Reformas a la legislación laboral mexicana

Guillermo Hori Robaina1

 

El Derecho del Trabajo es un factor de equilibrio y justicia social. El Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías sociales de los trabajadores, hombres y mujeres, dedicados a actividades productoras de bienes y servicios.

El Artículo 123 constitucional original ha sido modificado en más de treinta ocasiones, entre ellas, la edad mínima para trabajar, autorización a las mujeres para trabajar en tiempo extraordinario, la obligación patronal de aportar cuotas a un instituto a efecto de que los trabajadores puedan adquirir viviendas en propiedad; obligación de los patrones de capacitar a sus trabajadores conforme a sistemas, métodos y procedimientos establecidos por la ley; protección al producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas; establecimiento como garantía social del derecho de toda persona a tener un trabajo digno y socialmente útil; considerar como trabajador a todo el que vive del esfuerzo de sus brazos y del espíritu creador de su mente.

La Ley Federal del Trabajo es un conjunto de normas de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo y es una ley reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 constitucional.

Los principios generales de la ley, señalan que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones; que el trabajo es un derecho y un deber social; que no es artículo de comercio; que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia y que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo, religión, doctrina política o condición social, y que es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

Las disposiciones de la ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, la estipulación escrita o verbal que establezca trabajos para niños menores de 14 años una jornada mayor de la establecida en la ley y que es de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta. Un salario inferior al mínimo, un salario que no sea remunerador, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros en un lugar de recreo, fonda, café, taberna o tienda para efectuar el pago de los salarios a los obreros, siempre que no se trate de trabajadores de estos establecimientos.

Es decir que los trabajadores no tienen la obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado; está prohibido retener el salario como multa y pagar un salario menor al que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada o por consideración de sexo o nacionalidad; está prohibido el trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas para menores de dieciséis años y la ley prohíbe expresamente la renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. Son capítulos muy importantes de la ley, los que se refieren a las relaciones individuales de trabajo, entre ellos, las condiciones de trabajo que determinan si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado; el servicio o servicios que deban prestarse; el lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; la duración de la jornada, la forma y el monto del salario; el día y el lugar de pago del salario y, la ley obliga a capacitar o adiestrar al trabajador y se señalan en la misma otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso y vacaciones.

La ley contiene un mínimo de derechos que deben ser observados y cumplidos, sobre estos derechos pueden establecerse mejores condiciones pero nunca menores, pues en este último caso, se aplicará lo dispuesto por la ley. Las condiciones de trabajo se refieren a la jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario, normas protectoras del salario, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

La ley contiene los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones; el trabajo de las mujeres y de los menores; los trabajos especiales que la ley vigente se refiere a los empleados de confianza, los trabajadores de los buques, de las tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, autotransportistas, el trabajo de maniobras en zonas de jurisdicción federal, los trabajadores del campo, los agentes de comercio, los deportistas profesionales, actores y músicos; los que trabajan a domicilio, domésticos; en hoteles, restaurantes y bares, la industria familiar, los médicos residentes en período de adiestramiento en una especialidad y el de las universidades e instituciones de educación superior, autónomas por ley. Uno de los capítulos más importantes de la ley, se refiere a las relaciones colectivas trabajo y que comprende la libertad sindical, la contratación colectiva, el reglamento interior de trabajo y la modificación, suspensión y terminación colectiva de las condiciones de trabajo. Algo muy importante es lo relacionado con el derecho de huelga y sus objetivos, así como el procedimiento para su ejercicio; la ley, se refiere a los riesgos de trabajo, a las autoridades del trabajo, a la prescripción de las acciones, al personal jurídico de los tribunales laborales a los representantes de los trabajadores y de los patrones en dichos tribunales y al procedimiento a seguir para ejercitar acciones u oponer excepciones; los procedimientos para ejecutar los laudos de los tribunales laborales y las responsabilidades y a las sanciones por violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones o por los trabajadores.

En la actualidad existe la intención de reformar la ley laboral vigente. Los trabajadores opinan que la Ley Federal del Trabajo, debe ser revisada, porque su contenido ha sido rebasado por los contratos colectivos de trabajo. Los empresarios por su parte, opinan que la actual legislación es obsoleta, ya que habiendo entrado en vigor en 1970, cuando las condiciones y necesidades del país eran diferentes; que la ley tiene que adecuarse a la realidad del México actual, en donde habrá mayor inversión extranjera y otras reglas del juego en materia de trabajo.

