Declaración de Guatemala

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE JURISTAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL «DR. GUILLERMO CABANELLAS» (AIJDTSSGC)

«IX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo

y la Seguridad Social de la AIJDTSSGC»

[co-auspiciado académicamente por la AIDTSS e ILTRASS]

Guatemala de la Asunción, 26 a 28 de Febrero de 2014

«Declaración de Guatemala»

CONSIDERACIONES:

 

En la ciudad de Guatemala de la Asunción (República de Guatemala) a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2014 (dos mil catorce), al concluir el «IX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» que tuvo como eje temático general «El trabajo en un mundo en recesión», para efectos de difusión internacional se elabora la presente Declaración de Guatemala, considerando el abordaje de los temas propuestos en la Convocatoria conjunta previamente efectuada a este evento académico que de suyo se convierte ya en un hito histórico dado que por primera vez se celebró un Congreso Laboral Iberoamericano en un país Centroamericano.

 

El Congreso se desarrolló los días 26, 27 y 28 de febrero de 2014 en la instalaciones del «Real Hotel Intercontinental», lugar en el que la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Dr. Guillermo Cabanellas (AIJDTSSGC) convocara en unión de coauspiciantes académicos, a los más destacados juslaboralistas y segurólogos sociales de diversos países Iberoamericanos para que expusieran, mediante conferencias magistrales y paneles de expertos nacionales e internacionales, sus ideas y propuestas orientadores dada su evidente categoría académica, respecto a diversos temas de gran interés para el juslaboralismo contemporáneo.

 

Por otra parte, las posturas del academicismo deben ser tomadas en cuenta en la eventual toma de decisiones para la elaboración de políticas públicas en materia de empleo y la protección social. Con sobra razón afirmaba el culto politólogo mexicano Jesús Reyes Heróles: “la academia sin política es utopia, y la política sin academia es tiranía”. Habrá entonces que buscar, provocar y conseguir que la clase política escuche a la academia, previo a la planeación, regulación legal e instrumentación de las políticas públicas en materia del trabajo y la seguridad social, y no después, como casi siempre suele suceder en la práctica. Mejor pues prevenir que remediar.

 

Al punto, cabe recordar que la AIJDTSSGC, es una organización académica apartidista y sin fines de lucro, conformada por expertos juristas de Iberoamérica quienes, con gran afán innovador y con conciencia de clase y clase en la conciencia, se dedican cotidianamente a la investigación científica, a la creación de doctrina jurídica, al desarrollo académico en las aulas universitarias, así como al estudio de las disciplinas afines al Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social. Su carácter incluyente y pluralista acoge a todas las expresiones librepensadoras de su Membresía de Número, como en una labor conjunta que produce sinergia, a miembros de organizaciones afines del área geográfica latinoamericana e iberoamericana, cultivando con absoluta responsabilidad personal y grupal los principios que inspiran la justicia social en las relaciones laborales a fin de convertirse y legitimarse como voceros e interlocutores del necesario cuanto trascedente diálogo social nacional y regional.

Así las cosas, uno de los principales objetivos de este IX Congreso Iberoamericano de la AIJDTSSGC, además de la difusión de problemas actuales y propuestas de soluciones tanto del Derecho del Trabajo como de la Seguridad Social, consistió en aportar y proponer nuevas ideas a gobiernos, legisladores, funcionarios de los diversos poderes e instituciones públicas, integrantes de judicaturas, academias, sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y universidades, en respuesta a las inquietudes que provoca la falta de cumplimiento de la normatividad regulatoria que ha llegado a la impunidad en materia laboral; un grave problema social que, además de molestia y enfado ante la injusticia resentida por la clase trabajadora, incluso ha provocado la falta de credibilidad del ciudadano con respecto de sus autoridades.

Por otra parte, destacadas intervenciones de los conferencistas y panelistas internacionales —provenientes de España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, y Venezuela—, tanto como la de los nacionales de Guatemala, legaron a la concurrencia de alrededor de cuatrocientas personas (de las que por cierto casi un centenar eran estudiantes de Derecho), las ideas, argumentaciones y algunas propuestas que ciertamente les motivarán para reflexionar y proponer objetivos comunes en el área iberoamericanos.

Temas como las dificultades u obstáculos para la financiación y extensión de la cobertura o universalización del servicio público de la seguridad social, que es una problemática común de nuestros países Centroamericanos, fueron abordados con absoluta objetividad, de manera constructiva y propositiva, arribando a propuestas y conclusiones afines a este bloque de países.

