Prioridad Nacional: la vigencia de los derechos de seguridad social

Luis Briseño Pimienta

 

 

Al inicio del Tercer Milenio, es preocupante para la estabilidad pública la crisis del régimen de seguridad social en nuestro país, al margen de que no es un evento aislado, se ha hecho sentir en el mundo globalizado con efectos de más impacto en los países en vías de desarrollo, Arnold J. Toynbee en su obra “Estudio de la Historia” 1 parafrasea a lord Acton: “La historia general depende, naturalmente, de la acción de fuerzas que no son nacionales, sino que proceden de causas más amplias…”, en México el pronóstico de la quiebra técnica por desfinanciamiento de los organismos públicos de Seguridad Social que dan protección indistinta a la clase trabajadora y a los servidores públicos del estado, se hace evidente su crisis sobre todo en el anuncio del desfinanciamiento para garantizar el pago de pensiones en el futuro inmediato, aunado al decremento observado en los últimos lustros, de la calidad de la atención médica; lo anterior sucede no obstante a las dos reformas sustanciales a la estructura normativa del Seguro Social que, de acuerdo con las tesis neoliberales apuntan a la minimización gradual del derecho social y hacia su privatización, cambio que se inicia a partir de 1997 en el Seguro Social en su estructura interna que establece en su reforma más controles del estado, que limita la capacidad de su autonomía como organismo descentralizado y en lo externo se implementan nuevos preceptos que generan rigidez y acciones represivas en contra de los empleadores omisos, esto último considerando la crisis económica, resulta un contrasentido, coadyuva a la extinción de fuentes de trabajo, en decremento al ingreso institucional, por otra parte en prosecución al proyecto económico neoliberal, se otorga a los particulares el manejo de los fondos destinados al financiamiento para el otorgamiento de pensiones, adecuándose al modelo chileno del Seguro Social a nuestra estructura normativa, situación jurídica que genera contradicciones, a los postulados constitucionales en materia de riesgos de trabajo, el nuevo modelo entre sus bondades plantea el fomento obligado del ahorro interno, el implemento de cuentas individuales por la colectiva del antiguo modelo, institucionalizando canales de información que pretenden otorgar transparencia en la administración y el manejo del negocio del dinero que se origina en la especulación que genera los tiempos de espera para el otorgamiento de las prestaciones previstas por la ley, donde presumiblemente comparten las utilidades obtenidas en el negocio, los trabajadores con la empresa administradora del fondo de ahorro, reforma que ha contrariado como ya se ha expresado, no solamente principios que consagra Nuestra Carta Magna, sino que además violenta el discurso que contenía la primera Ley del Seguro Social que consagraba de interés público la prestación de los servicios que ordena la Ley del Seguro Social, concepto que inhibía la participación directa de las empresas privadas en el otorgamiento del servicio público de referencia, lo que no se visualiza en la actual Ley.

En este proceso de cambio además se valida la necesidad de una reforma más profunda en el futuro inmediato, que pretende violentar derechos adquiridos, que son imperativos para la paz social y bienestar colectivo; los detractores del estado de bienestar al efecto parten del argumento de lo oneroso e incosteable que resulta para el estado garantizar la permanencia del modelo de los seguros sociales vigentes y plantean en su análisis entre otros motivos de origen del desfinanciamiento del Seguro Social y del ISSSTE, ya que según sus tesis esto se produce como resultado de la ineficiencia de la burocracia que labora en las instituciones que otorgan ese servicio público, que su desarrollo generó entre otros problemas la falta de previsión para garantizar el pago de pensiones en el futuro cercano, su organización produjo macrocefalia administrativa, contratos colectivos con exceso de prestaciones y prebendas, así como el fortalecimiento del corporativismo, equipamiento costoso en la atención médica que pronto se vuelve obsoleta, como resultado de la dependencia tecnológica, costos altos en terceres niveles de atención para privilegiados y sobre todo la incidencia de actos de corrupción que encarecen la prestación del servicio que otorga el modelo de seguridad social, generando cargas impositivas extraordinarias que impactan costos en la producción, que debilita la capacidad de competencia de nuestras empresas, en el libre mercado además se minimizan los beneficios que han generado 60 años de vigencia del sistema de seguridad social que desarrolló el estado mexicano, donde resulta incuestionable que los servicios y las prestaciones que la ley otorgó a los derechohabientes, lograron mejorar la salud, expectativas de subsistencia y calidad de vida, quienes habían carecido de la atención médica y recursos económicos mínimos destinados para su sobrevivencia motivada cuando se produjera el retiro obligado del trabajador, la historia deja como enseñanza que las causas de la inseguridad manifiesta de las mayorías, son los reclamos de justicia colectiva insatisfecha, que demandan nuestros pueblos en lucha reiterada por la Independencia y la liberación de la cultura latinoamericana, necesidades sentidas, exigencias reivindicatorias que han segado vida en un costo cruento, en nuestra circunstancia, se produjo la esperanza de cambio como consecuencia de la más grande insurgencia popular, que dio lugar a que en 1917 se plasmara por primera vez en el mundo el derecho social en la Constitución Política que dio el acceso a la educación superior gratuita y a la ley del trabajo y a que se legislara a mediano plazo la primera Ley del Seguro Social, que protege a la clase trabajadora en las zonas urbanas y a segmentos de la población rural, donde además se programó en vía de acciones solidarias, los beneficios de la seguridad social a los trabajadores del campo, esta última acción hoy beneficia sólo a algunos estados de la República en aras del equilibrio financiero Institucional.

