—, a partir del 1º de julio de 1997 y con base a presiones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos internacionales acreedores, se vio forzado a modificar de raíz su modelo pensionario básico en materia de seguridad social, cancelando sin más los naturales compromisos solidarios e intergeneracionales hasta entonces existentes.

Con base a esas modas internacionales, a nadie extraña ahora que el Estado —entendido aquí como el garante primario y final de cualquier esquema de seguridad social implementado en nuestra patria—, pretenda escapar por la puerta trasera a sus responsabilidades naturales, y para colmo se cercena del texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. —aprobada el 10 de diciembre de 1948—, el párrafo en el cual se aludía a la ineludible responsabilidad del Estado sobre este derecho humano y social.

Así las cosas, confundidos gobierno y gobernados —entre éstos, muy en especial los académicos e investigadores, que se supone debemos proponer alternativas de solución a todo problema social—, ni siquiera sabemos cómo comenzar a diagnosticarlo, achacándolo con ligereza a un sinnúmero de causas menores pero sin jamás llegar a tocar los verdaderos problemas de fondo, muy lejos del asunto medular en esta ingente problemática que consiste en la radical cuanto urgente transformación estructural de los sistemas de protección social a fin de afrontar, siempre con mayores posibilidades de éxito, los retos que a mediano y largo plazo nos presentará el servicio público de la seguridad social en el siglo XXI.

Así las cosas, por simple ignorancia de la realidad seguimos aferrados a nuestras viejas ideas y a rebasados cartabones, si bien útiles en otras épocas y para otras circunstancias, insuficientes ahora para resolver nuestros problemas actuales. Además, con una apatía injustificada, todos somos refractarios al cambio, olvidando que hoy en día quien se adapta más pronto a las nuevas circunstancias obtiene mejores logros.

Nuestra habitual lentitud para reconocer problemas o detectar errores se traducen en tomas de decisiones absurdas y legaloides, en donde los fines económicos justifican la ruptura del Estado de Derecho. Por desconocimiento o indiferencia —sin olvidar las razones políticas y económicas, claro está—, se adoptan medidas desesperadas en aparentes reformas pensionarias que son de simple maquillaje, no estructurales, en las cuales nos haría falta pensar y trabajar más.

Sirva de ejemplo ahora mi propia Alma Mater, que tanto amo y de la que soy orgullosamente egresado, siendo profesor en ella desde hace tres décadas e investigador de tiempo completo; la Universidad de Guadalajara puede ser contrastable al ser la quinta universidad más populosa del mundo con más de 220,000 estudiantes, desde bachillerato a doctorados.

Ocurre que la Universidad de Guadalajara, presionada sin duda por las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa, debió hacer frente al ingente problema pensionario jubilatorio de sus trabajadores. Sorpresivamente lanzó el 1º de diciembre de 2003, un nuevo “sistema pensionario jubilatorio y de seguridad social” (SIC) que incluso bien podría servir como modelo a otras Universidades Públicas del país si no fuera porque lo hizo a cambio de sacrificar el servicio público de la seguridad social obligatoria para sus cerca de 20,000 trabajadores subordinados, escamoteándoles de paso sus derechos y conquistas laborales.

Se trata de un esquema singular el cual adolece de graves yerros y problemas jurídicos en su estructura, el cual seguramente será cuestionado de manera legal por quienes se sienten afectados, y quedará sujeto entonces a las resoluciones que los tribunales jurisdiccionales dicten cuando los trabajadores ejerciten las acciones labores y/o de seguridad social respectivas, que de suyo son irrenunciables e inalienables.

Otro ejemplo pudiera serlo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más importante de nuestras Casas de Estudio Públicas y la tercera más populosa del mundo. Sus funcionarios dan por descontado que no tiene dicho problema pensionario puesto que pagan un finiquito laboral por años de servicio a sus trabajadores y por ende no otorga, a cargo de su presupuesto, pensiones jubilatorias distintas a las que cubre el ISSSTE.

