Ante la claudicación de la responsabilidad social

Francisco A. Catalá Oliveras

El fantasma que ahora recorre el mundo es el de la claudicación de la responsabilidad social. Esta claudicación cobra la forma de la privatización de activos públicos, de la individualización del riesgo vía cuentas privada en los sistemas de seguridad social, del debilitamiento sindical ante el deterioro de los derechos laborales, de la prioridad del consumo de bienes privados o individuales del consumo de bienes de carácter público o colectivo y de la delegación de las funciones sociales del Estado a diversas organizaciones de la llamada “sociedad civil”, lo que algunos denominan el “tercer sector”, en oposición al “primer sector” (el Estado) y al “segundo sector”, compuesto por empresas guiadas por el lucro.

En este tercer sector, integrado eminentemente por organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro, suelen abundar las buenas intenciones y faltar los recursos financieros. Se carece de la base impositiva y del servicio de carácter universal de que es capaz el Estado. Así, la responsan¿bilidad social, en lugar de una obligación de todos, se reduce a una gestión de agentes voluntarios que, ante la creciente estrechez fiscal del Estado y la dependencia de una “filantropía empresarial” que es más publicidad que realidad, resulta insuficiente para compensar la claudicación de los agentes públicos.

La fragua en que se ha forjado tal claudicación fue la ideología dominante durante las dos últimas décadas del siglo pasado: el llamado “neoliberalismo”. Éste, apoyado en la visión neoclásica del mundo económico, postula dos fórmulas dietéticas. La primera, recomendada para el Estado, es un severo régimen alimenticio de adelgazamiento; la segunda, recetada para la empresa privada, se resume en la liberación de todos los apetitos imaginables. Una parte de la premisa de que el gobierno ha crecido de manera desmesurada y que tanto su tamaño como su gestión obstaculizan el desenvolvimiento económico; la otra presume que el desarrollo equivale a la extensión del espacio privado mediante la competencia entre emporios empresariales inscritos en un mercado que algunos fundamentalistas juzgan como una especie de estado de gracia.

El expediente del neoliberalismo en los inicios del siglo 21 no luce bien. Las políticas que inspirara, como las reformas fiscales orientadas a la reducción de impuestos y gastos, las privatizaciones de activos públicos para enfrentar insuficiencias presupuestarias de carácter inmediato y los estatutos laborales, o esquemas de flexibilización, articulados para debilitar los reclamos de la clase trabajadora, han dejado un legado de pobreza y desigualdad.

La desregulación ha abierto el cauce a los escándalos corporativos, sobre todo en los países industriales. No hay un solo sector, sea productivo o de servicios, que no se haya visto envuelto en algún esquema de corrupción. Hay de todo: contabilidad falsa, fraude bursátil, conflictos de interés y una red de irregularidad y falsificación que incluye bancos, bufetes de abogados, empresas de auditoria y agencia calificadoras, entre otros. Enron y World Com, en el campo de la energía una y en el de las telecomunicaciones la otra, encabezaron la lista y se ganaron los titulares. En su caída arrastraron a Arthur Andersen, la conocida firma de auditoría. En la olla podrida también estaban el Chase, Citibank y Cerril Lynch. Con el destape surgieron a la luz escándalos en ATT, MCI, Merck, Bayer, Tyco Internacional, Shell, Chevron, Texaco, Vivendi, Nortel, Pricewaterhouse, Halliburton y sume y siga.

Sin embargo, a pesar de la pobreza de su expediente todavía se insiste en políticas públicas de corte neoliberal. Esto obedece, en buena medida, a una defensa bien orquestada de la economía liberal de mercado y de una línea de ataque constante que parece relacionar todos los males sociales con la incapacidad de la clase política gobernante. A partir de allí, en un salto de dudosa lógica, se pasa a la impugnación generalizada de la gestión gubernamental y de todo lo que sugiera ampliación del espacio público.

Pierre Bourdieu, sociólogo francés, decía que el blanco del neoliberalismo es el lado izquierdo del Estado: el que se inclina a los programas de educación, salud y a las prestaciones sociales y el que es sensible a las necesidades de los trabajadores y consumidores. No toca para nada al lado derecho: el que representa al capital y socializa costos mediante subsidios, exenciones contributivas y laxitud en la protección ambiental a la misma vez que garantiza beneficios privados. Por cierto, aquí radica una de las causas precipitadotas de la crónica insuficiencia fiscal. Esto es claro en nuestro país.

