<<ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (AISS)>>

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POLÍTICA E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL

TENDENCIAS EMERGENTES EN TIEMPOS DE INESTABILIDAD: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

LUXEMBURGO,     29.9.2010  /  1.10.2010

TEMA 1.- HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS DE UNA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA EN EVOLUCIÓN

Sesión 1.1. Enfrentando la precariedad del mercado de trabajo: ¿Qué rol para los programas de activación y políticas de inversión social?

Ponencia: “Financiamiento de la seguridad social en tiempo de crisis del empleo”

Ponente: Ángel Guillermo Ruiz Moreno (México)

BREVE RESUMEN DE LA PONENCIA:

En todo el mundo es notorio el problema financiero del servicio público de la seguridad social, debido al imparable incremento del desempleo, mismo que se ha agudizado por la crisis económica mundial, el que junto a las nuevas formas de producción y empleo, han trastocando las relaciones laborales tradicionales que por desgracia evolucionaron sin un efectivo control legal desde hace al menos tres décadas. Así, el desempleo y la desprotección social que le acompaña obligan a buscar nuevas formas de financiamiento vía impuestos exclusivamente, para el eventual sostenimiento a futuro de la seguridad social. Esta investigación se basa en la experiencia profesional de 30 años del autor en esta compleja temática, habiendo utilizado los métodos histórico, empírico, inductivo y deductivo.

[TEXTO DE LA PONENCIA PRESENTADA]

• • • • • Si la seguridad social no existiera, habría qué  inventarla. Y si la que existe ahora no nos sirve como debería hacerlo, entonces habrá qué reinventarla.

• • • • • • Ángel Guillermo Ruiz Moreno

Sumario: 1. Contexto general del problema abordado. 2. Razones generales de la propuesta efectuada. 3. La notoria ausencia de identidad de la seguridad social contemporánea. 4. La financiación de la seguridad social del futuro. 5. Propuestas básicas acerca del tema abordado.

1. Contexto general del problema abordado.

Son innumerables los desafíos actuales y futuros que nos presenta el servicio público de la seguridad social en todo el planeta, en especial en los países y regiones geográficas con economías emergentes: la extensión de cobertura para universalizarla y mejorarla, la indispensable protección a los trabajadores migrantes, nuevas y complejas estructuras familiares que deben ser reconocidas como recipiendarias del servicio, el envejecimiento poblacional aunado a las variables sanitarias debido al incremento de enfermedades catastróficas, el impacto de una crisis económica que todo apunta durará más de lo esperado, el incontenible crecimiento exponencial del sector informal de la economía, y otros fenómenos socioeconómicos que nos muestran —dicho esto sin el ánimo de parecer catastrofistas—, un mundo al borde del colapso.

Alcanzar una seguridad social dinámica, gestionada eficazmente y proactiva, como lo propone la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), atraviesa entonces por el complicado tema de su sostenibilidad financiera. Porque si la cuantía de los recursos destinados a financiar la seguridad social debe ir siempre acorde al nivel de cobertura que brinda el sistema, y cada día es más compleja la cobertura de las contingencias socio-vitales protegidas, el tema de la financiación resulta crucial y no puede ser desatendido por ningún país, mucho menos ahora, inmersos como lo estamos en una crisis económica mundial de tan alto impacto y coste social que obliga a afrontar las desastrosas consecuencias provocadas por la escasez de empleo en el mercado de trabajo formal. No obstante, lo más nefasto no es el desempleo en sí —pese a los millones de parados del planeta sin posibilidad de ingresos—; acaso lo más inquietante es el enorme sufrimiento y la desesperanza que engendra éste fenómeno en la población, que inerme resiente sus perniciosos efectos y no sabe qué hacer ante tan inesperada situación.

Cómo generar efectivas políticas de pleno empleo es el mayor desafío que enfrentan a inicios de la segunda década del siglo XXI los gobernantes de cualquier país del orbe, sea éste grande o pequeño, rico o pobre. Reconozcámoslo al menos: el desempleo resentido no es un problema coyuntural sino estructural. Ante tan inquietante contexto obliga a abandonar viejos cartabones y cambiar paradigmas.

No guste o no la idea, la “deslaboralización” de la seguridad social es impostergable ante el avance incontenible del desempleo, un asunto que resulta clave para la eventual supervivencia de este magnífico servicio público.

1. Razones generales de la propuesta efectuada.

Los Informes Anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde inicios del siglo XXI muestran la tendencia irreversible del mundillo del trabajo; de que de cada 10 nuevas ocupaciones que se crean en el planeta, alrededor de 8 de ellas se generan en el mercado informal de trabajo y debido a ello la economía informal crece de manera exponencial y preocupante en todo el orbe. Estadísticamente esa es una verdad incontrovertible, un indicador mundial inobjetable de que las políticas de empleo son ya una falacia.

El desempleo es un reto impostergable qué atender por parte de todos los países, pues nadie escapa de esta dura realidad que se ha vuelto más evidente debido al impacto de la enorme crisis económica y financiera mundial de mediados de 2008, la que ha puesto contra la pared a muchos países que, a efecto de paliar sus perniciosos efectos, tienen ya en la mira a los fondos de la seguridad social; para empezar, han congelado las pensiones; luego, echarán mano de las reservas técnicas pensionarias, y tras de eso disminuirán los apoyos a los servicios médicos y de prestaciones sociales de las instituciones encargadas de brindar este servicio público. Olvidan o interesadamente fingen hacerlo, que cuando mejor funciona la seguridad social es precisamente en épocas de crisis, al ser un instrumento eficaz e invaluable de la política económica y social de todo Estado.

Al ser tan notorio el decaimiento del empleo formal —ése tipo de trabajo que la OIT prefiere llamarle empleo decente, que es de duración indefinida, con prestaciones legales completas  y protección social incluida—, la idea gira ya no en torno a la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se enfoca a la preservación de los ya existentes, decrementando prestaciones. El poco trabajo que se crea es precario y de duración determinada.

Este fenómeno socioeconómico se ha agudizado de un tiempo a la fecha, hay qué decirlo, debido a las nuevas formas de producción en este mundo hiper-tecnologizado que han transformado el mundo del trabajo contemporáneo y la producción de bienes o servicios. Lamentablemente tan brusco cambio le ha ganado la partida a las normativas legales vigentes en materia laboral y de seguridad social, pues no han logrado regularle de manera efectiva y oportuna, demostrando en los hechos que la realidad es siempre más sabia que el Derecho.

Cierto, la aparición de sofisticadas figuras jurídicas sin efectivo control legal laboral —que son fruto del ingenio del ser humano y paradójicamente puestas al servicio del capital que actúa sin sentido humano—, apuntan siempre hacia una evidente tercerización laboral, es decir, a una “triangulación” simulada de obligaciones que en no pocas ocasiones constituyen un fraude a la legislación laboral y de seguridad social y a sus principios jurídicos rectores. Su uso indiscriminado impacta inevitablemente en la recaudación necesaria para el financiamiento de la seguridad social, pues su fin es ése: librar de todo tipo de obligaciones a los empleadores, recipiendarios directos del trabajo subordinado, difuminando las responsabilidades inherentes a tal situación jurídica.

El elenco de estas singulares formas de entender el trabajo contemporáneo es grande: desde el mítico outsourcing —surgido en Inglaterra a inicios de la década de los años ochenta del siglo XX—, pasando por el arrendamiento de servicios, la subcontratación laboral subterránea, el suministro de mano de obra temporal o permanente, el staff leaisng, el pay rolling, las cooperativas de trabajo asociado, la empresas pagadoras, el downsizing aplicado en extremo, el contrato de distribución o el franchising, y hasta llegar a lo más sofisticado y actual como lo es el crowdsourcing —en donde al través de uso del Internet se convoca a muchedumbres anónimas para que aporten desde su ordenador personal ideas acerca de ciertos temas o asuntos, retribuyéndose económicamente la mejor pero sin que el resto obtenga pago salarial ni protección social—, han convertido a la nefasta costumbre de derivar responsabilidades a terceros empleadores de papel insolventes en moda, siendo éstas actividades altamente perniciosas que han cobrado ya carta de naturalización en el mercado de trabajo mundial y cuyos efectos son desastrosos para el financiamiento de la seguridad social.

Tales figuras jurídicas, de aparente naturaleza civil y/o mercantil pero con un notorio trasfondo laboral, son ideas geniales que utilizan para su provecho particular la hiper-tecnología, buscando en el nuevo proceso productivo el producir más con menos en aras de posicionarse mejor globalmente.

Se busca a toda costa alcanzar una flexibilización laboral para escapar de la rigidez normativa laboral existente, sin que hasta ahora ningún país haya sido capaz de ponerle freno a esta actitud inhumana, en donde vuelven a aparecer algunas formas de esclavitud moderna que creímos superadas. La desregulación laboral es también un constante a lo largo y ancho del planeta. Al respecto, los Estados y hasta los propios organismos internacionales del empleo se muestran incapaces para regular de manera efectiva estas nuevas formas laborales por un sinfín de causas.

Con ser eso malo, no es lo peor. Lo verdaderamente grave es que tras el disfrazamiento del empleo subordinado, se haya permitido que la seguridad social forme parte de la negociaciones laborales (esto es: si se afilia o no el operario subordinado, si se paga o no este servicio que teóricamente es irrenunciable e inalienable). Se trata de una conducta nefasta que abusa sin piedad del estado de necesidad del trabajador que debiera ser perseguida y sancionada, hasta desterrarla para siempre.   

El punto crucial a observar es que las formas y los métodos de producción han cambiado drásticamente, y lo que antes era hoy ya no es; de alguna manera pareciera que las reminiscencias del Taylorismo como organización laboral, o del Fordismo y su trabajo en serie, aún no terminan de desaparecer del todo de la mente de quienes piensan, por supuesto que sin razón, que las cosas continúan siendo como antaño. Empero, aquella célebre frase atribuida a Henry Ford: “para trabajar yo busco dos brazos, no un cerebro”, de plano que no va más, y menos ahora en plena era del conocimiento.

Así  las cosas, el empleo decente es prácticamente una falacia, o mejor todavía: una especie en peligro de extinción. Los mismos gobernantes pretendan ocultar esta realidad mundial a sus gobernados mediante “Programas de empleo” ilusorios, pues mucho del empleo que se crea es simple maquillaje para fines meramente estadísticos, un trabajo temporal y precario creado artificialmente por el propio Estado sin entender que esto no resuelve el problema de fondo sino que lo disfraza. Aunque suene extraño, no es al Estado a quien le toca crear fuentes empleo, sino generar las condiciones políticas, económicas, fiscales, administrativas y de buen entorno laboral entre los factores de la producción, necesarias para alentar la inversión productiva y la creación de empleo digno. Y para ello desde luego se requiere implementar reformas estructurales de largo aliento.

Considérese que ante la falta de empleo formal, se alienta la creación del trabajo informal y la auto-ocupación en el sector informal de la economía; un sector social que muy rara vez alcanza a proteger la seguridad social nacional pese a su innegable influencia en la economía. Hay países —Bolivia, es un buen ejemplo de ello— en donde la informalidad laboral alcanza hasta el 80%, y naturalmente que este sector no está protegido por la seguridad social.

Las lecciones que los fenómenos políticos, sociales, económicos y laborales en este mundo hiper-tecnologizado nos han legado en los últimos años, obligan a que tomemos plena conciencia de la urgente necesidad de adoptar medidas drásticas de contención y búsqueda de soluciones a tan sentidas problemáticas sociales. Ello porque ha quedado perfectamente demostrado tras la colosal crisis financiera y económica mundial de 2008 —de alguna manera mayor al mítico “crack bursátil” de 1929—, que lo que uno haga afecta al otro, así sean éstos países, instituciones, empresas o individuos quienes actúen irracionalmente y con excesivos afanes de lucro, pues no vivimos en ínsulas sino en una “aldea global” como bien definiera al planeta Marshall Mc Luhan.

Guste o no la idea, también ha quedado plenamente demostrado que Adam Smith estaba equivocado en sus teorías económicas: Estado y Mercado persiguen fines muy distintos, y no es verdad que “la mano invisible del Mercado” (sic) fuese capaz de regularse a sí mismo eficazmente. Por lo tanto, compete al Estado regular al Mercado, aunque haciéndolo de manera prudente a fin de que su injerencia no impida el buen desarrollo del mismo ni intente suplirlo, pues el Estado productor de bienes y servicios en la práctica tampoco fue una buena idea debido al monopolio ejercido y a la enorme ineficiencia de gestión mostrada.

Tan ominoso escenario mundial nos obliga pues a la búsqueda de nuevas formas de financiamiento para la seguridad social contemporánea, desligadas del empleo formal, dándose pasos decisivos para impedir su eventual desfinanciamiento ante el inevitable impago de los típicos “aportes a la seguridad social” que provoca el desempleo y las nuevas formas laborales sin control legal efectivo. Es conveniente buscar nuevas fuentes de financiamiento alternativas a fin de preservar dicho sistema protector social. Sólo así evitaremos que se socaven de raíz los cimientos en que descansa este servicio público esencial para la población.

1. La notoria ausencia de identidad de la seguridad social contemporánea.

Vistas las circunstancias, la pregunta pertinente a plantear es simple, y de su acertada respuesta dependerá en gran medida la solución al problema planteado: ¿Qué es hoy la seguridad social contemporánea del siglo XXI? Esa es la pregunta clave que debemos formularnos todos los segurólogos sociales del planeta.