Respecto de las contradicciones que contiene la Nueva Ley del Seguro Social, el maestro Angel Guillermo Ruiz Moreno en su obra “El nuevo derecho de la Seguridad Social” 2, en lo conducente puntualiza tratando de la nueva estructura normativa de vigencia en nuestro país a partir de 1997 que el régimen pensionario en la rama del riesgo de trabajo resulta inconstitucional y que al respecto nada se ha dicho por los críticos y los especialistas en la seguridad social en nuestro país: “…Sobre el hecho de que, acaecido un siniestro laboral que incapacite permanentemente o prive de la vida al operario, se echa mano por disposición legal expresa de los recursos económicos que éste hubiere acumulado en su cuenta individual SAR- que se supone forman parte exclusiva de su patrimonio y que corresponden a contingencias sociales diversas- para cubrir el monto de la renta vitalicia y/o seguro de sobrevivencia que deberá contratarse con una compañía de seguros privada…”, y que la Constitución Política Mexicana en su artículo 123, Apartado “A” fracción XIV: “establece como una obligación de los patrones responsabilizarse de los riesgos de trabajo que sufran sus operarios, obligándoles por ende a pagar la indemnización correspondiente. Ya hablamos al principio de este capítulo respecto de las teorías que permean en nuestro derecho laboral y de la seguridad social sobre riesgos de trabajo y en obvio de tiempo a aquellas nos remitimos, haciendo énfasis en que la doctrina jurídica imputa tal responsabilidad sólo a los patronos que se benefician de esa “mercancía” que es la fuerza de trabajo de sus operarios. Por lo tanto: son los empleadores y nadie más que ellos, quienes se hallan obligados por norma existente a nivel Constitucional, a soportar el costo de las consecuencias de los siniestros laborales, incluidas obviamente las indemnizaciones –que se traducen luego en pensiones- que deban cubrirse en esta materia”, además refiere que el artículo 2° fracción II del CFF, “contempla y define a las aportaciones de seguridad social como aquellas que al cargo de las personas que son sustituidas por el Estado- léase, el Seguro Social básico: el IMSS- en sus obligaciones legales en esta materia. Ya quedó demostrado que con arreglo a derecho una de las principales obligaciones de los empleadores, es la de asumir la responsabilidad en la ocurrencia de riesgos de trabajo y en aras de facilitar su cabal cumplimiento –responsabilidad que doctrinariamente dicho sea de paso se extiende a la sociedad en general, además del empleador-, fue la implementación de los seguros sociales para que el Estado mismo interviniese y con ello evitar que patrones insolventes o mañosos no cumpliesen con este tipo de obligaciones de enorme trascendencia social”, por su parte el artículo 53 de la LSS previene que “los patrones que hubiesen asegurado a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, quedarán relevados de las obligaciones que por este tipo de siniestros establece la LFT. Ello es así porque en obsequio al mandato Constitucional de que hemos dado cuenta antes, se obliga a los patrones a pagar –exclusivamente ellos, no a los operarios ni tampoco el Estado-, las cuotas para el sometimiento de dicha rama del seguro de riesgos de trabajo del régimen obligatorio, de conformidad al artículo 70 de la LSS…”, las conclusiones del maestro Guillermo Ruiz Moreno son muy concretas, no se está dando la sustitución de obligaciones que inhiben la responsabilidad del empleador, que como consecuencia del pago de la cuota patronal, sustituye el Estado al empleador en sus obligaciones en materia de riesgos del trabajo con las reformas, el financiamiento para el otorgamiento de la pensión por este tipo de incapacidades, se resuelve con la disposición del fondo de retiro del trabajador, lo que contradice la sustitución de obligaciones por parte del Estado, situación que se produce al adoptar un modelo de Seguro Social ajeno a lo preceptuado por nuestra norma suprema.