A ese respecto cabría apuntar que el ente de seguridad social federal en el cual la Universidad más importante de México descarga la problemática pensionaria de sus trabajadores académicos y administrativos, no es un alivio y menos representa seguridad para el futuro; porque el ISSSTE es ya financieramente inviable y hoy en día se halla descapitalizado a tal grado que, sin duda, es el seguro social que más requiere ser rescatado por el propio Estado. Urge pues su reforma estructural a fondo, renovando de paso su marco legal, un tema en que los académicos de la UNAM debieran participar activamente, pues su futuro pensionario y el de sus familiares se halla en juego.

Ahora bien, dentro de los efectos perversos de este nuestro mundo globalizado, para nadie es un secreto que las Universidades Públicas en México enfrentan ahora un desafío crucial para su propia supervivencia.

En efecto, la drástica reducción o recorte a los subsidios que reciben para operar, vuelven complicado el cabal cumplimiento de sus fines, y todo apunta a que el lucrativo negocio que representa la Universidad Privada —la que por cierto no paga pensiones jubilatorias a su empleados, ni invierte en las cuestiones social, salvo alguno que otro asunto de beneficencia—, representa un asunto difícil de afrontar, máxime si ponderamos la posibilidad de que sean implementados los bonos-beca, por más que se usen éstos en escuelas “patito” o las llamadas “universidades de cochera”.

Aquí también, en el rubro educativo, resulta obvio que la problemática pareciera simple de conceptualizar, pero analizada a fondo resulta sumamente compleja de resolver, al tratarse de un problema de peso y sobre todo “de pesos”.

Porque se aduce por el Titular del Ejecutivo federal y por el propio Secretario de Educación Pública, que los contratos colectivos de trabajo de las Universidades Públicas “son muy onerosos por generosos” (SIC), y que hay un pasivo contingente enorme al grado de hallarse todas ellas al borde de la crisis financiera, debido al pasivo contingente que representan sus actuales sistemas pensionarios jubilatorios. Y es aquí en donde radica, a nuestro parecer, el meollo del asunto pensionario universitario, pues se ha hecho sobre el tema —acaso más por ignorancia que por mala fe—, un diagnóstico simplista y erróneo. Y por lógica, cuando se parte de una premisa falsa, se obtiene una conclusión equívoca, por lo que el asunto pensionario jubilatorio universitario no es la excepción. Veamos por qué.

Las pensiones universitarias, entendidas éstas como la prestación económica que obtienen sus empleados al final de la vida activa al reunirse los requisitos de edad o tiempo efectivo de servicio, es sin duda un grave problema financiero, pero sin duda lo es de previsión social (o mejor dicho: de ausencia de ella), al tratarse de un asunto de estricta índole laboral, el cual se negocia colectivamente entre el empleador —la Casa de Estudios— y su sindicato de trabajadores —ya sea académico o administrativo—. Y aunque a simple vista lo parezca, resulta que jurídicamente, no es lo mismo la previsión social, entendido como un esquema protector exclusivo de los trabajadores subordinados, que el servicio público de la seguridad social cuya esencia, contingencias de protección y financiamiento, son muy distintos —por más que ambas se confundan en la práctica, debido a serios problemas sobre su conceptualización científica y jurídica—. Así de simple.

Allí subyace a nuestro entender el quid del asunto y acaso nuestra mayor responsabilidad, como juristas especializados en el tema.

Sumémosle ahora al problema económico de las pensiones la inexplicable falta de previsión de las autoridades universitarias para formar los fondos de reserva financiera respectivos, junto a las equívocas directrices actuales de las instituciones de seguridad social —que de toda buena fe debieran amparar en este rubro a las plantillas docente, administrativa y de confianza de dichas Universidades Públicas, como empleados subordinados que son, pero que ya en la práctica no lo hacen—, y tendremos ante nosotros un panorama desolador.

Aquí la pregunta a formular es bastante obvia: ¿Es válido, aduciendo el bien de la patria o la defensa de la autonomía universitaria, el violentar nuestro marco Constitucional vigente? Y la respuesta será siempre en sentido negativo. Así lo hemos sostenido en nuestro nueva obra intitulada “Los sistemas pensionarios de las Universidades Públicas en México”, de Editorial Porrúa, un libro provocador de ideas que sometemos ahora a su lectura íntegra y serena reflexión, como universitarios comprometidos que nos preciamos ser, obra prologada por cierto por nuestro querido amigo Mtro Alberto Briceño Ruiz, a la sazón Presidente de nuestra hermana Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, de la que tenemos también el honor de formar parte.