La búsqueda de la genuina identidad de la seguridad social contemporánea es una tarea compleja que no debe quedar en manos de en un grupo social o sector predeterminado (gobernantes, legisladores, jueces, actores e interlocutores sociales, organizaciones de empleadores o sindicatos, gestores de la seguridad social, etc.), ni tampoco, por razones de pertinencia ideológica debe recaer en un segmento académico específico (economistas, actuarios, sociólogos, médicos, administradores, contables o juristas); la interdisciplinariedad es un facto primordial para efectuar diagnósticos correctos e integrales que permitan formular propuestas viables y factibles de solución al analizarse este problema integralmente, siempre desde distintos ángulos y bajo diversas ópticas.

Porque si la seguridad social actual es fruto de siglos enteros de búsqueda de la anhelada protección en contra de las vicisitudes de la vida en sociedad en este mundo riesgoso que habitamos, entonces no hay excusa para trabajar armónicamente en equipo, sin prejuicios ni cargas ideológicas preconcebidas, tratando de adaptar este magnífico manto protector a las necesidades cambiantes del mundo actual y del mañana, con base en la experiencia obtenida en más de un siglo de operación de la seguridad social.

Debemos encontrar pronto el sentido y la genuina identidad contemporánea del servicio público de la seguridad social, entendiendo no sólo qué es, sino también para qué nos sirve o debería servirnos. Si el mundo laboral se ha trasformado tan drásticamente, ¿qué nos mueve a pensar que la seguridad social que le ha acompañado desde hace poco más de un siglo no ha cambiado o debe hacerlo para reinventarse?

Conste que no se trata sólo de definirle para encasillarle teóricamente para meros fines académicos; pese a todo, es probable es que la gente no sepa definir qué es la seguridad social, pero ciertamente sí  que entiende para que le sirve, especialmente cuando disfruta de sus prestaciones. Al igual que sucede con el esquivo concepto de derechos humanos —y la seguridad social es uno de ellos, que conste—, mejor que definirle será entender qué es, terminando así con las confusiones en esta “Torre de Babel” en que se ha convertido la seguridad social actual de un tiempo a la fecha.

Es verdad que alrededor de la seguridad social hay demasiados intereses en juego, pero el espinoso tema de la sostenibilidad debe ser prioritario; si no es financiable este servicio público, corre el riesgo de desaparecer. Por ello la necesidad de redefinirle a fin de poder reconstruirle conceptualmente primero, y luego, conforme a nuestras propias necesidades y posibilidades socioeconómicas reales, adecuarla de la mejor manera en nuestra normatividad nacional interna a partir del eje en el cual ineluctablemente debe gravitar siempre este magnífico manto protector: la solidaridad. Porque sin solidaridad no puede haber seguridad social posible… acaso habría alguna cosa —cualquier otra cosa, incluso una sofisticada mezcla que pudiese hasta parecérsele—, pero no existiría una genuina y auténtica seguridad social.

De manera pues que conviene encontrar pronto la identidad perdida al paso del tiempo de nuestra actual seguridad social, la que de suyo, siendo objetivos, muy poco tiene qué ver ya con los primarios seguros sociales “Bismarckianos” de finales del siglo XIX, pues los esquemas protectores ideados no son inmutables sino evolutivos en grado sumo conforme a las circunstancias del momento. Cierto, los seguros sociales son los “instrumentos” de que se sirve la seguridad social para intentar ser lo que debería ser —y que por desgracia no es todavía—, y son a la vez su antecedente histórico, pero no más.

Ante la constante evolución y necesaria adaptación que ha sufrido por obvias razones la seguridad social tradicional a estas alturas —drásticos cambios que con mayor razón nos obligan a efectuar una nueva reconceptualización de este sistema protector por excelencia, se insiste—, debemos de reconocer que no sólo sus ideales y propósitos, sino sus resultados e impacto se han alejado demasiado de la entelequia del modelo “Beveridgeano” de 1942, e incluso de la llamada “Norma Mínima de Seguridad Social”, contenida en el Convenio 102 de la OIT, que data de 1952.

Cada uno de tales antecedentes históricos precitados fueron diseñados y útiles en la vertebración de sistemas de seguros sociales funcionales en su tiempo, pero han dejado de ser realmente efectivos por razones multifactoriales al ser rebasados por las actuales circunstancias; por ello, los enormes problemas que resienten nuestros sistemas nacionales al haber transitado de los primarios seguros sociales a la seguridad social contemporánea, demuestran que éstos requieren con urgencia de ajustes estructurales inteligentes para adecuarse a las actuales circunstancias del mundo del siglo XXI. La regla de oro de la administración de todo seguro es que no se cambie lo que funciona bien, pero que se cambie lo que ya no funciona. Así de simple.

Por lo demás, se percibe además de un palpable deterioro en los sistemas de protección social instrumentados, un abierto e injustificado abandono del Estado como garante y responsable que es de éste servicio público, acaso al haber perdido de vista el que la seguridad social no es un gasto sino una inversión en lo mejor que tiene un pueblo, que es su gente.

Asimismo, los drásticos golpes de timón resentidos en los modelos de que se sirve la seguridad social digamos que tradicional, junto a la tardanza en el reconocimiento de problemas estructurales en el diseño de los seguros sociales —sin pasar desapercibido el manipuleo político de que ha sido objeto de unos años a la fecha—, le han borrado a la seguridad social su careta y fisonomía habitual hasta el grado de volverle ahora prácticamente irreconocible a quienes le hemos venido observando de cerca desde hace ya muchos años.

Se ha dicho insistentemente que la seguridad social futura es ya financieramente inviable, aunque no siempre una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Empero, la tesis netamente economicista de su eventual infinanciabilidad futura es sólo una falacia; dinero siempre habrán para financiar la seguridad social, por más limitada que sea la economía de cualquier país, siempre a condición de que el “factor político” —que es clave en la toma de decisiones en este tipo de asuntos sociales de gran envergadura—, esté dispuesto a jerarquizar y priorizar sus objetivos a mediano y largo plazos.

No obstante, más allá de lo que haga cada país al respecto, lo cierto es que compete a los organismos mundiales como la AISS el delinear políticas y programas generales congruentes con la realidad actual, que sienten las bases de las tendencias actuales de impacto internacional y las prioridades en las tareas a acometer en este delicado rubro tan incomprendido como ignorado.

Ésta es, en síntesis, la actual encrucijada existencial de la seguridad social contemporánea: dilucidar qué es, cómo se estructura, para qué sirve, cómo debe operar, a quiénes debe proteger, y de qué manera debe ser financiada.

Por cierto, como el asunto de dilucidarlo es un reto enorme y el problema es de todos sin distingo de raza, sexo o credo, a todos nos toca asumir responsabilidades ante lo colosal del desafío. A fin de cuentas el problema es global y lo sepamos o no, lo entendamos o no, de alguna manera todos los habitantes de un país directa o indirectamente terminamos aportando y contribuyendo con nuestros impuestos al sostenimiento de los sistemas de seguridad social nacionales. ¡Pues eso!

1. La financiación de la seguridad social del futuro.

Respecto de la sostenibilidad y consiguiente financiación de la seguridad social, ¿cuál es la mejor manera de costear este servicio público en un mundo de desempleo abierto?, un servicio público que teóricamente es un redistribuidor del ingreso nacional, un instrumento del desarrollo económico y social sostenible, y una herramienta efectiva de las políticas nacionales en épocas de crisis como la que ahora atraviesa el planeta. Desde luego que la pregunta es simple, pero la respuesta es bastante compleja. Veamos porqué.

La sostenibilidad de la seguridad social es un asunto medular dentro de la problemática general que afronta cualquier nación, junto a los embates que interesadamente resiente dicho servicio público por quienes buscan su eventual desaparición —asunto éste demostrable ante el desmantelamiento sistemático del que ha sido objeto en algunos países, sobre todo Latinoamericanos—. Importa destacar que éste asunto de la sostenibilidad presente y futura de este servicio público, forma parte del compromiso de la AISS por alcanzar una seguridad social dinámica y seguir el camino vital de su progreso, —una temática abordada también  en el <<Foro Mundial de la Seguridad Social>> de Moscú, en septiembre de 2007—. De manera pues que el tema financiero es de enorme trascendencia.

Por caro que pueda parecer este servicio público, lo cierto es que vale mucho más de lo que cuesta. Tradicionalmente se efectúa su financiamiento de muy diversas maneras, acorde a las prioridades de protección y las posibilidades socio-económicas de cada nación. Aún a riesgo de caer en reduccionismos o generalizaciones peligrosas, tratando de focalizar adecuadamente el tema diremos que las principales fuentes de ingreso para costar la seguridad social son 4, a saber:

a) Las cotizaciones de los empleadores y trabajadores como principales recipiendarios del servicio —que no los únicos, que conste—, junto con los aportes efectuados a manera de contraprestación por quienes se benefician de manera directa de este servicio;

b) Las aportaciones públicas del Estado, recaudados ya sea mediante impuestos con afectación específica o no, o bien al través de subsidios fiscales, efectuados periódicamente y en ambos casos prevenientes del erario, destinados como es lógico suponer al llamado “gasto público social”;

c) Los rendimientos obtenidos de las inversiones de los activos financieros del seguro social operador del mismo —salvo desde luego en los modelos de capitalización individual, por obvias razones—; y,

d) Los gastos privados directos, tales como las primas de seguro, los ahorros voluntarios para pensiones, los gastos directos en el rubro de salud, etc.

En este punto, experiencias de países exitosos con sistemas de seguridad social sólidos, demuestran que más que el propio modelo adoptado o los pilares en que se sustente el sistema, reviste capital importancia la correcta elección de los mecanismos de su financiamiento. De manera muy simple diremos que en cuanto atañe al aspecto meramente prestacional, los niveles en que suele brindarse el servicio público de la seguridad social contemporánea —y en cierto modo costearse—, es el siguiente, elementalmente explicado para su  comprensión propedéutica:

~ Un primer nivel, público, general, de tipo asistencial, que es financiado vía impuestos. Podríamos decir que es algo así como un “primer escalón de acceso” a la seguridad social, también conocido como la asistencia social de la seguridad social;

~ Un segundo nivel, también público aunque éste es específico y obligatorio, típico del tradicional modelo de reparto o fondo común solidario, costeado mediante “cuotas” ó aportes de seguridad social de índole tripartito (a cargo de empleadores, operarios y el Estado), inexorablemente ligados al empleo formal o regulado, y sin perjuicio de extenderlo a otros grupos sociales productivos que el Estado considera proteger; y,

~ Un tercer nivel, complementario, generalmente de índole voluntario aunque en algunos países es obligatorio, al través de pagos privados directos o ahorros efectuados a los fondos de retiro y/o pensiones con administración privada, para adquirir el asegurado su propia pensión llegado el retiro.

Esto se ha hecho generalmente así a lo largo de la historia, pero pensamos que no debe seguir costeándose de esta manera. La mejor forma de financiar este servicio público en el futuro, es “deslaboralizando” la seguridad social en un mundo de abierto desempleo. Así, por un lado ya no seguirá atada al trabajo formal, ahora en franca decadencia, con objeto de que no se afecten más las finanzas de las instituciones operadoras como consecuencia inmediata y directa de tan sentida realidad mundial —misma que no es factible modificar por simple decreto—; y, por el otro lado, tratando de alcanzar su verdadera universalización, cabría proponer ahora que en vez del pago de aportaciones especiales a la seguridad social, de índole tripartita y que impactan en la nómina de las empresas en épocas difíciles, conviene costear este servicio público vía impuestos generales, en una franca y abierta solidaridad social de todos —así sea ésta forzada—, se esté o no vinculado a una relación de trabajo subordinado.

Bajo esta nueva política socioeconómica, la idea de fondo es que paguen más impuestos destinados a costear la seguridad social quienes más ingresos tengan, y en su caso que queden exentos de hacerlo quienes carezcan de ingresos qué gravar.

Esto haría que toda la colectividad, quien a fin de cuentas es directa o indirectamente beneficiada por la operación de dicho sistema protector —esté o no asegurada—, mediante su aportación impositiva pre etiquetada ex profeso para financiar la seguridad social nacional, sabrá lo mucho que cuesta cubrir este servicio público pero también lo mucho que le sirve, apreciándolo de mejor manera y coadyuvando a cuidarlo al valorarlo a plenitud. Porque lo que no cuesta suele no ser valorado.

Proponer solventar el coste de la seguridad social nacional vía impositiva exclusivamente no es una idea nueva; a partir de Inglaterra son muchos los países que ya lo hacen al destinar una parte de sus ingresos fiscales para ello. Sin embrago, lo que sí es novedoso es la idea de abandonar la rebasada idea de continuar costeándolo mediante aportaciones de seguridad social ligadas a la nómina —y por ende atarle sin razón al empleo formal—. Si el derecho humano al acceso a la seguridad social es de todos, más allá de su quehacer habitual o productividad mostrada, entonces que se universalice este servicio público pero que a su vez todos paguen impuestos para financiarlo, respetando siempre el trato jurídicamente diferenciado a que propende el Derecho Social intentando igualar los desniveles naturales de los segures humanos bajo la premisa de darle más al quien más necesita, menos al que necesita menos, y nada al que afortunadamente nada necesita. Esta es la mejor expresión de la seguridad social.

Desde luego nos esperanza que éstas ideas, debidamente meditadas y reelaboradas, puedan dar origen luego a un Programa especifico por parte de la AISS, en el cual se sugiera a todos los países u organizaciones a ella adheridos, exploren con objetividad y sin prejuicios la vía impositiva directa intentando unificar criterios internacionalmente, no sólo en el aspecto prestacional de la seguridad social, sino también los criterios de financiamiento que es, sin duda, el mayor problema de los países del planeta. ¿Qué existe una mejor probada manera de financiar la seguridad social? Pues entonces, con toda la información debidamente procesada de que dispone la AISS tras operar con eficiencia desde 1927, que lo diga con claridad y ya está, porque se trata de convencer, no de vencer. Los Estados y los propios gestores de la seguridad social lo que requieren es información confiable y actualizada para una mejor toma de decisiones. Decirlo, comentarlo, sugerirlo, no implica imposición, y sin embargo una buena idea sobre la cual trabajar responsablemente en un tema tan polémico como éste siempre será bienvenida.