Respecto a los problemas que vive la seguridad social en América Latina desde 1989, el maestro Néstor del Buen L. en su obra “La Seguridad Social” 3 refiere lo expuesto por Guido Miranda, quien por ocho años fue Director de la seguridad social en Costa Rica: “Entre los motivos de decadencia de la seguridad social se pueden considerar: a) Un modelo de atenciones médicas excluyente y concentrador que presta servicios a grupos privilegiados, b) El incremento excesivo de los costos, c) La adquisición de tecnología compleja, innecesaria y excesiva de medicamentos de efectos dudosos, d) Construcción de plantas físicas en número y costo excesivo, con tendencia a la duplicación de equipos y funciones, e) La falta de planes integrales de salud, lo que impide extender la cobertura mediante la actuaciones conjunta de la seguridad social y los ministerios de salud, f) El incremento de las expectativas de vida y la necesidad de mantener un programa específico para la tercera edad y, por último, g) El costo excesivo de los beneficios sociales de los beneficios sociales…”, conceptos análogos parafrasea de Olvin E. Rodríguez, especialista hondureño, en el Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social celebrado en Tegucigalpa en 1989.

Tratando los problemas de la globalización, el ensayo denominado “El futuro del Estado social” 4 en lo conducente expresa: “Existen evidencias muy claras de la creciente incapacidad de cualquier Estado para actuar por sí mismo en el ámbito internacional y aún en el nacional. La política exterior tiende al multilateralismo (Castells 1999, Vol II: 291). Los estados nacionales son claramente incapaces de actuar por sí mismos sobre temas como la crisis ecológica o la pobreza extrema. El multilateralismo se convierte en un foro de debate y en un ámbito de negociación, más que una herramienta para ejercer una responsabilidad colectiva (Castells 1999, Vol II: 294-295)”.

Se debe de partir sobre el tema de que los globalizadores pretende que se omita el gasto social para privilegiar el subsidio a corporaciones que pide el libre mercado para sus monopolios, mientas que los países ricos protegen su mercado interno aduciendo pretextos de salud pública y de naturaleza ecológica.

Es necesaria una evaluación objetiva del problema, sin minimizar el argumento que se finca en la especulación de errores en el pasado, de la falta de previsión para otorgar la solidez requerida en el financiamiento del pago de pensiones, en atención al espacio, me permito centrar el análisis en el Seguro Social, en una panorámica que puntualiza costos significativos que representa otorgar sus servicios y consideraciones para eficientar su administración, sin modificar su estructura actual.

Cabe puntualizar que el modelo de seguridad social que adopta nuestro país desde 1943 tiene como fuente de legitimidad derechos del trabajador que genera la relación de trabajo, el maestro Javier Moreno refiere: “Que el salario constituye el elemento medular de la contratación individual y colectiva entre patrones y trabajadores y el origen de todas las prestaciones que perciben los asegurados y sus derechohabientes”5, por lo que las prestaciones de seguridad social que se otorgan, son financiadas como parte del salario diferido del trabajador y que se constituye con su aportación del ahorro obligado, implementado en el principio de protección al salario, en consecuencia, su financiamiento se integra además con la sustitución de obligaciones del empleador en materia de riesgos de trabajo y de seguridad social, mas la cuota a cargo del estado, como obligada política de justicia distributiva, al margen de la obligación que le impone la ley de ser el garante de la permanencia y desarrollo de los derechos sociales. De lo expuesto, el financiamiento del Seguro Social se obtiene con la participación del salario diferido del trabajador, destinado a resolver su futuro incierto de subsistencia y la vigencia del derecho a la salud, con la atención médica necesaria que se sustenta en la Teoría Objetiva del riesgo de contingencia social, en mérito, si el cálculo actuarial resultó inadecuado por el afortunado incremento de las expectativas de vida o en su caso como se especula, se hizo un uso indebido del ingreso destinado al pago de pensiones, esto obedece sobre todo a la ausencia de políticas generadoras de desarrollo que resuelvan el desempleo, el que tiene más presencia en este país en los últimos años y que ha impactado en lo conducente a la economía del Seguro Social, que tiene que enfrentarse a los nuevos retos con un cambio obligado de modernización administrativa y una óptica diferente en la atención médica, dándole privilegio a la prevención de enfermedades y el fomento a la salud en lugar del modelo de atención a la enfermedad, costo beneficio incuestionable, tanto en lo social como en lo económico, propiciando una nueva cultura de fomento a la salud, donde en forma obligada se implementen programas de atención previa en evaluación genética a los candidatos proclives a enfermedades crónico degenerativas como la Diabetes, Insuficiencia Renal y Hepatitis, entre otros.

