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15 ª Asamblea Legislativa

6 ª Sesión Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2237

18 de octubre de 2007

Presentado por la señora Lucy Arce Ferrer

REFERIDO A LA COMISIÓN DE COMERCIO, TURISMO, URBANISMO E

INFRAESTRUCTURA

LEY

Para que se ordene a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, denominar la Carretera PR129, que conduce de Arecibo a Lares, con el nombre de Lcdo. Osvaldino Rojas Lugo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Osvaldino Rojas Lugo abogado, profesor, político y visionario sindicalista figuró dignamente como actor protagónico en el complicado drama del movimiento obrero puertorriqueño.

Se distinguió como un hombre triunfador que le rindió culto a la superación personal como lo demuestran sus diplomas superiores y universitarios hasta culminar con la obtención de un grado de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 1974.

Este logro académico lo colocó en el grupo selecto de líderes obreros-abogados que se dedicaron en cuerpo y alma a defender la dignidad del ser humano a través de la organización de sindicatos y en la defensa de la justicia social en los tribunales administrativos y judiciales de nuestro país.

La contribución de Osvaldino Rojas Lugo no puede pasar inadvertida en la historia del movimiento obrero puertorriqueño. Fue un líder visionario, fogoso, perseverante y dotado de una calidad humana y una sensibilidad para reinvidicaciones sociales y con su verbo lanzar ataques frontales contra la opresión y soberbia de patronos públicos y privados.

Lucho contra la adversidad económica de los años de la depresión económica en el Puerto Rico de los años del treinta y del cuarenta. Su padre, don Sebastián Rojas, agricultor y su madre Juana Lugo ama de casa, procrearon una familia de 5 hijos. Osvaldino nació en el 1931, en el barrio Garrochales de Arecibo.

Una de las mayores contribuciones de Osvaldino Rojas Lugo fue la fundación de la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado en 1963, en un momento en que se le negaba la sindicación a los empleados de las agencias gubernamentales públicas. Tras 6 años de forcejeos, logró la aprobación de la Ley Núm. 103 del 28 de junio de 1969 que otorgó a los empleados del Fondo de derecho a la negociación colectiva.

Osvaldino recibió el reconocimiento por su labor a favor del intercambio de proyectos de seguridad social en el ámbito laboral y en la discusión en los temas palpitantes en el mundo obrero latinoamericano.

El se desempaño como presidente de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo, y de la Seguridad Social Iberoamericana y del Caribe. No fue profeta en su país. Sin embargo, su osadía, su tesón, y su actitud entusiasta lo llevaron por el camino de las realizaciones sociales y económicas de la fuerza trabajadora.

En el mundo internacional recibió reconocimiento como huésped distinguido de los gobiernos de Perú, República Dominicana, Bolivia, El Salvador, México, entre otros. Recibió además, la medalla Doctor Hipólito Arcano como egresado distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; medalla del Tribunal Regional del Trabajo de Brasil y medalla de la confederación de Trabajadores de Venezuela.

En el quehacer universitario de Puerto Rico; la Universidad Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros, República Dominicana y de la Universidad San Martín de Porres del Perú.

Fue autor del libro “El Desarrollo del Derecho Laboral en Puerto Rico e Iberoamérica y su interrelación con el Desarrollo Político.”

En su trayectoria laboral, recibió la influencia de don Santiago Iglesias Pantín, considerado el padre del movimiento obrero de Puerto Rico.

Fue organizador de la Asociación de Agentes de Rentas Internas, de la Asociación de Representantes de Seguros; de la Hermandad General de Empleados y Oficinistas del E.L.A; de la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y de la Corporación de Industria para Ciegos.

Tuvo una participación destacada como presidente del Banco Obrero de Puerto Rico; miembro de la Junta Estatal de Educación; del Consejo de Política Laboral del Gobernados, y de la Junta Asesora del Secretario del Trabajo.

Osvaldino Rojas Lugo será recordado como un visionario del movimiento obrero puertorriqueño dotado de una gran capacidad para la organización y de su militancia en la defensa del sindicalismo como una de las columnas importantes que sostiene la democracia puertorriqueña. La verdadera democracia no puede existir sin la presencia y participación de un movimiento obrero libre y representativo.

A los 71 años de edad. Osvaldino Rojas cumplió su misión sobre la tierra puertorriqueña. Falleció en la noche del 6 de marzo de 2003, en San Juan de Puerto Rico, mientras tejía sueños de futuro para su patria, en su oficina de Caparra Terrace, junto a sus hijos Osvaldo Manuel y Osvaldo Rafael y su amigo José Maldonado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, denominar la Carrera PR129 con el nombre de Lcdo. Osvaldino Rojas Lugo.

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley sin sujeción a la dispuesto a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada.

Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

El fantasma que ahora recorre el mundo es el de la claudicación de la responsabilidad social. Esta claudicación cobra la forma de la privatización de activos públicos, de la individualización del riesgo vía cuentas privada en los sistemas de seguridad social, del debilitamiento sindical ante el deterioro de los derechos laborales, de la prioridad del consumo de bienes privados o individuales del consumo de bienes de carácter público o colectivo y de la delegación de las funciones sociales del Estado a diversas organizaciones de la llamada “sociedad civil”, lo que algunos denominan el “tercer sector”, en oposición al “primer sector” (el Estado) y al “segundo sector”, compuesto por empresas guiadas por el lucro.

En este tercer sector, integrado eminentemente por organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines de lucro, suelen abundar las buenas intenciones y faltar los recursos financieros. Se carece de la base impositiva y del servicio de carácter universal de que es capaz el Estado. Así, la responsan¿bilidad social, en lugar de una obligación de todos, se reduce a una gestión de agentes voluntarios que, ante la creciente estrechez fiscal del Estado y la dependencia de una “filantropía empresarial” que es más publicidad que realidad, resulta insuficiente para compensar la claudicación de los agentes públicos.

La fragua en que se ha forjado tal claudicación fue la ideología dominante durante las dos últimas décadas del siglo pasado: el llamado “neoliberalismo”. Éste, apoyado en la visión neoclásica del mundo económico, postula dos fórmulas dietéticas. La primera, recomendada para el Estado, es un severo régimen alimenticio de adelgazamiento; la segunda, recetada para la empresa privada, se resume en la liberación de todos los apetitos imaginables. Una parte de la premisa de que el gobierno ha crecido de manera desmesurada y que tanto su tamaño como su gestión obstaculizan el desenvolvimiento económico; la otra presume que el desarrollo equivale a la extensión del espacio privado mediante la competencia entre emporios empresariales inscritos en un mercado que algunos fundamentalistas juzgan como una especie de estado de gracia.

El expediente del neoliberalismo en los inicios del siglo 21 no luce bien. Las políticas que inspirara, como las reformas fiscales orientadas a la reducción de impuestos y gastos, las privatizaciones de activos públicos para enfrentar insuficiencias presupuestarias de carácter inmediato y los estatutos laborales, o esquemas de flexibilización, articulados para debilitar los reclamos de la clase trabajadora, han dejado un legado de pobreza y desigualdad.

La desregulación ha abierto el cauce a los escándalos corporativos, sobre todo en los países industriales. No hay un solo sector, sea productivo o de servicios, que no se haya visto envuelto en algún esquema de corrupción. Hay de todo: contabilidad falsa, fraude bursátil, conflictos de interés y una red de irregularidad y falsificación que incluye bancos, bufetes de abogados, empresas de auditoria y agencia calificadoras, entre otros. Enron y World Com, en el campo de la energía una y en el de las telecomunicaciones la otra, encabezaron la lista y se ganaron los titulares. En su caída arrastraron a Arthur Andersen, la conocida firma de auditoría. En la olla podrida también estaban el Chase, Citibank y Cerril Lynch. Con el destape surgieron a la luz escándalos en ATT, MCI, Merck, Bayer, Tyco Internacional, Shell, Chevron, Texaco, Vivendi, Nortel, Pricewaterhouse, Halliburton y sume y siga.

Sin embargo, a pesar de la pobreza de su expediente todavía se insiste en políticas públicas de corte neoliberal. Esto obedece, en buena medida, a una defensa bien orquestada de la economía liberal de mercado y de una línea de ataque constante que parece relacionar todos los males sociales con la incapacidad de la clase política gobernante. A partir de allí, en un salto de dudosa lógica, se pasa a la impugnación generalizada de la gestión gubernamental y de todo lo que sugiera ampliación del espacio público.

Pierre Bourdieu, sociólogo francés, decía que el blanco del neoliberalismo es el lado izquierdo del Estado: el que se inclina a los programas de educación, salud y a las prestaciones sociales y el que es sensible a las necesidades de los trabajadores y consumidores. No toca para nada al lado derecho: el que representa al capital y socializa costos mediante subsidios, exenciones contributivas y laxitud en la protección ambiental a la misma vez que garantiza beneficios privados. Por cierto, aquí radica una de las causas precipitadotas de la crónica insuficiencia fiscal. Esto es claro en nuestro país.