Por lo demás, contrario a lo que podría suponerse, la propuesta aquí  efectuada acerca de cubrir exclusivamente el ingente coste de la seguridad social vía impuestos no intenta aumentar el elenco de tributos nacionales, sino apunta sólo a sustituir a la obligación contributiva ya existente (las clásicas aportaciones de seguridad social ligadas a la nómina), mediante el pago de impuestos generales para que, se esté o no en relación de dependencia laboral, destinar esta recaudación específicamente a financiar la seguridad social nacional, un servicio público que es de todos y para todos, no sólo de los trabajadores subordinados como prejuiciosamente se argumenta por sus más acervos críticos.

Los beneficios implícitos que traería aparejado sustituir la obsoleta forma de costar la seguridad social —los aportes ligados al empleo formal—, sustituyéndole por otro tributo que bien puede ser directo o indirecto, e incluso podría ir ligado a los impuestos sobre la renta o al consumo ya existentes en el país, obligarían a una nueva forma de entender este gasto público con sentido social, al destinarse un porcentaje predeterminado para sostener —y de ser posible, incrementar— los servicios o prestaciones que otorga la seguridad social instrumentada en el país, acorde siempre a las posibilidades económicas, culturales e idiosincrasia de éste. De tal manera que cada país decidiría soberanamente si para recaudar tales tributos utiliza impuestos pre existentes, o bien diseña un nuevo impuesto específico que sustituya a las cuotas obrero-empresariales ligadas a la nómina.

De esta manera el salario del trabajador subordinado será recibido por él íntegramente, sin retenciones ni descuentos para la seguridad social, un servicio público  que seguiría disfrutando; empero, al ahorrarse el pago de aportes el empresario, le quedará un margen mayor de ganancia mayor y tomará mejores decisiones respecto a la operación de su empresa. Esto automáticamente aumentaría la capacidad de consumo de bienes y de servicios, alentando un círculo virtuoso al fomentar el empleo formal y desalentando el uso de sofisticadas figuras jurídicas que buscan evadir el pago de aportes a la seguridad social nominal ante lo elevado de su coste, evitándose la creación de empleo precario de mala calidad. Y al final del ciclo económico-productivo, al no impactar el coste de la seguridad social en las nóminas, los bienes y servicios producidos tendrían precios más competitivos, ampliándose el margen de utilidad empresarial, pues su coste llega a representar hasta la cuarta parte del salario diario de un empleado subordinado.

Así  las cosas, el tema financiero de cualquier sistema de seguridad social es clave en su desarrollo e impacto colectivo, desde luego junto con los asuntos relativos a la gestión eficiente, políticas de racionalización del gasto, reordenación de prestaciones y reequilibrio de las cargas del sistema.

Insistimos que en vez de gravarse las nóminas, el sentido común dicta que debe atenderse a la riqueza real del contribuyente, donde quiera que éste se encuentre, siempre a partir de la solidaridad social y respetando en todo caso los principios de equidad y la proporcionalidad tributarias en el pago del impuesto para la seguridad social que se propone implementar a nivel mundial.

Por lo demás, cualquiera que fuese su coste real, jamás se debería confundir el valor con el precio de las cosas, pues el valor de la seguridad social es sencillamente inconmensurable. Recordemos aquí —por si alguna duda quedase a éste respecto—, la célebre frase que nos legara Otto Von Bismarck, creador del primer seguro social del planeta, al defender su proyecto cumbre ante el Parlamento alemán hacia finales del siglo XIX: “Por caro que parezca el seguro social  resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”. Mejor dicho, imposible.

La educación previsional jugará en todo esto un rol protagónico estelar. La idea central es que todos, gobernantes y gobernados entiendan de qué se trata este complejo asunto de la seguridad social contemporánea y futura, de manera tal que se impidan los errores estructurales del sistema y que, de haberlos, de toda buena fe sean detectados y corregidos de inmediato dichas falencias.

Porque los resultados de esta ancestral ignorancia e indiferencia han provocado que se hagan las cosas exactamente al revés a como la lógica imponía hacerlas, pues en vez de que la economía nacional sirva a la seguridad social coadyuvando a financiarle y a fortalecerle, han sido las mermadas finanzas de la seguridad social las que sirven para fortalecer la economía nacional; esto es por desgracia lo que ha ocurrido en muchos de los países de América Latina, así los discursos oficialistas intenten ocultar el problema de fondo negándose a reconocerlo. En este punto, la ausencia de valores de todo tipo —entre ellos la solidaridad social, hoy abiertamente cuestionada por grandes sectores productivos de una manera sospechosamente interesada—, nos pasa factura como sociedad organizada.

Precisamente por eso no es de extrañar el que la seguridad social sea algo de lo más inseguro que existe en este mundo riesgoso en que habitamos; más temprano que tarde pagaremos todos los altísimos precios del total abandono en que hemos tenido a la seguridad, quien en simple reciprocidad nos abandona ahora.

Hoy es un momento propicio para iniciar esta colosal tarea propuesta, pues las crisis son también espacios generadores de oportunidades; aprovechémoslo, pues la actual crisis económica y financiera global habrá de cambiar drásticamente las reglas económicas del juego productivo-laboral y hasta la actividad financiera mundial, cambiando de manos la riqueza y los grupos que otrora manejaban las finanzas y el comercio mundial. Porque tras ésta dolorosa sacudida global, el mundo nunca volverá a ser igual que antes, y entonces, si no es factible cambiar al mundo, entonces cambiemos nosotros para adaptarnos mejor a nuestro entorno y circunstancias actuales como la sociedad organizada que nos preciamos de ser. De ello dependerá en gran medida nuestro inquietante futuro.

1. Propuestas básicas acerca del tema abordado.

Con base en lo razonado, nos es posible formular enseguida algunas ideas, conclusiones y Propuestas básicas:

PRIMERA.- Las nuevas formas productivas junto a la penosa situación de desempleo mundial nos obliga a pensar ya en reconceptualizar, en la segunda década del siglo XXI, qué es y para qué deben servir los sistemas nacionales de seguridad social, considerando a este servicio público como lo que en realidad es: un derecho fundamental de la persona humana que es al cargo de Estado, acorde a lo estatuido por el artículo 22 y descrito con precisión en el artículo 25 de la <<Declaración Universal de los Derechos Humanos>> de la Organización de las Naciones Unidas, del 10 de diciembre de 1948.

La reconceptualización de la seguridad social contemporánea es un tema clave en todo el proceso de renovación que requiere este servicio público que, al menos por ahora, adolece de una identidad propia y perfectamente definida; lo que se busca es la evolución plena de la seguridad social en el complejo mundo actual, un sistema que no sea confundido conceptualmente con otras figuras jurídicas parecidas —que no iguales—, tales como: “protección social”, “asistencia social”, “previsión social laboral”, y otras análogas, cuyas fronteras son en la práctica más móviles de lo que podríamos suponer desde la simple teoría jurídico-social, sistemas protectores que suelen ser manipuladas políticamente a capricho del legislador o del gobernante en turno.

SEGUNDA.- Por lo tanto, habrá qué efectuar también una exhaustiva reconceptualización de la protección social genérica —de la cual forman parte todas las figuras jurídicas prerreferidas—, para dimensionarlas y acotarlas, buscándose siempre su genuina identidad propia porque cada una de ellas tiene orígenes, propósitos, alcances y medios de financiación distintos, por lo cual son perfectamente diferenciables la una de la otra.

La enorme confusión conceptual provocada por la laxitud conceptual generada por falta de una adecuada ortodoxia jurídica, es aprovechada por muchos para “manipular” la seguridad social nacional, entremezclando ya por ignorancia o ya mala fe (a veces por ambas cosas) las distintas especies que integran la protección social genérica reconocida por la OIT, haciéndolo a conveniencia y generando a la larga un caos de figuras jurídicas que, insistimos en ello, son perfectamente definibles, hasta volverles un galimatías complicadísimo de interpretar y resolver en la práctica incluso hasta para la propia AISS, en esta peculiar “Torre de Babel” en que hemos convertido a la seguridad social, donde pensamos que hablamos de lo mismo pero no nos entendemos. Opinamos muy respetuosamente que no toda la protección social es seguridad social, como se nos ha hecho creer; porque la seguridad social forma parte de la protección social y no al revés. Atrevámonos a reconocerlo y a decirlo públicamente para no volver a extraviar el camino. 

TERCERA.- En reciprocidad al derecho humano inalienable de disfrutar del manto protector de la seguridad social, por razones de elemental congruencia habrá qué pensar también en las renovadas obligaciones del Estado con respecto de este servicio público fundamental, con la finalidad de que éste asuma su rol de garante, regulador y responsable final que le corresponde, teniendo en mente un objetivo perfectamente definido: que la seguridad social no deje de ser un derecho social exigible al Estado vía jurisdiccional, en caso de resultar necesario —más allá de que en su gestión intervengan empresas privadas con fines de lucro, pero sin que la participación de éstas le cueste a los recipiendarios del servicio—. Lo público y lo privado pueden coexistir armónicamente a condición de que la gestión se encuentre correctamente regulada en la normatividad legal aplicable.

De manera pues la figura jurídica de la subrogación administrativa en tareas específicas de seguridad social, será válida a partir de una única premisa: si el servicio brindado a los recipiendarios es satisfactorio, que se continúen delegando atribuciones específicas a las empresas privadas participantes en la gestión de la seguridad social; pero si no lo es, entonces quien debe responder siempre ante el ciudadano afectado debe ser el propio Estado, pues éste podrá repetir luego o exigir el cumplimiento cabal de obligaciones a la empresa subrogada omisa e incumplida.

CUARTA.- En tanto que para la persona humana la seguridad social es un derecho humano irrenunciable, inalienable e inextinguible, para el Estado debe ser un servicio público originariamente a su cargo —ya que por cada derecho debe haber un sujeto obligado a satisfacerlo—, y de cuya prestación en ningún caso podrá excusarse. Importa y mucho el que la ciudadanía confíe en un servicio público que esté correctamente planificado y debidamente estructurado; un servicio público que sea trasparente y rinda cuentas claras de su gestión; un sistema protector planeado para operar a mediano y largo plazos, que no esté sujeto a los vaivenes políticos y, por sobre todas las cosas: que no cambie las “reglas del juego” durante el juego por más duras que sean las crisis económicas —variantes e imponderables éstos que también pueden y deben ser previstos por cada país—. Hablamos aquí de responsabilidad y de credibilidad, dos aspectos trascendentes que hoy en día, siendo francos, la ciudadanía pone en duda

En este último punto, le importa al gobernado que se vuelva efectiva la figura jurídica de la latencia de derechos —esto es, que se respeten los derechos latentes del asegurado en proceso de consumación—, dejándose atrás la idea de simples “expectativas de derechos” (sic) no configurados todavía, como por desgracia se ha venido manejando este delicado tema en agravio de millones de personas a quienes sus pensiones le son reducidas y/o congeladas, o los servicios médicos institucionales le son negados condicionándolos al co-pago. Estas nuevas reglas que operen en todo caso para los nuevos asegurados que se incorporen al sistema, más no a los que ya estaban incorporados, a quienes les agravia la aplicación retroactiva de la legislación que modifica los requisitos de acceso a prestaciones de seguridad social. Esto en verdad que no se vale.

QUINTA.- Este servicio público vital, de innegable impacto social y económico, debe blindar antes que todo su viabilidad financiera presente y futura, financiándose de la mejor manera posible siempre mediante la indispensable solidaridad social —sin la cual no puede haber seguridad social posible—. El tema de su sostenibilidad es un asunto crucial que compete al Estado resolver al través de ideas claras y concisas que además sean viables y factibles de implementar en la práctica. Ya se sabe que en materia de seguridad social si el Estado no puede entonces nadie puede, como también se sabe que el reconocimiento del derecho es el valor de su garantía.

Así  las cosas, considerando que ante las circunstancias actuales ya no es pertinente seguir atando la sostenibilidad futura de este servicio público al empleo formal o regulado, debido a que el desempleo socava sin remedio las finanzas de las instituciones de seguridad social, la idea de fondo es tratar de universalizar el manto protector de la seguridad social —aunque sea en los servicios más básicos, como lo son salud y pensiones—, pensándose en nuevas formas de sufragar su ingente coste, por ejemplo sustituyendo con eficacia a los obsoletos “aportes de seguridad social” que por diversos factores han dio rebasados por la realidad y en la práctica ya no funcionan como es debido.

SEXTA.- Una idea ya probada con éxito en la creación de nuevos mecanismos generales de financiamiento lo son los impuestos. El punto medular de esta Ponencia es precisamente éste álgido tema, y por pertinencia metodológica, en obvio de repeticiones damos aquí por reproducidos los argumentos vertidos en párrafos precedentes como si se insertasen a la letra.

La manera más sencilla de hacerlo será costear la seguridad social vía impuestos generales, alcanzándose varios fines distintos a la vez: a) una responsabilidad indeclinable del Estado en su prestación y un efectivo control; b) una seguridad social nacional que sea factible, viable, positiva, pero sobre todo segura y confiable; y, c) una solidaridad social general que es indispensable en los tiempos actuales, más allá de si se tiene o no empleo, pues en todo caso el pago de impuestos que sostienen al Estado —esto es, a sus estructuras e instituciones—, es una obligación básica de toda la ciudadanía. La idea impositiva planteada no olvida preservar la plena observancia de los principios de la equidad y proporcionalidad fiscales, gravándose en vez de la nómina, la riqueza real de las personas físicas y/o jurídicas.