¿Cómo no padecer insuficiencia fiscal cuando la base tributaria se estrecha cada vez más? La Ley de Incentivos Contributivos vigente en Puerto Rico concede una tasa de contribución sobre ingresos a las empresas cobijadas por la misma, las llamadas “exentas”, que oscila entre el 2 y el 7 por ciento del denominado ingreso de fomento industrial. Esta tasa contributiva puede ser menor al 2 por ciento, inclusive cero, si se determina que el negocio exento constituye una actividad pionera con tecnología novedosa. Además, la ley provee todo una serie de deducciones, créditos y exenciones adicionales: deducción por nómina, deducción por gastos de adiestramiento, deducción por gastos de investigación y desarrollo, deducción por inversión en estructuras y equipo, crédito por pérdidas de la compañía matriz, crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, crédito por pago de regalías y derechos de licencia, exención de contribuciones municipales y estatales sobre propiedad mueble e inmueble, exención de arbitrios estatales y exención de patentes y otras contribuciones municipales.

A la Ley de Incentivos Contributivos se suman numerosos estatutos tributarios especiales que benefician a las corporaciones y sociedades “no exentas”. Las reducciones en la responsabilidad tributaria corporativa se manifiestan en la creciente brecha entre las tasas nominales y las tasas a que efectivamente se paga. Por ello, en un trabajo reciente realizado por la Brokings Intitution y por el Centro Para la Nueva Economía se concluye que en Puerto Rico “la contribución regular sobre ingreso de las corporaciones básicamente aplica por excepción”. La gran ironía es que la exención contributiva ha perdido efectividad como instrumento de promoción de inversiones a la misma vez que ha debilitado la capacidad del gobierno para proveer servicios como educación, salud e infraestructura, los que resultan cruciales no únicamente para satisfacer necesidades de la ciudadanía sino para promover actividad económica.

La insuficiencia fiscal se utilizó como una de las justificaciones de la privatización en la forma de venta de activos públicos durante la primera generación del neoliberalismo, en las décadas de 1980 y 1990. Los activos que encabezaron la lista eran, claro está, los más rentables, entre los que sobresalieron las instalaciones telefónicas. La lista de activos rentables ha disminuido. Ahora, en la segunda generación de políticas inspiradas por el neoliberalismo, se recurre a sociedades del gobierno y del capital privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. Lo curioso es que en éstas se salvaguardan los intereses privados, es decir, se socializa el riesgo. Resulta paradójico que, por un lado, se socialice el riesgo de empresas capitalistas y que, por otro lado, se individualice el riesgo de la seguridad social.

La sustitución del beneficio por la contribución definida en los sistemas de pensiones aumenta el riesgo del participante al exponerlo individualmente a los vaivenes de los mercados de valores. Su pensión deja de definirse a base de sus cotizaciones, sueldos y años de servicio para determinarse en función de un juego especulativo. Decía Keynes, refiriéndose al desplazamiento del capitalista emprendedor por el capitalista especulador, que “cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal”. 1Con la misma lógica puede afirmarse que la seguridad social está cada vez más expuesta al azar del casino y, por lo tanto, “es probable que se realice mal”.

El debilitamiento de la seguridad social se agrava con la proliferación de las estrategias empresariales de subcontratación y con el incremento del trabajo a tiempo parcial, muy acuitado en el sector comercial. Para colmo, todo esto coincide con la insuficiencia actuarial de los sistemas de pensiones y con el fenómeno demográfico del envejecimiento de la población. Huelga en que el futuro dependerá de lo que se haga en el presente. Desafortunadamente, lo que se hace, conjuntamente con lo que se deja de hacer, no augura un buen futuro.

LA claudicación de la responsabilidad social por parte del Estado se intenta compensar con el protagonismo de la “sociedad civil”. Pero ésta no es un sujeto sino un espacio de acción de diversos actores, entre los que cabe destacar a los sindicatos y a componentes del “tercer sector” como las cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro. Ninguno de estos actores dispone del alcance universal del Estado.

También se intenta delegar la responsabilidad social en el “segundo sector” o corporaciones privadas con fines de lucro como si éstas contaran con la autoridad o legitimidad para decidir en dónde radica el interés. No se trata ni de demonizar ni de santificar a estas empresas. De lo que se trata es del hecho que estas entidades no fueron diseñadas para operar guiadas por el altruismo. Como muy bien advirtiera en un libro recientemente publicado el que fuera Secretario del Trabajo de Estados Unidos durante la administración del presidente Clinton: “No se crea por un instante que una empresa sacrificaría ganancias para cumplir fines sociales”. 2 En todo caso. Corresponde al estado establecer las normas de rigor para salvaguardar estos fines y evitar que sean vulnerados por gestiones empresariales orientadas por fines privados. También le corresponde crear las condiciones, en buena medida vía deducciones tributarias, para que estas empresas hagan gala de su “sensibilidad social”.