Los aludidos temas analizados, mismo que son conocidos por su común ocurrencia y debates que a diario suscitan y que son parte de la agenda tripartita de la mayoría de los Estados, tras ser analizados dibujaron a los congresistas un enriquecedor panorama general útil en el contraste del binomio problema/solución mediante la utilización del Derecho Comparado internacional.

Tanto panelistas como conferencistas invitados, generosamente compartieron sus ideas respecto de la temática abordada y nos dejaron, a manera de marco de referencia básica, un análisis crítico jurídico sobre los diversos temas propuestos por los organizadores de este evento académico; a lo que se agregan los temas abordados en las denominadas ponencias libres —ocho de ellas seleccionadas por el Comité Científico de nuestra organización académica, las que en su mayor parte pudieron ser expuestas públicamente por sus autores durante el Congreso—, consideradas también como aportaciones que, siguiendo nuestra tradición inclusiva de la AIJDTSSGC, siempre respetuosa de las ideas de los demás, merecen también ser referidas y destacadas. Por cierto, la recopilación de las ponencias, tanto las oficiales como las libres, serán objeto de consulta en archivo separado que obrará dentro de la página web de nuestra Asociación: www.aijdtssgc.org

En ese contexto, la Comisión Redactora de la presente «Declaración de Guatemala», a manera de colofón de este magno evento, establece para conocimiento público las siguientes:

DECLARACIONES:

PRIMERA:

La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Desde su creación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha abogado por su pleno respeto y protección contra todo acto intervencionista público o privado, situación que se ha ampliado a partir de la creación del llamado sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. La libertad sindical es pues un baluarte para el desarrollo de sociedades democráticas.

SEGUNDA:

En este congreso se resaltó el fenómeno de la globalización y sus efectos en el ámbito de los países Iberoamericanos, señalando que las actuales condiciones de nuestras economías, influenciadas por la crisis mundial conocida como la Gran Recesión, afectan a los grandes conglomerados políticos y económicos del orbe e inciden en la falta de políticas públicas que apunten a la consolidación del paradigma ofrecido por la OIT (el trabajo decente), y de suyo a todo aquello que apunte a mejorar las condiciones de empleo, permanencia en éste y el retiro digno, así como de protección de la salud en el trabajo.

TERCERA:

Derivado de lo anterior, surge el tema del outsourcing como un fenómeno económico, muchas veces enfrentado con el Derecho del Trabajo y el de la Seguridad Social, que desde luego ofrece alternativas dentro del mercado económico para el desarrollo de las empresas y centros de trabajo. Este fenómeno, reconoce ventajas como: la contratación de empresas especializadas en ciertas tareas o fases del proceso productivo, con el consabido ahorro de costes y con la seguridad de obtener un buen resultado; facilita economizar costos en términos financieros al permitir concentrarse en el negocio principal de la empresa; y, además, en teoría existe más eficiencia en la producción de bienes o servicios, amén de responder con mayor rapidez a los cambios.

Empero, también existe la contracara del outsourcing, destacándose los siguientes aspectos: la empresa contratada generalmente no comparte la misma cultura de trabajo y organización que la principal; puede producirse precariedad laboral de los trabajadores de las entidades subcontratadas; se puede perder el control sobre la producción y es probable que los costos que se ahorran no sean los proyectados al momento de utilizar este sistema.

Así las cosas, la falta de regulación efectiva o insuficiente, generan conflictos y más aún, aleja el objetivo de la paz laboral en los centros de trabajo porque termina produciendo una gran inseguridad jurídica empresarial al provocar, dada la irrenunciabilidad de derechos laborales, que se genere una inevitable solidaridad de obligaciones hasta el punto llegar a la condición de ser considerado como verdadero patrón respecto de los derechos de los trabajadores.

CUARTA:

Fenómeno similar es el de la subcontratación laboral. Esta constituye una forma de externalización, en la que una empresa contrata a una o varias empresas para que le realicen, por su cuenta, una parte de su producción o de partes necesarias de esa producción. Esta política de “reingeniería” (sic) de todos los procesos  de producción o de negocios, promueve cambios sobre la forma de hacerlo que caracterizó al mercantilismo y al capitalismo hasta los años cincuenta del siglo XX, buscando con ello disminuir los tiempos, abaratar los costes —sobre todo de mano de obra—, y reducir la plantilla de personal subordinado, al igual que las prestaciones laborales o de la seguridad social. En ocasiones, aquélla forma de producción pretendió eliminar los contratos colectivos de trabajo y, por consiguiente, la organización sindical, impidiendo la formación de otras organizaciones profesionales.