Los trabajadores están a favor de la modernización tecnológica y productiva, pero bajo condiciones que garanticen el derecho al trabajo, al bienestar, a la seguridad social, el pleno respeto a sus derechos y conquistas laborales, a la intervención de los sindicatos en su implementación y su participación en la administración de los procesos productivos; los trabajadores se oponen a la modificación del Artículo 123 constitucional, por ser éste uno de los mayores logros en materia de justicia social en la historia del país.

Los trabajadores manifiestan que el derecho al trabajo debe volverse realidad, así como el concepto de salario remunerador, tanto para el mínimo como para los contractuales; que debe incrementarse el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social y ampliarse la tabla de enfermedades profesionales, actualizándola, deben aumentarse las aportaciones patronales al Infonavit, deben consignarse en la ley el derecho de todo trabajador a obtener la pensión jubilatoria con el salario que perciban al momento de obtener ese derecho, e irlos incrementando automáticamente, al aumentar los salarios de los trabajadores en activo. Pugnan los trabajadores por mejorar las condiciones de trabajo y las prestaciones básicas; semana de cuarenta horas con pago de cincuenta y seis, incrementar vacaciones y aguinaldo, respeto a la antigüedad y derechos de ascenso, negociación bilateral sin excepción, derecho de los sindicatos a la información y participación en la orientación y dirección de las empresas, en particular las paraestatales y que se establezca el seguro de desempleo y el seguro jubilatorio.

Reconocer y asumir la creciente incorporación de la mujer al trabajo es indispensable, por lo que se hace necesario eliminar todo vestigio de discriminación, hostigamiento y falta de oportunidades, así como debe valorizarse mejor su trabajo. Las autoridades de las juntas de conciliación y arbitraje, deben estar constituidas por profesionistas honestos y capaces. Debe limitarse expresamente, la injerencia de las autoridades y las empresas en el régimen interno de cada sindicato, en los registros de los mismos, en los cambios de las direcciones sindicales, en el ejercicio de la huelga, así como en los trámites de ésta y en las calificaciones; el derecho de huelga no podrá ser limitado o negado por ninguna ley secundaria.

Los trabajadores opinan también, que los cambios tecnológicos productivos y de los procesos de trabajo, deben ser establecidos bilateralmente entre las empresas y los sindicatos, a quienes debe proporcionarse capacitación e información sobre el funcionamiento de la empresa, así como proporcionar capacitación a los trabajadores sobre los proyectos de modernización. Opinan que los derechos adquiridos en los contratos colectivos, deben ser irrenunciables, tal y como lo señala el Artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo actual y que debe sancionarse a las autoridades que permitan la violación de este precepto. En la ley –opinan- debe incluirse la jubilación y otras conquistas que actualmente existen, entre ellas todas las que han sido rebasadas por los contratos colectivos de trabajo.

Por su parte, los empresarios solicitan un marco jurídico laboral flexible, que los haga más competitivos con el exterior; una ley del trabajo respetuosa del principio de estabilidad para que las relaciones obrero patronales, se adapten con rapidez a las condiciones cambiantes de un México moderno. El proyecto patronal en la parte que se refiere al derecho colectivo, contiene propuestas que pretenden nulificar la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. En el proyecto patronal, se trata de hacer de la huelga figura decorativa, al pretender que se califique previamente, que se establezca el arbitraje obligatorio, que desaparezca la huelga por solidaridad, que se reduzcan las causales de la huelga, que se implante la posibilidad de promover tantos incidentes de inexistencia de la huelga como convenga a sus intereses, cuando hasta ahora los patrones no pueden hacer esa solicitud mas que en una ocasión y dentro de las setenta y dos horas siguientes al estallamiento. Los patrones pretenden fincar responsabilidades en contra de los trabajadores y sindicatos cuando una huelga sea declarada inexistente. También pretenden limitar la intervención de los sindicatos a conflictos de orden colectivo y dejar las relaciones individuales al trato directo entre trabajadores y patrones.