¿Cómo no padecer insuficiencia fiscal cuando la base tributaria se estrecha cada vez más? La Ley de Incentivos Contributivos vigente en Puerto Rico concede una tasa de contribución sobre ingresos a las empresas cobijadas por la misma, las llamadas “exentas”, que oscila entre el 2 y el 7 por ciento del denominado ingreso de fomento industrial. Esta tasa contributiva puede ser menor al 2 por ciento, inclusive cero, si se determina que el negocio exento constituye una actividad pionera con tecnología novedosa. Además, la ley provee todo una serie de deducciones, créditos y exenciones adicionales: deducción por nómina, deducción por gastos de adiestramiento, deducción por gastos de investigación y desarrollo, deducción por inversión en estructuras y equipo, crédito por pérdidas de la compañía matriz, crédito por compras de productos manufacturados en Puerto Rico, crédito por pago de regalías y derechos de licencia, exención de contribuciones municipales y estatales sobre propiedad mueble e inmueble, exención de arbitrios estatales y exención de patentes y otras contribuciones municipales.

A la Ley de Incentivos Contributivos se suman numerosos estatutos tributarios especiales que benefician a las corporaciones y sociedades “no exentas”. Las reducciones en la responsabilidad tributaria corporativa se manifiestan en la creciente brecha entre las tasas nominales y las tasas a que efectivamente se paga. Por ello, en un trabajo reciente realizado por la Brokings Intitution y por el Centro Para la Nueva Economía se concluye que en Puerto Rico “la contribución regular sobre ingreso de las corporaciones básicamente aplica por excepción”. La gran ironía es que la exención contributiva ha perdido efectividad como instrumento de promoción de inversiones a la misma vez que ha debilitado la capacidad del gobierno para proveer servicios como educación, salud e infraestructura, los que resultan cruciales no únicamente para satisfacer necesidades de la ciudadanía sino para promover actividad económica.

La insuficiencia fiscal se utilizó como una de las justificaciones de la privatización en la forma de venta de activos públicos durante la primera generación del neoliberalismo, en las décadas de 1980 y 1990. Los activos que encabezaron la lista eran, claro está, los más rentables, entre los que sobresalieron las instalaciones telefónicas. La lista de activos rentables ha disminuido. Ahora, en la segunda generación de políticas inspiradas por el neoliberalismo, se recurre a sociedades del gobierno y del capital privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. Lo curioso es que en éstas se salvaguardan los intereses privados, es decir, se socializa el riesgo. Resulta paradójico que, por un lado, se socialice el riesgo de empresas capitalistas y que, por otro lado, se individualice el riesgo de la seguridad social.

La sustitución del beneficio por la contribución definida en los sistemas de pensiones aumenta el riesgo del participante al exponerlo individualmente a los vaivenes de los mercados de valores. Su pensión deja de definirse a base de sus cotizaciones, sueldos y años de servicio para determinarse en función de un juego especulativo. Decía Keynes, refiriéndose al desplazamiento del capitalista emprendedor por el capitalista especulador, que “cuando el desarrollo del capital en un país se convierte en subproducto de las actividades propias de un casino, es probable que aquél se realice mal”. 1Con la misma lógica puede afirmarse que la seguridad social está cada vez más expuesta al azar del casino y, por lo tanto, “es probable que se realice mal”.

El debilitamiento de la seguridad social se agrava con la proliferación de las estrategias empresariales de subcontratación y con el incremento del trabajo a tiempo parcial, muy acuitado en el sector comercial. Para colmo, todo esto coincide con la insuficiencia actuarial de los sistemas de pensiones y con el fenómeno demográfico del envejecimiento de la población. Huelga en que el futuro dependerá de lo que se haga en el presente. Desafortunadamente, lo que se hace, conjuntamente con lo que se deja de hacer, no augura un buen futuro.

LA claudicación de la responsabilidad social por parte del Estado se intenta compensar con el protagonismo de la “sociedad civil”. Pero ésta no es un sujeto sino un espacio de acción de diversos actores, entre los que cabe destacar a los sindicatos y a componentes del “tercer sector” como las cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro. Ninguno de estos actores dispone del alcance universal del Estado.

También se intenta delegar la responsabilidad social en el “segundo sector” o corporaciones privadas con fines de lucro como si éstas contaran con la autoridad o legitimidad para decidir en dónde radica el interés. No se trata ni de demonizar ni de santificar a estas empresas. De lo que se trata es del hecho que estas entidades no fueron diseñadas para operar guiadas por el altruismo. Como muy bien advirtiera en un libro recientemente publicado el que fuera Secretario del Trabajo de Estados Unidos durante la administración del presidente Clinton: “No se crea por un instante que una empresa sacrificaría ganancias para cumplir fines sociales”. 2 En todo caso. Corresponde al estado establecer las normas de rigor para salvaguardar estos fines y evitar que sean vulnerados por gestiones empresariales orientadas por fines privados. También le corresponde crear las condiciones, en buena medida vía deducciones tributarias, para que estas empresas hagan gala de su “sensibilidad social”.

El neoliberalismo postula la contracción del espacio público pero carece de respuestas a la recesión económica, al desempleo, a la pobreza, a la desigualdad, al deterioro de la seguridad social, a la degradación ambiental y a otros problemas sociales. Todo lo resume en la presunción de que el mercado, de manera automática, articula las soluciones. Poco a poco se desdibuja la responsabilidad social y se torna más aguda la carencia de recursos para atender problemas como el de los múltiples servicios que requieren los ancianos. La insuficiencia financiera de organizaciones como la Casa Protegida Julia de Burgos, refugio para mujeres maltratadas, o como el Centro Margarita, programa para infantes y preescolares con deficiencias en el desarrollo, no es casualidad.

Bajo las premisas neoliberales se cultiva, para utilizar la dicotomía que acuñara el economista Albert Hirschman hace más de tres décadas, la salida más que la voz: los problemas que requieren de acción colectiva para su solución se delegan paulatinamente al ámbito individual. Ante la criminalidad se recurre al encerramiento en casas protegidas por guardias privados; ante las fallas de agua y luz se instalan cisternas y plantas eléctricas domésticas; y ante la pobreza de la escuela pública se opta por la privada. Estas salidas significan la deserción de aquéllos que disponen de más recursos para ejercer la voz. No lo hacen, aunque reconozcan que ni la criminalidad, ni las fallas de los públicos, ni las carencias educativas pueden enfrentarse efectivamente con salidas individuales. La intensificación de los problemas sociales es inevitable si la gestión colectiva, la voz política, no se convoca adecuadamente para enfrentarlos.

Ante esto la respuesta no la puede dar un gobierno claudicante sino un gobierno emprendedor; la respuesta no se puede encontrar en el binomio de la reducción de los impuestos y del gasto sino en aparato fiscal que, por un lado, sea justo y eficiente en la recaudación tributaria y que, por otro lado, refleje en sus gastos el compromiso de satisfacer las necesidades del pueblo. Invocar o acusar el “malgasto” para justificar la reducción del gasto público es absurdo. Esto presume que las urgencias sociales están satisfechas. La única respuesta efectiva al “malgasto” es el “buen gasto”.

Por otro lado, los actores sociales que invocan continuamente a la “sociedad civil” vienen obligados a traducir la palabra en acción. Esto requeriré profundas alteraciones filosóficas. Tomemos, a manera de ejemplo, a los sindicatos obreros.

No debe subestimarse el historial del sindicalismo en la gestación de toda una serie de precocimientos para proteger al trabajador en su taller. Mucho menos puede soslayarse su contribución al aumento en el nivel de vida vía la conquista de innumerables reivindicaciones. No obstante, el activismo sindical de hoy, ya sea en la mesa de negociación o en la línea de piquetes, es eminentemente defensivo, de preservación del “statu quo”. La estructura de empleo ha cambiado; la clase trabajadora, en la que ahora la mujer ocupa un espacio que antes no ocupaba, ha cambiado; la tecnología ha cambiado; el marco institucional también ha cambiado. Pero los sindicatos lucen como organizaciones renuentes al cambio. En ocasiones parece que todavía están negociando con Henry Ford en los inicios del siglo 20.