Para resolver el problema de pensiones, es un imperativo que el Estado realice una contribución extraordinaria al Seguro Social en lo económico y que se establezca a futuro una mayor contribución equilibrada de los sectores involucrados en la integración de la cuota, para financiar la viabilidad del pago de pensiones, lo que constituye prioridad nacional para evitar un mal mayor impredecible en sus consecuencias, con la obligación del implemento de políticas administrativas para lograr mayor eficiencia en la operación institucional que incluyan la participación sindical.

Me permito dar cuenta de datos significativos en la operación del IMSS, el estado de resultados y balance general del IMSS que aparecen en la página web 6 respecto a la situación financiera del año 2002, refiere que el presupuesto de ingresos de ese año ascendió a la cantidad de $138´498,000,000 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos) y el presupuesto de gastos de operación fue de $138´435,000,000 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos), que le dio cobertura de 46´200,000 cuarenta y seis millones doscientos mil derechohabientes, con 2´000,000 dos millones de pensionados 7, según Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social del 30 junio del 2003 8, sin que se capte el número de usuarios a quienes se les otorga el servicio que no acreditaran satisfactoriamente su calidad de derechohabientes, además en el documento no se consideran los servicios que benefician a la población abierta, entre otros, los programas de medicina preventiva.

Por otra parte, según los datos del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social del 30 junio del 2003 9, un día promedio de labores del IMSS genera en sus servicios relevantes:

287,078

Análisis Clínicos

Los que realizan entre otros servicios los 371,334 trabajadores que laboran en el IMSS. Atención médica en :

1,637

Unidades Médicas

Cabe mencionar que un análisis de costos promedios del año 2001 que se encuentra en el Informe al Congreso de la Unión sobre los Seguros y Coberturas que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social en su capítulo “El IMSS y la Seguridad Social” página 6 10 refiere entre otros conceptos de los costos unitarios reales anuales promedio de la consulta de medicina familiar asciende a la cantidad de: 204 pesos para el primer nivel, sin determinar los parámetros de que se partieron para hacer dicha cuantificación, toda vez que un médico en Medicina Familiar obtiene un ingreso anual cercano a $160,000 (Ciento sesenta mil pesos), considerando que su salario base es de $9,000 pesos mensuales, incrementando el cien por ciento como salario diferido por veintiocho años de esperanza de vida después de su jubilación, tendríamos un costo de $320,000 (Trescientos veinte mil pesos) con una producción de seis mil consultas al año en 240 días hábiles de trabajo, realizando veinticinco consultas por día, nos dan un costo por atención médica, salario devengado de $26.6 (Veintiséis pesos 06/100 M.N) pesos por consulta y con el salario diferido de $52 (Cincuenta y dos pesos), omitiendo evaluar el rendimiento financiero del fondo de retiro que ampara su jubilación actual, que indebidamente se califica como pasivo laboral, incluyendo la jubilación de ese médico, por lo que entonces, si el incremento que se refiere como costos unitarios por consulta asciende a $204 (Doscientos cuatro pesos), se debe de analizar cómo se cuantificaron los costos adicionales para llegar a esa conclusión, en los mismos términos si nos referimos que un médico especialista tiene un ingreso promedio de $16,000 (Dieciséis mil pesos) mensuales, los que con prestaciones suman anualmente $288,000 (Doscientos ochenta y ocho mil pesos), por el salario actual más el diferido para garantizar veintiocho años de promedio de vida después de su jubilación suman el doble, $566,000 (Quinientos sesenta y seis mil pesos), por lo que sus consultas tienen un costo actual de $48 (Cuarenta y ocho pesos) y un costo diferido de $96 (Noventa y seis pesos), sin cuantificar en su productividad en los eventos quirúrgicos que realiza en su mayoría ese nivel de profesionistas.