SÉPTIMA.- Finalmente, la grave situación financiera que afronta la seguridad social contemporánea obliga también al compromiso de toda la ciudadanía y al establecimiento consensuado de una política nacional de largo alcance, planeada democráticamente y sin ideologizaciones de ninguna índole para que pueda ser respetada a largo plazo, sin que incidan o lo impidan los problemas o la  alternancia política, estableciéndose los tramos de responsabilidades de cada quién en forma tal que nadie quede excluido del rumbo que tomará este asunto a futuro, un servicio público esencial para cualquier país.

Ello supondría una toma de conciencia nacional para que cada uno de nosotros pongamos manos a la obra en los quehaceres que nos competen, si bien la idea gira en torno a que a nivel Constitucional exista en cada país una normatividad legal específica que, por un lado vuelva un derecho social exigible a la seguridad social y, por el otro, determine responsabilidades por acción u omisión de quienes incumplan con sus tareas, sean legisladores, funcionarios públicos, impartidores de justicia, o simples ciudadanos.

DR. EN DCHO.  ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

~ Investigador Nacional y de la Universidad de Guadalajara (México)

~ Presidente Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’ (AIJDTSSGC)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONAFACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y CIENCIAS

HISTÓRICO JURÍDICAS

<<SEMINARIO IBEROAMERICANO:

MODERNIZAR EL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

UN RETO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA>>

BARCELONA, ESPAÑA, 19 DE MAYO DE 2010

TERCERA MESA DE PONENCIAS Y COLOQUIO:

<SEGURIDAD SOCIAL Y CRISIS ECONÓMICA>

PONENCIA:

“RETOS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPORÁNEA:

ENTRE LA REALIDAD Y LA UTOPÍA”

“RETOS Y DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPORÁNEA:

ENTRE LA REALIDAD Y LA UTOPÍA”

• • • “La seguridad social en cuanto al hombre, es un derecho; en cuanto al Estado, es una política; en cuanto a la ciencia jurídica, es una disciplina; en cuanto a la sociedad, es un factor de solidaridad; en cuanto a la administración, es un servicio público; en cuanto al desarrollo, un factor integrante de la política general; y en cuanto a la economía, es un factor de redistribución de la riqueza.”

Carlos Martí Bufill

Sumario: 1. Diagnóstico general del problema abordado. 2. La complejidad del estudio del Nuevo Derecho de la Seguridad Social. 3. Los retos y desafíos de la seguridad social contemporánea. 4. Perspectivas de nuestros sistemas de seguridad social Iberoamericanos. 5. La necesidad de terminar con la idea de la seguridad social utópica. 6. Algunas propuestas de solución a considerar. 7. Bibliografía.

1. Diagnóstico general del problema abordado. El servicio público de la seguridad social es sin duda una de las estrategias políticas, económicas y sociales más importantes para cualquier país del orbe, más allá del tipo de gobierno o del perfil ideológico de sus gobernantes; no obstante, hoy día el servicio público de la seguridad social contemporánea parece más un mero postulado de corte político rayano en entelequia, al no entenderse a cabalidad la trascendencia de lo que ella significa e implica, olvidándose casi siempre que se trata de un derecho humano y social inalienable e irrenunciable al cargo del Estado, como responsable primario y final del mismo, si atendemos a lo previsto en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.¹

En efecto, se aduce por sus críticos —casi siempre sin razón— que la seguridad social contemporánea es un catálogo de loables intenciones irrealizables que termina provocando efectos sociales adversos a los originalmente perseguidos, una utopía que de suyo resulta casi imposible materializar en la práctica debido a su elevado coste, aduciéndose su supuesta incosteabilidad futura como si el problema de la protección social fuese susceptible de reducirse a cuestiones económico-financieras; empero, todos sabemos que dinero siempre ha habido y habrá, que lo único que hace falta es aprender a jerarquizar las prioridades nacionales para atender lo importante en vez de lo urgente.

Ante este inquietante escenario, la primera interrogante clave a formularnos sería: ¿por qué la seguridad social es considerada más como una utopía en vez de ser una palpable realidad en este mundo riesgoso que habitamos? Para hallar una respuesta fiable, deberemos comenzar a desentrañar este enigma partiendo de un diagnóstico situacional claro y objetivo, realizando luego algunas consideraciones académicas pertinentes que nos ubiquen mejor y nos permitan luego plantear algunas propuestas viables de solución.

Pues bien, transcurrida ya la primera década del siglo XXI, muchas cosas de nuestra realidad política, económica, social nacionales nos han quedado en Iberoamérica. Cuatro de ellas son de capital importancia porque nos permiten efectuar un diagnóstico situacional objetivo del tipo de problemas con los que cotidianamente debemos lidiar los juslaboralistas y los segurólogos sociales:

1. La reciente crisis financiera mundial ha demostrado, amén de la fragilidad de nuestras economías, que es falsa la tesis economicista de que el Mercado se regula eficazmente a sí mismo. Con mucho dolor y empobrecimiento palpable, hemos podido constatar en carne propia que la globalización económica no persigue como objetivo principal el bienestar social; por el contrario, sus perniciosos efectos abren todavía más las enormes brechas existentes entre ricos y pobres, pues Estado y Mercado persiguen objetivos muy distintos. Es necesario —así a los economistas neoliberales no les guste la idea— que el Estado intervenga siempre de manera racional y oportuna en aras de regular al Mercado, atándoles de manera eficaz las manos a quienes se intentan pasar de listos para lucrar aprovechándose de las circunstancias y las necesidades del prójimo.²

1. Las nuevas formas laborales que ha adoptado el mundillo del trabajo, junto al fenómeno de la precariedad laboral —que por desgracia se ha vuelto regla y no excepción en el mundo entero—, han puesto en jaque a las políticas públicas de empleo subordinado tradicional y de suyo al sindicalismo, el cual es rebasado ante la ausencia de sintonía con la realidad y, para colmo, cada día se atomiza más. Así, ha declinado inevitablemente la otrora magnífica negociación colectiva, capaz de conseguir conquistas laborales para los operarios subordinados sindicalizados, logros que por cierto nos parecían permanentes a los juslaboralistas pero que la cruda realidad nos demuestra con hechos que no lo son, pues todo es negociable hoy día; todo, se dice, hasta las propias indemnizaciones legales por despido laboral injustificado que son irrenunciables e inalienables. Tratando de evitar liquidaciones laborales onerosas, en todo el orbe el empleo precario se convierte en la única alternativa confiable en materia de empleo (si es que lo hay, claro).

1. El fantasma del desempleo recorre el mundo como resultado de la gran crisis económica y financiera global, agudizada a partir de 2008, en una situación que se fue larvando calladamente debido al notorio desinterés de los Estados en ponerle freno a las feroces reglas del Mercado sin rostro humano; la crisis ha terminado por desnudar otro problema mayúsculo que ni los políticos ni los académicos supimos detectar a tiempo: el palpable incremento del auto-empleo (también llamado auto-ocupación o trabajo autónomo e informal), un enorme y complejo problema que nos demuestra con hechos notorios y datos irrefutables que los Derechos Laboral y de la Seguridad Social atraviesan ahora por momentos difíciles, y que es verdad lo que sostienen los múltiples críticos del Derecho Social: pese a las políticas injerencistas del Estado para nivelar las desigualdades naturales de los seres humanos, la realidad es más sabia que el Derecho; y,

1. Que por factores atribuibles a falta de previsión e inadecuada reacción ante el hecho irrefutable de la palpable deslaboralización de la seguridad social contemporánea,³ los países de Iberoamérica —muy en especial los de América Latina, cabría acotarlo—, adolecen de políticas públicas de largo aliento correctamente planificadas e instrumentadas, que brinden servicios efectivos de seguridad social básica dirigidos a dos de los sectores sociales más sensibles y por desgracia tradicionalmente no amparados por el manto protector de la seguridad social: 1) Los trabajadores migrantes que se internan o salen del territorio nacional debido a las tendencias actuales del imparable fenómeno de la migración laboral —sin perder de vista el flujo de la migración interna nacional, que en los países del área de la América morena es mayor a la emigración externa—;⁴ y, 2) Los trabajadores en la economía informal e incluso subterránea, individuos que salvo excepciones a duras penas sobreviven del auto-empleo o trabajo informal,⁵ un fenómeno éste que crece exponencialmente día tras día de manera incontenible, mientras que el llamado empleo decente decae de forma espectacular.

Desde luego que al diagnóstico general efectuado pueden añadirse un sinnúmero de causas y efectos perniciosos que inevitablemente inciden en recrudecer la problemática nacional y regional; no obstante, con lo anotado queda ya establecida la problemática social cotidiana que resienten tanto el empleo formal como la seguridad social en la región Iberoamericana.

2. Los retos y desafíos de la seguridad social contemporánea. Ante tan ominoso escenario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha enfocado sus mayores esfuerzos desde hace años, en efectuar un diagnóstico situacional de causa-efecto, tanto regional como global, haciendo propuestas diferenciadas de solución a tan preocupantes asuntos. A manera de ejemplo, recientemente y tratando de avanzar en lo que atañe al reto de la universalización de la cobertura de la población, la OIT ha propuesto el concepto de “piso de protección social” (sic), como una herramienta útil para la búsqueda de una mayor cobertura social.⁶

Llama poderosamente la atención que el máximo organismo mundial del empleo se avoque a la ingente tarea de promover que los países Miembros de dicha Organización analicen internamente las razones del crecimiento exponencial tanto del empleo como de la economía informales, tratando de regular de mejor manera el problema si acaso no es posible resolverlo, asumiendo compromisos serios ante los movimientos humanos trasnacionales y la constante migración humana laboral tanto interna como externa. No pasa desapercibido el que la OIT trabaje en la compleja temática de la protección social, haciendo especial énfasis en los servicios nacionales de seguridad social porque, a pesar de los notorios avances en la materia y los grandes esfuerzos desplegados por ampliar su cobertura, todavía no se ampara ni tan siquiera a la mitad del total de la población mundial; lo cual por sí mismo constituye todo un reto y un colosal desafío para esta generación en activo en relación con la venideras, asumiendo un franco compromiso solidario intergeneracional que es a todas luces impostergable.

Sin embargo, consideramos pertinente establecer que existe un enorme problema que al aparecer no se ha visualizado —o de plano no se ha querido reconocer, suponemos en que por motivos políticos—: lo que la OIT no ha terminado de entender es lo complicado que resulta, para el rubro de la protección social, luchar contra los inquietantes problemas referidos en el apartado anterior; especialmente cuando sostenemos nosotros que sin duda el mayor problema que afronta hoy día la seguridad social contemporánea tiene qué ver con su identidad.

La pregunta a plantear es simple y de su respuesta acertada depende en gran medida la solución: ¿Qué es hoy la seguridad social contemporánea del siglo XXI? Esa es la pregunta clave que debemos respondernos los académicos y más específicamente los segurólogos sociales.⁷

No hay duda de que la búsqueda de la genuina identidad de la seguridad social es un quehacer primordialmente académico, una tarea harto compleja que no debemos dejar en manos de los políticos —ni en los economistas, quienes han hecho propia de unos lustros a la fecha la misión de ser los “gurús” de la protección social en general, con resultados por cierto harto cuestionables—. A nuestro parecer, como estudiosos e investigadores en la materia, el mayor desafío consiste ahora en encontrar la verdadera identidad de este servicio público, entendiendo no sólo qué es, sino para qué nos sirve como colectividad organizada, más que por el simple afán de definirle y encasillarle teóricamente, para entender la imperiosa necesidad de que la vayamos construyendo conforme a nuestras necesidades y posibilidades, de manera responsable y siempre a partir del eje en el cual ineluctablemente gravita este magnífico manto protector: la solidaridad, porque sin ella de plano no puede haber seguridad social.⁸

Hablamos aquí nada menos que de una identidad perdida al paso del tiempo, la que muy poco tiene qué ver con los primarios seguros sociales “Bismarckianos” de finales del sigo XIX, pues naturalmente los esquemas protectores de los seres humanos, ideados por ellos y para ellos, no son inmutables. Aludimos aquí a la constante evolución que ha sufrido por obvias razones la seguridad social tradicional, lo que nos obliga a efectuar una nueva concepción y re-conceptualización de este sistema protector por excelencia, el que ahora vemos tan alejado de la entelequia de los modelos “Beveridgeanos” de mediados de siglo XX. Puntualizamos aquí entonces los problemas multifactoriales que resienten nuestros sistemas nacionales de protección colectiva al haber transitado de los primarios seguros sociales a la seguridad social, y que de repente se han estancado al no ser más lo que antaño creíamos que eran.

Será necesario considerar entonces, siempre de manera objetiva y sin prejuicios ideológicos, cómo han incidido en ella los embates que ha resentido a lo largo de poco más de una centuria, entre los que se incluyen la tendencia a la privatización de este servicio público desde hace ya tres décadas, junto a los problemas de gestión que ello trae consigo —incluyendo aquí los abiertos afanes de lucro de las empresas privadas participantes—; se percibe un abandono del Estado como su garante, responsable primario y final de dicho servicio publico, al perderse de vista que la seguridad social no es un gasto sino una inversión en lo mejor que tiene un pueblo, que es su gente. Por ende, la tesis netamente economicista de su eventual infinanciabilidad es sólo una falacia, o mejor dicho todavía: más nos valdría a todos que fuese una falacia dicha tesis.