Las múltiples clasificaciones de puestos con estrictas delimitaciones entre unos y otros, características de las líneas de montaje de Ford, fueron diseñadas por los patronos como mecanismos de control en la era de la producción en masa. Inicialmente, sobre todo en trabajos de alto riesgo, fueron adoptadas por los sindicatos como mecanismos de defensa. Posteriormente se generalizaron y pasaron ha ocupar un lugar destacado en los convenios. Sin embargo, no se debe olvidar su origen ni su función desde la óptica de la cultura corporativa. Convierten al trabajador en una especie de pieza de capital fácilmente sustituible y le enajenan de una visión más integral del proceso de producción de su taller o del servicio que presta su oficina. Han contribuido a desarrollar estilos de trabajo poco solidarios. Esta actitud se resume en la consabida frase “Eso no me toca a mí”. Este mecanismo de defensa, supuestamente esgrimido en contra del patrono, termina degenerando en un mecanismo que se utiliza en contra de los compañeros de trabajo y en contra de la clientela. Ahora, la tecnología que permite perfiles de producción más heterogéneos, y que se debería utilizar para restaurar y promover la capacidad intelectual de los trabajadores, choca con los viejos estilos de concebir al trabajo.

Una práctica patronal que suele ser muy atractiva para los empleados son las ventanas u ofertas de retiro temprano. Generalmente se hacen para salir de los empleados de más antigüedad y reducir los gastos de nómina. En la instancia gubernamental también sirven al propósito de sustitución de una burocracia política por otra. Pero lo que puede ser muy atractivo desde la óptica individual no necesariamente lo es de la óptica colectiva. En primer lugar, el empleado jubilado en edad productiva puede buscar un empleo de remuneración modesta porque la misma es complementada por la pensión. Esto tiende a reducir la tasa salarial. En segundo lugar, el efecto actuarial en los sistemas de pensiones puede ser negativo. Y en tercer lugar, estimo paradójico el entusiasmo de las uniones con las ventanas ya que la prisa de sus representados por abandonar el taller pone en entredicho su gestión.

La densidad sindical se ha reducido de forma generalizada. En casi todos los países del mundo en sindicalismo representa una fracción minoritaria de los asalariados. Esta fracción sería aún menor si no fuera por el aumento de la incursión sindical en el gobierno, lo que podría juzgarse contradictorio cuando de sociedades capitalistas se trata. Esto expone al sindicalismo a la acusación de que se ha convertido en un grupo de presión que representa a una minoría privilegiada que se ah colocado más en conflicto con el interés público que con los intereses del capital.

Para alterar este cuadro no sólo es necesario un renovado esfuerzo de organización de los trabajadores asalariados en todos los sectores de la economía. Se requiere también una reestructuración que permita ampliar las reivindicaciones de otros grupos, como pensionados, autoempleados y amas de casa. Además, los sindicatos tienen que imponerse como tarea la reivindicación de sus talleres de trabajo, sobre todo cuando se trata de talleres del sector público vinculados al descargue de funciones sociales. Sólo inscribiéndose en fines sociales más amplios podrán los sindicatos fortalecer sus tradicionales luchas reivindicativas. Lo mismo puede decirse sobre otras organizaciones.

Este es el caso de las cooperativas. En nuestro país éstas, puesto que no las mueve el lucro, gozan de extensión contributiva. Esto, irónicamente, las torna tímidas en la generación de beneficios que podrían desbordarse hacia el cumplimiento de fines sociales. En contraste, en el grupo cooperativo de Mondragón, en el país Vasco, en donde si pagan impuestos al Estado, aunque con una tasa preferencial, cada empresa cooperativa destina un mínimo de diez (10) por ciento de sus beneficios para cumplir con la responsabilidad social comunitaria.

Ya es hora de que las cooperativas, tan ubicuas en este país, particularmente las de ahorro y crédito, trasciendan la estrecha concepción de que su razón de ser es brindarle servicios a sus socios que, en no pocas ocasiones, resultan mezquinos debido a la inherente timidez en la generación de beneficios. ¿Es que acaso estos socios no tienen hijos, padres, familiares, amigos y vecinos con los que día tras día comparten buenos y malos ratos en sus respectivas comunidades? ¿No es uno de los principios filosóficos del cooperativismo el “compromiso con la comunidad”? Espero que este compromiso no se agote en gestos simbólicos o en la compra de uniformes para algún equipo deportivo que sirva a la publicidad de la empresa. Me pregunto, no sin cierto escepticismo, cuántas de estas organizaciones tienen un compromiso significativo con programas como los de la Casa Julia de Burgos y el Centro Margarita.

Ante la claudicación de la responsabilidad social hay que rescatar al Estado, a la gestión política, de la trampa neoliberal. Pero también hay que rescatar a otras organizaciones de una concepción hueca de la “sociedad civil”, que se invoca como si fuera una especie de deidad que esté en todas partes y no se encuentra en ninguna.

La sociedad se predica más de lo que se practica. Pero no está muerta. De estarlo, desaparecerían los vínculos sociales y con ellos cada uno de nosotros. Por ello, la claudicación de la responsabilidad social no puede ser otra cosa que un fantasma que se desvanecerá. Compartir riesgos, responsabilidades y bienes es imperativo para la existencia de la sociedad.

PENSAMIENTO ORIENTADOR

Bajo el pensamiento orientador e inspiración del insigne juslaboralista Latinoamericano Dr. Osvaldino Rojas Lugo, oriundo de Puerto Rico, se han venido celebrando bianualmente y de manera ininterrumpida, desde la fundación de la ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE JURISTAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (AIJDTSSGC), cinco Congresos internacionales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Todos ellos han tenido como norte de su orientación el desarrollo y cultivo de estas disciplinas, contado siempre con la participación activa de lo más notable del juslaboralismo Iberoamericano.

INTEGRACIÓN IBEROAMERICANA

La integración del juslaboralismo hispano parlante en una Asociación académica obedece en gran medida a razones históricas, así como a elementos comunes que nos vinculan ineluctablemente en esta porción continental, la que ha sido llamada con frecuencia como la “América morena”.

Hemos partido de una profunda relación histórica, política y social con España, la que hemos mantenido vigente por innumerables razones; reconocemos así que es cultura viva derivada del encuentro de dos mundos, fusión de quienes traspasaron los mares desde Europa con una cultura distinta a la de las autóctonos de la América Latina, una simbiosis que forjara luego una nueva cultura que, sin desechar los orígenes y raíces culturales indígenas, asimiló principios de la aún llamada Madre Patria.

Es un hecho histórico irreversible la serie de vinculaciones que unen a la península Ibérica y la América Latina, y la ciencia jurídica no podía ser excepción. De alguna manera ello a vuelto a Iberoamérica, una parte del globo terráqueo muy especial, con condiciones ambientales, físicas y étnicas singulares, y con una multiplicidad cultural de ricas tradiciones que crean un perfil poco común, al grado que difícilmente se encuentra alguno similar en el resto del mundo.

Esa fusión de la cultura española con las culturas indígenas americanas precolombinas, y la evolución natural de este peculiar “híbrido” social, nunca ha dejado de interactuar, incluso en las gestas de emancipación que legítimamente se libraron con un enemigo circunstancial que siempre mereció respeto consideración y aprecio; ello nos formó un espíritu distinto y común tanto a conquistadores como a conquistados, olvidando viejos resabios de los que nadie de los presentes termina por ser culpable, y en donde la sinergia que se produce cuando coordinadamente se trabaja, vuelve conveniente la unión que genera fuerza, convicción, decisión y optimismo.

De allí las razones por las que tanto el colosal jurista hispano-argentino Dr. Guillermo Cabanellas primero, como el no menos trascendente juslaboralista puertorriqueño Dr. Osvaldino Rojas Lugo después, decidieron crear y continuar en su momento, respectivamente, Asociaciones Iberoamericanas de Juristas y no sólo Latinoamericanas, confiando en que así se conjugaría y preservaría lo mejor de cada cultura.

De suerte que, tras la desaparición física de ambos personajes —mas no de su presencia intelectual y moral, siempre orientadora que nos sirve de guía—, hemos decidido libremente nosotros, los aquí reunidos en este Congreso, continuar cultivando, ampliando y desarrollando lo que fueron los ideales básicos que animaran la fundación de esta Asociación; rindiendo con ello justo homenaje a quienes nos iluminaron el camino, fueron nuestros mentores más importantes, y nos sirven de guía para honrar el pensamiento unificador que ambos pregonaron.

El visionario Dr. Osvaldino Rojas Lugo —junto con Eduardo López Huailla y un puñado de valientes juristas de enorme valía—, en una cita histórica con el destino, sabiamente decidieron integrar esta Asociación a la cual nos enorgullecemos en pertenecer, porque cuando una Asociación de académicos se aparta de los ideales que le animan y dan vida, debe reconocer con valor civil y entereza el problema que le aqueja, en aras de poder reconducirla por el camino correcto.