En pocas palabras, la seguridad social es un derecho humano y social irrenunciable e inalienable, de un valor incalculable; se trata de un servicio público invaluable que no puede medirse nunca al través de su precio, por más cara y más mala que ésta pueda ser.

Es muy preocupante entonces que en estos temas polémicos, esenciales para los propios centros de educación superior del país, en donde se forjan ni más ni menos que las nuevas generaciones de profesionistas, el nivel de pobreza en la discusión pseudo-académica se centre más bien en cómo cancelar o reducir prestaciones, escamoteando de paso los derechos preadquiridos e incluso las simples expectativas de derechos de quienes, en base a su continuo esfuerzo en pro de una sociedad que se precia de estar organizada, aspiran legítimamente a percibir, al final de su vida activa, una pensión jubilatoria laboral y, además, el servicio médico integral y prestaciones en metálico de la seguridad social por exiguas que sean y cuando más necesario resultan: cuando uno está viejo y enfermo.

En vez de pugnar por encontrar con inteligencia y verdadero compromiso social universitario, fórmulas viables y factibles para que subsistan las pensiones jubilatorias —y de paso por qué no, hallar la manera de elevar las percepciones de los dos millones de pensionados de miseria del Seguro Social que hoy en día reciben para sobrevivir el equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal—, constituye una majadería del peor gusto el que se empeñen en decir que “no hay presupuesto” como excusa ilegítima a su decisión cupular, cuando todos sabemos que dinero sí hay; lo que no existe es voluntad de invertirlo en costear las prestaciones sociales. Los recursos económicos nunca sobran, pero no escasearán para lo básico y fundamental, siempre a condición de que se logren identificar las verdaderas prioridades y, por ende, se jerarquicen los gastos con absoluta responsabilidad institucional.

Nos sorprende todavía más el que los orgullosos egresados de una Universidad Pública —que para bien nos cambió la vida y el destino, por lo cual nuestra gratitud hacia ella será inmarcesible—, no tengamos ya conciencia de clase ni clase en la conciencia.

Al optarse por las salidas fáciles, demagógicas y populistas, se aducen medias verdades que terminan siendo mentiras completas. Salvo honrosas excepciones —que en cualquier caso tan sólo vendrían a confirmar la regla general—, nuestras autoridades universitarias suelen ahora, carentes de combatividad y olvidando su función reguladora en la sociedad que con sus impuestos dan vida a la Universidad Pública, aceptar y acatar “líneas” económicas y políticas, con una docilidad más que sospechosa en las gentes del saber. Con ello se cuida sólo el puesto, que no a la Casa de Estudios, lo cual explica más no justifica que procedan con la impudicia como ahora lo hacen.

Pero ante la pasmosa pasividad e indiferencia que los universitarios solemos mostrar respecto de los asuntos sociales, no hemos sabido —ni querido, conste— conseguir el respeto que se merecen en el mundo científico y académico nuestras instituciones educativas públicas que, como no son motivo de lucro directo, a muy pocos hoy en día les importan. Añádase a todo ello la impúdica manipulación de que han sido víctimas nuestras Almas Mater por algunos grupúsculos de poder, y el desprestigio que todo ello ha traído consigo, y no quedará ninguna duda al respecto.

¿Quién puede respetar a una Universidad que no respeta ni a la ciencia que dice servir, ni a sus principios?, si ni siquiera se comporta éticamente con sus empleados subordinados. A ello se debe acaso el escaso prestigio académico de que disfrutan por ahora las Universidades Públicas, una tendencia que urgiría advertir e intentar revertir.

Hay qué decirlo entonces con todas sus letras, por más doloroso que sea: nuestras Universidades Públicas siguen siendo el botín particular de unos cuantos que se pasan de listos y que lucran, para su provecho particular, con lo que en esencia es gratuito y de todos: la educación pública.

Ellos argumentan siempre la preservación de nuestras Casas de Estudios y en especial las fuentes de trabajo que ellas generan, y bajo esa premisa, que no es sino es una simple ficción, no tienen pudor alguno para violar flagrantemente la legislación que paradójicamente juraron cumplir cuando accedieron a sus elevados encargos.