Todo lo antes apuntado, lo que algunos críticos califican como un desastre al parecer irresoluble del mejor sistema humano ideado para proteger al individuo en un mundo tan riesgoso como el que habitamos y al cual solemos llamarle “seguridad social” —aunque por ahora no seamos capaces ni siquiera de definirla con exactitud—, se debe en buena medida a los drásticos golpes de timón resentidos cuando menos en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, a partir de que comenzara el sistemático ataque y eventual desmantelamiento de los seguros sociales tradicionales; seguro sociales que son nada menos que los instrumentos de que se sirve la seguridad social para intentar ser lo que debería ser y por desgracia no es. Ello, aunado a otros problemas de gran envergadura como por ejemplo el aumento de las variables demográficas y sanitarias debido al notorio incremento de la esperanza de vida o la aparición de nuevas enfermedades catastróficas —paradójicamente ambas variables un logro innegable de este sistema protector—, le han borrado su fisonomía habitual hasta el grado de volverle ahora prácticamente irreconocible a quienes le hemos venido observando de cerca desde hace años.

Ésa es pues la actual encrucijada existencial de la seguridad social contemporánea: dilucidar qué es, cómo se estructura, para qué sirve, cómo debe operar, a quiénes debe proteger y de qué manera debe ser financiada. Y que conste que el toral asunto de dilucidarlo no es un problema menor, sino un reto enorme que no puede ni debe ser afrontado por una persona o grupo de individuos, sino por todos ante lo colosal del desafío. A fin de cuentas el problema es de todos y es global, pues lo sepamos o no, todos directa o indirectamente terminamos contribuyendo a su sostenimiento.

Esto último nos orilla a pensar en renovadas obligaciones del Estado en materia del servicio público de seguridad social, a fin de que ésta no deje de ser un derecho social exigible al Estado debido a que la seguridad social utópica parece ser la constante en el discurso político que confunde en vez de clarificar las cosas. Importa sobremanera que la gente confíe en este servicio público correctamente planeado y estructurado, que sea financiable a mediano y largo plazos mediante la indispensable solidaridad social, sin la que no podría haber seguridad social posible.

Así las cosas, como bien podemos advertir, hay todavía un sinnúmero de interrogantes por plantear, y las ya planteadas están todavía en espera de respuestas concretas, sensatas, objetivas y fiables, de manera tal que al menos nos permitan atisbar una luz de esperanza al fondo del túnel. Confiamos en que cada quién cumpla a cabalidad, a partir de ahora, con el tramo de responsabilidad que le compete y deje de lavarse las manos frente a este sentido problema social.

3. Perspectivas de nuestros sistemas de seguridad social Iberoamericanos. Analizado objetivamente lo hasta aquí apuntado, a menudo olvidamos en Iberoamérica que los factores político, social, económico, financiero, cultural y de idiosincrasia nacional, son claves en cualquier diagnóstico o toma de decisiones acerca del eventual futuro de la seguridad social contemporánea.

De todos ellos —así nos orillen intencionadamente los políticos a creer la trascendencia del factor económico para escudarse en él—, lo cierto es que el factor político es prioritario, toda vez que si la voluntad de cambio no proviene de parte de quienes son titulares y ejercen el poder nacional, no habrá posibilidad alguna de cambio. Además, la representación de Partidos, sectores, comunidades o grupos de poder fáctico, es una condicionante para tomar acuerdos en materia de asuntos sociales (lo cual incluye al factor ideológico, pues es bien sabido que las derechas no gustan de los derechos, y que cuantos menos haya es mejor para ellos). Eso independientemente de que el tema de fondo sea acerca de la protección de la colectividad y el recipiendario natural del beneficio de este esquema lo sea precisamente la persona humana, un asunto que todo apunta tocaría resolver más bien a los humanistas en vez de la clase política, la cual acostumbra “medir” sus decisiones bajo la dura óptica del costo-beneficio, confundiendo casi siempre el valor con el precio de las cosas.

Es un hecho más que evidente que cuando la clase política tiene en sus manos la resolución de temas cruciales de gran impacto social como éste que ahora nos ocupa, suceden una de dos cosas —y a veces hasta las dos juntas—: a propósito politizan (¿Partidizan?) el tema, contaminándolo artificialmente y manoseándolo en los medios de comunicación masiva hasta que el proyecto de reformas estructurales o de simples ajustes que requiera el sistema de seguridad social, termina por ser una masa informe y confusa de datos, hasta llegar a volverse un galimatías ininteligible; o bien estratégicamente lo “guardan para una mejor ocasión” (sic), pues el tema de la seguridad social es rentable para la clase política, debido a que adorna magníficamente los discursos políticos y las promesas de campaña, lo cual coadyuva a la captura de votos en épocas electorales; ya pasada la elección habría qué ver si los políticos cumplen sus promesas hechas a la ciudadanía, pues siempre tendrán a la mano la salida fácil de argumentar la eventual falta de recursos económicos, como si el dinero fuese el principal problema de todo. Y claro está: el tema de la seguridad social, por crucial que resulte para la sociedad, para la clase política no lo es o no parece serlo.

Añádase al prealudido factor político otro gran problema de fondo que existe principalmente en Latinoamérica, el cual nos tocaría resolver a nosotros los académicos aunque por diversas razones —ninguna de ellas justificable, por cierto— no hemos podido o querido hacerlo: la indefinición conceptual con respecto de la temática específica de la protección social. Se explican enseguida las razones de dicha afirmación en lo que atañe a este espinoso tema que por cierto no es nuevo, haciéndose especial un énfasis en mi patria, México, que para bien o para mal suele servir de referencia Latinoamericana.

México fue la cuna de la primera Constitución “social” del planeta, misma que data desde inicios de 1917 —la cual ha sufrido poco más de 500 reformas a lo largo de más de ocho décadas de fructífera existencia—, pues en ella se plasmaron por vez primera los derechos sociales de la población, tales como la educación laica y gratuita, la reforma agraria para terminar con el pernicioso latifundio, y el ahora ya mítico artículo 123 Constitucional, base de los Derechos Laboral y el de Seguridad Social mexicanos que por su calidad alguna vez fueron producto de exportación para el resto de la América morena, quien se nutría de su doctrina y antaño novedosas figuras jurídicas aunque ahora mismo voltee poco a vernos ante el palpable rezago existente en ambas disciplinas jurídicas.

El punto clave es que poco a poco y por meras razones políticas, se han pervertido los aspectos conceptuales relativos a la genérica protección social,⁹ hasta el grado que la confusión entre conceptos semejantes mas no iguales ni equivalentes —tales como: asistencia social, previsión social y seguridad social—, es de lo más común en el país, al igual que sucede en otros países de la región Latinoamericana, entremezclándose, confundiéndose y traslapándose conceptos sin respeto alguno a la debida ortodoxia jurídica, cuyos penosos resultados son una peligrosa mezcolanza de criterios imposibles de parcelar o diferenciar dónde comienza la una y termina la otra. Claro que el punto del problema estriba en que cada figura jurídica tiene —esto ya lo sabemos—, un origen, un propósito, un campo de acción y un financiamiento específico, lo cual permite que sean complementarias sí, pero sin que jamás lleguen a ser lo mismo.

Recordemos que para la OIT la protección social se integra por cuatro esquemas o componentes básicos, a saber: a) asistencia social; b) previsión social laboral; c) seguridad social; y, d) sistemas de previsión privados complementarios.¹⁰

Sin embargo, como la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT en sus publicaciones suele advertirnos acerca de eventuales discrepancias en la terminología utilizada, respetando en todo lo que cada país establezca internamente sobre cada asunto en particular, en México la confusión conceptual o terminológica —duele tener qué reconocerlo ahora— es de lo más común; por no decir que es de suponerse que en no pocas ocasiones intencionadamente se propende a dicha confusión conceptual. Un par de ejemplos podrían clarificar mejor de qué estamos hablando ahora. En el Derecho Positivo mexicano una pensión de vejez no es equivalente a una jubilación laboral, ni la incapacidad permanente es sinónimo de invalidez laboral. En ambos casos planteados las figuras jurídicas no son iguales ni significan lo mismo, de tal manera que bien puede afirmarse que en México no nos jubila la seguridad social sino que ésta nos pensiona solamente por vejez o por cesantía en edad avanzada; y también puede decirse que nadie queda inválido por un riesgo de trabajo sino incapacitado permanentemente, pues para nosotros la invalidez no es de índole laboral ni importa el grado del resto físico que conserve el asegurado siniestrado, sino su ocupación y en todo caso las posibilidades de ingreso económico futuras.

Así las cosas, no obstante haber ratificado México 77 Convenios Internacionales (de los cuales 66 de ellos se hallan en vigor), en mi patria pareciera ser letra muerta la opinión de la OIT con respecto a la temática de la protección social genérica y sus componentes, pues por increíble que pudiera parecer, en un país con tantos blasones en materia de los Derechos Sociales y otrora punta de lanza en la llamada América morena, pese a obsequiarse a cabalidad el artículo 133 de nuestra Constitución Política mexicana y por ende ser tales Convenios derecho vigente,¹¹ sencillamente no es usual que las partes en un litigio laboral invoquen Convenios y/o Recomendaciones emanadas de la OIT y menos todavía importan sus opiniones a los entes encargados de impartir justicia en esta materia: las Juntas de Conciliación Arbitraje, de integración tripartita —no necesariamente conformadas por juristas peritos en la ciencia jurídica—, mismas que por ciento no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Hablamos, sí, de Derecho Positivo vigente en México en materia de trabajo y la protección social, pero que al estar fuera del texto legal, pareciera que tales criterios de observancia mundial no existen ni tan siquiera como precedente.

Al respecto recordemos que cuando la ciencia del Derecho se inserta en la seguridad social, ésta deja de ser una idea o un mero concepto filosófico para convertirse ya en norma obligatoria, de observancia para el propio Estado y los seguros sociales, y para los particulares, siendo un derecho social exigible al Estado ante los tribunales jurisdiccionales.¹² Prestaciones estas que son por completo distintas a la caridad o la tarea asistencialista que desarrolle el propio Estado a población abierta (léase: asistencia social), sin que necesariamente hablemos de una previsión social laboral negociada colectiva o individualmente, pues además no sólo los operarios son sujetos de afiliación forzosa al régimen obligatorio de la seguridad social básica. Todo lo cual nos demuestra que en la práctica sí importan —y mucho—, las sutiles diferencias conceptuales de esas figuras jurídicas, resultando necesario saber distinguirlas siempre. ¹³

Empero, la referida problemática conceptual, si bien es urgente, deberá ser siempre manejada paso a paso, metodológica, sistemática y planificadamente, sin prisas pero a la vez sin pausas; después de todo los problemas que han tardado muchos años en formarse es imposible revertirlos rápido, so pena de errar o equivocarse de nuevo con teorías inaplicables o peor aún, con la adopción de novedosas figuras de simple relumbrón que no resuelven los problemas de fondo.

Por eso precisamente se requiere pensar ya en reformas estructurales en la región, que integren de manera uniforme toda la normatividad existente en esta materia. Para ello habrá qué voltear a ver y observar con cuidado los resultados obtenidos con las reformas que Chile hizo en enero de 2008, dotando por fin al legendario “modelo chileno” de pensiones de la solidaridad de que antaño adolecía; y habrá qué analizar también con sumo cuidado la radical reforma efectuada por Argentina en diciembre del mismo año 2008, al estatalizar los fondos pensionarios, arrebatándoselos de a las administradoras privadas, garantizando legalmente a los asegurados y pensionados respeto irrestricto a sus derechos ganados —por lo que no es una “requisa” de fondos por parte del Estado, como algunos interesadamente sostienen—. Después de todo, 2008 resultó ser un año crucial en materia de la seguridad social, un tema no sólo para ser estudiado sino hasta copiado por el resto de los países del área geográfica Latinoamericana, aparte de analizarlo en cuanto a su impacto universal por la propia OIT y la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), en cuyo <<Foro Mundial de Moscú-2007>>, se arribó a una conclusión básica: la urgente necesidad de re-redefinir la seguridad social contemporánea, de lo cual hemos ya hablado en el apartado anterior.¹⁴

Ojalá que lo antes dicho no nos motive a emitir juicios apresurados. No sólo el punto de vista jurídico importa en esta compleja temática, pues la discusión interdisciplinaria en estos casos es más que conveniente, absolutamente indispensable. Cada tema puede y debe ser sometido a la discusión académica, y por polémico que pudiese resultar, deberá ser analizado con distintos enfoques y desde todos los ángulos posibles, pues en esto nadie está descartado y todas las opiniones cuentan, especialmente las de los llamados “nuevos actores sociales”, que rebasan el tradicional enfoque tripartito clásico —Estado, organizaciones de empleadores y de operarios—. Todos podemos y debemos opinar, cómo no.

Es a nosotros los académicos a quienes nos compete en principio la noble e ineludible tarea de plantear las preguntas correctas para intentar resolverlas luego, una por una, de manera responsable y comprometida, en conjunto con el resto de la sociedad; sólo así podremos hacer propuestas viables y factibles en la búsqueda de soluciones a tan ingentes problemas sociales afrontados, que es nuestro ineludible deber encarar lo más pronto posible. Es eso o soportar las consecuencias del desastre total cuando requiramos del servicio público de la seguridad social, que es acaso el más humano de todos los derechos humanos.

4. La complejidad del estudio del Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Ahora bien, si ya hablamos de una indefinición conceptual evidente con respecto a las diversas figuras jurídicas que integran la actual protección social, y también hicimos alusión a la notoria ausencia de identidad de la seguridad social (es decir: al conjunto de rasgos propios que le caracterizan frente a los demás esquemas protectores colectivos), nos referiremos en este apartado a un tema casi ignorado en el ámbito académico y universitario: la complejidad del estudio del Derecho de la Seguridad Social contemporáneo, un asunto rara vez analizado.