Recordemos que Iberoamérica es muy ancha, y que en ella caben todas las corrientes de pensamiento jurídico; de manera que pueden coexistir diversas organizaciones académicas análogas, sin que por ello una sea mejor que la otra, sin que se pierda jamás el sentido de unidad en lo esencial —pues lo que cambia son las formas en hacer o conseguir los objetivos planteados—, y sobre todo, sin que haya una atomización de esfuerzos. El tiempo ha demostrado que diversas Asociaciones e Instituciones académicas, cultores todas ellas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pueden existir y co-existir armónicamente, sin perjuicio de nadie.

REFERENCIAS A LAS DECLARACIONES SURGIDAS DE

LOS PRIMEROS CONGRESOS DE LA AIJDTSSGC

En el “I Congreso Internacional de la AIJDTSSGC”, celebrado en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico en el año 1999 —hermosa isla caribeña que fuera cuna del inolvidable maestro y amigo Dr. Osvaldino Rojas Lugo, fundador de la AIJDTSSGC y su líder hasta su sentido deceso el 6 de Marzo de 2003—, la idea original se centró más bien en consolidar lo hecho en diversos tramos y épocas, es decir, lo efectuado a partir de su fundación efectuada mediante Asamblea Constitutiva del 19 de Octubre de 1995, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En sólo 4 años, partiendo de cero, se había podido comenzar a estructurar regionalmente nuestra querida Asociación Iberoamericana.

Ya en el “II Congreso Internacional” de nuestra querida Asociación, verificado también en San Juan, Puerto Rico, en el año 2001, a instancias del propio Dr. Rojas Lugo, el tema central del debate fue el pernicioso efecto del neoliberalismo como política económica que obligaba sin remedio a la desregulación legal del trabajo formal a fin de producir más con menos: sí, con menos protección legal para el operario, con menos prestaciones y con menos garantía para el operario y sus familias. El debate fue rico en ideas, y algunos de los actuales Ponentes estuvieron presentes en aquella ocasión.

Recordamos como la voz del Dr. Rojas Lugo, nuestro anfitrión en unión de su familia y un selecto grupo de amigos, vibró entonces para hacernos ver esta dolorosa realidad Latinoamericana, como tantas veces lo hizo a lo largo de sus continuos periplos a lo largo y ancho de su amada “América morena”, distinguiéndole así de la que se hace llamar a sí misma como “América” (sic) sin ser un continente.

La Declaración final de aquél inolvidable Congreso celebrado en esta “Isla del Encanto”, fue contundente y aleccionadora. Pero sería aquella la última vez que Don Osvaldino, el maestro, el guía, el líder y caudillo de las causas sociales, encabezaría las luchas del juslaboralismo continental desde este lugar estratégico.

Luego, en el “III Congreso Internacional”, efectuado en la ciudad de Guadalajara, México, la AIJDTSSGC sufrió su primera gran transformación cuando, a raíz del deceso del Dr. Rojas Lugo, se tomaron por los agremiados decisiones cruciales no sólo para la supervivencia como Asociación académica, sino también para afrontar los enormes retos y desafíos que nos presentaba el siglo XXI.

Fue en la ciudad de Guadalajara, el día 21 veintiuno de Noviembre del año 2003, donde se aprobaron por unanimidad de todos los congresistas con derecho a voto nuestros nuevos Estatutos que desde entonces rigen nuestra vida académica. Mediante una serie de estrategias, aunado a la infatigable labor de un grupo de personas que tuvimos la enorme fortuna de contra con la amistad generosa que nos dispensara siempre el Dr. Rojas Lugo, se fortaleció la creación de nuevas Filiales, la aceptación de nuevos Miembros de Número que reunieran los requisitos exigidos para su ingreso, la expansión de nuestra tarea a todos los confines continentales y del planeta entero, con un objetivo clave: volvernos interlocutores confiables, reconocidos por propios y también por extraños. Y lo cierto es que algunos podrán soslayarla, pero nadie ignora la existencia de la AIJDTSSGC y de nuestra fuerza expansiva.

Digamos entonces que ese Congreso de Guadalajara —junto con la respectiva Declaración del mismo nombre—, resultan clave para entender nuestro crecimiento exponencial en los últimos 4 años; nuestra participación activa en más de cien eventos académicos en Iberoamérica; explica el porqué tenemos ahora más de mil Miembros de Número afilados, y porqué hemos duplicado nuestras Filiales en Iberoamérica. Hemos crecido y seguiremos creciendo exponencialmente, que quede claro.

No sobra añadir al punto que precisamente en Guadalajara, a finales de 2003, firmaríamos un Hermanamiento histórico con otras Asociaciones e Instituciones académicas análogas, lo que de suyo fue un justo acto de reconocimiento para con nuestra existencia y nuestra fuerza. Las relaciones entre todas ellas es tersa a partir de entonces, si bien seguimos conservando nuestro propio sello de identidad y plena autonomía.

EL IV CONGRESO INTERNACIONAL Y

“LA DECLARACIÓN DE CARACAS”

Nuestro “IV Congreso Internacional de la AIJDTSSGC”, celebrado en la ciudad de Caracas, Venezuela, logró un hito histórico: convertirse por 3 días en la capital laboral Iberoamericana —al igual que hoy lo es Puerto Rico—. El tema eje y la motivación principal “Desarrollo Económico con Justicia Social” es altamente ilustrativo de lo trascendente e importante que fue ese evento académico, un parteaguas que nos consolidó y que lograra reunir a más de ochocientos congresistas.

En tal evento académico se hizo énfasis en la necesidad de análisis de nuestras actuales sociedades que, por desgracia, se han venido estructurando bajo modelos económicos en los que se privilegia sólo lo económico, subordinando siempre el desarrollo humanista que es la base de la justicia social. Por ello se planteó que no puede haber desarrollo económico justo, sin la participación activa de los que han estado excluidos de todo desarrollo social; se dijo que no podrían salir del pozo en que se encuentran aquellos que han sido vilmente explotados por quienes tienen el dominio de los medios de producción, y mientas el Estado y la sociedad entera no cobre conciencia que urge voltear hacia los excluidos sociales, antes de que incuben movimientos sociales peligrosos.

Se dijo allí en Caracas que en este nuevo siglo se está replanteando, con mayor intensidad, la lucha sostenida de los países en vías de desarrollo o con economías emergentes, que han sido siempre excluidos, marginados y/o discriminados en todos los Acuerdos Comerciales Internacionales, siempre impuestos por los poderosos en estas formas de mundialización de la economía.

Debíamos entender de entrada el fenómeno de la globalización de la economía, y coincidimos que era la internacionalización de las relaciones económicas, regidas por organismos mundiales, cuyo único fin es tutelar el capital en la hegemonía de las empresas transnacionales impuesta a países carentes de tecnología de punta, es decir, de aquellos que cuentan con las ventajosas prácticas de mercados subsidiados para sacar provecho, en este mundo global, de quienes tienen palpables insuficiencias económicas.

Finalmente todo ello ha servido para desarrollar, al través del abuso de los recursos naturales no renovables, y la fuerza humana del trabajo pagado a precios deshumanizados, el desarrollo de los países altamente industrializados. Organismos internacionales —tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como otros de similar naturaleza—, no obedecen sino a impulsos de los países desarrollados; así, pretenden que los países del llamado “Tercer Mundo”, en especial los de América Latina, abran sus mercados y que éstos sean presa fácil de productos, servicios e inversiones que no beneficiarán a las comunidades Latinoamericanas, sino más bien provocarán una sentida exclusión social.

Allí en Caracas, con índice de fuego, se señaló que la globalización no es sino una nueva versión del liberalismo económico del siglo XVIII, del cual Adam Smith fue su mejor exponente. Esta tendencia pretende desregularizar el comercio, aboliendo las fronteras y con ello facilitando a los países líderes de la economía mundial la penetración, la explotación y la destrucción de las economías de los países que no tienen un desarrollo económico sustentado. Concluimos en abrumadora mayoría los congresistas allí reunidos, que ésos no son Acuerdos Comerciales justos, sino inequitativos, que para colmo tienen efectos perniciosos sobre el trabajo regulado y los ahora depauperados esquemas de protección social.

Así las cosas, lo reiteramos ahora, las pretensiones de los organismos económicos internacionales radica en que los países en vías de desarrollo que aplicaron recetas “fondo-monetaristas”, transiten a estadios de miseria inmerecida, lo que ha deteriorado sensiblemente el tejido social y de paso han provocado sociedades menos desarrolladas, que no logran una verdadera solidaridad y menos alcanzan una genuina justicia social.

PUERTO RICO SEDE CON LEGITIMIDAD DE ORIGEN

Ahora bien, este “V Congreso de la AIJDTSSGC” se celebra hoy en Puerto Rico, la patria querida del Maestro Osvaldino Rojas Lugo, lugar que por decisión unánime hemos escogido y acogido todos los participantes en este evento académico como la actual “capital Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”.