Existen otras opiniones sobre las reformas propuestas a la ley, Tratadistas, litigantes, investigadores y profesores universitarios han opinado también, he aquí algunas de sus opiniones: que se establezca la movilidad en el trabajo, que los trabajadores puedan tratar sus problemas laborales, ya no a través de un sindicato sino en forma directa y que sea mediante comités de fábricas que celebren sus contratos de trabajo; que exista y se reglamente el trabajo por fracciones de jornada; que la jubilación sea con el ciento por ciento del salario; que el derecho del trabajo sea irrestricto, que se simplifiquen los procedimientos ante los tribunales del trabajo; readecuar el sistema de trabajo en horas extraordinarias; que exista una reducción de la jornada laboral; fortalecer la estabilidad en el empleo; que para hablar de modernización del aparato productivo del país, se tiene que hablar primero de democratizar las organizaciones sindicales, de tal suerte que en la nueva ley se establezca perfectamente, que los sindicatos de manera democrática y con plena autonomía determinen sus establecimientos, estrategias de lucha y sus direcciones sindicales, que efectúen sus elecciones según convenga a sus intereses, sin intervención estatal o empresarial; que la ley garantice que los salarios estén siempre por encima del nivel inflacionario y que más que salarios mínimos, deben existir salarios reales; que no debe convertirse a México en un país destajista; que no deben eliminarse los salarios mínimos para pagar destajo por las horas que se trabaja; que el mecanismo de pago a destajo o por horas, suponen la inexistencia de prestaciones sociales; que la intervención del Estado en las organizaciones sindicales, debe terminar limitando la acción de las autoridades en asuntos tales como el registro de los sindicatos y calificación de la huelga; que debe desaparecer la requisa de las empresas establecida en la Ley General de Vías de Comunicación; que las modificaciones a la ley, deben ir en torno a la seguridad en el empleo para frenar los despidos; que subsista el derecho al trabajo de planta, al salario remunerador y a la libre sindicalización; que el procedimiento, tanto en los conflictos laborales individuales como en los colectivos, debe simplificarse; que debe ampliarse la función conciliatoria antes y durante el juicio; que inclusive los trabajadores y patrones, podrían sostener pláticas conciliatorias privadas, a nivel de empresa o ante autoridad laboral no jurisdiccional, a fin de resolver por la vía conciliatoria, los conflictos laborales.

Existen opiniones en el sentido de derogar el Apartado B del Artículo 123 constitucional que rige las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores que establece un régimen de excepción laboral limitado que afirman, hace nugatorio derechos básicos como la huelga, la contratación colectiva y la bilateralidad en las relaciones de trabajo. Para quienes así opinan, los trabajadores al servicio del Estado, deben tener los mismos derechos que los demás trabajadores.

Debe modernizarse el texto del Artículo 123 de la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen para crear los mecanismos institucionales que permitan a la sociedad, hacer frente con éxito, a los problemas derivados del desempleo; que tal modernización se lograría creando, como las organizaciones sindicales lo han propuesto desde hace años, un seguro de cesantía en cualquier edad; que en las anunciadas reformas debe prevalecer la disposición legal que establece que, el contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores, que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento; que debe incrementarse la productividad, una productividad que permita la inversión productiva, el desarrollo tecnológico, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, que con ello tendremos un incremento en la capacidad productiva, mayores niveles de competitividad y fuentes de empleo para la población. Conforme a este principio, el derecho de trabajo se propondría estimular y preservar el desarrollo económico mediante la elevación de los índices de productividad. Con tal objeto, deben equilibrarse los factores en la concertación de sus propósitos, medios y acciones, en cuanto a la estabilidad; el equilibrio entre los factores de la producción, debe permitir a la empresa incrementar sus niveles internos, la programación a mediano y largo plazo de sus actividades y un desarrollo económico de su potencialidad. Para el trabajador, la estabilidad significa la permanencia en el trabajo, mantener una fuente de ingresos, la captación de medios más elevados para elevar su nivel de vida y el de su familia; la estabilidad se refleja en la relación de trabajo.

Debe precisarse cual es el concepto y el alcance de las prestaciones que existen en los contratos colectivos de trabajo, a fin de que sean efectivamente remuneradoras al tomar en cuenta índices de productividad, además de suficientes para atender las necesidades y dar margen de superación; la negociación colectiva debe incrementarse y en ella debe preservarse los principios fundamentales de asociación, convenios colectivos, huelga y sindicalismo.

El día primero de diciembre del año 2000, entró a ejercer su encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado en administración Vicente Fox Quesada, quien durante su campaña para alcanzar la primer magistratura, había expresado sus deseos de combatir el desempleo, aumentar el número de empleos y hacerlos mejor remunerados.