También se puede concluir que en la subcontratación laboral, la falta de regulación o la regulación insuficiente, generan conflictos y aleja el objetivo de la paz laboral buscada en los centros de trabajo.

QUINTA:

La implementación del Convenio 189 de la OIT ofrece para Guatemala, al igual que para el resto de países integrantes de la OIT, un enorme reto respecto de la forma en que este deba o pueda implementarse adecuadamente. Un tema destacado y controversial es el de la fiscalización por parte de la autoridad administrativa de trabajo.

La efectiva tutela del derecho de trabajo a este segmento tan amplio de trabajadores, que se procura por vía de dicho instrumento internacional, no conlleva de forma alguna el riesgo de generar desempleo o impactar negativamente en la economía del país y de sus habitantes, aunque sí ofrece la dificultad de situarse en un escenario complejo en el cual trabajadores contratarán trabajadores, asumiendo un doble rol cuando se vinculen en esas dos posibilidades —esto es, como empleados para ganar su sustento y como empleadores de quienes brinden sus servicios para tareas del hogar—; lo que conlleva necesariamente analizar el tema a fondo desde este escenario primario para buscar, acaso por vía de la legislación o administrativa reglamentaria, la implementación de los mecanismos necesarios para cumplir el objetivo de proteger y garantizar ese derecho fundamental.

SEXTA:

El Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, nos ofrece una alternativa para la generación de empleo en la economía de un país. Sin embrago, la discusión centrada en su constitucionalidad apunta claramente a destacar los supuestos efectos perjudiciales que su implementación puede ocasionar a los derechos de los trabajadores. Por desgracia, los juslaboralistas casi nunca han discutido la esencia del tema —aunque muchos expertos en la materia concluyan en que el texto de este Convenio no transgrede normas constitucionales—. Se deberá pues buscar consensos, mediante el diálogo social proactivo, para crear un régimen especial de trabajo a tiempo parcial, en el que principalmente se fije o discuta la forma de cálculo del salario como remuneración del servicio prestado en medias jornadas o por horas; sin olvidar el servicio público de la seguridad social que debe acompañar siempre a esta modalidad de empleo.

SÉPTIMA:

En lo que respecta al CAFTA —“Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement”, por sus siglas en inglés… o bien “Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica”, en español—, se deduce que es un Tratado Internacional que primordialmente busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. Con su entrada en vigor, en el año 2006, Guatemala y Estados Unidos, al menos en los formal son ya socios comerciales con igualdad de derechos frente a la ley —esto es, el CAFTA mismo—; de esa forma, entrar en un proceso de negociación por una vía alterna al mecanismo de solución de controversias del Tratado, pone al país nuevamente en una situación incómoda, de abierta desigualdad, en la que viene a asumir una serie de compromisos que van más allá de lo requerido por lo propio acuerdo comercial, como por ejemplo en el caso de negociar modificaciones de naturaleza legal.

Uno de los principios básicos del CAFTA es el de cumplir con la propia legislación interna nacional, entendiéndose, desde luego, la vigente a la fecha de la adopción del acuerdo comercial. Por lo tanto, no debería aceptarse que por la vía de un acuerdo en paralelo, Guatemala se comprometa a modificar una ley (el Código de Trabajo) con miras a evitar un Panel Arbitral derivado del CAFTA, el cual por ningún motivo podría obligarle a modificar legislación interna. De manera que el mecanismo de solución de controversias, así como los compromisos asumidos en el CAFTA, al estar en él ya reguladas, deben siempre utilizarse en base a su propio clausulado.

Entonces, si el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica afirma que Guatemala ha dejado de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte el comercio ente las partes, debe también ser capaz de probarlo ante un panel arbitral conformado a tales efectos. Y por su parte, Guatemala debería acreditar todas las pruebas de los avances en la materia, sobre todo lo que se viene efectuando en aspectos de inspección y en materia de procedimientos jurisdiccionales.