En efecto, bajo el generoso auspicio del señor Secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, el Hon. Román M. Velasco González, y con la guía de nuestro actual Presidente Internacional de la AIJDTSSGC, Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, de México, se han agrupado aquí, hombro con hombro, representantes de todos los sectores sociales, provenientes de la península Ibérica, de la parte norte de América —aglutinando a los hispano parlantes de los Estados Unidos y México—, así como de Centro América, del Caribe latino, y de los países de América del sur. Podemos decir nuevamente que en este evento está presente lo más granado del juslaboralismo Iberoamericano.

He ahí el gran reto y la enorme responsabilidad adquiridas por los señores congresistas en San Juan, Puerto Rico, debido a las proyecciones y trascendentales decisiones asumidas en 3 días intensos de intercambios de ideas, de experiencias nacionales compartidas, de compartir vivencias y aspiraciones, y en especial, de valoración de todas las metas incumplidas que como tarea deberemos acometer de inmediato.

Queda mucha tarea por hacer y desafíos por acometer en la lucha por lograr una justicia social plena que evite las inmerecidas miserias existentes en nuestra “América morena”. La lucha está aún por libarse en todos los frentes continentales.

Por ello guarda especial relevancia que Puerto Rico, la cuna del querido Maestro Latinoamericano Osvaldino Rojas Lugo —a quien hoy, en su propia tierra, venimos a rendirle públicos honores como el colosal luchador social que fue—, sea el bastión donde comenzará renovada ésta gesta. Puerto Rico, ya se sabe, tiene un historial magnífico de luchas obreras, derivadas de añejas aspiraciones sociales aún no alcanzadas; no ignoramos que la gente de esta noble tierra ha luchado siempre por elevar la calidad de vida de sus habitantes, algo que constatara personalmente el propio Dr. Rojas Lugo.

Él, no hay duda, fue un luchador social insigne, dedicado permanentemente a la defensa de los derechos de los trabajadores puertorriqueños; pero su lucha no quedó aquí, en su patria, sino que fue expansiva, extendiendo su misión a Latinoamérica entera. De manera que no hubo país hermano, Universidad pública o privada, ni evento académico en el cual no participara con su voz siempre atronadora, clara, precisa y firme, seguro de sus ideales, congruente con su figura señera, predicando siempre lo que era su afán: llevar a Latinoamérica una justicia social que rescatara del injusto nivel de vida padecido por los trabajadores, que tanta explotación habían sufrido a los largo de los siglos; y que desgraciadamente a finales del siglo XX e inicios del XXI aún seguían padeciendo.

Por ello el Maestro Osvaldino Rojas Lugo no solamente obtuvo respeto, consideración y el cariño sincero del pueblo —tanto en su querido Puerto Rico, como de su amado San Juan—, sino que además se ganó el respeto, admiración y la gratitud perenne de sus pares, los juslaboralistas Iberoamericanos, convirtiéndose por méritos propios en algo así como el “embajador de la justicia social Latinoamérica”. Porque él era y seguirá siendo un “Latinoamericano nacido en Puerto Rico”.

NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN COMO INTERLOCUTOR

SOCIAL DE LA AIJDTSSGC

Por estas circunstancias, hoy mas que nunca necesitamos a nuevos profesionistas de la ciencia jurídica que sean dignos discípulos y fieles seguidores del pensamiento del Dr. Osvaldino Rojas Lugo, para alejar de una buena vez y para siempre de nuestros pueblos las teorías económicas neoliberales, donde se privilegia un desarrollo económico por sobre la justicia social.

Cierto, los académicos debemos ser la voz de quienes no tienen voz, representantes legítimos de esa masa anónima de trabajadores que requieren que quienes hemos tenido el enorme privilegio de educarnos, seamos por convicción sus auténticos mandatarios e interlocutores válidos ante otras instancias; profesionistas comprometidos con el humanismo y con la justicia social en todos los foros.

Porque en verdad se han escuchado y analizado en este magno evento académico, ideas y ponencias trascendentes —tanto las derivadas de las Conferencias Magistrales, como en las formuladas por los propios Congresistas—, así como hemos debatido asuntos cruciales en Paneles de Expertos —que fueron acerca de la protección de la mujer y el imparable fenómeno de la migración laboral, ambos temas, ejes de este “V Congreso de la AIJDTSSGC”—; la idea que nos animó en nuestros trabajos era la obtención de una mayor participación geopolítica, una interlocución válida con organismos laborales internacionales y de los gobiernos nacionales de Iberoamérica, al reconocer las distintas necesidades que, en el ámbito del hombre y de la mujer trabajadora, se vuelven asuntos prioritarios en Latinoamérica pues en juego se halla el cabal obsequio a los derechos humanos, un derecho exigible por cierto a los propios Estados.

La suma de ideas, de conclusiones y propuestas, ejemplifican con meridiana claridad qué hicimos durante estos 3 intensos días de trabajo fecundo y creador.

Ejemplos claros de ello son el inquietante caso de la mujer trabajadora —entendida a la par como cabeza de familia—, que nunca ha estado suficientemente protegida; los desfasados mecanismos de la protección social, tanto en la maternidad, como en lo relativo a otras contingencias de vida; o la necesidad de protección para los niños y adolescentes que laboran y no pueden estudiar.

Otro tema toral abordado por nosotros es el relativo a la eventual extensión de la seguridad social a la economía informal y a los migrantes. Ha sido preocupación y motivo de debate en este Congreso —a propuesta del actual presidente de la AIJDTSSGC, el Dr. Ángel Guillermo Ruiz Moreno, reconocido experto en esta temática en toda Iberoamérica—, que tanto trabajadores migrantes como los auto-ocupados en el mercado informal del trabajo, cuenten al menos con un marco mínimo legal de protección social.

Porque entendemos que el régimen de la seguridad social no puede estar circunscrito exclusivamente a quienes están inmersos en una relación laboral subordinada —costeada tripartitamente de los aportes y cotizaciones tanto del patrono como del trabajador, así como del Estado—. Debido a la progresividad y universalidad a que propende la seguridad social contemporánea, se ha considerado la necesidad de dirigirse a áreas antaño no exploradas, como lo es la protección de los desheredados, pues el simple hecho de no contar con recursos económicos para sufragar este servicio público de innegable impacto social, no debe ser impedimento de que el Estado asuma su natural compromiso de atender a todos sus habitantes de un país, en especial a los más desposeídos y marginados.

Por ello es que este ”V Congreso Internacional de la AIJDTSSGC”, efectuado en San Juan, Puerto Rico, del 7 al 9 de Noviembre de 2007, ha presentado características muy especiales, y de allí que su Declaración esté orientada a dejar perfectamente clara nuestra postura académica con respecto de asuntos que son de enorme envergadura.

En razón de todo lo expuesto, hemos unánimemente decidido asumir los siguientes ACUERDOS, mismos que en lo sucesivo serán públicamente conocidos como: “DECLARACIÓN DE SAN JUAN”:

PRIMERO. Que en esta época de globalización económica, en donde el mercado feroz sin rostro humano impone sus reglas, ha sido un factor en la integración de los pueblos y en sus políticas de gobierno los Acuerdos Comerciales bilaterales y multilaterales, especialmente en América del Sur —tales como la Comunidad Andina, el Grupo del Tres, o el MERCOSUR—, sin dejar de lado los de Norte y Centroamérica.

Sin embargo, tales Acuerdos internacionales han buscado desarrollar el comercio entre las naciones aboliendo las barreras arancelarias imponiendo limitaciones —sobre todo laborales y de protección social— para poder realizar libremente tales actividades económicas, verbigracia al través de medidas de apertura de fronteras en donde los servicios, productos o materias primas tengan libre tránsito para beneficio de la economía interna de esos países más ricos, quienes de esta forma amplían su mercado y expanden su injusto dominio con respecto a los más pobres. Ya lo decía el insigne Maestro mexicano Mario de la Cueva: “entre el fuerte y el débil, es la libertad la que mata”, y esa libertad a ultranza, tornada ya en franco libertinaje, ha generado más perjuicios que beneficios a América Latina entera, especialmente a los trabajadores y a sus familias.

SEGUNDO. Que es un deber inexcusable de todos los juslaboralistas y segurólogos sociales pertenecientes a la AIJDTSSGC, tratar de ser factor importante de estudio, análisis y divulgación de ideas, que tiendan a atemperar tan sentida problemática social detectada, así como estructurar y/o recomendar políticas públicas acerca de las tendencias actuales del Derecho del Trabajo y del Derecho de la Seguridad Social.

Debemos propender los académicos a llevar a cabo acciones pacíficas, correctamente diagnosticadas y planificadas, viables y factibles, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras adolescentes, para rescatar a la niñez explotada del continente, y para darle a la mujer una protección integral ahora que se ha incorporado al mercado laboral. El reto es contar con una calidad de vida digna y decorosa, cumpliendo con el derecho humano inalienable e irrenunciable de que todos podamos tener un trabajo decente, al cual propugna la propia OIT.