En cuanto atañe al aspecto propiamente jurídico de la seguridad social contemporánea, valdría la pena acotar que el actual Derecho de la Seguridad Social tiene, en lo general y como enseguida puntualizaremos, diversas facetas en realidad muy poco exploradas; debido a ello es que algunos autores e investigadores de tan compleja materia le hemos denominado como lo que pensamos que es en realidad: un Nuevo Derecho de la Seguridad Social, ¹⁵ distinto al que fue su precedente histórico, incomprendido e infravalorado a pesar de sus innegables avances que de suyo le colocan a la vanguardia del resto de los derechos sociales exigibles al Estado, por delante incluso del propio Derecho Laboral contemporáneo, aunque esta afirmación no agrade a los juslaboralistas.¹⁶

Este tema específico de la enorme dificultad que entraña el complejo proceso enseñanza / aprendizaje de esta abigarrada cuanto evolutiva disciplina, la asesoría jurídica integral a los diversos interesados, el ejercicio mismo del litigante en el correcto planteamiento de acciones y excepciones, el desempeño en cargos públicos inherentes a la seguridad social, así como la actividad legislativa o jurisdiccional en este tipo de temas, a muchos pudiese resultarle polémico pero lo cierto es que nuevo no es; al menos tiene tres décadas de estar en el tapete de las discusiones académicas, esencialmente a raíz de la palpable deslaboralización de la seguridad social, a la que por cierto hiciéramos referencia con anterioridad. O para decirlo de otra manera y para que mejor se entienda: los laboralistas a los asuntos laborales, y los segurólogos sociales a los asuntos de la seguridad social, que ésta no es más un simple añadido ni tampoco una especie de “apéndice” del Derecho del Trabajo, así históricamente hubiesen tenido ambas materias un origen común (en México, el mítico artículo 123 Constitucional).¹⁷

Después de todo, en el rubro de la protección social de los trabajadores, la previsión social es en primer lugar quien debiera encargarse de velar por ellos y por sus familias.¹⁸ Empero, tan reacios como somos los juristas a los cambios, debido a que nos sentimos confortables con nuestra singular manera de entender los fenómenos jurídicos de nuestro entorno cotidiano, no estamos habituados ni dispuestos tampoco a afrontar los drásticos cambios de una sociedad que exige adecuar el marco legal regulatorio laboral y de la seguridad social para afrontar de mejor manera los restos y desafíos de nuestra cambiante realidad.

Así que desde el aspecto académico y educativo, la ausencia de una adecuada sintonía entre la realidad respecto del marco regulatorio existente, pareciera ser una constante en toda Iberoamérica. Si bien, intentando ser justos, nos parece loable y hasta ejemplar que el reino de España haya signado, en abril de 1995, el coloquialmente denominado Pacto de Toledo, con todo lo que ello ha significado, para “blindar” las pensiones de seguridad social de las pasadas, las presente y las futuras generaciones. ¹⁹ Porque a pesar de las vicisitudes que hoy atraviesa España, debido entre otras cosas a la elevada tasa de desempleo que generara entre otras factores la reciente crisis económica mundial —cuyos efectos son al menos comparables con el “crack bursátil” de 1929—, lo cierto es que su sistema de seguridad social todavía es financieramente viable a largo plazo, a diferencia de la gran mayoría de los sistemas pensionarios Latinoamericanos que a duras penas se sostienen, y que para colmo paradójicamente se resisten a reconocerlo y a efectuar los ajustes estructurales que requieren con urgencia para subsistir a corto y mediano plazos.

De tal suerte que, aparte de las enormes dificultades propias que entraña el paradigmático asunto de la seguridad social, también la ausencia de una adecuada sincronía con el Derecho Laboral —generalmente aquélla está todavía ligada al empleo, debido a las cuotas gremiales que coadyuvan aún de manera importante a su eventual sostenimiento—, ha impactado fuertemente en todos los órdenes, sin que en la cátedra hagamos énfasis respecto a este asunto. Reconozcamos al menos que no hace mucho todavía, en el ejercicio docente cotidiano, éramos los profesores proclives a considerar como inmutables ideas y conceptos tales como la subordinación, considerándole elemento integrador sine que non de una relación laboral (un concepto que por otra parte, incluso nuestros insignes juslaboralistas, maestros de tantas generaciones de buenos Abogados, tendrían hoy grandes dificultades para apresarlo y encuadrarlo en los conceptos rígidos antaño utilizados cual “moldes” típicos).

¿Cómo se configura y demuestra la subordinación en ese quebradero de cabeza que es hoy el tele-trabajo, en este mundo híper tecnologizado en que vivimos? Porque seguir enseñando el viejo Derecho Laboral en estos tiempos nuevos que corren, es como utilizar viejos odres para vinos nuevos; el resultado suele ser desastroso. El resultado es más que evidente: la globalización educativa, producto indiscutible de los procesos de la inevitable mundialización, nos obliga a los juslaboralistas y segurólogos sociales que ejercemos la cátedra y/o la investigación jurídica, a adecuarnos a entornos cada vez más cambiantes, mismos que por su evolución orilla a flexibilizar nuestras anquilosadas posturas de antaño.

Habiendo llegado a este punto, es cuestionable que en la cátedra cotidiana sigamos enseñando los Derechos del Trabajo y, el de la Seguridad Social basándonos en obras y conceptos rebasados por nuestra inquietante realidad contemporánea, misma que suele escapar de la regulación legal; advirtamos pues la urgencia de que modifiquemos ideas y nuestro discurso magisterial, pues los educandos captan sin remedio que la doctrina jurídica y las normas legales y regulatorias existentes, no se apegan en lo absoluto a nuestro entorno cotidiano.

Porque para muchos de nosotros —visto el punto con espíritu crítico propositivo—, lo que aprendimos como alumnos hace ya décadas, muy poco nos sirve ahora al tener poco qué ver con nuestra sentida realidad en esta era híper tecnológica en que vivimos. En esto no hay duda, estamos en una era inédita en la que a veces nuestra generación parece más un náufrago que cibernauta navegando en el agitado mar de la información; o dicho de otra manera: por razones de edad somos una especie de “analfabetas funcionales” frente a la internet y el ordenador personal. De manera pues que no sólo el trabajo subordinado ha “mudado de piel”; también ha cambiado radicalmente la manera de concebir e interpretar los fenómenos jurídicos laborales y de la protección social, debido a un sinfín de razones que por cuestiones de mera pertinencia metodológica no comentaremos más pero que finalmente todos comprendemos.

Ente ese sombrío panorama actual —una constante en la segunda década del siglo XXI—, la interrogante pertinente inicialmente planteada en este apartado merece pues una respuesta seria y consistente: ¿por qué resulta tan complejo ahora el estudio del Derecho de la Seguridad Social contemporáneo? Y la respuesta, nada sencilla por cierto, debemos ofrecerla tratando de provocar la reflexión serena de nuestros pares, de las comunidades Universitarias y los funcionarios públicos, de los actores sociales y hasta de la sociedad en general. Es harto complejo su estudio, análisis y eventual comprensión debido a la evolución natural de nuestras sociedades, al entorno general de la mundialización en todos los órdenes, junto al inevitable cambio de las variables demográficas y sanitarias que inciden en este magno sistema protector. Cierto, al paso de los años la hemos desnaturalizado acaso sin pretenderlo, primando el medio y la forma sobre los asuntos de fondo y su finalidad, una finalidad que por cierto no es económica sino humana.

Afirmamos entonces que no hay una única manera de “hacer” la seguridad social, ni tampoco de analizarla, estudiarla e impartirla en aula.²⁰ La dispersión del proceso enseñanza/aprendizaje se vuelve tortuosa porque cada uno le otorgamos un valor personal en lo que se refiere a su importancia y trascendencia, siendo en esta medida como cada uno la entiende, la imparte o la aprende. Para colmo de males, la seguridad social sigue siendo para muchos una especie de “apéndice” o simple añadido complementario en el curso del Derecho del Trabajo, y de suyo hasta en los eventos académicos ocupa casi siempre un segundo lugar de relleno.

En lo que ahora más nos interesa destacar, la principal interrogante académica en este complicado escenario sería la siguiente: ¿desde qué perspectiva queremos analizar el tema de una eventual reforma de la seguridad social Iberoamericana? ¿Perspectiva humana, política, jurídica, social, administrativa, económica? Y suponiendo que como juristas que somos nos inclinemos a hacerlo desde su perspectiva jurídica, por anticipado habría qué resolver en todo caso en esta encrucijada existencial en que inevitablemente nos encontraríamos los juristas —siempre dependiendo de nuestras preferencias—, cuál de todos los ángulos nos interesa e importa más:

• ¿Derecho Laboral y/o Burocrático? (Abogado juslaboralista);
• ¿Derecho Tributario? (Abogado especialista en materia tributaria);
• ¿Derecho Administrativo? (Abogado experto en temas administrativos);
• ¿Derecho Económico? (Abogado especialista en temas económicos);
• ¿Derecho Financiero? (Abogado experto en Finanzas).

Ello porque la nueva seguridad social contemporánea, cual si fuese una pirámide pentagonal, tiene 5 lados o caras, las cuales en su conjunto solemos analizar cotidianamente los segurólogos sociales. Al punto se añade que inevitablemente nuestra personal percepción del problema a dilucidar dependerá siempre del ángulo desde el cual observemos dicha pirámide pentagonal por cuestiones de ubicación o de preferencia individual —esto es, del perfil profesional que nos haya tocado cultivar atendiendo a nuestra situación frente al espinoso asunto de la seguridad social—.²¹ De suerte pues que dependerá del interés específico que tengamos en esta materia o del que nos competa tener respecto del inquietante asunto de la seguridad social contemporánea, condicionado a lo que nos interese ver, saber y entender del mismo.

Porque puestos a observar a nivel la imaginaria pirámide pentagonal que es la seguridad social hoy día, normalmente a lo sumo podremos observar a la vez dos de sus caras, no más. Acaso sólo los académicos estemos obligados a observar siempre, de manera integral y en su conjunto, esta figurada pirámide pentagonal en que se ha convertido al paso del tiempo la seguridad social contemporánea, lo cual se logrará siempre a condición de visualizar desde arriba a esta peculiar pirámide de cinco ángulos y cinco líneas o lados, un sólido geométrico complejo que, insistimos en la idea, a cada uno nos suele mostrar tan sólo una de sus múltiples caras o facetas. Todo esto —ligado a la confusión conceptual existente en el rubro de la protección social, aunado a la indefinición de lo que es la seguridad social actual—, nos conduce irremisiblemente a permanecer en una especie de Torre de Babel en donde entendernos resulta casi un imposible; por eso es tan complicado entender la seguridad social actual, un polémico tema polifacético que tiene tantas aristas e intereses en juego, con tan pocos puntos fiables de asidero.

Finalmente, para no extraviarnos en la idea de la imaginaria pirámide pentagonal, ruego a Usted que haga un sencillo ejercicio personal. Determine objetivamente dónde está ubicado con respecto del problema de la seguridad social contemporánea, y cuál de las cinco caras o perfiles del pentágono observa de manera cotidiana por ser la que más le interesa ver; al hacerlo notará cómo pierde de vista a los restantes lados. ¿Complicado, verdad? ¡Pues más complicado todavía nos resulta si llevamos a su análisis los problemas cotidianos de nuestra ocupación habitual, junto a nuestras personales filias y fobias! Y claro: de las dificultades en la enseñanza de esta abigarrada cuanto evolutiva disciplina, junto a la escasez de profesores expertos en la materia, ya mejor ni hablamos.

¿Y para Usted, qué es y qué significa la seguridad social? Cualquiera que sea su respuesta, seguramente arribará a la conclusión de que este magnífico sistema protector del cual no podemos prescindir, atraviesa en el siglo XXI por graves problemas y hasta dilemas existenciales, algunos de los cuales brevemente, por razones de pertinencia metodológica, abordaremos enseguida.

5. La necesidad de terminar con la idea de la seguridad social utópica. A pesar del elevadísimo coste de los servicios de la salud pública de la seguridad social debido a la aparición de nuevas pandemias y el crecimiento exponencial de algunas enfermedades crónicas —en el rubro de la salud denominadas éstas como catastróficas, por su alto impacto en lo que a tratamiento se refiere—, aunado al incremento de la esperanza de vida al nacer y las deficientes tasas de reemplazo de los contribuyentes a la seguridad social, lo cierto es que en le mundo entero el tema de boga se centra más bien en los problemas estructurales de planes públicos de pensiones que acusan los efectos de la evolución demográfica y sanitaria, factores ambos que, al igual que en rubro de la salud, impactan de manera importante las precarias finanzas de este servicio público.

Sin olvidar el vital tema de la gestión en materia de administración de fondos pensionarios, los perniciosos efectos se resienten con mayor fuerza en este servicio público fundamental en buena medida debido al incremento del desempleo, lo que se traduce luego el menores aportes, consecuencia lógica de la crisis financiera mundial que de suyo trae aparejada una inflación galopante en todo tipo de bienes y servicios; todo ello, junto a la inevitable recesión, creación de empleo precario y la migración laboral, inciden de manera importante en la sensible disminución de ingresos financieros indispensables para el sostenimiento de este redistribuidor natural del ingreso per cápita en cada país del orbe, como lo es la seguridad social.

Tales fenómenos socio-económicos multifactoriales señalados, han sido la constante en nuestra región desde hace ya un cuarto de siglo, agudizados en la primera década de éste siglo XXI en todos y cada uno de los países del área Iberoamericana, sin que ninguno hubiese conseguido escapar de su perniciosa influencia, aunque al final a muchos países nos haya ido peor que otros.