OCTAVA:

En tiempos de recesión económica, al realizarse la negociación colectiva laboral, sus consecuencias, para no generar algún tipo de daño, debe ser proporcional para ambas partes (empleadores y trabajadores), siempre respetando la dignidad y los derechos de la mano productiva para obtener en el futuro, ambos, un crecimiento tanto en su retribución —salario o ventajas económicas—, como en la rentabilidad de las empresas.

No existen razones para considerar que la negociación colectiva no pueda ser funcional en un contexto de cambios económicos, porque para que esta se cristalice en esa coyuntura, es necesario establecer nuevos compromisos, renovar las alianzas entre el capital y el trabajo, encontrando formas y métodos innovadores que organicen las relaciones sociales y laborales, incorporando a la par nuevas reglas y prioridades para generar mejoras en la productividad, calidad, rentabilidad y competitividad, en aras de que se logren progresos sustanciales también en el bienestar y calidad de vida de los propios trabajadores de la empresa. Urge pues repensar el tema para renovar de una buena vez las ideas de la negociación colectiva laboral del siglo XXI, inteligente, responsable e incluyente.

NOVENA:

Se enfatiza que el derecho de acceso a la Seguridad Social en toda su extensión, como la mejor expresión de la protección social genérica e integral a las que aspiran la mayoría de los Estados Iberoamericanos, debe ser considerado como un derecho humano que es complementarios de los derechos a la vida y a la salud; sin que su coste sea considerado un gasto y sin que su financiamiento pueda ser entendido como un obstáculo para prodigarlo. El Estado principalmente —y los empleadores en forma alternativa en relación a sus trabajadores—, tienen el deber de procurar su amparo.

Para el cumplimiento de estos fines no deben ser ajenas las organizaciones sindicales y los regímenes existentes de seguros sociales, teniendo todos ellos, junto a la sociedad entera, el ineludible deber de contribuir a la búsqueda de soluciones concertadas de acuerdo con las realidades y posibilidades que prodiguen los recursos estatales?y particulares.

Los derechos humanos a la vida o a la libertad, usualmente pregonados  como claves en el desarrollo de los individuos, no son mayores en jerarquía al de la dignidad personal, salud o educación que engloba la seguridad social.

Un tema concreto analizado en este IX Congreso es el de los daños ocasionados por el consumo del cigarrillo, el que se acrecienta en los espacios cerrados que constituyen centros de trabajo; los daños ocasionados por el “humo de segunda mano” son mayores a los que sufre el propio fumador y, en este sentido, se encuentran sujetos a esta situación todos los trabajadores que desarrollan su actividad en ámbitos cerrados —principalmente los empleados de restaurantes, bares y cantinas, entre otros—. El consumo de cigarros y cigarrillos suele estar prohibido en lugares de trabajo, pero dicha normatividad no siempre se cumple; esto produce la violación de los derechos al trabajo, salud y vida de los trabajadores que desarrollan sus actividades en espacios cerrados, y debe motivar la intervención de los Ministerios o Secretarias de Salud nacionales, así como de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social o Secretarias de Trabajo y Previsión Social de la región Iberoamericana, para promover la cultura acerca de este tema y lograr que la prohibición sea efectiva.

DÉCIMA:

El Comité Organizador del “IX Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” presidido por el Dr. Marcelo Pablo Ernesto Richter (Guatemala), así como la Junta Directiva Internacional de la AIJDTSSGC encabezada por el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno (México), agradece a todas las personas físicas, instituciones educativas y entidades privadas que hicieron posible su realización.

En especial, agradecen el co-auspicio académico de las instituciones hermanas: Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (AIDTSS) presidida por el Dr. Hugo Roberto Mansueti (Argentina), como del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (ILTRASS) presidido por la Dra. Martha Elisa Monsalve Cuéllar (Colombia).

La Presidencia de la AIJDTSSGC, convoca a sus afiliados a divulgar y aplicar los postulados expresados en este documento, y a su vez se constituyen como garantes de su cumplimiento en sus respectivos países.

Guatemala de la Asunción (República de Guatemala), febrero 28 de 2014.

Dr. Marcelo Pablo Ernesto Richter *

* [Nota: La «Declaración de Guatemala» fue redactada por el Dr. Marcelo Pablo Ernesto Richter, en su carácter de Presidente de la Filial en Guatemala de la AIJDTSSGC, contando con el aval de la Presidencia y Secretaría General de la Junta Directiva Internacional de dicha organización académica, al cargo de los Dres. Ángel Guillermo Ruiz Moreno y Roberto Antonio Rubio Unibe, respectivamente. Conste]

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