TERCERO. Que la mujer trabajadora en su triple rol de empleada, madre, y actual cabeza de familia debido a la paternidad irresponsable, merece y requiere una protección laboral plena, exigible al Estado, la cual se extienda no solamente a su propia condición individual, sino a la de su familia dependiente económica de ella.

Habrá qué amparar siempre la maternidad y a los hijos por venir, en el contexto de protegerla ante ese triple rol social que ahora las mujeres desempeñan. Ahora, cuando la mujer se ha debido incorporar al trabajo formal subordinado, es necesario reconocerle todos esos derechos que sistemáticamente se la ha pretendido negar, y actuar en consecuencia, haciéndolo responsablemente y con una visión nacional de largo plazo, pues se halla en peligro nada menos que la propia célula básica de nuestras sociedades, que es la familia.

CUARTO. Que constituye un verdadero flagelo el desempleo en toda Latinoamérica, para mujeres, hombres, y adolescentes en edad productiva, quienes teniendo necesidad y voluntad para desarrollar un empleo digno y socialmente útil, con plena capacidad para ejercerlo, no encuentran una ocupación decente y decorosa que le permita obtener los recursos económicos suficientes para lograr esa existencia digna a que tiene derecho.

Es deber ineludible de todos los Estado de Iberoamérica crear las condiciones políticas y económicas necesarias para la creación de nuevas fuentes de empleo y la preservación de las ya existentes.

QUINTO. Que la tecnología desenfrenada que solamente aspira a producir más a un menor costo, y que muchas veces reduce las oportunidades de empleo para millones de personas en esta área geográfica, debe ser atemperada y mejor pensada, dejando de lado el simple afán de lucro y optando por una racionalización de la tecnología que mejore las condiciones de trabajo para que éstos sean mejor remunerados.

La máquina debe estar siempre al servicio del hombre y no al revés; los seres humanos jamás deben estar sometidos a los avances científicos y tecnológicos, siendo un absurdo lo que acontece con el mercado de trabajo contemporáneo que se cierne ominoso para las nuevas generaciones y las actuales con mayor esperanza de vida. No es que estemos en contra de los avances científicos y tecnológicos; estamos en contra más bien de su utilización indiscriminada y perversa, en decremento de la calidad de vida del individuo.

SEXTO. Que lamentablemente no se ha podido erradicar el trabajo infantil y que ello conlleva que se le haya despojado injustamente a los niños de su derecho a tener una infancia racionalmente adecuada, donde se forme y desarrolle adecuadamente; de manera que por razones de carácter económico y ante la falta de medidas efectivas o de políticas publicas de protección, estas legiones de menores explotados inundan nuestros países Latinoamericanos, y están a merced de verdaderos depredadores humanos, mafias solapadas incluso hasta por las propias autoridades nacionales, lo cual afecta el desarrollo físico, intelectual y moral de nuestras generaciones futuras, en cuyas manos, tarde que temprano estaremos.

Debemos entonces defender a nuestros niños, que a fin de cuentas son hijos de todos. Urge entonces erradicar toda forma de explotación en el trabajo infantil, lo cual creemos que sólo podrá ser posible cuando hagamos de la educación previsional en nuestros pueblos de la “América morena”, el eje sobre el cual giren todas las estructuras nacionales. Sin educación de plano no hay progreso ni evolución posibles.

         SÉPTIMO. A solicitud expresa del Hon. Ramón M. Velazco González, Secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en esta Declaración de San Juan, se incluyen dos elementos que resultan prioritarios: la promoción de la paz laboral para hacer del centro de trabajo un santuario de paz espiritual y armonía; y el fomento de un diálogo social tripartita, en el cual intervengan los sectores patronal, sindical y el propio gobierno, con el objeto de dirimir todo tipo de controversias en ambientes de consenso, no confrontacionales. 

Siendo el Norte de la gestión pública del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico los siguientes:

• Aspiramos a que alcancemos una sociedad en el que el gobierno sea el máximo propulsor de la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.
• Asumir el compromiso necesario para erradicar el discrimen, tanto en el sector público como en el privado.
• Tolerar las diferencias sociales que existen en nuestro mundo de trabajo.
• Tener presente que todos los hombres y mujeres son iguales; las oportunidades en el empleo no deben estar sujetas a prejuicios, sino a los méritos individuales de cada uno.
• Reaformar la máxima de que cada ser humano es un integrante valioso de este mundo, capaz de aportar lo mejor de sí en beneficio de esta generación y de generaciones futuras.
  

EXHORTACIÓN

Así las cosas, a los Miembros de Número de la AIJDTSSGC —participantes o no de este V Congreso Internacional—, así como a quienes esto vieren o escucharen, sin distingo se les formula una atenta EXHORTACIÓN:

Que difundan en todos los confines de Iberoamérica esta “Declaración de San Juan”, poniendo en práctica sus Acuerdos contenidos en ella; habiendo sido guiados e inspirados en esta cálida y bendita tierra del Caribe, por el inolvidable maestro del juslaboralismo Latinoamericano Don Osvaldino Rojas Lugo.

Que se comunique por los conductos adecuados a la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT a la brevedad el contenido de esta “Declaración de San Juan” de la AIJDTSSGC, colofón de los trabajaos desarrollados en nuestro V Congreso Internacional, así como a otros Organismos regionales y/o mundiales análogos de similar importancia.

Centro de Convenciones, San Juan, Puerto Rico, a 9 de Noviembre del 2007.

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE JURISTAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL ‘DR. GUILLERMO CABANELLAS’

Le solicito encarecidamente, amable lector, que sea parte de éste sitio enviando una fotografía de su lugar de origen, que será mostrada en el banner rotatorio que adorna éstas páginas. Si es usted miembro de número, le solicito que nos envíe sus datos generales para el nuevo Directorio de la Asociación, que será enviado a todos los miembros de la Asociación y, si usted lo permite, publicado en este sitio web para facilitar el contacto por parte de otras personas.

Los miembros de las Juntas Directivas locales e internacional de la AIJDTSSGC también pueden solicitar un enlace de correo nombre.apellido @ aijdtssgc.org que será redirigido a su dirección de correo actual. Si usted, además, desea enviarnos una hoja de vida (menor a 500 palabras) ésta será publicada en la sección de contactos de la Asociación.

Es un honor servirles, y espero seguir haciéndolo por muchos años más.

Alejandro Ruiz.

Webmaster AIJDTSSGC.ORG

I. Agradecimiento

Agradezco a los organizadores del evento y de manera especial al Profesor Doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Presidente Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, al igual que a los integrantes del Consejo Directivo de dicha entidad, de la cual me honro en presidir el Capítulo de Colombia, la distinción que se me ha hecho para participar como conferencista de este muy importante evento académico. Importante, muy importante digo, por varias razones, entre las que destaco estas dos: la temática de la cual se ocupa y las calidades personales e intelectuales de quienes participan en el mismo, bien como expositores bien como interlocutores.

Este foro también es importante porque honra la memoria del profesor Osvaldino Rojas Lugo, a quienes los colombianos recordamos con afecto por su señorío, profundo sentido de la amistad y brillantez intelectual.

Esta ocasión es propicia para rememorar que el profesor Osvaldino Rojas Lugo fue pionero en el estudio del acoso sexual en el lugar de trabajo, problema al que dedicó el Capítulo XX del que tal vez fuera su último libro, publicado en 1997 y del cual los laboralistas colombianos fuimos quizás sus primeros lectores. Con un sentido premonitorio sobre las graves repercusiones sociales y jurídicas del hecho y sobre la necesidad de tratarlo con la seriedad y el rigor debidos, dijo entonces:

«Por siglos se fue asentando la conducta que hoy denominados hostigamiento sexual en el empleo. En el pasado existía bajo otras formas crudas y se llevaba a cabo en forma silenciosa sin que el ordenamiento jurídico prevaleciente dispusiera de normas que prohibieran este mal social. Desde el amo que hostigaba a sus esclavas, el poderoso hacendado que abusaba de la hija de agregado a su hacienda, hasta el disminuido requerimiento sexual por el patrono de la empleada doméstica, fueron solo algunas de las formas “aceptadas” por sectores de la sociedad bajo la prisma de que eran manifestaciones normales y naturales de nuestra idiosincrasia cultural”¹.