El neoliberalismo postula la contracción del espacio público pero carece de respuestas a la recesión económica, al desempleo, a la pobreza, a la desigualdad, al deterioro de la seguridad social, a la degradación ambiental y a otros problemas sociales. Todo lo resume en la presunción de que el mercado, de manera automática, articula las soluciones. Poco a poco se desdibuja la responsabilidad social y se torna más aguda la carencia de recursos para atender problemas como el de los múltiples servicios que requieren los ancianos. La insuficiencia financiera de organizaciones como la Casa Protegida Julia de Burgos, refugio para mujeres maltratadas, o como el Centro Margarita, programa para infantes y preescolares con deficiencias en el desarrollo, no es casualidad.

Bajo las premisas neoliberales se cultiva, para utilizar la dicotomía que acuñara el economista Albert Hirschman hace más de tres décadas, la salida más que la voz: los problemas que requieren de acción colectiva para su solución se delegan paulatinamente al ámbito individual. Ante la criminalidad se recurre al encerramiento en casas protegidas por guardias privados; ante las fallas de agua y luz se instalan cisternas y plantas eléctricas domésticas; y ante la pobreza de la escuela pública se opta por la privada. Estas salidas significan la deserción de aquéllos que disponen de más recursos para ejercer la voz. No lo hacen, aunque reconozcan que ni la criminalidad, ni las fallas de los públicos, ni las carencias educativas pueden enfrentarse efectivamente con salidas individuales. La intensificación de los problemas sociales es inevitable si la gestión colectiva, la voz política, no se convoca adecuadamente para enfrentarlos.

Ante esto la respuesta no la puede dar un gobierno claudicante sino un gobierno emprendedor; la respuesta no se puede encontrar en el binomio de la reducción de los impuestos y del gasto sino en aparato fiscal que, por un lado, sea justo y eficiente en la recaudación tributaria y que, por otro lado, refleje en sus gastos el compromiso de satisfacer las necesidades del pueblo. Invocar o acusar el “malgasto” para justificar la reducción del gasto público es absurdo. Esto presume que las urgencias sociales están satisfechas. La única respuesta efectiva al “malgasto” es el “buen gasto”.

Por otro lado, los actores sociales que invocan continuamente a la “sociedad civil” vienen obligados a traducir la palabra en acción. Esto requeriré profundas alteraciones filosóficas. Tomemos, a manera de ejemplo, a los sindicatos obreros.

No debe subestimarse el historial del sindicalismo en la gestación de toda una serie de precocimientos para proteger al trabajador en su taller. Mucho menos puede soslayarse su contribución al aumento en el nivel de vida vía la conquista de innumerables reivindicaciones. No obstante, el activismo sindical de hoy, ya sea en la mesa de negociación o en la línea de piquetes, es eminentemente defensivo, de preservación del “statu quo”. La estructura de empleo ha cambiado; la clase trabajadora, en la que ahora la mujer ocupa un espacio que antes no ocupaba, ha cambiado; la tecnología ha cambiado; el marco institucional también ha cambiado. Pero los sindicatos lucen como organizaciones renuentes al cambio. En ocasiones parece que todavía están negociando con Henry Ford en los inicios del siglo 20.

Las múltiples clasificaciones de puestos con estrictas delimitaciones entre unos y otros, características de las líneas de montaje de Ford, fueron diseñadas por los patronos como mecanismos de control en la era de la producción en masa. Inicialmente, sobre todo en trabajos de alto riesgo, fueron adoptadas por los sindicatos como mecanismos de defensa. Posteriormente se generalizaron y pasaron ha ocupar un lugar destacado en los convenios. Sin embargo, no se debe olvidar su origen ni su función desde la óptica de la cultura corporativa. Convierten al trabajador en una especie de pieza de capital fácilmente sustituible y le enajenan de una visión más integral del proceso de producción de su taller o del servicio que presta su oficina. Han contribuido a desarrollar estilos de trabajo poco solidarios. Esta actitud se resume en la consabida frase “Eso no me toca a mí”. Este mecanismo de defensa, supuestamente esgrimido en contra del patrono, termina degenerando en un mecanismo que se utiliza en contra de los compañeros de trabajo y en contra de la clientela. Ahora, la tecnología que permite perfiles de producción más heterogéneos, y que se debería utilizar para restaurar y promover la capacidad intelectual de los trabajadores, choca con los viejos estilos de concebir al trabajo.