En ese entorno y con ése peculiar sentido finalista de salirse con la suya a toda costa, los cambios pensionarios los planean e instrumentan cupular y corporativamente, sin que la toma de decisiones permee hacia la base de trabajadores, haciéndolo de manera inapropiada y antijurídica pues no se ciñen al marco Constitucional ni al legal existente en la entidad federativa respectiva.

Podrán decir de dientes para afuera lo contrario y hasta se llamarán incomprendidos; pero todos sabemos cómo actúan. Lamentablemente ésa es la verdad y todo mundo lo sabe, aunque calle ante el temor a perder el empleo que tanto necesitan para sobrevivir. Nuestra investigación sobre el tema, que durara tres años e involucrara nada menos que a 22 de las Universidades Públicas más representativas del país, así nos lo confirma.

Así, mediante la adopción de nuevas reglas que mueven a sospecha, algunas autoridades universitarias violan e inobservan impúdicamente lo antes prometido y acordado con sus sindicatos, mandando de paso un mensaje absurdo a la colectividad entera que es, de suyo, incongruente con los principios de la educación superior que alegan defender: para preservar las pensiones universitarias todo se vale, pues el fin justifica los medios. Por ende, en su concepto falto de ética se vale hasta violar la propia Constitución —a la que tildan en los hechos como un “catálogo de normas obsoletas”—; aduciendo siempre “el bien superior, el colectivo, y el de la patria”, actúan en contra del marco legal que tienen el elevado deber de enseñar en sus aulas y a su alumnado. El colmo del cinismo, pues.

Desde luego que ellos no son tontos, puesto que todo eso que hacen tras bambalinas no lo dicen y mucho menos lo aceptan públicamente; pero bien que lo saben y lo hacen con una desalentadora impunidad, la mayor de las veces con ayuda de las propias organizaciones sindicales a ellos sometidas cupularmente.

No obstante, lo que más nos llama la atención es la desalentadora indiferencia mostrada por la comunidad universitaria, quienes también lo saben y siguen tan tranquilas como si nada ocurriese; en tanto que los pocos que se atreven a actuar son señalados con índice de fuego y perseguidos hasta conseguir amedrentarlos o que renuncien, al cabo que la sociedades contemporáneas no tienen conciencia histórica ni memoria.

Para el suscrito —ya con tres décadas de formar nuevos profesionales de la ciencia jurídica—, la conclusión parece más que sensata: si las cosas en verdad fueran así como ellos sostienen, entonces carecería de objeto enseñar a los educandos que la seguridad social no es negociable o que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Para qué se estudia la ciencia jurídica en la aulas de las Universidades Públicas, si ya todo está permitido, por ilegal que sea, en aras de solucionar sus ingentes necesidades económicas? Ése es el chapucero mensaje implícito que les estamos enviando a nuestros millones de estudiantes de Derecho, mexicanos que hemos descuidado desde las aulas y a los que luego no tendremos cómo echarles en cara su desvergüenza, cuando ellos sean legisladores, funcionarios o jueces, y tengan el destino de nuestra patria y el futuro de todos en sus manos.

Recordémoslo siempre: ausente de valores éticos, la educación no sirve para nada; y aquí estamos hablando no de un problema legal sino de un asunto ético. Ante esa sentida realidad, nuestra única pretensión es ser la voz de quienes no tienen voz, utilizando esta tribuna académica para intentar no sólo ser oídos, sino escuchados.

Educación es aquí la palabra clave, la llave que abrirá las puertas del orden y del progreso en nuestra patria, lo que obviamente no es un problema menor para las Universidades Públicas.

Debemos entonces asumir nuestra responsabilidad académica de instruir y educar a legisladores, gobernantes, funcionarios de lo Seguros Sociales locales y nacionales, autoridades universitarias, líderes sindicales y a la colectividad entera, si es que en verdad queremos que el ominoso entorno cambie de raíz.

Ésa será nuestro reto a partir de ahora y al parecer la única alternativa confiable que tenemos los académicos. Que así sea, pues.

Hermosillo, Sonora, a 22 de marzo de 2005.

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO
Investigador Nacional de México y de la Universidad de Guadalajara.
Presidente Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’ (AIJDTSSGC).