Mientras muchos colegas nuestros, algunos de ellos profesores eminentes, pensaban en el acoso sexual en el lugar del trabajo como en una sutileza típica del feminismo norteamericano, el maestro Osvaldino Rojas Lugo decía cosas como estas:

«Independientemente de sus orígenes sociológicos y de su vinculación con actitudes patriarcales, no podemos aceptar el hostigamiento sexual en ninguna de sus manifestaciones (…) El cambio social se ha operado. El ordenamiento jurídico vigente en Puerto Rico hasta muy recientemente desfasado de esta nueva realidad social, ha evolucionado e incorporado la normativa necesaria para que otras modalidades de hostigamiento sexual en el empleo, pierdan la aureola de manifestaciones culturales aceptables y sean castigables civil y criminalmente (…) Tenemos que esforzarnos en erradicar el pernicioso hostigamiento sexual en nuestras sociedades que evidentemente crea un clima humillante para la mujer»².

Estas reflexiones muestran que el profesor Osvaldino Rojas Lugo no solo fue precursor en el tratamiento del problema del acoso sexual en Latinoamérica sino analista muy concienzudo del mismo. De manera que debo comenzar esta intervención con un reconocimiento al trabajo desarrollado por él sobre la materia y con una expresión de agradecimiento por sus valiosas luces.

II. Algunas reflexiones e indicadores sobre la

discriminación contra la mujer

Basta decir que solo siete de los 186 Estados miembros de Naciones Unidas están gobernados por mujeres, para concluir que su participación en la sociedad moderna es apenas simbólica, y que a pesar de las conquistas del movimiento feminista el objetivo de la igualdad entre los sexos parece imposible de alcanzar. Esta afirmación cobra mayor significado cuando se estudia el caso de los países desarrollados: de las cuatro mujeres con poder político, tres lo han obtenido por sucesión real³.

El porcentaje de mujeres con poder ministerial es del 6.2 por ciento. En la historia reciente solo 6 mujeres han ocupado el cargo de primer ministro: Eugenia Charles (Martinica, 1980); Gro Harlem Brundtland (Noruega, 1986); Khaleda Zia (Blangadesh, 1991); Benazir Bhutto (Pakistán, 1993), y Sirimavo Bandaranaike (Sri Lanka, 1994).

En la empresa privada ocurre otro tanto: muy pocas mujeres ocupan las plazas decisionales. Un censo relativamente reciente subrayó estas desigualdades: solo el 2 por ciento de los cargos directivos en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos está ocupado por mujeres⁴. «A nivel corporativo, las compañías estadounidenses emplean 8 mujeres por cada 100 hombres. Y fuera de E.U., tomando las 1.000 más importantes, solo uno de cada 100 ejecutivos es una mujer»⁵.

Los indicadores de América Latina son, paradójicamente, menos desiguales: el 20 por ciento de los cargos directivos está ocupado por mujeres. Este porcentaje es más elocuente cuando se le compara con el del mundo desarrollado, que apenas llega al 18 por ciento⁶.

De acuerdo con el informe difundido al respecto por la Organización Internacional del Trabajo, solo dentro de 500 años las mujeres obtendrán la igualdad con los hombres, es decir, acceso a los mismos niveles de poder⁷. Esta predicción podría ser más desfavorable si se considera que con los cambios ocurridos en la Unión Soviética y en los países que conformaban su eje, las mujeres perdieron todo el terreno que habían ganado bajo la égida socialista. El caso de Rusia es ilustrativo: excepción hecha de la embajadora que se desempeña en la isla de Malta, no existen mujeres rusas ubicadas en cargos de poder político o institucional, a pesar de la aceptable participación que tienen en el actual parlamento (13.5%)⁸. La situación de la mujer en los países comunistas sigue siendo desequilibrada: «En la provincia de Heilongjiang, donde se ubica Harbin, las mujeres forman el 49% de los 35 millones de habitantes pero son solo una tercera parte de la dirección del partido comunista de la provincia y son solo un 7% de los jefes de departamento»⁹.

La situación en los otros países subdesarrollados es semejante: Chandrika Kumaratunga, gobernante de Sri Lanka, y Violeta Chamorro, presidente de Nicaragua, fueron hasta hace poco tiempo las únicas dos mujeres en el mundo que accedieron al poder por efecto de una elección democrática. A esa precaria lista se suma hoy Michelle Bachelet, la presidente de Chile.

La retribución laboral de la mujer es significativamente inferior en la mayoría de los países, sean estos desarrollados o no. La diferencia de salarios se refleja en intervalos del 30, 40 y hasta 50 por ciento:

En Chipre, Corea y Japón, las mujeres devengan el 50 por ciento del salario masculino, y en Canadá, donde la práctica del principio de igualdad parecería indiscutible, las cosas no son mejores: el devengo de una ejecutiva es 29 por ciento menor del señalado para su colega hombre. La retribución de las trabajadoras estadounidenses también es discriminatoria: por cada dólar de salario que reciben los hombres, las mujeres de EE.UU solo devengan US$ 0,79.

La situación europea tampoco es ejemplar: en Italia, por ejemplo, la diferencia en la percepción salarial entre hombres y mujeres llega en algunos casos al 30 por ciento.

La retribución de las trabajadoras de América presenta desniveles semejantes: «Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el promedio de las mujeres de la región recibe salarios y remuneraciones que solo alcanzan el 75 por ciento del promedio de los hombres. A pesar de que el número de mujeres profesionales creció del 37 al 60 por ciento en la región, sus salarios continúan siendo más bajos que los de los hombres en términos generales»¹⁰.

La desigualdad histórica que ha afectado a la mujer en materia de oportunidades y salarios ha influido en los índices actuales de pobreza: de los 1.400 millones de pobres que tiene el mundo, 1.110 millones son mujeres.

Para comprender el drama de la miseria femenina basta leer este pasaje:

«Al igual que la mayoría de las clientas, Nanuben Vittahalbhai, que no sabe leer ni escribir, solo pudo firmar con su huella dactilar en el Banco Sewa para obtener su primer préstamo. Lo usará para expandir su negocio de ropa usada en un mercado de Ahmedabad. Con los US 10 (diez) que le prestó Sewa, Vittahalbhai compró un paquete de gastados saris, pantalones y camisas. Lavó las prendas, las remendó y las vendió con ganancias en el mercado local. Después de 17 años y 13 préstamos, esta madre de cuatro hijos ha sacado a su familia de una choza de barro y puede darles más de una comida diaria»¹¹.

Este, infortunadamente, no es un típico cuadro indio. Es una realidad que se advierte en muchos otros lugares del planeta y que amenaza con extenderse como una inmensa mancha de aceite.

El número de mujeres analfabetas ha disminuido a partir de 1960, pero sigue siendo mayor al de los hombres. En 1985 se contaban 940 millones de analfabetas en el mundo, de los cuales 610 millones eran mujeres. Esta diferencia sigue existiendo gracias a que los varones tienen mayor oportunidad de acceso a la educación, sobre todo en los países del tercer mundo.

En materia de formación profesional las diferencias no son tan abismales. Durante los últimos treinta años la mujer ha mejorado sus niveles de escolaridad en forma significativa, y en ciertos países incluso ha sobrepasado los del hombre. Los casos de Cuba, Emiratos Árabes, Leshoto e Islas Vírgenes son emblemáticos: por cada 123 «doctoras» existen 100 «doctores» en Cuba. La relación es mayor en los otros tres países: 139 a 100 en los Emiratos Árabes, 172 a 100 en Leshoto, y 259 a 100 en las Islas Vírgenes.

Es verdad que de los 1.000 millones de analfabetas que tiene el mundo las dos terceras partes corresponden a mujeres, pero también lo es que el número de las que acceden a la universidad se viene incrementando significativamente desde 1970. Por cada 100 hombres que estudian una profesión clásica se cuentan 32 mujeres en África, 84 en Asia, 94 en Europa y 106 en América Latina.

La lucha por la igualdad es un problema de segundo orden pues ante todo se impone resolver el de la violencia contra la mujer, cuyos índices son realmente aterradores. El estudio que sintetizamos a continuación así lo demuestra, y aunque no incluye estadísticas sobre América Latina proyecta una idea de la magnitud que podría tener ese problema en la región, que no se caracteriza propiamente por ser la más pacífica.

Porcentaje de mujeres americanas que dicen haber sido asaltadas sexualmente alguna vez en su vida (27%); de esposas de Bangkok que son golpeadas regularmente por sus maridos (50%); de esposas maltratadas en Nueva Guinea (76%); de mujeres asaltadas y golpeadas por sus compañeros en Canadá (43%); de mujeres canadienses que son acosadas sexualmente en el lugar del empleo (37%); de niños y mujeres que son víctimas de homicidio por parte de un miembro de la familia en Austria (90%); de esposas que formulan cargos contra los hombres en Canadá (93%). Número de mujeres africanas cuyo clítoris ha sido removido o alterado (80 millones); de mujeres hindúes asesinadas en disputas relacionadas con la dote de novia durante 1987 (1.786); de mujeres quemadas diariamente por querellas originadas en el mismo motivo (5); de abortos practicados en las clínicas de Bombay contra fetos de sexo femenino (7.999); abortos practicados contra fetos de sexo masculino en la misma ciudad (1); relación niños-niñas que reciben atención médica en los hospitales de la comunidad de Blangadesh (50 – 1); rata de crímenes violentos en Canadá (por cada 1000 habitantes 77 mujeres). Promedio de tiempo entre asaltos sexuales en Canadá (17 minutos); promedio de tiempo entre cada violación cometida en los Estados Unidos (6 minutos)¹².