Así, cada nación de esta región geográfica, atendiendo a su cultura e idiosincrasia, y de alguna manera acorde a su particular situación económica, social, pero sobre todo política (la que atiende siempre a la particular ideología del gobernante en turno), ha intentado a su manera focalizar su propia problemática resentida en materia de seguridad social, pero haciéndolo como si las causas generadoras de problemas fuesen un simple problema local y no regional.²²

Desde luego que todas las naciones del área buscan la mejor manera de afrontar y tratar de resolver sus propias problemáticas, y eso es loable; aunque muchas veces al limitarse a observar el fenómeno hacia dentro, sin voltear hacia otros países ni reparar en los daños colaterales —es decir, al quedarse en el plano individual, sin pensar en lo colectivo y en la fuerza que da la unión—, les impide alcanzar una sinergia grupal tan positiva cuanto necesaria en la afanosa búsqueda de mejores soluciones a problemas sociales comunes. Dicha la idea de otra forma, para que mejor se entienda el punto a focalizar: a veces la cercanía con el árbol nos impide ver el bosque en su conjunto. Porque el asunto de la crisis existencial de la seguridad social no es un problema sólo de México o de España, sino de todos los países de la región iberoamericana sin excepción; o de la Unión Europea y de Latinoamérica, si así se prefiere parcelar el tema. ²³

Conviene considerar a este respecto que para nuestra desgracia en los países Latinoamericanos —duele reconocerlo públicamente, pero es necesario hacerlo para tratar de remediarlo—, sencillamente no se nos da el trabajo en equipo. Prejuicios y añejos traumas aún no superados, nos orillan a actuar así, siempre solos y por nuestra cuenta, sin que nadie se atreva a asumir un liderazgo regional ni demuestre tampoco los tamaños necesarios para asumirse como líder y convertirse en la locomotora del tren que jale al resto de vagones. Revísese nuestra historia común y sin dificultad constataremos cómo los éxitos alcanzados a nivel mundial por nuestras respectivas patrias son siempre de corte individual, que no colectivo. Todo se nos va en esfuerzos aislados, dispersos e individuales.

Por si algo faltase añadir para terminar de pintar el cuadro completo de nuestra peculiar situación Latinoamericana frente al mundo, piénsese en el asunto político-ideológico, infaltable en temas de gran envergadura como éste de la seguridad social que tanto nos ocupa y preocupa. Todavía existe un enorme prurito ideológico que gravita esencialmente en el concepto de la soberanía nacional, pese a que las fronteras son hoy más bien virtuales en este mundo global en donde los bloques comerciales resultan indispensables para competir y para posicionarse mejor; sin dejar de lado las añejas disputas entre liberales y conservadores, aún no del todo superadas especialmente remarcadas en los discursos y las ofertas políticas. De manera pues que el sueño Bolivariano integracionista de América, a casi dos siglos de distancia está más lejos que nunca de poder materializarse, acaso porque el apotegma “divide y vencerás” de quienes se aferran al poder está más vigente que nunca ante el dramático cambio que ha sufrido el mapa geo-político latinoamericano. Y claro está: la seguridad social resulta víctima propicia en este caos ideológico.

Es por ello que en la colosal tarea de búsqueda de soluciones, pese a que la objetividad y uniformidad de criterios es punto menos que imposible, las ideas acerca de la temática de la actual seguridad social —cualquier cosa que ella signifique ahora para cada país del área, incluso la idea generalizada de que es sólo una utopía— de repente surgen, se propalan, se confrontan y discuten álgidamente, y luego como colofón del tedioso proceso en que se ha convertido la supuesta búsqueda de soluciones prácticas a los problemas sociales, termine ganándonos la batalla la parálisis total pues muy en el fondo a los políticos no les importa resolverlos por razones inconfesables. El factor político, se insiste, es clave en este tipo de decisiones.

Bastará entonces con llegar a un acuerdo político final bajo el cuestionable argumento de que aún no es el momento idóneo por “x” o “y” razones, para llevar a la mesa de las discusiones asuntos de tan alto nivel e impacto social como lo son el tema pensionario, el de la salud, la vivienda o las prestaciones sociales de la seguridad social, a pesar que todos nos impacten e interesen como ciudadanos.

Tales asuntos serán sin piedad ni remedio arrojados al arcón del olvido, y allí se quedarán hasta que convenga retomarlos, claro, pues para la clase política gobernante no suele haber prisa alguna en efectuar diagnósticos situacionales y menos todavía si se trata de acoger medidas de solución que impacten en el presupuesto de egresos actual, mismo que ellos utilizan a placer y ya tiene visualizado cómo gastarlo.

Pero como bien saben que el tema relativo a la seguridad social políticamente “vende” muy bien en tiempos electorales, en que suele utilizarse para formular grandes promesas a la ciudadanía en la siempre afanosa búsqueda de votos, el tema de la seguridad social mientras tanto guardará una sospechosa calma, hasta que termine por dormir “el sueño de los justos”. Si hay suerte, habrá qué esperar hasta el siguiente ciclo electoral (esto es: 3, 4 ó 6 años, dependiendo de cada país), para desempolvar el tema y ofrecer de un nuevo a la ciudadanía proyectos de reformas estructurales para la entonces ya cada vez más rebasada seguridad social nacional, prometiéndose, cómo no, corregir todas las falencias de que adolezca el sistema; y si todo sale bien, se efectuarán algunas reformas de simple maquillaje, permaneciendo intocadas las falencias estructurales del sistema debido a que en juego se hallan fuertes intereses políticos y económicos de todo tipo. El factor social de este tema de plano no importa. Punto.

Sí, es un pena decirlo, pero así han sido siempre —y todo apunta a que así seguirán siendo— las típicas “reglas de juego” de la seguridad social. Empero, el punto focal del problema subyace en que el servicio público de la seguridad social más parece ser un conjunto de reglas que sirven para muchas cosas, menos para proteger a la población, algo que ante tantas evidencias se ha optado ya por denominar como seguridad social utópica. ¿Acaso hay de otra?

Esta grave situación obliga pues no sólo a intentar re-definirla o re-conceptualizarla a la mayor brevedad posible, sino además a establecer una política nacional de largo alcance que establezca de una buena vez los tramos de responsabilidades de cada quién, de manera tan clara y categórica que simplemente nadie pueda permanecer estático e indiferente acerca del rumbo que tomará este asunto clave para cualquier país, provocándose así una toma de conciencia general y que cada quién ponga manos a la obra en los quehaceres que le correspondan, en vez de “lavarse las manos”. La idea consiste en que a nivel Constitucional exista en cada país una normatividad específica que, por un lado, vuelva un derecho social exigible a la seguridad social, y por el otro lado, determine responsabilidades por acción u omisión de quienes incumplan con sus tareas impuestas, sean éstos legisladores, funcionarios o impartidores de justicia.

Nos esperanza constatar que en la mayoría de los países de Iberoamérica se preserva una seguridad social solidaria digamos de tipo horizontal, integrada por pares, direccionada y gestionada por los propios actores sociales que la integran, con la participación del Estado, su garante. Este sistema funciona mejor tripartitamente, pues provoca mayores responsabilidades y sobre todo un sentido de pertenencia clave al poder participar en su planeación, estructuración y disfrute. Aquí el sentido de pertenencia tripartito lo vuelve distinto a otros esquemas de la protección social genérica que suelen ser más bien verticales, en especial los que el propio Estado vía impuestos sufraga y regula, como lo es la asistencia social, misma que suele combinar la caridad con la asistencia pública y que no pocas veces incomoda al herir la dignidad de sus recipiendarios que son, en abrumadora mayoría, casi siempre la gente más pobre y excluida del país.

Por lo demás, acaso la mayor crítica que recibe hoy día la seguridad social es respecto a su financiación.

En efecto, todo apunta que en vez del pago de aportaciones especiales a la seguridad social, sea preferible se cubra este servicio público vía impuestos generales, en una franca y abierta solidaridad social. Además, cualquiera que fuese su coste, jamás se debería confundir el valor con el precio de las cosas, pues el valor de este servicio público es sencillamente inconmensurable. Recordemos aquí —por si alguna duda quedase a este respecto—, la célebre frase que nos legara Otto Von Bismarck, creador del primer seguro social del planeta, al defender su proyecto cumbre ante el Parlamento alemán hacia finales del siglo XIX: “Por caro que parezca el seguro social resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución”.²⁴ Mejor dicho, imposible.

Y aunque la seguridad social no sea un gasto sino una inversión, al no entender a fondo de qué se trata este asunto no hay duda que en Latinoamérica hemos hecho las cosas exactamente al revés a como la lógica impone que debíamos hacerlo. Porque la economía nacional debe servir siempre a la seguridad social, coadyuvando a financiarle y a fortalecerle, en vez de que las finanzas de la seguridad social sirvan o coadyuven a fortalecer la economía nacional. Después de todo, nunca ha sido finalidad de la seguridad social servir de “caja chica” del Estado, como usualmente se ha hecho en el área. Eso no se vale.

Ante tan ominoso escenario, que a nadie extrañe ahora que la solidaridad²⁵ no sea el eje en el cual gravita la seguridad social contemporánea —o el engendro casi irreconocible que le sustituye ahora en algunos países del área, como México—, ante el asombro generalizado y la pasiva complacencia de una sociedad inerme e ignorante, carente de educación previsional de la que históricamente adolece toda nuestra América morena.

La gran duda existencial es si nuestros pueblos tendrán el suficiente coraje como para reconocer errores históricos en aras de corregir a tiempo el rumbo antes de terminar de extraviarnos. La responsabilidad íntegra de lo que suceda en el futuro en esta materia es sólo nuestra y de nadie más, con independencia de lo que haya acontecido en el pasado; un pasado al cual habrá que voltear poco, pues con respecto a él simplemente no hay mucho qué hacer excepto aprender de nuestro errores para no repetirlos ni tropezar en la misma piedra.

Que tampoco extrañe que nuestra seguridad social sea algo de lo más inseguro que existe en este mundo riesgoso en que habitamos, o que los servicios de salud privados sean un lujo impagable para las grandes mayorías —por lo que la única alternativa que nos queda es el servicio médico institucional de la seguridad social—, o que las pensiones sean una especie en franca extinción ante la notoria decadencia del Estado de bienestar a cuyo amparo vivió la seguridad social sus mejores épocas.

Que menos nos extrañe todavía, ante tanto permisivismo y desatención del Estado, el sistemático e implacable “desmantelamiento” de que son víctimas nuestros sistemas de seguridad social, el cual se ha efectuado al través de perversas privatizaciones de los servicios institucionales, que debido a sus coste y ausencia de compromiso social nos hacen añorar la gestión solidaria de la otrora magnífica seguridad social que tanto bien hiciera durante su “época de oro”, vivida entre los años 60’s y 70’s del siglo XX. Tiempos pasados que sin duda fueron mejores al actual, estando en duda que algún día puedan volver, porque en franca decadencia a la maravilla que fue, pero que ya no lo es, la seguridad social actual se nos deshace entre las manos, sin que hagamos casi nada por evitarlo.

La notoria ausencia de valores de todo tipo nos cobra factura cuando, por ejemplo, hemos permitido que los fondos pensionarios de la seguridad social sean vistos como un botín susceptible de afanes lucrativos sin medida, delegando su administración a empresas financieras privadas que no asumen ni comparten riesgo alguno, pero que cobran caro por sus servicios seudo-profesionales a los asegurados; o bien cuando permitimos que otro filón adicional a explotar lo sea el lucrativo negocio de lo seguros médicos privados, pues los servicios médicos institucionales de nuestros seguros sociales, obsoletos y al punto del colapso al hallarse rebasados por la demanda excesiva de servicios en tiempos de crisis, se concesionan o delegan sin medidas efectivas de control impuestas por el Estado al mejor postor, esto es, a empresas privadas cuya vocación natural no es el servicio público sino el lucro, poniéndose peligrosamente en estas manos la prestación de servicios públicos esenciales en algo que va más allá de un simple “asunto de gestión”, como algunos administrativistas sostienen en un pobre discurso que a muy pocos convence y que a nosotros nos resulta de plano inadmisible. No son ésos los únicos servicios concesionados, que conste, pero sí son los más populares y los más lucrativos para el sector privado, sin perder de vista los temas de las guarderías infantiles o el de la vivienda popular.

Todo esto que le ha sucedido a la seguridad social de un tiempo a la fecha —supuestamente en aras de modernizarla y volverla más eficiente (sic)—, es una verdadera lástima, porque más temprano que tarde pagaremos todos los altísimos costes del total abandono en que hemos tenido a la seguridad social. No es que estemos en contra de la empresa privada, como algunos nos imputan; en lo que no estamos de acuerdo es que el Estado piense que cumple su labor derivando el problema a terceros, lo que al final termina costándoles a los propios asegurados y de todas maneras el problema no se resuelve sino que se agrava.²⁶

La razón es más que evidente. Se terminó de tajo con la solidaridad social, dejándole estos asuntos al Mercado con sus feroces e impúdicas reglas, con un menosprecio absoluto de la dignidad humana, mediante la permisiva e irresponsable decisión tomada por unos representantes del Estado que, ignorantes de qué pasaba y de alternativas de solución a la ingente problemática, optaron mejor por voltear hacia otro lado fingiendo no ver el desastre que se avecinaba. En el fondo buscaban que el Estado —como si éste fuera sólo suyo, es decir de nuestros mandatarios y no del mandante, que es el pueblo— escapara por la puerta trasera, rehuyendo su responsabilidad originaria con respecto al servicio público de seguridad social nacional. ¿Ignorancia? ¿Mala fe? ¿Ambas? Como quiera que sea, el daño está hecho y es urgente remediarlo.