En su mensaje de toma de posesión, el Presidente Fox hizo múltiples compromisos con los mexicanos, entre otros en el sentido de que se reformará la legislación laboral para consolidar derechos, promover empleo y dar nuevo cauce a la vida sindical; luchar por pensiones justas para los jubilados y que todos los mexicanos tengan acceso a comprar, construir, remodelar o rentar una casa de acuerdo con su presupuesto, capacidad de crédito y preferencia.

Por su parte, el Secretario del Trabajo, licenciado Carlos María Abascal Carranza, expresó que se adecuará la Ley Federal del Trabajo a fin de hacerla una “ley promotora de la inversión, del empleo productivo, de la competitividad de las empresas y de la elevación del nivel de vida de los trabajadores con respeto a sus derechos sociales” y que se promoverá la libertad y la democratización sindical para que las organizaciones gremiales se conviertan en “locomotoras del desarrollo”.

Una asociación denominada Unión de Juristas de México, opina que las propuestas de reformas a la Ley Federal del Trabajo “responden a las exigencias del Banco Mundial” y a las presiones internas, a fin de despejar el camino para acentuar la explotación de la fuerza de trabajo y elevar la producción, ofreciendo mayor certidumbre a inversionistas, a través de la flexibilización en la producción y la modernización de las relaciones obrero patronales; buscando concluir “con las conquistas laborales”.

Mi opinión personal sobre las reformas a la legislación laboral es, que la iniciativa de Ley Federal del Trabajo debe generarse en un ambiente que garantice la participación real de los sindicatos, las organizaciones empresariales, sociales, políticas y profesionales, las instituciones académicas y de todos aquellos interesados en la materia. Pienso que no debe modificarse ni alterarse el contenido del Artículo 123 constitucional y que las reformas a la Ley no deben contener ninguna renuncia de derechos; no deben significar renuncia de los derechos adquiridos por los trabajadores en la Constitución y en sus contratos colectivos de trabajo; el proceso de modificaciones a la ley laboral, debe ser dentro del marco de un proyecto de modernización del país, por lo que para hacer los cambios legislativos, deberá tomarse en cuenta la necesidad de modernizar al máximo el aparato productivo.

Es aquí donde se enfrentan dos posiciones: una, alentada por los empresarios, enfoca hacia una economía modernizada para la exportación, cuyo logro, según se desprende de lo que acontece diariamente, incluye la reducción de las conquistas obreras consignadas en los contratos colectivos de trabajo y otra, apoyada en el desarrollo interno de la economía, enfoca su propuesta hacia cambios en la legislación laboral que fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores, manteniendo incólume el derecho de huelga. Pienso que el proceso de modernización se enfrentará a enormes dificultades, si se finca en la confrontación con los trabajadores; que es falso que los trabajadores se opongan a la mayor eficiencia, calidad y productividad de su trabajo y que esto es cierto, solamente cuando el afán modernizador se acompaña de la actitud arrogante de quienes confunden la modernización, con aplastar los derechos conquistados por los trabajadores a través de los años, en lugar de observarlos como los aliados naturales de este proceso. En este proceso modernizador los trabajadores no deben ser simples espectadores o de plano las víctimas, sino activos participantes.

El derecho del trabajo, es esencialmente un derecho de equilibrio. Equilibrar, implica elevar al factor que se encuentra en desventaja, pero no para destruir al otro elemento, sino para nivelar fuerzas.

Conclusiones

  1. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se vislumbran, deben conservar entre otras instituciones, la estabilidad en el trabajo, los salarios mínimos, la jornada de trabajo, la libertad sindical, la contratación colectiva, la capacitación y el adiestramiento, el derecho de huelga y las juntas de conciliación y arbitraje, como tribunales laborales tripartitos.

  2. Una reforma a la legislación laboral mexicana, debe ser formulada por consenso, escuchando en consulta y discusión pública, a las fuerzas activas de la vida nacional: trabajadores, empresarios y sindicatos, escuelas y facultades de derecho, universidades, institutos jurídicos y económicos, academias de derecho del trabajo; academias de seguridad social, autoridades del trabajo, tribunales laborales, colegios de abogados, profesores de derecho laboral, asociaciones y partidos políticos y, en general, a todos los representantes de la sociedad.

 

 

1Presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.

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