Los países del «primer mundo» no están a salvo de la barbarie que se ejerce contra la mujer. Un ejemplo de esta triste realidad fue comprobado por los televidentes de todo el planeta cuando se difundió un reporte sobre la condición de los derechos humanos en la cárcel femenina de Kingston, Canadá, donde guardianes fuertemente armados golpeaban, desnudaban y acaso violaban a las reclusas. Estas escenas merecieron una airada protesta de la opinión pública mundial, estupefacta con la noticia de que los responsables del hecho habían sido absueltos¹³.

Mujeres perseguidas por motivos políticos o ideológicos, desaparecidas o asesinadas en el curso de un conflicto o torturadas por tener vínculos con opositores de determinado régimen: he aquí algunas de las expresiones de violencia denunciadas por Amnistía Internacional durante los últimos doce años. De acuerdo con los reportes de esta organización, la mayor parte de los refugiados adultos de los años noventa, que actualmente suman 34 millones, son mujeres que huyen para salvar a sus menores hijos y que están sometidas a la obligación de prestaciones sexuales a cambio de documentos y asistencia alimentaria. Amnistía Internacional también denuncia «el estupro por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad en la India, la violencia de los soldados peruanos empeñados en operaciones contra – insurreccionales, las agresiones sexuales en el conflicto civil de Gibuti y la guerra en Afganistán que pone en peligro la vida de muchas mujeres instruidas y profesionales»¹⁴.

El problema de la agresión contra la mujer se refleja en Estados Unidos con unas cifras no menos alarmantes: entre 4 y 6 millones de americanas son maltratadas por sus parejas cada año, y de ellas al menos 1.500 mueren debido a actos de violencia marital¹⁵.

Si a este cuadro se agregan las 50.000 mujeres y niñas violadas por los cristianos serbios¹⁶ y el infinito número de víctimas de la masacre de Ruanda, que justamente se ha comparado con la magnitud del holocausto judío, se aceptará que el más grave problema de la mujer contemporánea es el de la agresión que se ejerce contra ella, y que en orden de prioridades el de la desigualdad es secundario, aunque también se admita que ambos hacen parte del mismo círculo vicioso y que existe uno precisamente a consecuencia del otro¹⁷.

La Organización de Naciones Unidas ha reconocido esta precedencia al señalar las materias tratadas en las reuniones preparatorias de su Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer (Pekín, 1995). La denuncia del estupro étnico en la antigua Yugueslavia ha despertado conciencia sobre la necesidad de reformular la legislación que consagra la inviolabilidad del cuerpo femenino, tema al que se sumarán los de pauperización femenina, dignidad de la mujer en el lugar de trabajo y conjugación de los principios de libertad, igualdad y diferencia.

Las realidades expuestas en este aparte se agravan con la vulnerabilidad de la salud femenina. El 45 por ciento de los adultos portadores del VIH corresponde a mujeres, y se estima que para el año 2.050 más de sesenta millones de mujeres estarán infectadas, y que al menos quince millones de niños quedarán huérfanos por esa causa. De acuerdo con los reportes de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 600.000 mujeres por complicaciones asociadas al embarazo. «Los abortos no asistidos médicamente causan la muerte de una mujer cada tres minutos y unos 300 millones de mujeres no tienen medios para planificar sus embarazos»¹⁸.

El trabajo de las amas de casa empieza a ser considerado como un componente significativo de la economía y no son pocos los países que estudian distintos proyectos de ley para menguar el tratamiento discriminatorio que lo caracteriza. Más aún: se está pensando en la posibilidad de adecuarlo a una forma típica que lo haga productivo en términos de salario al margen de la relación que vincule a la pareja.

Cuánto vale esta clase de trabajo es una cuestión difícil de establecer. Una empresa inglesa ha ponderado distintos factores (habilidades prácticas, recursividad, organización, inteligencia) para derivar un costo promedio de US $ 3.000 mensuales¹⁹. Este guarismo también se funda en el número de horas que integran la jornada. De acuerdo con el estudio citado, las mujeres dedican 32 horas semanales al cuidado de la familia y de la casa cuando desempeñan un trabajo remunerado, y 52 horas cuando no salen del hogar. Si existe un niño de menos de un año la jornada semanal se eleva a 95 horas. Para los hombres, en cambio, la media semanal es de solo 6 horas²⁰.

La Organización Mundial de la Salud ha suministrado datos equivalentes al deplorar que el reparto de las responsabilidades familiares no haya experimentado mayores cambios: «Las mujeres que tienen empleo dedican un promedio de tres horas al día a las labores domésticas y aproximadamente una hora a la atención de los niños. Los padres solo aplican 17 minutos diarios a las tareas del hogar y 12 a la crianza y cuidado de sus hijos»²¹.

Todos los Informes sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas confirman que las mujeres trabajan más horas que los hombres en prácticamente todos los lugares del planeta, y que esa actividad no se compensa debidamente. La carga laboral asociada a las responsabilidades domésticas se incrementa dependiendo del promedio de natalidad, que en los países subdesarrollados sigue teniendo índices muy altos: mientras la mujer africana tiene seis hijos y la asiática cuatro, la de los países industrializados solo tiene dos.

La baja participación de la mujer en los órganos políticos obedece a una compleja interrelación de factores que no estamos en condición de explicar en éste aparte pero que esencialmente deriva del arraigo familiar impuesto por el hombre. Y no es un problema de discriminación circunscrito a los países del tercer mundo como se podría estimar. La institución parlamentaria de las naciones desarrolladas tampoco refleja la regla de paridad.

Se podría afirmar que la participación femenina en los parlamentos del mundo sigue siendo absolutamente minoritaria ya que en el mejor de los casos solo llega al 33 por ciento. El porcentaje actual de representación política de la mujer en las dumas europeas arroja estas desigualdades: Alemania (Cámara Baja: 18%, Senado: 25%); Bélgica (6.4% - 10.9%); Dinamarca (33%); España (15.7% - 12.1%); Francia (6% - 3.1%); Gran Bretaña (6.8% - 6.5%); Grecia (3.5%); Holanda (28.1% - 26.7%); Irlanda (12% - 13.3%); Italia (8.1% - 9.5%); Luxemburgo (16.6%); Portugal (15.7%). El promedio de participación femenina alcanza, pues, el 11.3 por ciento²². La integración del parlamento europeo refleja un desequilibrio similar pues de sus 444 diputados solo 100 son mujeres²³.

La baja representación femenina en las corporaciones políticas de otras naciones industrializadas es igualmente pobre, y de acuerdo con las conclusiones de algunos estudios estaría por debajo del promedio que las minorías raciales, étnicas y religiosas han alcanzado en los mismos organismos²⁴. Sin embargo y por un paradójico efecto de contraste, parecería suficiente para influir en la adopción de decisiones que como las relativas a control natal, aborto y fortalecimiento del núcleo familiar, constituyen preocupaciones primarias del legislador moderno.

La verdad es que vivimos en una sociedad poco democrática y deliberadamente desinformada sobre el tema, que no por ignorado deja de tener graves implicaciones. El acoso sexual, la segregación derivada de la maternidad o la diferencia de trato en materia de condiciones de empleo son formas conocidas de discriminación, pero es evidente que no son las únicas. Existen otras conductas sutiles igualmente perjudiciales que afectan el entorno laboral de la mujer y que debieran ser objeto de censura social y jurídica.

Mientras no se fomenten los valores de la cultura democrática es claro que no se estará en condición de reconocer el problema. Los partidos políticos, los sindicatos, las agencias del gobierno y los movimientos de mujeres tienen gran responsabilidad en esa tarea. No solo para exigir la paridad de derechos entre los dos sexos, que consolidada significaría un gran avance, sino para interesarse por el desarrollo de los principios igualitarios en el entendido de que son presupuesto esencial de la paz, que no puede germinar en un campo sembrado de injusticias. Este no es un problema de ideologías. El respeto por el principio de igualdad es una cuestión prioritaria que concierne a la organización de la sociedad democrática, al funcionamiento del Estado moderno y a la supervivencia y progreso del individuo.

III. El acoso sexual en el lugar de trabajo: una expresión discriminatoria

Antes de abordar los aspectos específicos del problema conviene observar que el acoso sexual en el lugar de trabajo es una expresión discriminatoria, por lo que entonces deben hacerse algunas precisiones de principio par