Una práctica patronal que suele ser muy atractiva para los empleados son las ventanas u ofertas de retiro temprano. Generalmente se hacen para salir de los empleados de más antigüedad y reducir los gastos de nómina. En la instancia gubernamental también sirven al propósito de sustitución de una burocracia política por otra. Pero lo que puede ser muy atractivo desde la óptica individual no necesariamente lo es de la óptica colectiva. En primer lugar, el empleado jubilado en edad productiva puede buscar un empleo de remuneración modesta porque la misma es complementada por la pensión. Esto tiende a reducir la tasa salarial. En segundo lugar, el efecto actuarial en los sistemas de pensiones puede ser negativo. Y en tercer lugar, estimo paradójico el entusiasmo de las uniones con las ventanas ya que la prisa de sus representados por abandonar el taller pone en entredicho su gestión.

La densidad sindical se ha reducido de forma generalizada. En casi todos los países del mundo en sindicalismo representa una fracción minoritaria de los asalariados. Esta fracción sería aún menor si no fuera por el aumento de la incursión sindical en el gobierno, lo que podría juzgarse contradictorio cuando de sociedades capitalistas se trata. Esto expone al sindicalismo a la acusación de que se ha convertido en un grupo de presión que representa a una minoría privilegiada que se ah colocado más en conflicto con el interés público que con los intereses del capital.

Para alterar este cuadro no sólo es necesario un renovado esfuerzo de organización de los trabajadores asalariados en todos los sectores de la economía. Se requiere también una reestructuración que permita ampliar las reivindicaciones de otros grupos, como pensionados, autoempleados y amas de casa. Además, los sindicatos tienen que imponerse como tarea la reivindicación de sus talleres de trabajo, sobre todo cuando se trata de talleres del sector público vinculados al descargue de funciones sociales. Sólo inscribiéndose en fines sociales más amplios podrán los sindicatos fortalecer sus tradicionales luchas reivindicativas. Lo mismo puede decirse sobre otras organizaciones.

Este es el caso de las cooperativas. En nuestro país éstas, puesto que no las mueve el lucro, gozan de extensión contributiva. Esto, irónicamente, las torna tímidas en la generación de beneficios que podrían desbordarse hacia el cumplimiento de fines sociales. En contraste, en el grupo cooperativo de Mondragón, en el país Vasco, en donde si pagan impuestos al Estado, aunque con una tasa preferencial, cada empresa cooperativa destina un mínimo de diez (10) por ciento de sus beneficios para cumplir con la responsabilidad social comunitaria.

Ya es hora de que las cooperativas, tan ubicuas en este país, particularmente las de ahorro y crédito, trasciendan la estrecha concepción de que su razón de ser es brindarle servicios a sus socios que, en no pocas ocasiones, resultan mezquinos debido a la inherente timidez en la generación de beneficios. ¿Es que acaso estos socios no tienen hijos, padres, familiares, amigos y vecinos con los que día tras día comparten buenos y malos ratos en sus respectivas comunidades? ¿No es uno de los principios filosóficos del cooperativismo el “compromiso con la comunidad”? Espero que este compromiso no se agote en gestos simbólicos o en la compra de uniformes para algún equipo deportivo que sirva a la publicidad de la empresa. Me pregunto, no sin cierto escepticismo, cuántas de estas organizaciones tienen un compromiso significativo con programas como los de la Casa Julia de Burgos y el Centro Margarita.

Ante la claudicación de la responsabilidad social hay que rescatar al Estado, a la gestión política, de la trampa neoliberal. Pero también hay que rescatar a otras organizaciones de una concepción hueca de la “sociedad civil”, que se invoca como si fuera una especie de deidad que esté en todas partes y no se encuentra en ninguna.

La sociedad se predica más de lo que se practica. Pero no está muerta. De estarlo, desaparecerían los vínculos sociales y con ellos cada uno de nosotros. Por ello, la claudicación de la responsabilidad social no puede ser otra cosa que un fantasma que se desvanecerá. Compartir riesgos, responsabilidades y bienes es imperativo para la existencia de la sociedad.

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