Por otra parte si se tiene una cobertura que beneficia a 48´000,000 millones de derechohabientes y un gasto promedio de $138´435,000,000 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos) y como gasto del 2002 el costo de operación diaria Institucional fue según el informe de $380´000,000 (Trescientos ochenta millones de pesos), un presupuesto per cápita de $7.90 (Siete pesos 90/100 M.N) y anual de $2,884 (Dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos), una familia de derechohabientes de cuatro personas el costo de aseguramiento con la cobertura que otorga el IMSS es de $11,536 (Once mil quinientos treinta y seis pesos) 1,020 dlls. (Mil veinte dólares aproximados), lo que hace ampliamente competitivo el costo de la Seguridad Social contra seguros privados de gastos mayores que no otorgan el derecho a pensiones, prestaciones económicas y de guarderías, por lo tanto podemos decir que en países industrializados un seguro de este tipo, que cuenta con menos alcances en prestaciones, su costo promedio es cercano a los 10,000 dlls. (Diez mil dólares) anuales, considerando además los indicadores de salud de ambas poblaciones como es esperanza de vida, sin ser iguales no guardan la proporción con respecto al costo, la evaluación en comento no pretende minimizar la apremiante necesidad y compromiso del personal involucrado en la administración del Seguro Social, de racionalizar ese gasto social, la disminución de sus costos sin el demérito del servicio público que en forma obligada proporciona.

Resulta necesario puntualizar que en 1943 cuando se inicia el Seguro Social, la esperanza de vida era cercana a los 55 años, hoy asciende a 69 años, diferencia de 14 años de vida sana ganada que se deben al desarrollo y evolución en ese lapso de la medicina, pero además a la incuestionable participación del Seguro Social en la atención médica, que se constituyó en el núcleo para la formación y especialización de profesionales de la medicina, quienes en atención a su nivel profesional incrementaron la calidad de la atención médica en el Seguro Social y en la medicina privada.

Lo anterior obedece a 60 años de aportaciones tripartitas y a la entrega de servidores públicos, quienes supieron dar los mejores años de su vida y su mejor esfuerzo profesional para hacer tangible el derecho a la salud de los usuarios, los sectores involucrados de hoy deben de aceptar la nueva responsabilidad compartida para lograr resolver el problema que es de todos, lograr la permanencia de los organismos de Seguridad Social de este país, crisis que debe generar el salto cualitativo deseado, no la extinción de ese amortiguador social, el cambio demanda un nuevo modelo en la atención médica, adoptando la cultura de fomento a la salud, la aplicación de ingeniería genética, el uso generalizado de medios electrónicos que incuestionablemente minimizarán el costo social de la medicina, lo que conlleva además a eficientar su administración, evitando el dispendio de los recursos con más transparencia en la operación, la racionalización del gasto es tarea de un nuevo Seguro Social, lo que sólo se obtiene con una mayor participación del Estado y razonablemente la de los sectores involucrados para obtener su financiamiento, no con medidas populistas para el combate a la pobreza y el nuevo seguro popular, resulta necesaria una reforma fiscal que parta de gravar más los artículos de consumo que dañan la salud de los mexicanos, además podría coadyuvar para su financiamiento ante la expectativa, la autorización de casinos de juego, que estos aportaran una contribución extraordinaria para el financiamiento del Seguro Social.

 

1 Toynbee Arnold J. Estudio de la historia (I). Barcelona 1994 Ediciones Altaya. Pág. 22

 

2 Ruiz Moreno Angel Guillermo. Nuevo derecho de la Seguridad Social. México 2001. Editorial Porrúa. Quinta Edición. Pág. 482-484

 

3 De Buen L. Nestor. Seguridad Social. México 1995. Editorial Porrúa. Pág. 226

 

4 Jorge Alonso, Luis Armando Aguilar y Richard Lang. México 2002. Editorial Goethe Institut- Guadalajara Pág. 138

 

5 Moreno Padilla Javier. Ley del Seguro Social comentada. México 1995. Editorial Trillas. Pág. 50 y 51

 

6 http://www.imss.gob.mx/nr/imss/informes/ejecutivo/capitulo4.pdf

 

7 http://www.imss.gob.mx/imss/prestaciones/pensiones

 

8 http://www.imss.gob.mx/imss/informes/ejecutivos_002_2003_06.html

 

9 http://www.imss.gob.mx/imss/informes/ejecutivos_002_2003_06.html

 

10 http://www.imss.gob.mx/imss/informes /seguros_coberturas

Los comentarios están cerrados.