En este punto, la gran batalla ideológica que se libra hoy día en el mundo entero es entre tecnócratas y humanistas. ¿Y Usted, a qué bando pertenece? ¿Por quién se inclina? ¿A cuál de los dos apoya? Porque lo único que no se vale en esta coyuntura existencial, con miras al futuro ominoso que nos espera en materia de la protección social, es permanecer neutrales e indiferentes al tema. Reiteramos, el problema no es de unos cuantos ni tampoco de algunos sectores como equivocadamente se piensa; el problema es de todos, y a todos nos toca contribuir a resolverlo si al final de cuentas todos terminaremos por pagarlo.

Y que conste que no bastará la creación de empleo, como algunos ilusamente sostienen, para sacar del atolladero y re-lanzar a la seguridad social como el mejor de los sistemas creados por el hombre para la consecución de una vida digna —de suyo, la única alternativa que millones de seres humanos tienen en esta dolorosa realidad del mundo de hoy y del futuro— Muchos opinamos, con un par de gramos de sensatez y racionalidad, que más que una reactivación laboral, se requiere de una efectiva reactivación económica nacional y regional en todos los órdenes. Digamos con franqueza lo que muchos callan: al Estado no le toca crear empleo, y menos empleo precario como se hace para fines estadísticos.

Lo antes dicho es una verdad incontrovertible. Los economistas saben muy bien que contrario a lo que se supone, los gobiernos en realidad no crean valor económico; son los empresarios los que asumen riesgos, crean fuentes de trabajo y agregan a eso dicho valor económico. Al Estado pues —en todos sus niveles: federal, provincial y municipal—, actuando siempre de manera coordinada, le compete crear, eso sí, las condiciones económicas necesarias para detonar el empleo que tanta falta hace, mediante facilidades administrativas, otorgando incentivos fiscales de todo tipo, dando certidumbre en la inversión con reglas claras de juego y, sobre todo, otorgando plena seguridad jurídica a los inversionistas que arriesgan la plata.

Todo ello, junto a un marco regulatorio adecuado para un efectivo control del Mercado por parte del Estado, prohijará sin paternalismos la sana competencia en un ambiente de plena libertad —que no de libertinaje—, donde se eviten a toda costa los monopolios, duopolios u oligopolios, para que los empresarios se interesen e inviertan en nuestras patrias generando empleo decente. Y desde luego para que aporten al sostenimiento de la seguridad social. ¡Pues eso!

6. Algunas propuestas de solución a considerar. Hecho el diagnóstico situacional en esta crítica propositiva efectuada, es hora de formular algunas propuestas viables y factibles. Partiendo siempre de la premisa de contarse ya con un diagnóstico acertado del problema resentido en materia de la seguridad social en Iberoamérica y en nuestro respectivo país, toca detectar a fondo tanto las falencias estructurales y las coyunturales, como también las necesidades sociales a cubrir en cada caso. Aquí la interrogante clave es: ¿qué debemos hacer ahora?

Desde luego que la respuesta no es nada sencilla, aunque lo único que en realidad se requiere para actuar es la voluntad de cambio, terminando por entender al menos lo básico: que la época de crisis es en sí misma un nicho de oportunidades; que se requiere de creatividad, ingenio y la participación de todos los sectores de la sociedad, no para alcanzar unanimidades imposibles de lograr en este tipo de asuntos sociales tan polarizados, sino más bien para construir los consensos necesarios con el objetivo de volver norma legal observable y exigible el derecho de acceso y disfrute del servicio público de seguridad social.

Al respecto, habrá que pensar siempre positivamente, pues más que una reforma ideal o total, un buen comienzo sería efectuar al menos la reforma posible —así sea ésta parcial—, porque en asuntos trascendentes avanzar es siempre importante. Ello sin perder de vista que en álgidos temas como éste, es muy complicado intentar de resolver toda la problemática de un solo tirón, debido en parte a la enorme influencia del factor político, con todo lo que ello implica y significa para el eventual futuro de nuestra seguridad social.²⁷

Para comenzar esta colosal tarea, habrá qué pensar en cambiar tanto de tácticas como de estrategias, mejorando incluso la manera tradicional de analizar la realidad nacional y regional. Habrá qué romper esquemas y construir nuevos paradigmas. Y como no hay fórmulas mágicas ni tampoco recetas de cocina para efectuar tales reformas, cada país deberá de buscar sus propias alternativas de cambio, intentándolo siempre bajo un principio que resulta clave en todo esto: la buena fe, quedando entonces prohibido perder las perspectivas debido a simples cuestiones ideológicas.

La tolerancia es palabra clave en aras de renovar la discusión y no empantanarla, evitando contaminarle con mera retórica, demagogia o populismo. El objetivo único es construir, en vez de destruir, tendiéndose puentes de comunicación incluyentes, en donde todas las opiniones tengan cabida, previo siquiera a pensar en efectuar algún diseño de reformas estructurales.

A fin de que acometamos con certezas tan trascendente tarea, es fundamental contar con un diagnóstico previo realista, veraz, transparente, confiable y objetivo, en donde más allá del perfil profesional (aquí todas las opiniones cuentan) o de nuestra posición política personal (las izquierdas y las derechas existen, son contrarias pero no enemigas, se complementan en vez de excluirse como una especie de “tercera vía” que recoja lo mejor de ambas), deberá procurarse que todos los actores e interlocutores hablen el mismo lenguaje a fin de poder entenderse en esta inmensa “Torre de Babel” en que se han convertido los tópicos de la seguridad social contemporánea. Sólo así podremos acabar con los mitos y con las verdades a medias que terminan por ser mentiras completas; falsas ideas que pululan y que nos ahogan en imaginarios océanos insalvables al provocar miedo, un miedo a equivocarnos y a fallar en diagnósticos y en propuestas. De todos, el miedo es el mayor enemigo a vencer, si de verdad queremos solucionar nuestros problemas nacionales en ésta y otras materias.

Nos guste o no la idea, acaso habría qué desandar caminos, desaprender lo antaño aprendido en las aulas para adecuarnos a la realidad actual del planeta, de la región y del país, explorando nuevas rutas, sí, pero haciéndolo siempre dentro del marco Constitucional vigente. Habrá qué evitar a toda costa el permanecer estáticos o quedar paralizados por el miedo de no encontrar soluciones adecuadas a tan ingentes problemas sociales larvados durante décadas de deficiencias y errores estructurales de planeación. Se insiste en el punto: las mejores reformas son las que se logran. Mejor que nada son las reformas posibles, en vez de las eventuales reformas óptimas irrealizables.

Urgiría por tanto ir desentrañando cuestiones trascendentes para el propósito buscado, entre ellas las que enseguida se enlistan, si bien el elenco de preguntas puede ser tan amplio como se quiera o requiera cada país, pues dicho listado es enunciativo más no limitativo:

• ¿Qué es hoy la seguridad social contemporánea y para qué sirve?
• ¿Qué tipo de protección social es factible construir atendiendo la actual situación financiera nacional?
• ¿Es todavía viable y factible el rescate de la seguridad social nacional?
• ¿Cuál es el verdadero entorno político, económico y social, y cuáles las mejores vías de solución para “blindar” de mejor manera, en beneficio de las generaciones presentes y futuras, las pensiones de la seguridad social nacional para el siglo XXI?
• ¿Cómo es más fácil financiar los esquemas de salud, de prestaciones sociales, de vivienda y otras tareas análogas que competen al servicio público la seguridad social: mediante impuestos o aportes gremiales, o una combinación de ambos tributos especiales?
• ¿Cómo alcanzar una efectiva educación previsional de la población?
• ¿Cómo instrumentar de mejor manera la normatividad legal y/o reglamentaria del sistema de la seguridad social nacional?

Un último punto que es de enorme importancia y trascendencia: si la encrucijada nacional consiste en saber a ciencia cierta qué tipo de protección social se pretende y cuánto estaríamos dispuestos a contribuir para poder financiarla, valdría la pena sugerir que, antes siquiera de intentar cualquier reforma estructural, se efectúe una “Consulta Nacional de Seguridad Social”, amplia, abierta y sobre todo transparente, parecida a un plebiscito nacional, en la que se involucren todos los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en sus diversos niveles: federal, provincial y municipal de todo el país, a fin de obtener resultados que serían la base de las tareas y reformas a acometer.

La idea es que el pueblo hable y sea escuchado. Por lo tanto, en dicha Consulta deberá involucrarse a todos los actores e interlocutores sociales vinculados o no a aspectos productivos, especialmente las organizaciones de empleadores y los sindicatos de trabajadores, dándosele participación a las Universidades públicas y privadas, organismos autónomos y no gubernamentales, y a la ciudadanía en general sin distingo de cualquier índole —política, religiosa o económica—. Así, al descender hasta la base de la población con la referida Consulta Nacional (ésta jamás deberá ser cupular, para evitar distorsiones y los inevitables conflictos de interés), será factible entonces, tras el riguroso análisis de la perspectiva ciudadana del tema, de sus percepciones, aspiraciones y sugerencias, visualizar el objetivo a alcanzar: el tipo de servicio de seguridad social azar que aspira el país entero, contándose a la par con la colaboración implícita de las mayorías para costearlo, tanto en el presente como en el futuro.²⁸

Naturalmente que en esa colosal tarea nosotros los académicos tenemos enormes responsabilidades qué cumplir, las cuales son impostergables.

Es nuestro deber enviar a la colectividad el claro mensaje de que este tema de la seguridad social no es en realidad un asunto político-partidista, ni cuestión de colores o de banderas; tampoco se trata de un asunto de tipo económico, sino más bien de índole científica y sobre todo humano. Cierto, estamos frente a un tema polémico que por ende no nada más debe ser planeado e instrumentado por los líderes sociales o la clase política, sino al través de la participación efectiva de los académicos comprometidos con el país como ciudadanos que somos, formadores por cierto de las nuevas generaciones de profesionistas con conciencia de clase y clase en la conciencia; somos los docentes e investigadores quienes debemos de aportar ideas objetivas para sacar adelante la enorme tarea asumida, la cual urgiría comenzásemos a planificar a la mayor brevedad al seno de nuestras propias Universidades y sin esperar a que se nos dé en el proceso de reformas un “juego” que la clase política a lo mejor no estará dispuesta a darnos para no parecer ignorantes e incapaces. Que cada quién haga entonces con absoluta responsabilidad la parte que le corresponde

En conclusión y parafraseando a José Saramago, soy un optimista bien informado, no un pesimista. Acaso todavía sea posible impedir, como la sociedad organizada que nos preciamos de ser, que los órganos del Estado continúen rehuyendo sin razón la responsabilidad originaria que le compete en materia del servicio público de la seguridad social; a lo mejor podemos todavía evitar que se privatice la seguridad social o se lucre sin medida ni control con este servicio público de enorme raigambre social.

La idea de fondo es preservar, para beneficio nuestro y el de las siguientes generaciones, una seguridad social que es acaso es la más palpable demostración del Estado benefactor y el más humano de todos los derechos humanos. En eso consiste nuestro actual desafío y el mayor reto que enfrentamos ahora. Y de nuestro actuar deberemos dar cuenta a las generaciones futuras, especialmente a nuestros hijos y a los hijos de ellos, pudiendo entonces mirarles de frente y a los ojos, con la satisfacción que brinda el deber cumplido.

• DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO.

• ~ Investigador Nacional de México y la U. de G.

• ~ Presidente Internacional de la AIJDTSSGC

Bibliografía

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~ Marasco, Nora Inés y Fernández Pastor, Miguel Ángel: La solidaridad en la seguridad social. Hacia una ciudadanía social. Colección “Breviarios de la Seguridad Social” del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social (CIESS), órgano técnico de docencia, capacitación e investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

~ Pérez Amorós, Francisco. (Director del Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico Jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona) Ponencia: De la Europa de los mercaderes a la Europa Social; los aspectos sociales de la Constitución Europea de 2004, presentada en el <<V Congreso Iberoamericano del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la AIJDTSSGC>>, Caracas, del 19 al 21 de octubre de 2005. Consultable en: www.aijdtssgc.org

~ Revista Latinoamericana de Derecho Social, N° 7 julio-diciembre de 2008. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U.N.A.M.

~ Ruiz Moreno, Ángel Guillermo (Coordinador): El Derecho Social a inicios del siglo XXI. Una visión en conjunto. Editorial Porrúa, México, 2007.

~ Ruiz Moreno, Ángel Guillermo: Las AFORE, el sistema de ahorro y pensiones mexicano, 6ª edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2009.

~ Ruiz Moreno, Ángel Guillermo: Nuevo Derecho de la Seguridad Social, 14ª edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2009.

~ Stiglitz, Joseph E. El malestar en la Globalización, 1ª edición, Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2002.

ABSTRACT:

El servicio público de la seguridad social es sin duda una de las estrategias políticas, económicas y sociales más importantes para cualquier país del orbe, más allá del tipo de gobierno o del perfil ideológico de sus gobernantes. Sin embargo, no es extraño que hoy día la seguridad social parezca un postulado de corte político, una simple entelequia y una utopía al no comprenderse la enorme trascendencia de lo que ella significa.

Acaso todavía sea posible impedir, como sociedad organizada que nos preciamos de ser, que el Estado continúe rehuyendo su responsabilidad originaria que le compete en materia del servicio público de la seguridad social, evitando que se privatice la misma o se intente lucrar sin medida ni control con este servicio público de enorme trascendencia social.

DR. ÁNGEL GUILLERMO RUIZ MORENO

~ Investigador Nacional de México y de la Universidad de Guadalajara (U.de G.)

~ Presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’ (AIJDTSSGC)